El balance económico del año 2005 ha dejado luces y sombras. Ocurre que ha quedado definitivamente claro que –de no mediar incrementos sustanciales en la inversión– el Gobierno enfrenta un conflicto creciente entre crecimiento e inflación. En el año 2003 la economía creció 8,8% y la inflación arañó el 3,7%. En 2004 esa relación fue de 9% y 6,1%, respectivamente. En 2005, el crecimiento habría alcanzado un espectacular 9,2% pero con una inflación superior al 12%.

La lectura lineal de un economista independiente, típicamente preocupado por los costos sociales y económicos de una inflación elevada, llevaría a una conclusión simplista: el Gobierno enfriará la demanda y dejará apreciar el tipo de cambio para moderar las presiones inflacionarias. ¿Por qué éste no es el caso en Argentina? Comprender la economía política de la actual aceleración inflacionaria y la visión oficial del problema son clave para comprender las respuestas de política.

Una tasa de inflación moderada y controlada todavía deja –en el balance que se realiza en los despachos oficiales– más beneficios que costos. Primero, la percepción oficial es que la inflación es un subproducto –claramente indeseado– del alto crecimiento. Subyace a la visión oficial el viejo paradigma estructuralista, que ve en la inflación un fenómeno propio de las tensiones estructurales de la economía y la puja distributiva. La percepción oficial también se impregna de condimentos keynesianos capaces de explicar por qué –en el corto plazo– algo más de crecimiento puede comprarse con algo más de inflación. Cuánto del ajuste a una demanda excedente se produce vía incremento de los precios y cuánto vía incrementos de las cantidades es algo que –en la visión oficial– puede administrarse con dosis apropiadas de persuasión política.

Segundo, la inflación contribuye por varias vías a mejorar la recaudación tributaria. Además del impacto directo en la recaudación de impuestos ligados al consumo, ayudan la prohibición de ajuste en los balances empresarios y en los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y bienes personales. Desde el punto de vista fiscal, una inflación moderada otorga una bienvenida dosis de flexibilidad nominal que le permite al gobierno administrar políticamente y dosificar macroeconómicamente la transferencia neta de recursos del sector privado al Estado. Esta dinámica ha permitido anunciar reiterados aumentos en los salarios del sector público y las jubilaciones –con buenos dividendos políticos, aunque sin reparar la licuación inicial– y ha permitido incrementar la obra pública –paradójicamente, con los recursos que otorga la licuación real de las jubilaciones– preservando un superávit de 4 puntos del PIB.

Puesto en números: mientras que la recaudación tributaria es hoy 5,5 puntos porcentuales del producto superior a la de 2001, las jubilaciones y pensiones representaban un 5% del PIB comparado con un 6,1% en 2001. Esta contracción relativa de las jubilaciones permitió financiar el aumento de la obra pública de 1% del producto en 2001 a 2% en 2005. Puesto en palabras: los jubilados están ahorrando para financiar la inversión pública.

Tercero, una inflación en ascenso se convierte en un verdadero problema social y político cuando los salarios reales comienzan a caer. Pero esto no es lo que ha sucedido, al menos hasta ahora. El año pasado, el salario real en el sector formal creció 11% y en el sector informal pudo –con mucho esfuerzo– mantener relativamente estable su poder de compra.

Si hay algo que está claro es que la economía argentina debería –en cualquier escenario de normalidad– apreciarse en términos reales. Para el lector no especializado, diremos que nuestra economía todavía es muy barata en dólares y que, con el tipo de cambio nominal constante, el encarecimiento relativo debe darse por la vía de los precios domésticos. El ya célebre ajuste de precios relativos (apreciación real) no es más que la mejora relativa de los bienes y servicios no transables internacionalmente, cuyo principal insumo es la mano de obra. Esta inflación de costos (salariales), además de transitoria, es socialmente neutral si los perdedores –-básicamente, sectores informales de bajos ingresos y jubilados– logran ser compensados de alguna forma: los primeros, vía una mayor creación de empleo que mejora los ingresos familiares; y los segundos, mediante esporádicos aumentos compensatorios.

Hasta aquí hemos explicado los por qué de una inflación que se percibe socialmente benigna o a lo sumo neutra. Los costos de largo plazo de una inflación estacionada en los dos dígitos son más difíciles de mensurar: un mayor sesgo indexatorio en la economía, el desaprovechamiento de la mejor oportunidad en décadas para recrear una estructura contractual de largo plazo en pesos nominales (ni en dólares ni en pesos ajustados por inflación) y el debilitamiento eventual de la demanda de dinero y la menor monetización y bancarización de la economía, son elementos todos que se perciben lejanos e improbables.

¿Por qué desesperar por la inflación? ¿No es mejor esperar? Ni usted ni yo tenemos la respuesta. Sólo el gobierno tiene la suya.