Miércoles  30 de Junio de 2010

Avance opositor en el Congreso para llevar la jubilación al 82% del salario mínimo

La iniciativa consiguió dictamen favorable en Diputados y el Senado, pero aún no se debatirá en el recinto. Cristina recordó los problemas para financiar la suba de haberes

Los legisladores de la oposición dieron ayer el primer paso en el tratamiento del proyecto de ley que fija la jubilación mínima en el 82% del salario mínimo, vital y móvil, al conseguir dictamen favorable en las comisiones de Previsión de la Cámara de Diputados y el Senado, situación que coloca al Gobierno frente a un duro desafío debido a que la aplicación de la iniciativa supone un costo fiscal superior a los $ 20.000 millones. La resistencia oficial al proyecto fue ratificada anoche por la presidenta Cristina Fernández, quien recordó que “para sostener a cada jubilado necesitamos tener 3 trabajadores activos”. Dijo que la relación actual es de 1,5 e insistió en la importancia del empleo formal.

El avance de la oposición se concretó ayer primero en el Senado, donde los legisladores antikirchneristas impusieron su mayoría en la Comisión de Trabajo y Previsión Social para firmar el dictamen de la iniciativa. Ahora el proyecto será girado a la comisión de Presupuesto que, a pedido del oficialismo, convocó al ministro de Economía, Amado Boudou, y al titular de la ANSeS, Diego Bossio, para debatir en la reunión prevista para el 13 de julio los términos de la iniciativa que es rechazada por el Gobierno. Después del trámite en senadores, el proyecto recorrió un camino similar en Diputados. Allí los integrantes de la oposición que componen la Comisión de Previsión Social también avanzaron con su propio dictamen, el que deberá pasar ahora por el análisis de la comisión de Presupuesto previo a su tratamiento en el recinto parlamentario. “Lamento que el presidente de Presupuesto (el oficialista Gustavo Marconato) no haya convocado a la comisión para tratar algo que vienen reclamando la sociedad y todos los jubilados”, se quejó el diputado radical Miguel Angel Giubergia.

La iniciativa, resultado de un acuerdo de todos los bloques de la oposición que consensuaron en un proyecto integral diversas propuestas presentadas en forma individual, establece que el monto de la jubilación mínima debe ser equivalente al 82% del valor del salario mínimo, lo que implica elevarla de $ 895 a $ 1.230. Además, el proyecto establece un reajuste de haberes según la actualización fijada por la Corte Suprema de Justicia en el denominado caso Badaro y fija que las jubilaciones se incrementarán de acuerdo a la evolución de los salarios, en lugar de la actual fórmula de movilidad que combina ese índice con la evolución de la recaudación de la Seguridad Social.

Según cálculos de consultoras privadas, fijar las jubilaciones en 82% del salario mínimo supondría para las cuentas públicas una erogación adicional de alrededor de $ 20.000 millones anuales (considerando un incremento de $ 335 mensuales para unos 5 millones de jubilados) y otros

$ 2.000 millones para elevar en similar proporción los haberes de unos 800 mil pensionados. A eso se debe sumar que el impacto del reajuste de haberes según los términos del fallo Badaro, lo que implicaría un costo adicional de $ 15.000 millones, de acuerdo con las mismas estimaciones.

El efecto fiscal de la medida sumado al ímpetu opositor para apurar la sanción del proyecto colocaron al Gobierno frente a una verdadera encrucijada. Así, mientras algunas especulaciones plantearon en las últimas horas la posibilidad de que el proyecto termine forzando el primer veto de la gestión kirchnerista, otras versiones mencionaron la alternativa de que el Ejecutivo recurra a alguna acción sorpresiva, que podría incluir una iniciativa propia para elevar las jubilaciones y comprometer al Parlamento en la definición de su financiamiento. El propio ex presidente Néstor Kirchner pareció anticipar un gesto en este sentido cuando el lunes, durante un acto político en la provincia de Neuquén, dijo que “le gustaría aplicar” el proyecto, pero que el Ejecutivo “no está preparado” para garantizar su financiamiento.

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