Antes de asumir el próximo 1º de enero, la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, tendrá que tomar decisiones sobre asuntos que marcarán el perfil de la nueva administración: cómo proveer crédito de largo plazo para la expansión de la capacidad productiva del país, el valor del salario mínimo a partir de enero de 2011, el reajuste que concederá a los jubilados que ganan más de un sueldo mínimo y la meta de superávit fiscal que buscará en los años venideros. Esos son algunos de los temas de corto plazo. El más complicado es cómo convivir con la apreciación del real y evitar la desindustrialización.

El paquete de incentivo al financiamiento de largo plazo está listo para ser analizado por la nueva gestión, y puede ser enviado al Congreso por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva si así lo quiere la presidenta electa. Elaborado por el equipo del ministerio de Hacienda como instrumento fundamental para elevar la tasa de inversión de la economía de los actuales 19% a 22% del PBI en 2014, el programa de incentivo a las captaciones y aplicaciones financieras de largo plazo propone la exención del Impuesto a la Renta para las empresas que apliquen en Letras de Crédito Inmobiliario; concede autorización al BNDES para que emita Letras Financieras, y contiene medidas de estímulos a la securitización del crédito inmobiliario, entro otras. La parte que apuntaba a incentivar las inversiones extranjeras en títulos privados de largo plazo quedó comprometida por el aumento del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) al ingreso de capital externo en el mercado financiero.

Ese asunto se torna más urgente considerando que el Tesoro debe reducir a la mitad el aporte de recursos para que el BNDES aumente financiamientos para 2011. De los cerca de R$ 100.000 millones que fueron prestados al banco este año, el Estado nacional debe aportarle R$ 50.000 millones en 2011, debilitando de esa forma la oferta de crédito a largo plazo para que las empresas expandan su capacidad de producción.

Este es uno de los grandes dilemas de la economía brasileña: para crecer en los próximos años sin generar presión inflacionaria es necesario aumentar la oferta de bienes y servicios. Actualmente, sólo el BNDES aporta recursos para inversiones a largo plazo en la economía. Y la capacidad del banco para funcionar con sus propios recursos se limita a alrededor de R$ 70.000 millones.

El paquete de medidas para el crédito a largo plazo toma en cuenta la demanda por inversiones en Brasil de 2011 a 2014 y considera tres ejes: redefinir el tamaño posible del BNDES y las fuentes de financiamiento que lo sustentarán; aumentar la oferta de crédito habitacional, que crece a ritmo más veloz que la captación de ahorro; crear, a mediano plazo, un mercado de captación de recursos a partir de la desgravación o incluso de la exención del Impuesto a la Renta en los títulos con plazos más largos, así como utilizar los recursos de los fondos de previsión social para sostener financiamientos de infraestructura.

Al contrario de su rival de campaña, José Serra, que se comprometió a una inmediata elevación del salario mínimo a R$ 600 y a un reajuste de 10% para los jubilados que ganan más de un sueldo, Rousseff cuenta con el proyecto presupuestario preparado por el actual gobierno para 2011, que sugiere un aumento de 5,2% en el mínimo, que subiría a R$ 538,15, valor que se redondearía para R$ 540 a partir de enero. Rousseff deberá empeñarse para que el Congreso apruebe dos leyes que tramita desde 2007, importantes para frenar el crecimiento del gasto público y garantizar un régimen jubilatorio ecuánime para los trabajadores.

Desde el punto de vista fiscal, además de controlar el aumento del gasto corriente, el nuevo gobierno deberá enfrentar una discusión conceptual. Existen estudios técnicos realizados por la gestión de Lula que recomiendan sustituir el concepto de superávit primario consolidado del sector público por la metodología de ahorro público, como indicativa del compromiso de control de gastos. El ahorro surgiría de la diferencia entre ingresos y gatos corrientes del consumo del gobierno, incluyendo los gastos referentes al pago de intereses de la deuda pública. Según esa metodología, todos los gastos relativos a inversión quedarían fuera de las metas fiscales.