Domingo  13 de Septiembre de 2020

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

1. Ganancias. Ajuste por inflación. Quebranto en ejercicios posteriores. Rechazo por falta de acreditación de la confiscatoriedad en cada período.

Causa: "Fideicomiso Hipotecario Bacs Funding I C/DGI", Sala V, 5.3.20.

El Tribunal Fiscal, por mayoría, revocó las resoluciones de la AFIP por las cuales se había determinado de oficio el Impuesto a las Ganancias de los períodos 2002 y 2003, liquidado intereses y aplicado multas de conformidad con el artículo 45 de la Ley N° 11.683.

Para resolver así, el Tribunal administrativo consideró que:

a) La actora había practicado en el balance impositivo del período fiscal 2002 un ajuste por inflación del que surgía un quebranto declarado no obteniendo ganancia neta sujeta a impuesto;

b) Esa pérdida fue deducida de la ganancia gravada por el quebranto sufrido en el período 2002 a los períodos fiscales 2004, 2005 y 2006;

c) La aplicación del ajuste por inflación a un ejercicio en el que se verificaba la confiscatoriedad (en el caso, ejercicio fiscal 2002) no podía derivar sin más en el reconocimiento de un quebranto para ser utilizado en ejercicios posteriores;

d) El planteo de la contribuyente podría prosperar en la medida que lograra acreditar, para cada período fiscal concreto (en el caso, ejercicios 2003 a 2006), la confiscatoriedad del impuesto en los términos del precedente de la Corte Suprema de Fallos 332:1571; y

e) En esta causa, se encontraba acreditada la absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital de la empresa en cada período fiscal determinado por el Fisco Nacional por lo cual se cumplían los parámetros fijados por el Máximo Tribunal para entender configurada la hipótesis de confiscatoriedad.

La representación fiscal apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara, por mayoría, estableció en su fallo que:

a) Tal como había quedado planteada la litis, la cuestión a resolver versaba en determinar si la falta de aplicación del ajuste por inflación durante los períodos 2003 a 2006 arrojaba resultados confiscatorios en los términos indicados por la Corte Suprema;

b) En efecto, en su expresión de agravios la demandada había consentido la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal en relación al período 2002;

c) La determinación de la confiscatoriedad en los términos indicados por el Máximo Tribunal remitía a la valoración de la prueba obrante en autos;

d) La utilización de los resultados globales, comprensivos de varios períodos fiscales, no resultaba idónea para acreditar la pretensión de la actora;

e) Cabía recordar que quien invocaba ciertos hechos como fundamento de su pretensión tenía la carga de acreditarlos (art. 377 del CPCCN);

f) De este modo, se observaban razones que obstaban a reconocer a la prueba pericial pleno valor probatorio; y

g) Ello determinaba que las conclusiones en cuanto a los hechos, alcanzadas por el Tribunal inferior, eran arbitrarias y autorizaban a apartarse de ellas (conf. artículo 86 inciso "b" de la Ley N° 11.683).

Consecuentemente, la Cámara, por mayoría, revocó la sentencia apelada confirmando las resoluciones fiscales en relación a los períodos 2003 a 2006.

2. Ganancias. Se hizo lugar a la medida cautelar solicitada a efectos de evitar la retención del gravamen sobre la jubilación del actor.

Causa: "Dal Maso, Miguel Angel C/EN - AFIP", Sala II, 12.3.20.

El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar solicitada por el actor a los efectos de que se suspendiera la vigencia del artículo 79, inciso "c" de la Ley del Impuesto a las Ganancias y se ordenara a la AFIP, con comunicación al agente de retención (Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires), que se abstuviera de retener y/o de deducir, por tal concepto, sumas de dinero sobre su jubilación.

Para decidir de tal modo, el magistrado señaló que: a) El actor, más allá de sus manifestaciones, había omitido acreditar de qué manera la retención efectuada sobre su haber jubilatorio impactaba sobre su capacidad para afrontar los gastos normales asociados al tratamiento y/o la compra de los medicamentos, o que ésta le impidiera acceder a dicho tratamiento médico; y b) No correspondía dictar a título precautorio decisiones cuyo objeto coincidiera total o parcialmente con el de la demanda.

Contra dicho pronunciamiento apeló el actor y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que:

a) El contribuyente pretendía, en el marco de la acción declarativa deducida contra la AFIP, que se declarase la inconstitucionalidad de los artículos 23 inciso "c", 79 inciso "c", 81 y 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, ello con arreglo a los parámetros establecidos por el Alto Tribunal en distintos precedentes;

b) En concreto, el actor solicitaba aquí el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspendiera la vigencia del aludido artículo 79 inciso "c" y se ordenara a la AFIP abstenerse de retener y/o deducir sumas de dinero por aplicación del tributo impugnado;

c) Tomando en consideración que el actor era un adulto mayor jubilado, que padecía afecciones de salud que se desprendían "prima facie" del certificado médico acompañado y que sobre su haber se practicaba la retención del impuesto, correspondía tener por configurado el recaudo atinente a la verosimilitud del derecho;

d) A ello se adicionaba el carácter alimentario del haber y el marco protectorio -constitucional y convencional- del colectivo al que pertenecía el actor, lo cual alcanzaba para considerar acreditado, asimismo, el recaudo del "periculum in mora";

e) Consecuentemente, correspondía ordenar la suspensión -a título precautorio- de la retención del gravamen efectuada sobre la jubilación del actor por seis meses, o hasta tanto recayera la sentencia de fondo, lo que aconteciera primero y fijando como contracautela la caución juratoria; y

f) Todo ello, claro estaba, sin perjuicio del análisis que correspondería efectuar respecto de la cuestión de fondo, que se llevaría a cabo en su oportunidad. 

De esta forma, la Cámara revocó el pronunciamiento apelado y así admitió la medida cautelar solicitada con los alcances indicados.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Procedimiento. Procedencia del recurso de amparo frente a una solicitud de una devolución de un saldo a favor del contribuyente.

Causa: "Obra Social de Personal de Dirección Acción Social de Empresarios ASE-Asociación Civil C/AFIP-DGI", Sala "D", 11.10.19.

El mentado contribuyente promovió, en los términos del artículo 182 y siguientes de la Ley N° 11.683, un recurso de amparo para que se expida, en forma inmediata, acerca de la solicitud de devolución del saldo a favor en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Bancaria (ISCyD) establecido por la Ley N° 25.413.

Dicho saldo a favor se originó en que el recurrente, en su momento, cometió un incumplimiento formal relativo a la registración de su domicilio fiscal entre el 16.1.18 y el 26.1.18 que fue oportunamente subsanado y, como consecuencia del mismo, se le aplicó la alícuota general privándolo del beneficio de la alícuota reducida implementado por la Resolución General N° 3900/2016 de la AFIP que, en su hora, creó un registro de beneficios fiscales y, por ende, pidió la devolución del mencionado saldo.

Es susceptible de mención que la actividad del presentante es una obra social.

Previo a todo, el mentado Tribunal hizo un repaso de los antecedentes del conflicto, a saber: a) En enero de 2018, el Fisco detectó un incumplimiento formal en materia de registración de domicilio fiscal del particular el que fue solucionado prontamente; b) El 7.2.18 el reclamante solicitó la devolución del saldo a favor del ISCyD; c) El 19.3.18 el particular reiteró su pedido original; d) El 19.3.18 se verificaron movimientos internos del Fisco tendientes a la convalidación de dicho saldo a favor; e) El 11.12.18 el particular interpuso el respectivo pronto despacho al no haber respuestas y/o actuaciones por parte de la AFIP-DGI que tiendan a concluir el mencionado trámite; y f) El 24.9.19, frente al silencio administrativo, el contribuyente articuló el correspondiente recurso de amparo estatuido en la Ley N° 11.683.

Al respecto, el Tribunal actuante, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Analizó el instituto del recurso de amparo siendo necesario para su procedencia que se verifiquen estos recaudos:

1) La demora fiscal en la realización de un trámite,

2) Dicha demora debe ser excesiva y

3) El silencio de la AFIP durante un plazo mayor a quince días luego de la presentación de un pronto despacho; b) Dijo que desde la fecha del último impulso de la AFIP (19.3.18) hasta el momento de interposición del amparo (24.9.19) se observó que "…el Fisco Nacional no llevó a cabo ninguna diligencia, ni trámite en dicho sentido, es decir, permaneció inactiva por un plazo mayor al año y medio, con el agravante que se trata de un impuesto que ASE ingresó por las percepciones que le practicaran los agentes de liquidación y percepción designados por la ley 25.413 y sus reglamentaciones, que son informadas por éstos en los sistemas de la AFIP, configurándose de ese modo el supuesto de demora excesiva que el recurso del art. 182 de la ley 11.683 precisamente busca remediar.

Por su parte, tratándose el contribuyente de una obra social puede inferirse el perjuicio que la demora le ocasiona toda vez que sus servicios tienen relación directa con el derecho fundamental a la salud, tutelado en la Constitución Nacional –art. 42-…"; y c) Concluyó que, en la especie, se configuró la demora exigida por la normativa aplicable.

En resumen, el Tribunal competente hizo lugar al recurso de amparo interpuesto y le concedió al ente fiscal un plazo de 10 (diez) días para llevar a cabo las diligencias necesarias y resolver el trámite iniciado por el recurrente.

2. Ganancias. Préstamos entre sociedades de un mismo grupo económico. Improcedencia del instituto de disposición de fondos de terceros.

Causa: "Telextorage SA C/AFIP-DGI", Sala "C", 15.11.19.

El citado contribuyente impugnó el acto administrativo emitido por el ente recaudador que determinó de oficio su obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias de los años fiscales 2002 a 2005 inclusive junto con sus accesorios con más la aplicación de una multa por omisión prevista en el artículo 45 de la ley ritual.

El ente impositor, en ejercicio de sus facultades legales, observó que, en los Estados Contables de la empresa actora al 31.12.02 relativa al rubro "Otros Créditos"-Cuenta "Préstamos a terceros"-, no se había calculado interés alguno y, por ende, era procedente la aplicación del instituto de intereses presuntos de acuerdo con el artículo 73 de la ley del gravamen y el artículo 103 de su Decreto Reglamentario.

En este supuesto, el foco del conflicto estribó en si los montos entregados en calidad de préstamos que le otorgaba la sociedad apelante (parte acreedora) a otra sociedad denominada "Telexsistemas SA" (parte deudora) configuraba (o no) una disposición de fondos a favor de terceros de acuerdo con el artículo 73 de la ley del gravamen y el artículo 103 de su Decreto Reglamentario.

Asimismo, el particular se opuso a la tesis fiscal dado que ambas sociedades tenían a los mismos accionistas y, por ello, no se pactaron intereses y los montos entregados fueron devueltos en los meses siguientes cubriéndose una necesidad financiera determinada.

Es susceptible de mención que, de la causa, surgía que la actividad principal del apelante era la prestación de servicios de consultoría informática así como el suministro de programas informáticos.

El Tribunal competente, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente:

1) Expresó que, para dirimir este diferendo, el tribunal sólo debía tener en cuenta aquellos argumentos relevantes para la resolución del conflicto;

2) Analizó la evolución legislación de la figura de disposición de terceros;

3) Abordó los distintos requisitos necesarios para la aplicación de esta figura;

4) Evaluó la variada prueba producida en la causa (pericia contable, pericia técnica y testimoniales);

5) Consideró que la recurrente demostró que la operación cuestionada, por un lado, le generó un beneficio y, por el otro, que respondía al objeto social de la empresa;

6) Concluyó que el negocio jurídico en crisis no resultó ser una canalización de fondos destinado a reemplazar una distribución de utilidades; y

7) Estimó que la operatoria en discusión configuró un auxilio financiero de la sociedad acreedora a la entidad deudora que le permitió a la primera mantener su clientela y evitar la pérdida de su actividad productiva.

Los fundamentos apuntados llevaron al Tribunal a revocar la resolución apelada y, en consecuencia, esta decisión fue favorable al particular.

3. Procedimiento. Nulidad de multa por aplicación del principio de congruencia.

Causa: "Pro shops S.A. C/AFIP-DGI", Sala "B", 25.11.19.

El contribuyente del epígrafe apeló dos actos administrativos emanados del Fisco Nacional donde aplicó sendas multas –una por el IVA por los años fiscales diciembre de 2013 y marzo de 2014 y otra por el Impuesto a las Salidas no Documentadas (ISND) por los ciclos fiscales 2013 y 2014- con sustento en los artículos 46 y 47, inciso b) de la Ley N° 11.683.

En este caso, la AFIP, en ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización, impugnó las operaciones con cinco proveedores del impugnante por entender que las mismas eran apócrifas y, por consiguiente, esto se proyectó en los ajustes relativos a los gravámenes mencionados.

En lo que aquí interesa, sólo se comenta la multa inherente al ISND y, al respecto, el Tribunal competente, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Cotejó el acto administrativo que instruyó el sumario y la resolución que aplicó la multa señalada y se visibilizó que los hechos que motivaron la sanción eran plenamente divergentes; b) Interpretó que dicha situación conformaba una nulidad absoluta e insanable por estar dotada de un grave vicio que menoscababa un elemento esencial del acto administrativo recurrible; c) Examinó dicha circunstancia a la luz del artículo 14, inciso a), de la Ley N° 19.549; d) Afirmó que dicha arista fáctica se oponía al principio de congruencia vulnerándose el derecho de defensa en juicio del contribuyente; y e) Aludió que era aplicable a la especie la doctrina de la subsanación.

Las causas reseñadas motivaron al Tribunal actuante a declarar la nulidad del acto administrativo cuestionado y, por lo tanto, este pronunciamiento fue adverso al erario.

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(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina

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