Domingo  22 de Septiembre de 2019

Reseña de la Jurisprudencia Tributaria

Reseña de la Jurisprudencia Tributaria

1. Procedimiento. Repetición de IVA. Cualidad de impuesto indirecto. Falta de legitimación activa de la actora.

Causa: "Saint Thomas Norte Country Club S.A. C/EN-AFIP-DGI", Sala III, 4.10.18.

El juez de primera instancia hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa formulada por el Fisco Nacional y, en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta por la actora.

Para arribar a tal decisión, dicho magistrado sostuvo que: a) Resultaba determinante la consideración de que el pago del gravamen no hubiera causado un menoscabo patrimonial a quien lo realizó ya que había trasladado su carga; b) Por tal motivo, carecía de interés legítimo para accionar reclamando la devolución de las sumas ingresadas; c) Ello así en la medida que no procedía una acción dirigida a fin de obtener por parte del Estado lo que ya se había recibido de terceros; d) Tal circunstancia explicaba el requisito de acreditar la no traslación de la carga impositiva ya que, de lo contrario, el sujeto reclamante obtendría el cobro del impuesto dos veces lo que implicaría, en definitiva, un enriquecimiento ilícito; e) Desde otro plano, cabía resaltar que la actora tenía el carácter de administradora y se encontraba inscripta en el IVA; f) Habiéndose verificado que, en todas las facturas emitidas por la actora, se había trasladado el impuesto a los accionistas-propietarios lo cual fue ratificado por el perito contador, no resultaba posible corroborar que se hubiera abonado en demasía; y g) La actora había actuado como un agente de percepción, pues, en definitiva, el contribuyente obligado al pago, el último eslabón de la cadena, era quien lo había afrontado.

Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) La firma actora, inscripta en el IVA, había promovido reclamo administrativo de repetición, el cual, habiendo sido rechazado, derivó en la interposición del recurso de reconsideración (Ley N° 11.683, artículo 76 inciso "a") y posteriormente de la demanda de repetición en los términos del artículo 81 de la ley ritual; b) A partir de lo prescripto en el último párrafo del aludido artículo 81, la imposibilidad de la actora de requerir la repetición de marras lucía clara desde que el IVA revestía la cualidad de un impuesto indirecto el cual había sido trasladado a los countristas y no se había acreditado en autos la devolución del impuesto abonado por éstos; c) Por lo demás, la expresión de la actora, en el sentido de que la restitución debería efectivizarse en cabeza de los countristas, en nada alteraba la conclusión a la que se arribaba; d) El hecho de que el sujeto peticionante exteriorizara su voluntad acerca del destino de las sumas eventualmente restituidas en nada empecía a su calidad de "contribuyente de derecho" en el IVA; e) Asimismo, el reclamo administrativo y la demanda judicial interpuestos por la sociedad no parecían formar parte -directa ni indirectamente- de su objeto social ni por tanto de su capacidad jurídica; f) Encontrándose acreditada la traslación del impuesto a los consumidores finales, resultaba procedente la defensa de falta de legitimación activa opuesta por el Fisco pues no se verificaba, en el caso, la existencia de perjuicio personal, que constituía un requisito vinculado con la legitimación para reclamar; y g) Si el pago del tributo no había causado un menoscabo patrimonial a quien lo había realizado por haber trasladado su carga a terceros, aquél carecía de interés legítimo para accionar en justicia reclamando la devolución de ese concepto.

Ello así, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, por añadidura, no se hizo lugar a la repetición intentada por la actora.

2. Impuesto a las ganancias. Imputación de las quitas concursales. Precisiones.

Causa: "Fortunato Arrufat S.A.I.C. y F. C/DGI", Sala V, 20.11.18.

El Tribunal administrativo revocó la resolución de la AFIP mediante la cual se había determinado de oficio a la actora el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2001 y 2002, con más intereses resarcitorios y multa.

Para resolver de tal modo, el Tribunal Fiscal sostuvo que: a) La firma actora había solicitado la apertura de su concurso preventivo el 10.4.00 siendo homologado el acuerdo preventivo el 13.2.01 con una quita del 60% del monto verificado y el pago del 40% restante en 15 (quince) cuotas anuales con tres años de gracia; b) Del análisis efectuado por la inspección, surgía que la actora había declarado como mayor utilidad las quitas, cuyo tratamiento en el proceso concursal con relación al Impuesto a las Ganancias, la contribuyente lo interpretaba mencionando que se encontraban exentas hasta el 30.12.99, fecha a partir de la cual se gravaban con dicho impuesto, en razón de haberse modificado el artículo 20, inciso "u", de la ley del gravamen; c) La entrada en vigencia del Decreto N° 2340/02 del PEN permitía la inclusión de la utilidad contable que generaba la quita, diferida en el tiempo según el menor de los siguientes parámetros: o en cuatro ejercicios fiscales, o en forma proporcional al vencimiento de las cuotas concursales previa deducción si los hubiere de los quebrantos fiscales impositivos originados por la actividad de la concursada; d) En tales condiciones, la modalidad mediante la cual la contribuyente había computado como ganancias el 50% de la quita en el período fiscal 2001 y el 50% restante en el ejercicio 2002, no alteraba el espíritu de la Ley del Impuesto a las Ganancias por cuanto el artículo 18, inciso "a", se refería a la extensión del devengado exigible a "otros casos" previstos en la ley o en el decreto reglamentario; e) Del estudio del citado Decreto 2340/02, se podía inferir que, en el mismo, se efectuaba un desarrollo del principio del devengado exigible, correspondiendo que el importe de la quita fuera imputado en función de las cuotas concursales pactadas; y f) Por consiguiente, debía revocarse el ajuste examinado atento a que, como consecuencia de la quita del 60% del monto verificado, la actora había imputado esas ganancias a los períodos fiscales 2001 y 2002.

Contra dicho pronunciamiento apeló la representación fiscal y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) El Tribunal administrativo había sostenido que, si bien la homologación del concurso de acreedores de la actora databa del 13.2.01 y la vigencia del Decreto N° 2340/02 del PEN regía para los períodos fiscales cuyo cierre se produjera a partir del 19.11.02, la posibilidad de computar como ganancias las quitas de los períodos fiscales 2001 y 2002 no alteraba el espíritu del artículo 18, inciso "a", cuarto párrafo, de la ley del gravamen, que se refería a la extensión del devengado exigible a "otros casos" previstos en la ley o en el decreto reglamentario; b) Ello así, no se advertía que la interpretación legal efectuada por el Tribunal inferior fuera arbitraria o irrazonable, de modo tal que justificara desechar las consideraciones vertidas en el pronunciamiento apelado; c) En efecto, el Tribunal Fiscal había entendido que el aludido cuarto párrafo en cuanto se refería a "otros casos expresamente previstos por la ley o su decreto reglamentario", permitía al contribuyente imputar las ganancias provenientes de quitas concursales a los períodos fiscales posteriores (años 2001 y 2002), a que aquellas se acordaran y aprobaran; d) La Sala I de la Cámara ya había sostenido que dicho cuarto párrafo, y el tercer párrafo del inciso "b" del artículo 18 de la ley de la materia, establecía que la opción de imputar la ganancia al momento de producirse la exigibilidad podía también aplicarse a otros casos de características similares, sobre todo si se tenía en cuenta que la propia Administración a través del Decreto N° 2340/02 del PEN estableció la imputación proporcional de la ganancia neta, proveniente de quitas definitivas de pasivos originados en la homologación de procesos concursales, a los períodos fiscales en que vencieran las cuotas pactadas (in re, "Supermercados Lagostena S.A.", del 2.7.09, decisorio confirmado el 23.8.11 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al desestimarse el recurso extraordinario interpuesto); y e) Por ello resultaba inaceptable que la demandada insistiera en controvertir el criterio del Tribunal administrativo pues el Poder Ejecutivo Nacional había decidido -después de haber tenido lugar los hechos de la causa- por vía reglamentaria establecer expresamente esas pautas para que la quita se imputara proporcionalmente a las cuotas concursales.

Ello así, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, consecuentemente, no se hizo lugar a la pretensión fiscal.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

José Daniel Barbato

daniel_barbato@hotmail.com

1. Ganancias. Procedencia de la acción de repetición frente a diversos conceptos indemnizatorios.

Causa: "Cano, Juan Carlos C/AFIP-DGI", Sala "A", 18.2.19.

El particular interpuso un recurso de apelación frente a la denegatoria tácita de repetición, en los términos del artículo 81 de la Ley N° 11.683, tendiente a obtener la devolución de las retenciones sufridas por distintos conceptos en el Impuesto a las Ganancias como consecuencia de la ruptura de su vínculo laboral con su empleador (Red Link SA).

En este caso, el eje del conflicto estuvo dado en si la mentada retención del gravamen era o no correcta dado que, a criterio del particular, había conceptos que estaban exentos del tributo de conformidad con el artículo 20, inciso i), de la Ley del Impuesto a las Ganancias en tanto que el Fisco manifestó que, en la liquidación practicada, se encontraban otros conceptos que sí estaban alcanzados por el señalado gravamen.

Al respecto, el Tribunal competente, con el voto de los Dres. Guzmán y Marchevsky, hizo lo siguiente: 1) Puso de manifiesto que la indemnización por antigüedad estaba exenta del citado impuesto no mediando disenso alguno; 2) Ordenó la producción de una medida para mejor proveer dirigida al empleador tendiente a determinar la composición de los conceptos abonados; 3) Sostuvo que los adicionales previstos en el artículo 16 de la Ley N° 25.561 (B.O. 6.1.02) no estaban alcanzados por el tributo referido ya que los mismos eran una consecuencia directa de la ruptura de la relación laboral; 4) Aseveró que la "gratificación por cese de la 

relación laboral" estaba fuera de la órbita del Impuesto a las Ganancias porque dicho concepto carecía del recaudo de periodicidad encontrando apoyo en distintos precedentes del Alto Tribunal (v.g.: "Negri" del 15.7.14; "De Lorenzo" del 17.6.09 y "Cuevas" (Fallos: 333:2193), entre otros) y en la Circular 4/2016 del propio ente recaudador; 5) Concluyó que los conceptos de vacaciones no gozadas, SAC por vacaciones no gozadas, preaviso y SAC por preaviso, al ser indemnizatorios y originarse por el cese de la relación laboral tampoco cumplían con los requisitos de permanencia y de habilitación de la fuente y, por lo tanto, correspondía tenerlos por no gravados.

En definitiva, el Tribunal actuante hizo lugar a la repetición intentada y, por ello, esta decisión fue adversa a los intereses del Fisco.

2. Procedimiento. Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación en resoluciones relativas a operaciones de crédito fiscal del IVA atribuibles a operaciones de exportación.

Causa: "Oil Combustibles S.A. C/AFIP-DGI", Sala "C", 21.2.19.

El mentado contribuyente promovió un recurso de apelación contra los actos administrativos de la AFIP mediante los cuales se desestimaron las solicitudes de reconocimiento de crédito fiscal del IVA por distintas posiciones mensuales de los años fiscales 2011 y 2012 y donde se rechazaron las sumas solicitadas por acreditaciones y compensaciones interpuestas en los términos del Título II de la Resolución General N° 2000/2006 de la AFIP-DGI.

Frente dicho recurso, el Fisco Nacional interpuso una excepción de incompetencia y, por ello, el núcleo de la discusión se centró en si las citadas resoluciones habilitaban o no la competencia del mencionado Tribunal. Al respecto, el contribuyente esgrimió su viabilidad mientras que el organismo estatal esbozó la tesitura contraria.

Al respecto, el voto mayoritario del Tribunal actuante (Dres. Luis y Vicchi), en su fallo hizo lo siguiente: 1) Analizó el marco normativo en juego en consonancia con los antecedentes del caso; 2) Enfatizó que el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación fue iniciado con anterioridad a la vigencia de la reforma implementada por la Ley N° 27.430 (B.O. 29.12.17); 3) Dijo que, al momento del comienzo de la discusión, regía la doctrina plenaria de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa "Las 2 C S.A." del 26.6.17 y del Tribunal Fiscal de la Nación en autos "Yusin SACIFIA" del 20.9.17 que validaban la competencia del mentado Tribunal en esta clase de disputas; 4) Manifestó que una interpretación opuesta a la competencia obligaba al particular a tramitar su pretensión por medio del remedio previsto en el artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 11.683 el cuál no tiene de efecto suspensivo; 5) Citó diversos precedentes del Alto Tribunal para avalar su posición; 6) Apreció que la habilitación de la competencia, en esta hipótesis, era la que mejor se compadecía con el principio de tutela judicial efectiva; y 7) Opinó que el Tribunal Fiscal de la Nación era competente para dirimir este conflicto.

El Tribunal competente, con el voto minoritario de los Dra. Marmillón, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Analizó los artículos 76 y 159 de la Ley N° 11.683 que regulan la competencia del tribunal actuante; 2) Explicó que el concepto de "improcedencia", referidos en los actos administrativos apelados, se vinculaba al incumplimiento de los recaudos formales y no así a la competencia en razón de la materia; 3) Interpretó que, si bien las causas fueron iniciadas con anterioridad a la reforma propiciada por la Ley N° 27.430 (B.O. 29.12.17) -con incidencia en el eje del debate-, los procesos en trámite podían ser alcanzados por la nueva normativa; 4) Citó el precedente "Pluspetrol S.A." del 4.7.03 para avalar su postura donde se dijo que "…se está en presencia de una norma de orden procesal cuya aplicación inmediata a los hechos de esta causa (…) no encuentra obstáculo alguno…"; y 5) Concluyó que el tribunal interviniente no era competente para resolver este asuntó y ordenó la remisión de las actuaciones respectivas a la AFIP para que le otorgue el trámite correspondiente.

En síntesis, el Tribunal actuante, en voto dividido, se pronunció a favor de su competencia.

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(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina

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