Recientemente se celebró en nuestro país la II Misión Técnica Internacional sobre Gestión Ambiental, Desarrollo Local Sostenible y Cambio Climático. Uno de los temas debatidos estuvo vinculado con los créditos y pasivos de las huellas ambientales, sobre todo, los de la huella de carbono, es decir la medida del impacto que provocan todas las actividades del hombre sobre el ambiente.

La huella se determina según la cantidad de gases de efecto invernadero producidos y se expresa en unidades equivalentes de emisiones de dióxido de carbono. Los científicos han demostrado, que estos gases, producidos en exceso, alteran el clima al potenciar el efecto invernadero natural del Planeta Tierra y por ende acentuando el fenómeno del cambio climático.

Para ello se han desarrollado sistemas internacionales de compensaciones y mitigaciones de los impactos del hombre sobre el clima. Así nacen, tanto Kioto como los mercados voluntarios de carbono, que buscan a través de la comercialización de créditos y pasivos ambientales, llegar a un equilibrio donde se reduzcan las emisiones globales de carbono de manera tal que tengamos emisiones controladas de gases de efecto invernadero para reducir el fenómeno del cambio climático, al menos en lo que respecta al impacto provocado por el hombre.

Hasta la fecha, y de acuerdo a lo que definía Kioto, solamente los países centrales se veían obligados a medir a nivel país sus emisiones. Y si bien, los países periféricos no estabamos obligados a realizar tales mediciones, las nuevas exigencias del comercio internacional han puesto la mira en nuestros países sobre la necesidad de medir nuestras propias huellas de carbono para poder seguir siendo competitivos y poder seguir participando del comercio internacional.

Bajo esta modalidad impuesta desde los países centrales, al exigir etiquetados ecológicos que midan la trazabilidad ambiental de los productos que les vendemos, se empieza a generar una disyuntiva cuando se calcula a nivel país los impactos ambientales de la industrialización.

Las medidas de los países centrales solo incluyen las emisiones dentro de los límites de sus geografías políticas. Los países periféricos que también empiezan a medir como Colombia o Uruguay, utilizan la misma metodología, medidas geográficas. Así aparece un actor entre países centrales y países periféricos. Las empresas transnacionales, que generan sus ganancias a través de las inversiones realizadas en los países periféricos, pero que no consideran los impactos ambientales que generan esas actividades en las huellas nacionales de sus países de orígenes. La gran pregunta que surge es: si la ganancia se genera en los países periféricos y se impacta ambientalmente en los países periféricos, pero la rentabilidad propiamente dicha, como corresponde, se repatria a la sede central, ese costo ambiental ¿quién lo tiene que sumar dentro de su huella, quién lo tiene que compensar, se computa en del país periférico o en la del país central?

La respuesta creo que es clara si esperamos realmente comenzar a ser responsables socialmente de nuestras acciones. Estas disyuntivas son parte del llamado modelo de Responsabilidad Social Empresaria. Si no se sinceran estas realidades, difícilmente los países periféricos podamos algún día estar a la par de los países centrales respecto de sus propios postulados como los que promueve el Pacto de Desarrollo del Milenio, donde todos se desgarran las vestiduras por sus incumplimientos, pero la realidad es que las oportunidades son siempre limitadas para los países en desarrollo. Si hablamos de responsabilidad social, seamos realmente solidarios y revisemos las responsabilidades de cada acción, como dice Naciones Unidas, “¡Tu acción cuenta! Cambia el hábito Así todos los países podrán aspirar a tener un progreso para el desarrollo sustentable.