Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (*)

Consecuencias económicas por Pandemia. Acción declarativa de certeza para sesionar por medios virtuales en materia tributaria. Principio republicano y división de poderes.

- "Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación s/acción declarativa de certeza", sentencia 24 de abril de 2020.

La Presidenta del Honorable Senado de la Nación interpuso una acción declarativa de certeza (1) para hacer cesar el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar a través de medios virtuales o remotos y por resultar acuciante la necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas de la Pandemia para el mundo en general y la Argentina en particular. Así, señaló que el Reglamento del propio Senado prevé que esa Cámara se constituye en la Sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato salvo casos de gravedad institucional. Observó que esa Corte Suprema, por Acordadas 11/20 y 12/20, ya reconoció las circunstancias de excepción apuntadas y modificó su modalidad de trabajo, lo cual también fue receptado por poderes legislativos de diferentes países. Así, consideró que hay una gravedad institucional extrema, que no admite demora y compromete la posibilidad de funcionar a uno de los tres poderes que conforman el Estado Argentino. Citó doctrina y jurisprudencia. Sobre la vía procesal elegida, aclaró que no es una consulta y que está legitimada por ser la presidenta del Senado de la Nación.

Para la CSJN, desde el punto de vista constitucional, no hay dudas de que la continuidad de legislar del Congreso Nacional es absolutamente esencial para el normal desarrollo de la Argentina pues aún en épocas difíciles del país, se procuró asegurar su funcionamiento. La parálisis causada por la Pandemia exige de las instituciones de la República el desarrollo de los mecanismos que sus autoridades estimen necesarios para asegurar la permanencia de sus tareas y garantizar el debate legislativo. Tan es así que nuestra Constitución Nacional (CN) trata, en primer lugar, al Poder Legislativo entre los poderes del Estado del gobierno federal por representar de modo más directo la voluntad popular y reflejar fielmente a la sociedad política y el ámbito de elaboración de la "voluntad general" que se expresa en la Ley como el acto de gobierno por antonomasia en el Estado de Derecho. Así, el art.19 de la Constitución enfatiza ese criterio con el "principio de legalidad" que fija el límite entre lo prohibido y lo permitido. La república representativa se funda en el respeto a la Ley como expresión de las mayorías y en el, respeto a la Constitución como garantía de las minorías contra los eventuales abusos de aquellas. Por eso nada es superior a la Ley, excepto la Constitución.

En cuanto a la acción intentada, la Corte evaluó si la cuestión planteada resulta justiciable o si, por el contrario, compete al ámbito propio y exclusivo del órgano legislativo pues, desde sus fallos inaugurales, mantiene como principio general que el ámbito de su control jurisdiccional no alcanza a las decisiones que otros Poderes del Estado adopten dentro de la esfera de competencia que la CN les asigna como propia y exclusiva. Así, se forjó su doctrina jurisprudencial por la que se abstuvo de revisar el procedimiento de sanción de una ley que declaró la intervención federal de una provincia, ya que no podían contestarse las facultades legislativas para decidir sobre "la forma de sus deliberaciones" (caso "Cullen", Fallos: 53:420); de revisar el procedimiento de deliberación y sanción de leyes tributarias (en los casos "Compañía Azucarera", Fallos: 141:271 y "Petrus" Fallos: 210:855), entre muchos otros.

En esa misma línea, el Alto Tribunal recordó haber reconocido, con mucha prudencia, límites a las cuestiones justiciables al controlar el procedimiento o trámite parlamentario de las leyes formales. Con cita del referido caso "Cullen c/ Llerena" de 1893, afirmó -una vez más- que el Poder Judicial no podía contestar ni sobre el fondo ni sobre la forma de las deliberacio-nes en las que el Congreso había ejercido una atribución política, concluyendo que "no consti-tuye cuestión justiciable lo atinente al procedimiento adoptado por el Poder Legislativo para la formación y sanción de las leyes" ("Barrick", Fallos: 342:917). Desde sus fallos fundacionales, asumió la defensa de la supremacía constitucional (art. 31, Constitución Nacional) y en el primer tomo de fallos publicado en este país, están las sentencias en donde declaró que el Poder Ejecutivo había usurpado atribuciones del Legislativo destruyendo el "principio fundamental de nuestro sistema político" de la división de poderes (causa "Ríos" de 1863, Fallos: 1:32) y otro fallo en la que se ubicó a sí misma como "interprete final de la Constitución" (caso "Calvete" de 1864, Fallos: 1:340). En materia de cuestiones no justiciables, generó ciertas excepciones frente a las facultades privativas de otros Poderes del Estado que se sintetizan en dos supuestos: en primer lugar, la Corte debe velar porque ninguno de los poderes del Estado actúe por fuera de las atribuciones que la Constitución les confiere y, en segundo lugar, porque ninguno de esos poderes al ejercer esas facultades que la Constitución les asigna de forma exclusiva se desvíe del modo en que la Constitución autoriza a ponerlas en la práctica (criterio reiterado recientemente en el caso "CEPIS", en Fallos: 339:1077). Ambos supuestos condensan premi-sas basales: que "la Constitución ha establecido, inequívocamente, un sistema de poderes limi-tados" (causa "Peláez", Fallos: 318:1967; y que, al final, incumbe a los jueces "examinar la existencia y extensión de las facultades privativas" con el fin de determinar -si la cuestión deba-tida es de las que les incumbe decidir, o de las que la Ley Fundamental depositó en el ámbito reservado a los otros Poderes del Estado… Esta fue entonces la forma de equilibrar la referida tensión entre el valor republicano y el valor de supremacía de la Constitución Nacional".

La Corte, por mayoría (2), resuelve que el Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento ya sea de manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia y se rechaza la acción intentada.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Multa por mora de obligaciones previsionales. Pedido de excepción al depósito previo con una única prueba: Dictamen de contador público. Recurso inadmisible.

- "Soluciones Logísticas S.A. c/AFIP –DGI s/Impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia 30 de diciembre de 2019.

Soluciones Logísticas S.A. interpone un recurso de apelación judicial contra la resolución de la AFIP que le aplicó una multa por mora en el pago de sus obligaciones previsionales -períodos mayo, septiembre, octubre y noviembre 2016,- sin efectuar el depósito previo de los montos cuestionados (3), con fundamento en la nulidad del procedimiento administrativo y en la inconstitucionalidad del recaudo previo. Para probar su insolvencia económica, acompaña un dictamen de contador público.

La Sala II sostiene que el acto administrativo de la AFIP es válido por responder a razones de orden y seguridad públicos y porque la regla del depósito previo no es caprichosa ni arbitraria, constituye una razonable derivación del interés público que persigue el derecho tributario y uno de los pilares en donde se asienta la eficacia de la gestión fiscal del Estado. Pondera la celeridad en la percepción de impuestos aunque ocasione la dificultad que supone pagar primero para reclamar después. Agrega que en un país en que la cultura de la evasión está arraigada y las necesidades de la Administración son cada vez más acuciantes por la crisis económica y social, este depósito representa un estimulo a cumplir las cargas fiscales y un freno a conductas insolidarias y antisociales que condujeron a importantes sectores de la población al absurdo de colocar al evasor en un lugar destacado en el podio de los cultores de la "viveza criolla" nacional.

La Sala recuerda la jurisprudencia de la CSJN que admitió, en reiteradas oportunidades, la validez constitucional de este recaudo previo y sólo justifico exceptuarlo en casos de monto excepcional, si su cumplimiento es un obstáculo para revisar la pena por los tribunales de justicia en resguardo al derecho de defensa o porque su pago importaría un significativo desapoderamiento, sea por falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarlo o por un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o de desviación de poder. No obstante ello, advierte que la única prueba aportada en este caso es un dictamen de contador público independiente que resulta notoriamente insuficiente para demostrar el grado de precariedad o de insolvencia económica para eximirlo del depósito previo. Para las costas, por el principio objetivo de la derrota, las soporta la vencida.

En consecuencia, se declara formalmente inadmisible el recurso por no haber depositado previamente los montos apelados, con costas a la actora.

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* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) El objetivo de esta acción judicial es obtener una sentencia que haga cesar un es-tado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica si esa falta de certeza puede provocar un perjuicio o lesión actual al interesa-do y no hubiera otro medio legal para resolverlo (art. 322, Código Proc. Civ. Com. de Nación).

(2) El Ministro Rosatti (voto concurrente) propició que no existe caso judicial y destacó, entre otros fundamentos, que la Constitución Argentina tiene todas las respuestas a posibles incertidumbres jurídicas incluso en momentos de crisis y que "solo hay que empeñarse en encontrarlas" y que el hecho que los constituyentes no ima-ginaron este futuro tecnológico, no significa que "esté prohibido". Con disidencia parcial, el Ministro Rosenkrantz propició rechazar la acción pues ni siquiera existe un supuesto de gravedad institucional.

(3) Para poder apelar judicialmente este tipo de multas, hay que efectuar el depósito previo de los montos cuestionados para habilitar la instancia ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Su falta de pago, provoca la deserción del recurso y el Ministerio está facultado a iniciar un juicio de ejecución fiscal para su cobro y embargar cuentas bancarias con orden judicial.

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