Domingo  09 de Agosto de 2020

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

1. Procedimiento. Rechazo del Fisco de la solicitud de reducción de anticipos del impuesto a las ganancias. Luego de la presentación de la declaración jurada se torna inoficioso expedirse sobre la cuantía de los anticipos.

Causa: "Cabrera Castilla, Gonzalo M. C/EN-AFIP-DGI", Sala III, 27.6.19.

El juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por el actor contra la AFIP, atacando las resoluciones mediante las cuales se había denegado la solicitud de reducción de los anticipos del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2013.

Para resolver así, el magistrado consideró que el actor respondió el cuestionario de "requerimientos fiscales" consignando únicamente que la importante disminución de ingresos se debía a la pérdida del principal cliente; y no indicó, ni en mínima medida, de quién se trataba o qué envergadura representaba para la firma, como los juicios acumulados, la reducción de los servicios o aumento de gastos, entre otros aspectos.

Apeló el actor ese decisorio y, a su vez, la Cámara estableció en su fallo que: a) Más allá de las razones invocadas por el contribuyente como justificantes de su solicitud y de la negativa del organismo recaudador a la misma, el foco del asunto se centraba en la naturaleza misma de los "anticipos", como sistema de ingreso a cuenta de las obligaciones tributarias, y en su operatividad en el sistema tributario;

b) De las constancias de la causa no surgía que el Fisco hubiese promovido ningún cobro judicial en concepto de "anticipos" y habiendo el actor presentado la declaración jurada del impuesto, se había extinguido la posibilidad del organismo para hacerlo; c) En este escenario, el dilema acerca del "quantum" de los "anticipos" había perdido virtualidad, ya que la AFIP dejó de contar con la acción procesal hábil para su cobro;

d) Aquí debía tenerse en cuenta que ése, y no otro, había sido el objeto de la pretensión del contribuyente al presentar la solicitud del 12.8.13, lo cual demarcaba y circunscribía el campo sobre el cual este proceso judicial giraba; e) A pesar de lo apuntado, el Fisco dictó resolución de fecha posterior a la presentación de dicha declaración jurada, no teniendo en cuenta tal extremo más allá de que el dictamen jurídico previo había reparado en tal circunstancia; f) Ello permitía advertir que la AFIP se pronunció sobre un asunto que había devenido abstracto al momento de su dictado, lo cual dejaba entrever su invalidez al confirmar, sin más, el acto administrativo anterior; y

g) Atento la máxima según la cual toda decisión judicial debía atender a las circunstancias jurídicas y fácticas existentes al momento de su dictado, debiendo tomar no sólo los factores iniciales, sino también -y sobre todo- los sobrevinientes, cabía concluir que desde el momento en el que contribuyente presentó la declaración jurada en cuestión, se tornó inoficioso todo examen en relación al valor de los "anticipos" involucrados.

Consecuentemente, la Cámara revocó la sentencia apelada y dejó sin efecto el acto administrativo impugnado.

2. Procedimiento. Procedencia limitada de la medida cautelar autónoma solicitada a fin de que el Fisco se abstenga de excluir al actor del Monotributo.

Causa: "López Tilli, Alejandro Miguel C/AFIP-DGI", Sala III, 3.9.19.

El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar solicitada por el actor a fin de que se ordenase a la AFIP que se abstuviera de excluirlo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Para decidir de tal modo, el magistrado señaló que: a) No se encontraban configurados los recaudos para admitir la procedencia de la tutela anticipada requerida; b) En cuanto a la verosimilitud del derecho, no había sido aún dictado acto alguno que implicara la exclusión del actor del Régimen en cuestión; y c) Con respecto al peligro en la demora, debía ser concreto e inminente y no meramente conjetural o hipotético, y dicho requisito no se constataba en el caso atento a que el interesado manifestaba que con esta medida pretendía evitar la futura configuración de un perjuicio.

Contra dicho pronunciamiento apeló el actor y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) El contribuyente solicitaba la medida para que la AFIP no lo excluyera de dicho régimen en ocasión de la acreditación de fondos que se realizaría en una cuenta bancaria de su titularidad, con el exclusivo fin de ser aplicados al pago del impuesto a las ganancias por compraventa de acciones en los términos de la RG 4227/18, por cuenta y orden de una sociedad no residente, dado que dichos fondos pertenecían a un tercero y, por ende, no reflejaban su verdadera capacidad contributiva;

b) Si bien era cierto que el Fisco no había dictado acto administrativo alguno en el sentido de excluir al contribuyente del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes instituido por la Ley N° 26.565, también lo era que el artículo 20 de esa norma establecía que las causales de exclusión allí previstas operaban de "pleno derecho";

c) Esa circunstancia, conjugada con la documentación acompañada, autorizaba a concluir que existía en el caso un peligro cierto e inminente de que la persona física quedara excluida del monotributo, como consecuencia de su condición de representante legal de una sociedad no residente que había vendido a otra no residente acciones por un monto de casi 140.000 mil euros, situación que lo colocaba como sujeto obligado, según las normas vigentes, a ingresar el impuesto a las ganancias que gravaba la operación;

d) La acreditación en la cuenta bancaria del actor de los fondos necesarios para cancelar el tributo que como representante de la sociedad no residente debía pagar, conllevaría a su exclusión de pleno derecho del monotributo; y

e) En tal sentido, correspondía adoptar una solución de especie y admitir limitadamente la tutela requerida, circunscribiéndola a la gestión tendiente a recibir en su cuenta bancaria los fondos a fin de pagar los tributos de un tercero, y fijando una caución juratoria.

De esta forma, la Cámara revocó el pronunciamiento apelado y, así admitió la medida cautelar requerida con los alcances indicados

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

1.Procedimiento. Procedencia del recurso de amparo frente a una solicitud de un contribuyente

Causa: "Firmenich SAICyF C/AFIP-DGI", Sala "A", 11.10.19.

El mentado contribuyente promovió, en los términos del artículo 182 y siguientes de la Ley N° 11.683, un recurso de amparo para que se expida, en forma inmediata, acerca de la solicitud de devolución del saldo a favor en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a diversas posiciones mensuales de los años 2016 a 2018 inclusive de conformidad con el régimen establecido por la Resolución General N° 1466/2003 de la AFIP-DGI relativa a la convalidación de créditos impositivos.

Es susceptible de mención que el particular desarrolla como actividad principal la fabricación de productos químicos NCP.

Previo a todo, el mentado Tribunal hizo un repaso de los antecedentes del conflicto, a saber: a) El 11.2.19 el reclamante solicitó la convalidación de sus créditos impositivos para ser transferidos a terceros conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de la citada Resolución General;

b) El 20.8.19 el particular interpuso el respectivo pronto despacho como consecuencia de la falta de respuestas y/o actuaciones por parte de la AFIP-DGI que tiendan a concluir el mencionado trámite;

c) Hasta el momento de presentarse el citado pronto despacho, el ente fiscal no requirió información alguna ni, mucho menos, constaba respuestas pendientes a diversos requerimientos por parte de la firma; y

d) El 17.9.19, frente a la inacción estatal, el contribuyente promovió el recurso de amparo estatuido en la Ley N° 11.683

Al respecto, el Tribunal actuante, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Analizó el instituto del recurso de amparo siendo necesario para su procedencia que se verifiquen estos recaudos: 1) La demora fiscal en la realización de un trámite, 2) Dicha demora debe ser excesiva y 3) El silencio de la AFIP durante un plazo mayor a quince días luego de la presentación de un pronto despacho;

b) Dijo que "…del relato de los hechos de la causa, si bien no escapa a quien suscribe que a fin de proceder a la verificación de la procedencia de la devolución -según los dichos del propio ente fiscal, acreditados con sus informe-, deben analizarse 5682 comprobantes en forma manual, ante la ausencia de un sistema informático que efectúe el cruce de datos, lo cierto es que en cuanto aquí interesa cabe tener en cuenta a los fines de decidir acerca de la procedencia de la acción promovida, se advierte que desde la presentación del pedido de devolución 11/02/19 hasta la interposición de la acción de amparo, pasaron casi siete meses sin que el organismo fiscal requiriera información y recién con fecha 04 de septiembre próximo pasado cursa el primer requerimiento a la actora a efectos de que aporte documentación, debiendo aclarar que el mismo fue notificado con posterioridad al informe requerido por este Tribunal al ente recaudador…"; y c) Concluyó que, en la especie, se configuró la demora exigida por la normativa aplicable.

En resumen, el Tribunal competente hizo lugar al recurso de amparo interpuesto y le concedió un plazo de sesenta días para resolver el trámite a su cargo.

2. Infraccional. Improcedencia de la multa por defraudación.

Causa: "Transporte Mery Tours SRL C/AFIP-DGI", Sala "B", 21.10.19.

El contribuyente de tratas apeló el acto administrativo emanado del Fisco Nacional que aplicó una cuantiosa multa con sustento en los artículos 46 y 47, inciso b) de la Ley N° 11.683, con la reducción del artículo 49 del mismo cuerpo normativo.

En este caso, el organismo recaudador, en ejercicio de sus facultades legales, fiscalizó la conducta tributaria del particular donde, a partir de un cruce informativo entre sus registros impositivos y lo reportado por sus proveedores, detectó una ostensible diferencia a su favor en las declaraciones juradas del IVA por las diversas posiciones mensuales del año fiscal 2017 máxime que el contribuyente no presentó su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el citado período fiscal lo que, a su juicio, configuraba un proceder defraudador.

El Tribunal actuante, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Analizó en detalle la multa por defraudación donde se expresó que su viabilidad dependía de la concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo; b) Apuntó que el factor subjetivo implicaba la presencia de un ardid o un engaño realizado por el infractor con el objeto de generar un error en la víctima (o sea, la AFIP);

c) Señaló que no toda falta de pago intencional es una defraudación sino, por el contrario, la misma debía ser acompañada de un artificio dirigido a evadir un gravamen;

d) Citó precedentes jurisprudenciales para fundar su tesitura (TFN, Sala "B", en las causas "Kank y Costilla" y "VF Jeans Wear" del 5.11.04 y del 15.12.08 respectivamente);

e) Precisó que, en este supuesto, no se materializó la hipótesis del artículo 47, inciso b), de la ley ritual al no cristalizarse una grave contradicción entre los libros, las registraciones, los documentos y los demás antecedentes correlativos del apelante;

f) Aseveró que, en la especie, era inaplicable la Ley N° 27.430 (B.O.29.12.17) porque el foco del debate era el Impuesto a las Ganancias del ciclo fiscal 2017 que abarcaba desde el 1.7.16 hasta el 30.6.17; y g) Puntualizó que, en dicho momento, era aplicable la Instrucción N° 6/2007 de la AFIP que, en su parte respectiva, determinó que no correspondía la sanción del artículo 45 de la ley ritual cuando el recurrente presentase su declaración jurada con anterioridad a la notificación de la vista del artículo 17 de la Ley N° 11.683 y este extremo se verificó claramente en este supuesto.

Los fundamentos expuestos llevaron al Tribunal actuante a revocar el acto administrativo cuestionado y, por lo tanto, este pronunciamiento fue adverso al erario.

3. Ganancias. Prorrateo de gastos relacionados con ingresos no computables.

Causa: "HSBC Argentina Holding SA C/AFIP-DGI", Sala "D", 17.12.19.

La referida entidad societaria apeló dos actos administrativos dictados por la AFIP donde se determinó de oficio la obligación tributaria inherente al Impuesto a las Ganancias de los ciclos fiscales 2010 y 2011 donde se modificó el saldo a favor correspondiente al año fiscal 2010 y, a la par, se estableció un nuevo saldo a favor relativo al período fiscal 2011 oportunamente cancelado por retenciones y/o percepciones al presentarse la declaración jurada original y el pago en exceso del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta del mismo año.

Es susceptible de mención que la recurrente es una sociedad holding integrante del grupo HSBC dedicada a la realización de operaciones de inversión.

En lo que aquí interesa comentar, el Fisco Nacional estimó que los ingresos no computables (dividendos) no fueron incluidos, por parte del contribuyente, en el cálculo de prorrateo de gastos cuya deducción es admitida por la ley del gravamen y, en consecuencia, se determinó un nuevo coeficiente –con un nuevo cálculo de prorrateo- considerándose en el denominador del coeficiente el total de ingresos, y en su numerador los ingresos exentos y no computables.

En definitiva, el eje de la discusión estribó en el tratamiento fiscal del prorrateo de gastos y, por ende, su deducción en el marco de ingresos no computables (dividendos).

El Tribunal competente, en su sentencia, hizo lo siguiente:

a) Explicó que cuando un sujeto obtiene conjuntamente rentas alcanzadas y no alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias los gastos que se podrán deducir de la renta bruta deben ser proporcionales a las primeras;

b) Señaló también que, para determinar qué porcentual de gastos se puede deducir, se aplica un "coeficiente" que se obtiene de una fórmula aritmética consistente en la división de ingresos no alcanzados por el gravamen –numerador- respecto de los ingresos alcanzados –denominador-;

c) Precisó que no era acertado asimilar el hecho de no computar los dividendos a una renta exenta o no gravada;

d) Apuntó que los dividendos se encuentran alcanzados en cabeza del accionista y, por ello, el legislador, al diseñar el Impuesto a las Ganancias, dispuso que no sean computables en la determinación de la ganancia neta ya que la sociedad que los distribuye ya ingresó el gravamen pertinente;

e) Aseveró que el propósito del legislador, al redactar el artículo 69 bis de la ley del gravamen, era evitar que las ganancias consideradas exentas se trasladen, sin la incidencia del tributo, a los accionistas o socios vía de dividendos o de la distribución de utilidades;

f) Invocó los fallos "Cerro Vanguardia SA" del 30.6.09 y "HSBC New York Life Seguros de Vida C/DGI" del 11.11.14 del Alto Tribunal para validar su posición; y

g) Concluyó que, a la luz de la estructura del Impuesto a las Ganancias, en el cual a las ganancias brutas se le restan los gastos necesarios para su obtención, mantenimiento y/o conservación, mal podría admitirse la deducción del gasto en el que se haya incurrido vinculado a una ganancia no computable lo que conllevaba, en última instancia, a una indebida reducción de la base imponible del tributo.

En suma, este ajuste fue confirmado por el Tribunal actuante y, por consiguiente, fue favorable al órgano recaudador.

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