En estos días hay un debate muy intenso entre el oficialismo y la oposición respecto a la constitucionalidad de la media sanción en el Senado del proyecto tendiente a restituir a las provincias el porcentaje de la recaudación del impuesto al cheque que les corresponde según la Ley de Coparticipación.

El impuesto al cheque se creó en el contexto de la crisis de 2001 y estaba previsto que tuviera vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002. No obstante, como tantas otras veces a lo largo de nuestra historia tributaria, ha sido prorrogado sucesivamente hasta la actualidad. Asimismo, amparándose en la Ley de emergencia económica, inicialmente el 100% de lo recaudado fue apropiado por el Estado Nacional (posteriormente se acordó que el 15% ingresara a la arcas provinciales). Esta cesión de recursos de las provincias a favor del Gobierno Federal se mantuvo aún en los mejores años del modelo económico vigente, cuando el país crecía a “tasas chinas y otro tanto ocurría con los ingresos fiscales. En efecto, los ingresos generados por el impuesto al cheque crecieron casi un 400% desde su creación por lo que las distintas jurisdicciones subnacionales dejaron de percibir unos $35.000 millones, una pérdida anual promedio superior a los $4.100 millones.

De sancionarse el proyecto de ley en discusión, se lograría aumentar en más de un 12% los recursos que van a las provincias por el sistema de coparticipación y, en forma paralela, se podría disminuir la discrecionalidad con la que el Poder Ejecutivo maneja las transferencias presupuestarias.

Las razones para apoyar esta reforma son abrumadoras, sin embargo, en la discusión política (y también técnica o académica), surgen consideraciones que resulta necesario analizar.

La primera objeción tiene que ver con el desfinanciamiento que una medida como la planteada puede ocasionar en las arcas públicas nacionales. Es obvio que una distribución más equitativa del impuesto al cheque provocaría una merma en los ingresos de Nación, pero no es menos evidente que esta década va a ser probablemente recordada como la de la mayor concentración de recursos a nivel del Estado Nacional desde que nos organizamos como país federal. Además, si bien la actual administración ya no puede ocultar el deterioro de sus cuentas públicas, el conjunto de provincias presenta un déficit fiscal creciente desde 2005, con problemas en algunos casos para hacer frente a las erogaciones con mayor sensibilidad social, como los salarios de los docentes o salud de la población.

Otro de los condicionamientos, está vinculado a la posibilidad de que una coparticipación plena de este tributo “cristalice en el tiempo la vigencia del impuesto más distorsivo del sistema, ya que estimula la informalidad y la verticalización en la producción. Es cierto que lo deseable desde el punto de vista de la eficiencia económica es avanzar en su eliminación, pero compartirlo con las provincias no va a empeorar la situación. Por otro lado, a pesar de sus características distorsivas, como mecanismo de percepción es evidente que ha sido muy exitoso, razón por lo cual mantenerlo solo como “pago a cuenta de otro impuesto no perjudicial para la actividad económica (como Ganancias), puede ser una buena idea. No obstante, para poder concretarla, primero habría que coparticipar su recaudación para que las provincias no se vean doblemente perjudicadas: por no recibir los ingresos por este tributo en forma plena y por ver disminuida la base imponible de otro impuesto (Ganancias) que si es en su totalidad coparticipado.

Un tercer elemento que se hace presente en el debate, está vinculado al hecho que la modificación en el reparto del impuesto al cheque no cambiaria las disparidades existentes actualmente en la distribución automática de fondos nacionales entre provincias. Esta conclusión es innegable, ya que la Ley de Coparticipación vigente beneficia de manera arbitraria más a unas que a otras. Sin embargo, la fragilidad de las cuentas públicas subnacionales y la irracionalidad del sistema federal argentino obligan a una urgente modificación de la distribución de la torta de recursos entre Nación y provincias y relega en la necesaria discusión de una nueva ley de Coparticipación, los aspectos que hacen a la distribución entre las distintas provincias (Coparticipación secundaria).

La aprobación del proyecto de modificación del impuesto al cheque, tampoco significaría la solución para los problemas fiscales y financieros del interior del país, ni para la equidad del sistema, pero es una condición necesaria para empezar abordar los problemas vigentes, tanto en términos de asignación de recursos como en relación al déficit provincial. Resulta imprescindible aprovechar la nueva relación de fuerzas surgida el 28 de junio pasado en el Congreso Nacional para intentar algunas modificaciones al actual sistema, que les permita a las provincias obtener mayores recursos y más libertad de acción. Recordemos que son los gobiernos subnacionales los que administran los sistemas públicos de Educación, Salud, Seguridad y Justicia, que son la base primordial de la igualdad de oportunidades en nuestro territorio. Un gobierno que se dice progresista no puede obviar esta realidad.