Domingo  21 de Julio de 2019

Reseña de la Jurisprudencia Tributaria

Reseña de la Jurisprudencia Tributaria

1. IVA. Aspecto material del hecho imponible. Se tuvieron por no efectuadas prestaciones de servicios en el exterior. Rechazo de la pretensión fiscal.

Causa: "Nobleza Piccardo Sociedad Anónima Industrial y F. C/Dirección General Impositiva", Sala III, 16.10.18.

El Tribunal administrativo revocó la resolución de la AFIP mediante la cual se había determinado de oficio el IVA por los períodos fiscales 01/03 a 12/05, con más intereses resarcitorios y aplicado una multa en los términos del artículo 45 de la Ley de Procedimiento Tributario.

Para resolver de tal modo, el Tribunal Fiscal sostuvo que: a) La cuestión a dirimir radicaba en dilucidar si se habían efectuado prestaciones de servicios en el exterior siendo las mismas utilizadas o explotadas efectivamente en el país; b) El Fisco no había logrado acreditar su postura, en torno a la utilización o explotación en la República Argentina de servicios prestados en el exterior puesto que, de la prueba producida, no surgía que las empresas licenciantes hubieran prestado servicios técnicos ni otros servicios diferentes de la cesión para el uso de la propiedad industrial y el suministro de tabaco reconstruido para la fabricación de las marcas licenciadas; c) No había sido probado que durante los períodos cuestionados la actora hubiera recibido asistencia técnica que se tradujese en una importación de servicios; d) Existían cláusulas de confidencialidad en el uso de la marca que dejaban expresamente esclarecido que la titularidad de la marca, la tecnología licenciada, el paquete comunicacional y todos los derechos intelectuales inherentes a ellos eran de propiedad exclusiva de la licenciante; y e) En lo concerniente al envío de muestras a las firmas licenciantes y a la inspección que éstas realizaban en las instalaciones de la actora, ello, en modo alguno, implicaba la existencia de una asistencia técnica ya que la recurrente poseía procesos y normas de calidad para su proceso productivo.

Contra dicho pronunciamiento apeló la representación fiscal y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) En este caso, se debía determinar si las prestaciones que surgían de los contratos que la actora había celebrado con las firmas radicadas en el extranjero se encontraban gravadas por el IVA; b) En términos precisos, la contienda se centraba en el aspecto material del hecho imponible del gravamen, de donde, de seguirse la tesitura fiscal, los pagos de regalías que la actora efectuaba a las firmas licenciantes representarían componentes del débito fiscal en cabeza de aquélla; y c) Más allá de lo que las partes hubieran plasmado en los instrumentos contractuales, en autos se había tenido por no probado que las firmas licenciantes hubieran prestado tal tipo de servicios.

Ello así, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, consecuentemente, no se hizo lugar a la pretensión fiscal.

2. Infraccional. Multa por defraudación. Presentación de declaraciones juradas "en cero". Improcedencia de su reencuadre en la figura omisiva.

Causa: "Di Iorio, Salvador Pablo C/DGI", Sala IV, 28.3.19.

En cuanto aquí interesa, el Tribunal inferior, por mayoría, resolvió recalificar la conducta de la actora en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 y reducir la multa aplicada al mínimo legal.

El voto mayoritario ponderó, en relación a la multa, que: a) Si bien era claro que el contribuyente había incurrido en una omisión de impuesto al no reflejar en su declaración jurada su real situación fiscal, el organismo recaudador, al valerse de las presunciones del artículo 47 de la Ley N° 11.683, no acreditó el hecho inferente; y b) Ello no obstaba a que el juzgador arribara a la convicción de que, si bien no podía imputarse una conducta dolosa, de las propias actuaciones administrativas surgía que la actora había incurrido en una conducta culposa por lo que correspondía calificarla en el artículo 45 de ley de rito, procediendo imponer la pena prevista en dicha norma.

La representación fiscal apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara, determinó en su sentencia que: a) La defraudación fiscal se configuraba con la comisión de un artificio, de un engaño, de una conducta dirigida a evadir el tributo y evitar las consecuencias sancionatorias; b) La existencia de dicha conducta, comprensiva del elemento intencional, podía considerarse en autos si se atendía a que el actor había presentado una de sus declaraciones juradas en cero ya que no resultaba atendible su alegación respecto de que no había tenido intención de defraudar puesto que de no haber sido fiscalizado probablemente jamás las hubiera rectificado; c) La conducta adoptada por el contribuyente se ajustaba, entonces, claramente a lo previsto en el artículo 46 de la ley ritual; y d) Cabía señalar además, que el actor había presentado las rectificativas con posterioridad al inicio de la verificación fiscal por lo que no se podía considerar que su actuar hubiera sido espontáneo.

En definitiva, la Cámara revocó el pronunciamiento apelado en cuanto calificó la conducta del actor en la figura de omisión y, en consecuencia, confirmó la multa impuesta por el Fisco en los términos del artículo 46 de la Ley 11683.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

José Daniel Barbato daniel_barbato@hotmail.com

1. IVA.Procedencia del cómputo de la prestación del servicio de telefonía celular realizada por sociedades de un mismo grupo económico.

Causa: "Wainot S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 6.12.18.

El mencionado contribuyente impugnó dos actos administrativos emanados de la AFIP. En uno de ellos se determinó de oficio la obligación tributaria relativa al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 1999 a 2001 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa por defraudación con sustento en los artículos 46 y 47, inciso b), de la Ley N° 11.683. En el restante se determinó de oficio la obligación tributaria inherente al IVA por diversas posiciones mensuales de los ciclos fiscales 2000 a 2002 juntamente con sus accesorios. Al respecto, ambos actos administrativos tenían un estrecho ligamen entre sí.

Es susceptible de mención que la apelante junto con "Contenidos S.A." y "Grupo Quintana S.A." conformaban un mismo grupo económico donde todos los entes societarios pertenecían a las mismas personas físicas y sus representantes legales surgían del mismo núcleo familiar.

En este supuesto, la apelante le prestaba servicios de administración a otras sociedades del mismo grupo económico consistente particularmente en la autorización del uso de teléfonos celulares cuya titularidad detentaba la recurrente.

En lo que aquí interesa, el ente impositor, en ejercicio de sus facultades, detectó que una importante cantidad de líneas de telefonía móvil así como sus facturas de respaldo por las sociedades prestadoras del servicio estaban registradas como gastos generales de administración. El contribuyente, al contestar los requerimientos informativos, manifestó que, si bien las facturas estaban a nombre de "Wainrot S.A.", dichas líneas de telefonía celular eran efectivamente utilizadas por las otras entidades del grupo económico.

Esta situación llevó al Fisco a practicar el ajuste respectivo al impugnar el pertinente crédito fiscal en el IVA –con su consecuente implicancia en el gasto deducido en el Impuesto a las Ganancias-. Naturalmente, el particular estuvo en desacuerdo con dicho criterio.

El Tribunal competente, con el voto minoritario de la Dra. Guzmán, hizo lo siguiente: 1) Analizó el artículo 12 de la Ley del IVA e interpretó que el crédito fiscal sólo era computable en la medida en que las compras, locaciones y/o prestaciones de servicios se vinculasen con operaciones gravadas; 2) Enfatizó que los gastos eran únicamente deducibles en el período fiscal en que se liquidaban; 3) Resaltó que el particular, en el curso del proceso, no demostró la efectiva utilización de la prestación del servicio de telefonía celular por parte de las firmas vinculadas ni la correspondiente facturación de los mismos; 4) Precisó que los conceptos de los servicios en cuestión (a saber "servicios administrativos" y "servicios prestados") resultaban ser sumamente ambiguos no pudiéndose determinar si los mismos tenían vinculación con las operaciones gravadas. De este modo, este voto decidió confirmar las resoluciones apeladas concediéndole la razón al organismo recaudador.

Asimismo, el tribunal competente, con el voto mayoritario de los Dres. Marchevsky y Magallón, hizo lo siguiente: 1) Afirmó que el IVA es un gravamen que se determina en función de una pauta de sustracción "impuesto contra impuesto" –"débito fiscal contra crédito fiscal" y con base financiera; 2) Citó el precedente "Alcalis de la Patagonia SAIC" del 6.5.86 emanado del Alto Tribunal para avalar su posición; 3) Apuntó que la vinculación entre el crédito fiscal y la operación gravada no sólo se establecía a partir de una relación, correspondencia o atinencia sino también a partir de una discreta y razonable conexión entre aquello que genera el crédito fiscal y la operación gravada; 4) Dijo que "…yerra el fisco al pretender establecer una vinculación inmediata entre los créditos fiscales y esos débitos fiscales generados en las facturas que realiza la actora a sus vinculadas…."; 5) Señaló, en cuanto a la cuestión temporal, que los gastos en controversia no eran de fechas notablemente posteriores al cómputo de los créditos fiscales siendo que estos últimos sólo requerían de una expectativa razonable de ser aplicados contra débitos fiscales futuros no habiendo normativa alguna que impida mantenerse en ese estado de latencia sin perder cualidad o atributo; y 6) Aseveró que "…si la prestación del servicio a terceros vinculados no se encuentra por el fisco pero éste niega que la facturación aportada corresponda al mismo, entonces debió existir un servicio continuo que, si no fue facturado en estos comprobantes aportados debió haberse dejado de facturar, con la consiguiente omisión de generación del débito fiscal pertinente, siendo éste el ajuste que debió haber hecho el fisco en lugar de cercenar el cómputo del crédito fiscal…".

El Tribunal actuante, con voto dividido, revocó las resoluciones apeladas y, por ende, esta decisión fue favorable al contribuyente.

2. Impuesto a los Premios. Tratamiento aplicable a la realización de concursos sin intervención del azar.

Causa: "Axis Mundi S.A. C/AFIP-DGI", Sala "D", 26.12.18.

El citado contribuyente apeló el acto administrativo emanado de la AFIP que determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a los Premios de Juegos de Sorteos por los premios abonados en el marco de determinados concursos durante los períodos marzo de 2007 a marzo de 2008 juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión establecida en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.

Es susceptible de mención que, de la causa, surge que la actividad principal de la recurrente era la creación y la comercialización de aplicaciones y contenidos para teléfonos celulares.

En este caso, el ente recaudador, en el marco de un proceso de verificación y fiscalización, consideró que el azar era un elemento determinante en la realización de determinados concursos -denominados "El Juego de las Lucas", "Superconcurso", "Superpromo", "Trivia Movistar", y "Promo Recarga CTI segunda etapa"- y, por ello, la apelante debía haber actuado como agente de retención al momento de abonarle los premios a los ganadores.

Al respecto, el recurrente interpretó que la postura fiscal era errónea por estos motivos: 1) La organización de dichos concursos no era ilícito y/o clandestino; 2) Los ganadores de los mismos no eran determinados por el azar o la suerte sino, por el contrario, por la habilidad, la capacidad o la destreza de los participantes y, por ello, no era necesario contar con la respectiva autorización de aplicación (Lotería Nacional); 3) Puso de relieve que la característica saliente de los concursos reseñados consistía básicamente en un intercambio de mensajes de texto (SMS) en los que Axis Mundi enviaba diferentes preguntas y los participantes remitían sus respuestas y el ganador resultaba ser aquel participante que sumaba mayor cantidad de

puntos, a lo largo del plazo que se estipulaba, por haber estado atento, contestar correcta y rápidamente y aprovechar los beneficios inherentes al concurso.

El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Gómez, O´Donnell y Martín, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Comentó, con carácter previo, que no era obligación del Tribunal analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes sino tan sólo aquéllas que, a su juicio, eran conducentes y relevantes para la correcta dilucidación del caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros); 2) Examinó cuidadosamente la dinámica propia de los distintos concursos poniéndose de resalto que, en general, el mismo se iniciaba con un mensaje de texto (SMS) a un número corto y con palabras predeterminadas y, luego, recibían una respuesta donde se les solicitaba un apodo que conservaba durante el concurso; 3) Puso de relieve que el juego determinaba las consignas necesarias para la obtención de puntos y poder pasar a las etapas siguientes donde las preguntas eran de cultura general; 4) Analizó la normativa en juego (Ley N° 20.630 -con la actualización de la Ley N° 23760-, los Decretos N° 668/1974, 598/90 y 588/98 del PEN y las Resoluciones N° 157/98 y 257/98 de Lotería Nacional) a la luz del presente supuesto; 5) Ponderó la prueba informativa dirigida a Lotería Nacional donde se reportó que los concursos en cuestión no requerían autorización al no mediar el azar en la intervención de los ganadores; 6) Analizó también la prueba documental suministrada por el recurrente donde figuraban los pliegos relativos a los mentados concursos junto con una pericia técnica donde se acreditó que el ganador de los mismos no estaba supeditado al azar; 7) Dijo que "…el detalle y la especificidad de los requisitos que el Fisco toma en cuenta para entender que los concursos se encuentran gravados, esto es la valoración que hace de la dificultad de las consignas incluidos en éstos y la falta de acreditación de la pregunta de interés para adjudicar el premio, al tratarse de recaudos tan precisos llevan a la conclusión de que solo podrían hallar su exigibilidad en una previsión legal que así lo dispusiera y que no existe en el caso concreto, por lo que la exigencia pretendida por el Fisco vulneraría un principio de raigambre constitucional como lo es el de legalidad (cfr. criterio de la Corte Suprema de Justicia in re "Tecpetrol S.A. (TF 27621-I) c/DGI", sentencia del 12 de septiembre de 2017)…"; y 8) Expresó, en materia de costas, que las mismas debían ser aplicadas en el orden causado dado la complejidad del caso.

Los fundamentos reseñados llevaron al Tribunal actuante a revocar el acto administrativo y, por lo tanto, este pronunciamiento fue adverso a los intereses del Fisco Nacional.

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(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina

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