Miércoles  26 de Noviembre de 2003

A 20 años de democracia, es hora de pedir más de nuestras instituciones

La debilidad del Poder Legislativo, reflejada en la delegación de poderes sobre el presupuesto nacional, atenta contra el necesario equilibrio institucional. Además, tiene mala imagen pública

Nuestra democracia está llegando a la mayoría de edad. Al cumplirse este año dos décadas desde que Argentina recuperó la institucionalidad democrática, resulta oportuno detener la mirada sobre el funcionamiento de nuestras instituciones políticas. Mucho se ha escrito sobre los distintos tipos de gobierno, y actualmente el consenso gira probablemente alrededor de aquél dicho atribuido a Winston Churchill: “La democracia es el peor régimen de gobierno, exceptuando a todos los demás”.

Efectivamente, nuestra democracia, como todas, es perfectible. Nuestras instituciones políticas también. No sólo en el sentido de que pueden ser mejoradas en la práctica, sino también en el sentido de que la democracia es el régimen de gobierno más flexible a su propio cambio institucional.

Si sabemos que nuestras instituciones son precarias debemos trabajar en su fortalecimiento. Nuestro Poder Legislativo, por ejemplo, adolece de muchos problemas y defectos. En estos veinte años, las crisis económicas han abundado, y en esos momentos el Poder Ejecutivo suele concentrar autoridad para timonear la emergencia. El fortalecimiento del Poder Legislativo es vital para preservar el equilibrio de poderes y permitir la representación del pueblo en las decisiones públicas. En este sentido, sería deseable concretar mecanismos que permitan a nuestros legisladores tener un mayor peso en la definición del presupuesto nacional. Es la legislación básica del funcionamiento del Estado: sólo a través de él se pueden autorizar gastos y dictaminar impuestos para financiarlos. Es por ello que la creación de una Oficina de Presupuesto del Congreso, con técnicos especializados en su análisis e implementación, sería un gran avance para el fortalecimiento del Legislativo, permitiendo, al mismo tiempo, una mayor transparencia en la discusión y sanción del presupuesto nacional.

Si de transparencia hablamos, es indispensable aumentar la del Congreso, de manera que el pueblo pueda saber de qué se trata. Una de las consecuencias del debilitamiento relativo del Poder Legislativo frente al Ejecutivo es que ha perdido parte de su legitimidad frente a la ciudadanía, que lo ve muchas veces como una institución lejana y de poco valor. El Congreso podría mejorar su relación con los representados abriendo sus puertas y sus actividades a una mayor participación de la sociedad. El primer paso para ello debería ser la sanción definitiva de la Ley de Acceso a la Información Pública, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Además, cabe mencionar algunas prácticas que, siendo reglamentarias y habiendo sido ampliamente utilizadas en el pasado, ya no lo son. El Palacio Legislativo, que solía estar abierto para que cualquier ciudadano acceda a las sesiones, ya no lo está. Las comisiones de las cámaras, que son el lugar institucional donde realmente se hacen las leyes, están generalmente cerradas al público general, y el permiso o la negativa al acceso depende de la decisión del presidente de cada comisión. Los diarios de sesiones solían ser asiduamente leídos a principios del siglo XX: en él se encontraban todos los debates de las sesiones, los proyectos de ley y los despachos de las comisiones. Hoy en día, los diarios de sesiones ya no se imprimen, y lo publicado en Internet es incompleto.

Asimismo, los ciudadanos deberían contar con información sobre cómo votaron sus legisladores en cada proyecto. Son muy pocas hoy las votaciones nominales (aquellas en que queda constancia del voto de cada legislador): esa información brindaría a la ciudadanía un mayor control de sus representantes, con gran impacto en la calidad legislativa.

Nuestro país cumple veinte años de democracia, y nuestra democracia es, siempre, la que supimos conseguir: por su propia esencia la democracia es un sistema mejorable y perfectible. Nuestra tarea como ciudadanos consiste en exigir la mejora permanente de nuestras instituciones y de los resultados de nuestra política.



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