El superávit fiscal, uno de los principales pilares de la recuperación económica post devaluación, ya es cosa del pasado. El Sector Público Nacional presentará como cierre del ejercicio 2009, un resultado financiero negativo que irá desde los $13.000 millones hasta los $20.000 millones, dependiendo de si se contabiliza como ingreso corriente el aporte extraordinario del FMI (Derechos Especiales de Giro) del que se beneficiaron todos los países miembros de ese organismo multilateral. Este resquebrajamiento del frente fiscal, un hecho relativamente novedoso para el Gobierno Nacional es, no obstante, un tema de preocupación recurrente en las provincias desde hace bastante tiempo. A mediados de 2005, cuando la economía argentina crecía a “tasas chinas y el superávit fiscal del consolidado Nación-Provincias estaba en los niveles mas altos de la historia, ya advertíamos desde E&R del inexorable deterioro que presentarían las finanzas públicas subnacionales de no corregirse las debilidades estructurales del federalismo fiscal. El problema generado por la asimetría vigente entre las responsabilidades de gasto y las potestades tributarias de cada uno de los niveles de gobierno se hacía, ya entonces, cada vez mas evidente. Este deterioro, sin embargo, no era nuevo. A partir de 1990, las necesidades financieras del Tesoro Nacional, principalmente a consecuencia del déficit del Sistema de Seguridad Social, dieron lugar a que las provincias fueran perdiendo sistemáticamente ingresos provenientes de la recaudación. Previo a las reformas introducidas al esquema de coparticipación para financiar el déficit nacional, las provincias recibían un 46% del total de ingresos tributarios (excluyendo los recursos de la Seguridad Social), en tanto que para 2009, ese porcentaje se redujo a 31%. Así, debido a las reformas, las provincias han dejado de percibir 15% de la masa de recursos tributarios federales. En forma paralela al desfinanciamiento subnacional, se firmaron Pactos Fiscales por los cuales se transfirieron a la órbita provincial casi todos los servicios de salud, educación y algunos programas sociales. De esta manera, las administraciones provinciales no sólo mermaron su participación en la torta de recursos federales, sino que aumentaron fuertemente sus responsabilidades por el lado del gasto. Analizando la evolución del gasto social primario consolidado Nación-Provincias, se advierte que en 1991 estas últimas ejecutaban alrededor del 38% de las erogaciones, en tanto que para 2008, sube prácticamente al 50%.

Observando las proyecciones para este ejercicio y el 2010, se observa un “divorcio , cada vez mayor, entre las variables macro (positivas para el 2010, con un piso de crecimiento del 3%) y el frente fiscal subnacional, que incrementaría el déficit financiero de $9.000 millones (0.7% del PIB) estimados para 2009 a más de $12.000 millones en 2010. Los problemas estructurales de este deterioro tienen, en consecuencia, un peso cada vez más relevante frente a la situación coyuntural y las provincias, independientemente del comportamiento de las variables macroeconómicas, estarían condenadas al déficit fiscal. En lugar de apuntar a los desequilibrios estructurales del sistema, la respuesta del Gobierno Nacional en los últimos años fue compensar a las provincias con transferencias discrecionales de recursos, las que siguen, en gran medida, un patrón de distribución acorde a la afinidad política del gobernador o intendente en cuestión. Indudablemente, este incremento en la dependencia de los fondos “no automáticos reduce la autonomía financiera y provoca un debilitamiento del federalismo, al someter a la mayoría de las jurisdicciones al alineamiento político como contrapartida.

La instrumentación de una nueva ley de coparticipación sería el objetivo principal al cual debiera orientarse el postergado debate entre la Nación y las Provincias. Recuérdese que este mandato está en la Constitución de 1994, donde se estableció que antes de 1996 debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal. No obstante, dadas las dificultades políticas para efectuar una reforma de tal magnitud (por tratarse de una Ley Convenio, debe ser aprobada en forma unánime por las 24 jurisdicciones subnacionales y posteriormente por el Gobierno Federal), en el corto y mediano plazo seria mas viable la implementación de soluciones intermedias “por afuera de la Ley (como coparticipación total del impuesto al cheque, actualización de las transferencias por sumas fijas, entre otras). Al fin de cuentas, la dificultad de cumplir con ese mandato constitucional (responsabilidad en parte de los Constituyentes, que dejaron instituciones a mitad de camino, sin completarlas y “pateando el problema para adelante ) no ha servido para otra cosa que para generar una excusa con el fin de seguir deteriorando el federalismo a niveles nunca antes vistos en nuestra historia. En los últimos años, se perdió una gran oportunidad de avanzar en revertir esta situación, cuando la Nación quedo a todas luces instalada como la gran ganadora desde el punto de vista fiscal del modelo. Hoy, cuando el Gobierno Federal también muestra un frente fiscal deteriorado, la solución aparece cada vez mas complicada. No obstante, resulta imprescindible intentar al menos cambios en algunas cuestiones básicas que les permitan a las provincias financiar los bienes públicos que tienen a su cargo, que son, además, los mas sensibles para la población. En definitiva, el deterioro del federalismo repercute directamente en la calidad de la educación, la salud, la seguridad y la justicia de los ciudadanos.