SITUACIONES CURIOSAS DE NUESTROS TRIBUTOS

¿Los billetes de mil pesos sirven a los efectos legales?

La AFIP viene obligando a los contribuyentes a que acepten medios de pagos electrónicos como las tarjetas de débito o crédito de parte de los consumidores finales, porque señalan desde el organismo fiscal que el efectivo facilita la informalidad de las operaciones.

La ley de prevención de la evasión fiscal -L25345- dispone en su art 1º con efecto desde abril de 2001 que "no surtirán efectos entre partes ni frente a terceros los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a $ 1000 (mil pesos)" que se realicen en efectivo, debiendo ser efectuadas para que sean válidas mediante depósitos en entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjetas de crédito, compra o débito, o mediante facturas de crédito.

Además el art. 2 de la citada ley, entrando en los efectos tributarios dispone que los pagos que se efectúen en efectivo tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, "aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones".

Ahora bien el BCRA puso en circulación a fines del año 2017 los billetes de $ 1.000, y frente a este escenario debemos preguntarnos qué uso se le puede dar a los mismos si para abonar importes superiores a $ 1.000 no tienen efecto entre las partes los pagos realizados en efectivo, como reza el art. 1 de la ley 25345.

Quizás estamos en presencia de una más de nuestras incongruencias donde se pone en circulación un billete "de curso legal" que de ser usado para cancelar un pago junto a otro billete o incluso una moneda de $ 1 la ley dispone que ese pago "no surtirá efectos entre las partes ni frente a terceros"!!.

Entonces estamos en presencia de un juego de tensiones entre lo legal y lo ilegal que genera incertidumbre. El único camino posible para salvar esta situación es actualizar el valor de $ 1.000 dispuesto en la ley de prevención de la evasión fiscal, para que las normas recobren su coherencia.

Nuestro país transita por momentos de dificultad económica donde son necesarias las inversiones, y la seguridad jurídica es uno de los pilares que generan el marco propicio para que existan inversiones.

Sin embargo, más allá de la necesidad de actualizar un valor que ha quedado sumamente postergado en el tiempo y recobrar la coherencia entre las normas, es importante como sociedad detectar y eliminar aquellas acciones que se realizan en la práctica y pueden ser tildadas de ilegales, pero cuando esta tensión entre lo legal y lo ilegal está dada por las propias normas y las acciones que lleva adelante el estado ello resulta mucho más preocupante.

La seguridad jurídica también abarca estos aspectos.

 

(*) Esta columna, fue realizada con la colaboración y aporte del material del Dr. José Antonio Alaniz, Contador Público, siendo su email jose@e-alaniz.com.ar su página web y www.consultora-alaniz.com.ar y Twitter: @contactoalaniz

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