Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

1 .Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Única explotación rural compuesta por diversas parcelas. No corresponde la deducción legal por cada una de ellas. No obstante se revocó la multa.

Causa: "Gimar S.A. C/DGI", Sala IV, 18.7.19.

El Tribunal administrativo confirmó la resolución fiscal mediante la cual se había determinado el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) por los períodos 2001 a 2003, con más intereses y la revocó en cuanto a la multa.

Para decidir así, el Tribunal Fiscal consideró que: a) Contrariamente a lo sostenido por la recurrente en cuanto a que eran cinco inmuebles diferentes a los fines de la deducción de los $ 200.000, se trataba de una única explotación rural compuesta por diversas parcelas; b) En este sentido, y más allá de la deficiencia técnica legislativa de la normativa en cuestión, lo cierto era que una interpretación como la que pretendía la actora llevaría al absurdo de que los contribuyentes adquirieran un inmueble rural, lo fraccionaran y, así, redujesen la carga tributaria del impuesto; y c) En relación a la multa aplicada, cabía revocarla ya que existía error de derecho eximente de culpabilidad.

Disconforme con esta decisión, apeló la parte actora sosteniendo que: a) Si la norma se refería a cada uno de los inmuebles de los que el contribuyente era titular, ello descartaba la aplicación por "unidad de explotación"; b) Tampoco exigía la normativa que esos inmuebles tuvieran actividades diversas; y c) La ley del gravamen no autorizaba a disponer por vía reglamentaria que el tope de $ 200.000 debía considerarse en relación con la totalidad de los inmuebles rurales que poseía el contribuyente pues un tratamiento de esa índole requeriría una reforma legal.

A su vez, la Cámara estableció en su fallo que: a) La cuestión a resolver consistía en determinar si la deducción contemplada en el artículo 4°, inciso "b", de la Ley de IGMP resultaba ser un importe único sobre el valor total de los inmuebles rurales o si, como entendía la actora, la misma podría efectuarse por cada una de las parcelas que componían el campo; b) La contribuyente había tomado en las declaraciones juradas de los períodos fiscales 1999 a 2003 la deducción de los $ 200.000 por cada una de las parcelas que componían el inmueble rural; c) Las parcelas eran cinco por lo que la deducción que la empresa había tomado era de $ 1.000.000 por cada período fiscal; d) En el caso, tal como lo había señalado el Tribunal Fiscal, el tratamiento que se debía dar al inmueble era el de una unidad de explotación compuesta por diversas parcelas, individualizadas como "Campo el Recreo", con independencia de las identificaciones catastrales que la conformaban; e) Esta interpretación resultaba acorde al espíritu de la ley en tanto las presuntas ganancias derivaban del tratamiento del inmueble como una única unidad de explotación afectada al desarrollo de una misma actividad; f) Respecto a la sanción, el error de derecho extrapenal era excluyente de responsabilidad cuando proviniera de una razonable oscuridad de las normas o de criterios interpretativos diferentes que, aún actuando con la debida diligencia, colocaran al contribuyente en una situación de confusión; y g) En el caso de autos, dada la complejidad de las normas en cuanto al alcance de la deducción de $ 200.000 prevista, ello pudo generar la confusión de deducir dicho monto por parcela, tal como lo había hecho la actora.

Consecuentemente, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, ergo, se hizo lugar a la postura fiscal, si bien se dejó sin efecto la multa aplicada.

2. Procedimiento. Cosa juzgada. Se declaró de oficio la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal en cuanto a su incompetencia no obstante el consentimiento de las partes.

Causa: "Gohringer, Lucía C/DGI", Sala III, 24.10.19.

El Tribunal inferior, con cita del pronunciamiento de la Sala IV de dicha Cámara resolvió, por mayoría, que cuestiones como las discutidas en autos quedaban excluidas de su competencia, por lo tanto, correspondía declarar aplicable lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 11.683, reformado por la Ley N° 27.430, teniendo en cuenta que no obraban actuaciones anteriores susceptibles de verse afectadas por dicha decisión y, en consecuencia, cabía rechazar el recurso de apelación con costas por su orden dadas las particularidades que presentaba la cuestión planteada.

Contra dicho pronunciamiento apeló la representación fiscal, exclusivamente, en el aspecto relativo al régimen de las costas y; por su parte, la Cámara estableció en su fallo que: a) Para el examen del recurso era adecuado recordar que oportunamente y ante la primitiva declaración de incompetencia esta Sala, admitiendo la apelación de la actora, había revocado la decisión y devuelto los autos al Tribunal Fiscal a fin de que reasumiera su competencia; b) En las condiciones enunciadas, era meridianamente claro que la ulterior declaración de incompetencia resuelta con fundamento en una norma posterior (Ley N° 27.430), no sólo ignoraba elementales principios de seguridad jurídica, como cabalmente lo era el de autoridad y eficacia de la sentencia, sino que además contradecía palmariamente la propia jurisprudencia de la Corte invocada como fundamento de la decisión, pues, como bien se advertía en el voto de la minoría, no era dudoso que con ella se invalidaron actos cumplidos, firmes y precluidos; y c) Por consiguiente, y en tanto se había configurado en el caso una flagrante vulneración de la cosa juzgada, circunstancia que -al encontrarse de por medio el orden público- habilitaba a esta Sala para disponer de oficio la nulidad de la resolución independientemente del consentimiento de las partes.

De esta forma, la Cámara declaró la nulidad de la decisión bajo análisis y de los actos procesales subsiguientes y dispuso que el Tribunal Fiscal dictara nuevo pronunciamiento.

Jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación

1. Ganancias. Préstamos de una empresa a su personal. Improcedencia del instituto de disposición de fondos de terceros.

Causa: "Exxonmobil Business Support Center Argentina SRL C/AFIP-DGI", Sala "B", 7.11.19.

El contribuyente de tratas promovió un recurso de apelación contra el acto administrativo emitido por el ente recaudador que determinó de oficio su obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias del año fiscal 2012 juntamente con sus accesorios con más la aplicación de una multa por omisión.

En este supuesto, el foco del conflicto estribó en si distintos préstamos que le otorgaba la sociedad apelante (parte acreedora) a su personal en relación de dependencia (parte deudora) configuraba (o no) una disposición de fondos a favor de terceros de acuerdo con el artículo 73 de la ley del gravamen y el artículo 103 de su Decreto Reglamentario.

La AFIP, prietamente, interpretó la viabilidad del mentado instituto dado que, por un lado, sus empleados resultaban ser terceros y, por el otro, dichos préstamos no se hacían en interés de la empresa. Asimismo, el particular sostuvo la tesis opuesta al exponer que los mismos formaban parte de una política corporativa destinada al mantenimiento y captación de sus recursos humanos y, por ello, tal proceder comportaba un beneficio para la empresa.

Es susceptible de mención que, de la causa, surgía que los préstamos obedecían a distintas motivaciones tales como créditos hipotecarios, de automotores, de asistencia financiera de emergencia y de radicación en el país de impatriados de determinado rango jerárquico.

El Tribunal competente, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Repasó brevemente cada uno de los diversos tipos de préstamos; 2) Analizó la evolución legislación de la figura de

disposición de terceros; 3) Precisó que el propósito del legislador, con el establecimiento de este instituto, era evitar maniobras elusivas tendientes a trasladar artificialmente ganancias gravadas bajo figuras exentas o no alcanzadas por el tributo; 4) Abordó los distintos requisitos necesarios para la aplicación de esta figura; 5) Remarcó que los préstamos en cuestión fortalecían el vínculo laboral existente entre la empresa y sus empleados y, además, era un beneficio para la concreción de las operaciones propias al giro de su negocio; 6) Ponderó el hecho de que esta clase de préstamos resultaban ser un valor agregado para la empresa al servir al mantenimiento y conservación de sus recursos humanos y, a su vez, mejoraba su competitividad en lo atinente a la incorporación de su personal; y 7) Las aristas reseñadas permitían inferir que la concesión de dichos préstamos eran una parte integrante del interés de la empresa.

Los fundamentos apuntados llevaron al Tribunal a revocar la resolución apelada y, en consecuencia, esta decisión fue favorable al particular.

2. Procedimiento. Competencia del TFN. Rechazo de solicitud de una medida cautelar.

Causa: "Puxia SRL C/AFIP-DGI", Sala "C", 11.11.19.

El mencionado recurrente solicitó una medida cautelar innovativa fundada en el artículo 195 de la Ley N° 11.683 y en el CPCCN manifestando que, si bien se opuso un recurso de apelación ante el TFN contra el acto administrativo de determinación de oficio del Impuesto al Valor Agregado, el particular sufrió el bloqueo de su constancia de CUIT, circunstancia que permanecía vigente incluso hasta el momento de su presentación.

El Tribunal actuante, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Examinó la normativa inherente a la competencia del TFN la cual debía interpretarse en forma restrictiva; b) Señaló que los artículos 159 y 165 de la ley de rito no habilitaba la competencia del mentado tribunal para una discusión como la que se planteó; c) Entendió que la normativa del CPCCN era extraña a la materia debatida; y d) Afirmó que el efecto suspensivo del recurso sólo era aplicable a la resolución determinativa de oficio impugnado en tanto que la cuestión concerniente al bloqueo de CUIT era ajena al acto administrativo apelado.

De este modo, el TFN declaró su incompetencia para dirimir este conflicto.

3. IVA. Procedencia del cómputo de retenciones, percepciones y créditos fiscales a nombre de sociedades antecesores en un proceso de reorganización libre de impuestos.

Causa: "Bemis Argentina SAU C/AFIP-DGI", Sala "D", 27.11.19.

El contribuyente del epígrafe impugnó la resolución que determinó de oficio la obligación tributaria del IVA por diversas posiciones mensuales de los años fiscales 2012 a 2015 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa del artículo 45 de la Ley N° 11.683.

De la causa se observa lo siguiente: a) La recurrente –antes American Plast SA- adquirió el fondo de comercio de Itap Bemis Limitada Sucursal Argentina con efecto a partir del 1.11.12; b) La apelante se fusionó con las sociedades Dixit Toga Argentina SA y Envrail Plastic Packaging SRL con fechas 1.1.13 y 1.4.13 respectivamente; c) La totalidad de este proceso se hizo en el marco de la reorganización establecida en el artículo 77 y siguientes de la Ley del Impuesto a las Ganancias y en la Resolución General N° 2513 de la AFIP.

La AFIP, en ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización, cuestionó el cómputo de las percepciones, las retenciones y los créditos fiscales del IVA al haber sido respaldados con el nombre de las entidades antecesoras de la apelante y tal situación, a juicio del Fisco, dio pie a un ajuste en el citado gravamen a su favor. Lógicamente, el recurrente estuvo en desacuerdo con dicha posición.

El Tribunal actuante, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Enfatizó que los distintos procesos de reorganización societarios –anteriormente mencionados- no fueron objetados por el ente recaudador; 2) Citó los precedentes "Ormas SAICIC C/AFIP" e "International Engines South America C/AFIP" del 16.12.03 y 26.8.11 respectivamente –ambos de la Sala "D" del TFN- "Mundotex SA C/DGI" y "Sosa, Virginia C/DGI" del 2.2.96 y 20.10.04 respectivamente –ambos de la Sala "B" del mismo Tribunal- para validar su posición; 3) Señaló que la realidad económica de estos procesos de reorganización era un recaudo crucial para determinar la viabilidad de los beneficios fiscales derivados de las reorganizaciones libre de impuestos; 4)

Puntualizó que la intención del legislador para estas reorganizaciones consistía en buscar un mejoramiento de la productividad y evitar que el sistema tributario conformase un obstáculo para tal fin; 5) Puso de relieve que la prueba producida demostró la existencia real y efectiva de las operaciones que dieron origen a los créditos fiscales, las retenciones y las percepciones en controversia; y 6) Subrayó que el contribuyente, en la especie, no alteró el sustrato material de la material imponible ni hubo un perjuicio fiscal máxime que, al haber un legítimo proceso de fusión, se estuvo frente a una única personalidad jurídica –y no de terceros ajenos-.

Las causas expuestas llevaron al Tribunal competente a revocar el acto administrativo impugnado y, por ende, este pronunciamiento fue contrario a los intereses estatales.

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(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina

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