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Biocombustibles: las reglas del juego y del negocio

Con la ley 26.093 como piedra angular, la producción de biodiesel y bioetanol ha sido impulsada de forma sostenida durante los últimos diez años. La evolución del corte interno obligatorio, las dificultades de exportar a Europa y la apertura de los Estados Unidos.

A una década de su sanción y promulgación, la ley 26.093 es –según las palabras que Gustavo Topalian y Tomás Lanardonne utilizan en El marco regulatorio de los biocombustibles en la República Argentina– la "piedra basal del marco regulatorio de los biocombustibles en la Argentina". Basada en un instrumento de "comando y control", esta norma fijó la obligatoriedad de que todo gasoil o diesel oil comercializado en el país sea mezclado con un mínimo de 5% de biodiesel (que se obtiene a través de aceites vegetales, como el de soja), y que toda nafta cuente con el mismo porcentaje de bioetanol (cuya materia prima puede ser la caña de azúcar o el maíz, entre otros). Este corte obligatorio comenzó a funcionar el 1° de enero de 2010 y -a través de diversas resoluciones- fue incrementando en proporción hasta ubicarse, hoy, en 10% para el primer caso y en 12% para el segundo.
"La ley 26.093 fue muy importante para el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina", confirma Claudio Molina, director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH). "Del mismo modo lo fue el establecimiento de un diferencial positivo entre los derechos de exportación fijados para el aceite vegetal y el biodiesel, varios años antes de la sanción de la referida ley, política activa que tuvo mucha importancia -aunque no fue la única causa- para el desarrollo de una importante industria exportadora de biodiesel, de escala mundial", añade.
Una norma complementaria a la mencionada es la ley 26.334 (Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol, de 2008), que impulsó la formación de cadenas de valor mediante la integración de productores de caña de azúcar e ingenios azucareros en los procesos de fabricación del bioetanol.
Si bien no pueden ser incluidas en la esfera de influencia nacional, ciertas legislaciones de otros países también son determinantes para contextualizar a esta industria y su evolución. Entre ellas, puntualiza Molina, las normativas ambientales derivadas del cambio climático que algunas naciones establecieron "favorecen una diversificación de la matriz energética a partir del mayor uso de fuentes renovables". En este sentido, continúa, "el hecho de que existan mandatos de uso de biocombustibles en la Unión Europea (UE) o los Estados Unidos, por ejemplo, representa medidas de política pública fundamentales para el desarrollo de los biocombustibles, abriendo posibilidades a la exportación para aquellos países que tengan ventajas comparativas en su producción y logren convertirlas en ventajas competitivas".
Y son justamente esos dos mercados -la UE y Estados Unidos- los que dominan el campo exportador de biodiesel argentino, estando el negocio del bioetanol local direccionado exclusivamente al mercado interno. El primero, dice Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), "es el mercado natural" de la Argentina y principal destino de su producción hasta 2013, cuando comenzó un conflicto que, recién hoy, parece en vías de resolución. En aquel año, explica quien también lidera LDC Argentina, "se impusieron, a raíz de una investigación por supuesto dúmping, y de un modo injusto, aranceles altísimos para la entrada del biodiesel nacional" al Viejo Continente. Esa decisión fue objetada por el país ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), que, pocos meses atrás, falló en favor de la Argentina, aunque la UE apeló dicha resolución. "Esperamos, en un par de meses, tener el resultado final. Confiamos que va a ser a favor de la Argentina", anticipa.
Y no solo en este frente hubo buenas noticias para la industria de biodiesel nacional. También las hubo en el estadounidense, un mercado al que la producción argentina pudo acceder tras cumplir los requisitos y certificaciones de sustentabilidad que impone su Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).
De todos modos, y sumada a la barrera que la UE impuso a sus ventas externas, hay otras de índole nacional que esta industria tuvo -y tiene- que enfrentar. "La inestabilidad en las reglas de juego desde 2012 hasta 2015 fue muy negativa, del mismo modo que lo ha sido la resistencia estructural que presentan -salvo excepciones- las compañías petroleras y automotrices a un mayor uso de biocombustibles en corte con combustibles minerales mayores al 10%", sostiene Molina.
Respecto de lo último, especifica que, exceptuando algunos casos, las petroleras no cumplen con el corte que consigna el mandato actualmente, registrándose promedios levemente superiores al 11% de bioetanol en las naftas y de 10% de biodiesel en el gasoil mineral. Algo similar puede decirse de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) y su obligación de incorporar un 10% de biodiesel al gasoil mineral que se utiliza para la generación de energía eléctrica, aunque, en este caso, "el corte que se registra es ínfimo en términos conceptuales".

M.P.A.

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