Lunes  04 de Noviembre de 2019

Reseña de la Jurisprudencia Tributaria

Reseña de la Jurisprudencia Tributaria

1. Procedimiento. Recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Formalidades. Derecho de defensa. No procede tener por no presentado el recurso.

Causa: "Castagnani, Héctor Luis C/DGI", Sala V, 28.3.19.

El Tribunal inferior, por mayoría, tuvo por no presentado el recurso deducido. Para así decidir indicó que: a) Había intimado al actor a que acompañara al expediente copia de la resolución apelada y del escrito de interposición del recurso; b) Sin embargo, y pese a las reiteradas prórrogas peticionadas por el interesado y concedidas por el juez instructor, el recurrente no había dado cumplimiento con ello; y c) En tales condiciones, cabía hacer efectivo el apercibimiento oportunamente efectuado en los términos del artículo 23 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación y tener por no presentado el recurso.

Contra dicha resolución, el actor interpuso recurso de apelación agraviándose por cuanto: a) El pronunciamiento recurrido era arbitrario ya que se fundaba en un excesivo rigor formal que vulneraba su derecho de defensa en juicio; y b) En tal sentido, su parte había peticionado el expediente en préstamo para dar cumplimiento con la intimación formulada por el Tribunal administrativo pero ello no había sido proveído por tal Tribunal, razón por la cual no podía presentar la documentación exigida.

A su vez, la Cámara, determinó en su sentencia que: a) De las constancias de la causa resultaba que el vocal instructor había intimado al actor para que en el plazo de cinco días adecuara su recurso a lo dispuesto en el artículo 20, incisos "a" y "c" del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación bajo apercibimiento de tener por no presentado el recurso (conf. artículo 23 del mismo Reglamento); b) En virtud de lo solicitado por el interesado, el Tribunal le concedió una prórroga de diez días para dar cumplimiento con aquel emplazamiento; c) Ante el silencio del recurrente el vocal lo intimó por última vez, en los mismos términos y condiciones, y ante una nueva petición de prórroga, extendió aquel plazo por otros diez días más; d) Posteriormente, el letrado del recurrente justificó su incumplimiento con motivo de la internación del señor Héctor Luis Castagnani en un nosocomio, requiriendo una nueva ampliación del plazo para dar cumplimiento con lo ordenado y, a su vez, pidiendo en préstamo el expediente para sacar fotocopias; e) Sin embargo, el vocal instructor elevó la causa a consideración del Tribunal a fin de dictar pronunciamiento; f) Finalmente, el Tribunal inferior hizo efectivo el apercibimiento oportunamente dispuesto y tuvo por no presentado el recurso de apelación; g) Pues bien, correspondía señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía dicho que la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional requería, sobre todas las cosas, que no se privara a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle, sino por medio de un proceso conducido en legal forma y que concluyera con el dictado de una sentencia fundada (Fallos 268:266; 295:906, entre otros); h) Ello significaba, ni más ni menos, la real posibilidad de obtener la efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva, que reconocía base constitucional, concorde con el adecuado servicio de justicia (Fallos 326:4681 y sus citas); i) En el mismo sentido, reiteradamente la Corte ha sostenido que, en materia de acceso a la justicia, el principio rector era el de "indubio pro actione", a fin de no menoscabar el derecho de defensa (Fallos 313:83; 316:3231, entre otros); y j) En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el actor había solicitado el expediente en préstamo a fin de dar efectivo cumplimiento con la intimación cursada, aspecto no proveído por el Tribunal administrativo, los agravios invocados por la recurrente debían ser admitidos.

En definitiva, la Cámara revocó el pronunciamiento apelado y, por consiguente, ordenó la devolución de las actuaciones al Tribunal Fiscal para que continuara con su trámite.

2. Procedimiento. Silencio de la Administración. Procedencia del recurso de amparo por mora interpuesto.

Causa: "Banco de Valores S.A. C/DGI", Sala I, 2.5.19.

El Tribunal Fiscal declaró improcedente el recurso de amparo por mora interpuesto por la actora en los términos del artículo 182 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), con el objeto de requerir a la AFIP de que se expidiera con relación al recurso de apelación, presentado, conforme con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto N° 1397/79 del PEN, contra la intimación cursada por la División Recaudación de dicho organismo.

Para así resolver, el Tribunal administrativo ponderó que: a) No existía un "trámite o diligencia" a cargo del ente recaudador que habilitara la procedencia de la vía preventiva intentada de conformidad con los requisitos exigidos en el artículo 182 de la ley de procedimiento fiscal; b) En atención a la vía procesal adoptada por la actora, era la propia regulación contenida en el aludido artículo 74 la que, remitiendo a la Ley N° 19.549, creaba el "iter" recursivo para que la pretensión de la contribuyente resultara satisfecha ante el silencio emanado de la administración y, por ello, no resultaba vulnerado su derecho a un pronunciamiento; y c) En consecuencia, no se advertía un perjuicio ya que la pretensión que había hecho valer la actora preveía los mecanismos para obtener una decisión administrativo o judicial.

La parte actora apeló ese decisorio aduciendo que: a) El Tribunal inferior, al cuestionar la vía intentada, confundía dos institutos -amparo por mora y silencio de la administración- que, sin perjuicio de proceder ante circunstancias similares, tenían consecuencias y finalidades diferentes; b) Ambos actuaban de forma complementaria, a opción del particular, y en la Ley N° 11.683 no se preveía -ni en forma expresa ni en forma implícita- que la figura del silencio resultase un obstáculo para la procedencia formal del recurso de amparo; c) El instituto del amparo tenía por finalidad resguardar el derecho de peticionar ante las autoridades, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, frente al cual existía un deber de la administración de decidir en el caso concreto, cuya omisión o extemporaneidad en resolver constituía conductas irregulares que perjudicaban al particular y atentaban contra el accionar eficaz de aquélla; y d) La demora excesiva e injustificada en resolver el recurso administrativo constituía "per se" un perjuicio, dejaba expedito el reclamo judicial de la presunta deuda intimada y atentaba contra la seguridad jurídica que debía prevalecer en la relación Fisco - contribuyente.

Por su parte, la Cámara expuso en su sentencia que: a) La Ley N° 11.683 disponía que cuando la persona individual o colectiva se veía perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la administración fiscal, podría ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo (art. 182); b) La primordial finalidad perseguida por el recurso en examen era la de permitir la obtención de un pronunciamiento expreso del órgano administrativo demandado, guardando similitud en tal aspecto con el remedio previsto en el artículo 28 de la Ley N° 19.549; c) Evidentemente, cuando un interesado interponía un recurso o formulaba una petición, la Administración tenía el deber de resolver expresamente la cuestión planteada; d) Dicha obligación surgía de la propia Ley de Procedimientos Administrativos; e) En efecto, allí se indicaba que el ejercicio de la competencia de los órganos administrativos constituía una obligación de la autoridad correspondiente y era improrrogable (art. 3°); f) Eran requisitos del procedimiento administrativo la celeridad, la economía, la sencillez y la eficacia en los trámites, y los interesados tenían derecho a una resolución fundada (art. 1°); g) La Administración no sólo debía pronunciarse sino que debía hacerlo en el plazo legal previsto; h) Ciertamente, el silencio de la administración carecía, siempre, de justificación; i) Se trataba de una abstención administrativa frente a una pretensión que estaba obligada a resolver; j) No cabían dudas, pues, de que en tales casos más que de silencio de administración había que hablar de retardo; k) El incumplimiento de dicho deber de acción habilitaba al interesado a esperar que la administración se pronunciara, o, si lo estimaba más conveniente, accionar administrativa o judicialmente; l) Si bien asistía razón al Tribunal de origen, en cuanto a que el recurso previsto en el mencionado artículo 74 constituía un procedimiento reglado que preveía su propio "iter" recursivo para que la pretensión de la recurrente resultara satisfecha, incluso ante el silencio de

la administración, parecía que éste había confundido dos institutos (el amparo por mora y el silencio de la Administración) que, sin perjuicio de proceder ante circunstancias similares, tenían consecuencias y finalidades enteramente diferenciables; m) Así pues, la finalidad del recurso de amparo por mora era obtener un pronunciamiento expreso de la Administración ante una petición formulada y, por ende, el incumplimiento a dicho deber de acción constituía una conducta irregular que habilitaba su viabilidad, entre otros remedios, ya que resultaba facultativo de los particulares optar por la vía que consideraran más beneficiosa a sus intereses; y n) En virtud de lo expuesto, y toda vez que no se advertían impedimentos formales a la admisibilidad del recurso de amparo por mora interpuesto, correspondía hacer lugar a los agravios de la actora.

De esta forma, la Cámara revocó la sentencia apelada y, por ende, se declaró la admisibilidad del recurso de amparo por mora y se fijó un plazo de veinte (20) días hábiles administrativos para que la AFIP dictara resolución en el trámite involucrado.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

José Daniel Barbato daniel_barbato@hotmail.com

1. Bienes Personales. Revocación de ajuste oportunamente exteriorizado en el régimen de la Ley N° 26.860.

Causa: "Daniels Lawrence Chandler C/AFIP-DGI", Sala "D", 20.5.19.

El referido contribuyente apeló el acto administrativo de la AFIP que determinó el Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP) por el año fiscal 2006 junto con sus intereses y se hizo una reserva de la eventual aplicación de la multa fundado en el artículo 20 de la Ley N° 24.769.

En este caso, el foco de la discusión se basó en que el recurrente cuestionó el criterio fiscal por entender que, al figurar como cotitular de una cuenta bancaria radicada en el exterior, no debía declarar dichos fondos en su declaración jurada del ISBP del año fiscal 2006 dado que los mismos pertenecían a su esposa, quien sí los incluyó como activos en el régimen particular establecido por la Ley N° 26.680.

En primer lugar, el Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Gómez, O´Donnell y Martín, se abocó al resolver distintos planteos preliminares, a saber: 1) Desestimó la nulidad consistente en la no emisión de la orden de intervención ni en la falta de comunicación de que el proceso de fiscalización electrónica podía concluir con el inicio de un procedimiento determinativo y/o en una denuncia penal puesto que la orden de intervención es un acto administrativo interno que no tenía una previsión expresa en el marco normativo aplicable siendo el mismo un aspecto reservado a la propia Administración máxime que, en este caso, el particular pudo ejercer adecuadamente su derecho de defensa en el descargo; 2) No hizo lugar a la nulidad del acto administrativo sustentada en la falta de causa por no encontrarse agregada en las actuaciones administrativas el soporte magnético donde surgiría la información recibida por el ente fiscal francés y que sirvió de sustento a la determinación tratándose, en definitiva, de una "expedición de pesca" y, al respecto, el rechazo del Tribunal actuante, luego de examinar la normativa aplicable, se apoyó en: a) La información le fue comunicada a las autoridades competentes en materia de recaudación y, en este caso, la autoridad fiscal francesa consideró que el titular de la AFIP revestía dicha condición; b) Precisó también que los datos brindados sobre los titulares de las cuentas bancarias correspondientes al HSBC Private Bank (Suisse) SA revestían el carácter de "información relevante" por tener incidencia en una causa penal tributaria en trámite ante la Justicia argentina; y c) Consideró que, en la especie, el intercambio de información se ajustó a las previsiones del tratado internacional aplicable; 3) No admitió la nulidad fundada en que la información que originó a las actuaciones es ilegítima y carecía de validez legal al invocar la regla de la exclusión y la doctrina del fruto del árbol envenenado ya que, en este caso, la información suministrada por la autoridad fiscal francesa fue recabada a través de un allanamiento ordenado en el marco de un proceso judicial a un domicilio de un particular que es quien obtuvo los datos vinculados a los clientes de la entidad bancaria sin que mediara ninguna participación de los funcionarios franceses en la obtención de tales datos; 4) No demostró el particular cuál fue la defensa que se vio privada de oponer por el intercambio de información cursado entre las autoridades fiscales francesas y de nuestro país en tanto la misma se llevó a cabo en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición en cuestión; y

5) Entendió que no correspondía la imposición de costas autónoma toda vez que en oportunidad de efectuar dicho planteo ni la actora ni este Tribunal le otorgaron el carácter de previo y especial pronunciamiento y, por ello, no podía ser considerada como una cuestión incidental.

En cuanto a la cuestión de fondo, el Tribunal interviniente hizo lo siguiente: 1) Tuvo presente que la cotitularidad del apelante en la cuenta bancaria obedecía a cuestiones prácticas -propios de los usos y costumbres- para el caso de tener que operar con la misma en caso de urgencia o necesidad; 2) Destacó que la esposa del recurrente era la verdadera titular de los fondos al incluir esos activos en el régimen de la Ley N° 26.860; 3) Examinó la prueba producida en la causa y coligió que el monto oportunamente exteriorizado tenía relación con la adquisición de los cedines correspondientes siendo aplicable el artículo 9°, inciso c), de la Ley N° 26.860; 4) Puso de manifiesto que el Fisco convalidó la suscripción de cedines por el monto informado en dólares y ello fue reconocido en distintos actos administrativos donde se resolvió tener por acogida a la esposa del apelante a los beneficios del mentado régimen particular; 5) Expresó que el Fisco, al no ponderar los antecedentes de este tema, se equivocó al asignarle de manera individual al recurrente y a su esposa el 100% del saldo en lugar de aplicar la proporción correspondiente a cada uno lo que llevó a una inadmisible duplicación del ISBP; 6) Emitió consideraciones relativas a la Instrucción General (AFIP) Nº 2/2015 del 20.4.15 y su aplicación a este conflicto; y 7) Enfatizó que la esposa del recurrente tenía la titularidad del 100% de los fondos depositados y así lo declaró al exteriorizar el total de la moneda extranjera que surge del saldo de la cuenta bancaria según los lineamientos de la Ley N° 26.860 lo que fue expresamente admitido y convalidado por el ente fiscal en diversos actos administrativos que resolvieron cerrar el procedimiento de determinación del Impuesto a las Ganancias y del ISBP donde se conformaron los cargos referidos a la detección de la mentada cuenta bancaria que no había sido oportunamente declarada.

Las causas apuntadas llevaron al Tribunal actuante a revocar la resolución apelada y, por lo tanto, este pronunciamiento fue contrario al Fisco Nacional.

---

(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina
 

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,398458,000063,0000
DÓLAR BLUE-1,438867,500068,5000
DÓLAR CDO C/LIQ0,9944-76,0064
EURO0,430966,515366,5436
REAL0,595714,481814,4891
BITCOIN-0,52607.172,49007.178,1100
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS-0,439242,5000
C.MONEY PRIV 1RA 1D-1,818254,0000
C.MONEY PRIV 1RA 7D-1,785755,0000
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000045,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000165,00165,00
CUPÓN PBI EN PESOS0,00001,951,95
DISC USD NY0,613582,0081,50
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL1,045034.657,4400
BOVESPA0,1700110.672,0100
DOW JONES0,110027.881,7200
S&P 500 INDEX0,29083.132,5200
NASDAQ0,44008.616,1830
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO-0,9986327,8458331,1527
TRIGO CHICAGO-1,0753194,3742196,4870
MAIZ CHICAGO-1,7206140,5455143,0061
SOJA ROSARIO0,0000250,0000250,0000
PETROLEO BRENT-0,761663,850064,3400
PETROLEO WTI-0,675258,840059,2400
ORO0,75211.473,60001.462,6000