Domingo  12 de Julio de 2020

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

1. Procedimiento. Modificación de oficio por parte de la AFIP del domicilio fiscal constituido por la contribuyente en la sede de su administración y dirección. Procedencia de la medida cautelar solicitada por la actora.

Causa: "Establecimiento Olivum S.A. C/EN - AFIP", Sala IV, 18.7.19.

El juez de primera instancia rechazó el planteo de incompetencia formulado por la demandada y la medida cautelar solicitada por la actora.

Apeló el Fisco señalando que: a) En los casos en que el particular impugnaba un acto, y una vez que se encontraba agotada la vía del artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 11.683, el juez competente resultaba ser el que tenía jurisdicción sobre la oficina recaudadora donde se encontraba inscripto el contribuyente; y b) Los actos administrativos cuestionados por la actora habían sido dictados por la Agencia San Juan por lo cual resultaba absolutamente improcedente que pretendiera debatir su legitimidad en el ámbito del fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, la actora apeló agraviándose del rechazo de la medida cautelar, sosteniendo que: a) El juez no había tenido en cuenta que el domicilio fiscal modificado de oficio por la AFIP era un lugar que ninguna vinculación tenía con la empresa desde el 2015; b) La referida medida no implicaba resolver si el domicilio fiscal debía ser en la Capital Federal o en la Provincia de San Juan, sino mantener el constituido hasta que se resolviera la controversia; y c) Lo que fundaba la urgencia y verosimilitud del derecho era la ausencia de razonabilidad del obrar de la AFIP de establecer de oficio el domicilio fiscal en una sede en donde no tenía presencia y vinculación alguna.

A su vez, la Cámara estableció en su fallo que: a) Del análisis preliminar de la cuestión y de la prueba documental acompañada a la causa, parecía surgir "prima facie" que la administración y dirección de la actora estaba en el domicilio de la Ciudad de Buenos Aires donde se encontraban los directivos y se realizaban los trabajos administrativos y de pagos, tal como lo había reconocido la propia AFIP; b) Los elementos bajo análisis resultaban suficientes en el acotado marco de la medida cautelar para tener por configurada la verosimilitud del derecho, sin perjuicio de lo que pudiera surgir de las pruebas a producirse en el fondo de la cuestión en la que se determinara, en definitiva, cuál era el domicilio fiscal de la actora; c) En cuanto al peligro en la demora, se podía considerar configurado en tanto las resoluciones impugnadas implicaban una modificación sustancial del lugar de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la contribuyente, a más de mil kilómetros de distancia de donde se encontraría su administración y dirección, lo que importaba, dada la trascendencia del instituto en debate, un peligro cierto por los serios inconvenientes que la decisión produciría, en especial para poder ejercer debidamente sus derechos y cumplir con todos los requerimientos fiscales; y d) A ello, cabía agregar que no existía, en principio, un daño al interés público comprometido (artículo 9° de la Ley N° 26.854) que se opusiera a la medida, si se tenía en cuenta que sólo afectaba un aspecto de organización y desconcentración de tareas de la demandada temporalmente, además el Fisco podía ejercer sus funciones de control y fiscalización.

Consecuentemente, la Cámara confirmó la sentencia apelada en cuanto a la declaración de incompetencia y la revocó en relación al rechazo de la medida cautelar peticionada por la actora, la que de este modo fue concedida.

2. IVA. Impugnación de créditos fiscales por supuesta falta de vinculación con operaciones gravadas. Rechazo del criterio fiscal.

Causa: "Wainot S.A. C/DGI", Sala V, 17.9.19.

El Tribunal inferior, por mayoría, revocó la resolución fiscal apelada, mediante la cual se habían impugnado a la actora las declaraciones juradas correspondientes al IVA por los períodos fiscales 06.00 al 06.02.

Para resolver así, el Tribunal Fiscal consideró que: a) Durante la inspección se detectaron una gran cantidad de líneas de telefonía móvil cuyo monto de facturación a las compañías telefónicas había sido registrado por la empresa en la Cuenta Gastos Generales de Administración; b) La actora había explicado que las líneas telefónicas eran utilizadas efectivamente por empresas vinculadas y dicho servicio se los facturaba de acuerdo a sus necesidades financieras; c) La AFIP impugnó los créditos fiscales derivados de esas operaciones, porque no estaban vinculadas con operaciones gravadas; d) Estaba fuera de discusión la vinculación de los créditos fiscales impugnados con la actividad gravada de la contribuyente, toda vez que ello había sido admitido por el propio Fisco al oponerse a la prueba informativa ofrecida por la actora; y e) Resultaba insustancial si las facturas referidas incluían o no los servicios telefónicos porque eso podría haberse producido o producirse en un futuro sin alterar la propiedad del crédito fiscal.

Contra dicho pronunciamiento apeló el Fisco y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) La AFIP se había limitado a cuestionar el crédito fiscal porque los conceptos consignados en las facturas no eran lo suficientemente concretos para poder observar su vinculación con la operación gravada, sin introducir ningún argumento tendiente a refutar los fundamentos expuestos por el Tribunal administrativo; y b) En efecto, la representación fiscal no había controvertido que las líneas telefónicas habían sido efectivamente utilizadas por la empresas vinculadas ni que las mismas formaban un conjunto económico, lo cual reforzaba la operatoria adoptada por ellas como método para afrontar los gastos por los servicios facturados.

De esta forma, la Cámara confirmó el pronunciamiento apelado y, por ende, desestimó así la pretensión del Fisco.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

1. Ganancias. Procedencia de un régimen de reorganización libre de impuestos.

Causa: "La Veloz del Norte S.A. C/AFIP-DGI", Sala "B", 1.10.19.

El referido contribuyente apeló dos actos administrativos emanados del Fisco Nacional donde se determinó de oficio la obligación tributaria concerniente al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 2003 y 2005 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa fundada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.

En este caso, el eje del conflicto estuvo dado en que el ente recaudador cuestionó una fusión por absorción realizada el 30.10.03 entre una sociedad absorbente (La Veloz del Norte SA, VLN) y una sociedad absorbida (La Veloz Automotores SA, LVA) que fue informada el 30.12.03 mediante la comunicación prevista en la Resolución General N° 2245 de la DGI donde la autoridad fiscal esgrimió que no se cumplían con las exigencias del artículo 77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y su normativa complementaria.

De los antecedentes de la causa se observa lo siguiente: a) El 30.12.03 la apelante comunicó la reorganización societaria mencionada a partir del 30.10.03 puntualizando la traslación de derechos y obligaciones de la antecesora a la continuadora; b) El 12.6.06 la AFIP dictó un acto administrativo, identificado como 751-595/06, que desestimó dicha reorganización y que fue oportunamente recurrida por el particular por medio del recurso establecido en el artículo 74 del Decreto Reglamentario de la ley ritual; c) El 14.5.09 el organismo estatal dictó otra resolución, identificada como 751-201/09, que decretó la nulidad del acto administrativo anteriormente mencionado; d) El 14.5.09 el Fisco Nacional emitió otro acto administrativo, identificado como 751-202/09, que no hizo lugar a la reorganización declarada por la apelante y éste la objetó, en su hora, con el recurso del artículo 74 del Decreto Reglamentario N° 1397/79 del PEN; e) El

15.12.09 el órgano recaudador rechazó el recurso precedentemente enumerado y ello motivó a que VLN interpusiera una demanda contenciosa, en los términos del artículo 24 de la Ley N° 19.549, que tramitó en el Juzgado Federal de Salta N° 2 bajo el nombre de "La Veloz del Norte SA C/AFIP-DGI S/Contencioso Administrativo", Expediente N° 3055/2010; f) La sentencia de primera instancia no fue favorable al particular y, por ello, la Cámara Federal de Salta, con fecha 5.4.13, admitió la apelación del contribuyente y, a la postre, validó la reorganización societaria oportunamente efectuada.

El Tribunal actuante, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Analizó en detalle los antecedentes anteriormente reseñados; b) Valoró las consideraciones emitidas en el pronunciamiento de la Cámara Federal de Salta; c) Remarcó que, al momento de la reorganización (30.10.03), había una identidad de accionistas entre las sociedades involucradas y un mantenimiento de las participaciones accionarias y esto, a su criterio, conformaba un conjunto económico; d) Aseveró que, de las constancias probatorias, no se evidenció un incremento de riqueza susceptible de ser gravado como consecuencia del negocio jurídico en discusión puesto que el mismo, en términos impositivos, fue neutro; e) Citó el precedente "International Engines South America SA" del 16.12.14 emanado del Alto Tribunal para avalar su postura; y f) Puso de relieve que el acto administrativo que propició la impugnación de la reorganización societaria libre de impuestos fue revocado en el fuero judicial habiendo adquirido firmeza dicha sentencia.

Los fundamentos expuestos llevaron al Tribunal actuante a revocar los actos administrativos cuestionados y, por lo tanto, este pronunciamiento fue adverso al erario.

2. Procedimiento. Procedencia del recurso de amparo frente a una solicitud de un contribuyente

Causa: "Frigorífico Trelew SRL C/AFIP-DGI", Sala "C", 12.11.19.

El mentado contribuyente promovió, en los términos del artículo 182 y siguientes de la Ley N° 11.683, un recurso de amparo para que se expida, en forma inmediata, acerca de la solicitud de reintegro de una importante suma en concepto de reintegro de IVA por operaciones de exportación de conformidad con el art. 43 de la ley del gravamen y la Resolución Gral. de la AFIP N°2000/2006.

Es susceptible de mención que el particular desarrolla como actividad principal la matanza de ganado bovino siendo su principal caudal de ventas las efectuadas a la Provincia de Tierra del Fuego para su consumo.

Previo a todo, el mentado Tribunal hizo un repaso de los antecedentes del conflicto, a saber: 1) El 12.9.18 la empresa solicitó un pedido de avocación en la resolución de un conflicto; 2) El 22.3.19 la AFIP, por medio de la Dirección de Asesoría Legal, dictaminó que el pedido del amparista debía ser reencausado de conformidad con el artículo 24, inciso a), de la Ley N° 19.549 y el artículo 5° del Decreto N° 1139/1988 del PEN y se ordenó su remisión a la Subdirección General de Asuntos Jurídicos para su posterior remisión al Ministerio de Hacienda; 3) El 22.5.19 la Dirección Nac, de Impuestos - perteneciente al Ministerio de Hacienda - emitió el pertinente dictamen legal; 4) El 2.9.19 la Dirección de Asuntos Contractuales, Legislativos y Tributarios del Ministerio de Hacienda también dictó su opinión legal; 5) El 3.10.19 el Ministerio de Hacienda remitió el expediente administrativo a la AFIP; y 6) El 15.10.19 se observó un movimiento interno entre diversas dependencias del ente impositor para seguir con el trámite normal.

Al respecto, el Tribunal actuante, en voto dividido y con la mayoría conformada por los Dres. Luis y Vicchi, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Analizó el instituto del recurso de amparo siendo necesario que se verifiquen estos recaudos: 1) La demora fiscal en la realización de un trámite, 2) Dicha demora debe ser excesiva y 3) El silencio de la AFIP durante un plazo mayor a quince días luego de la presentación de un pronto despacho; b) Tuvo en cuenta que el pedido de la empresa fue reencausado en la figura del artículo 24, inciso a), de la Ley 19.549 sin que el Fisco, hasta el momento de la presentación, se haya expedido; y c) Cotejó que el pedido del particular fue el 12.9.18 y concluyó que se configuró la demora exigida por la normativa aplicable.

En suma, el Tribunal competente hizo lugar al recurso de amparo y le concedió un plazo de quince días para resolver el trámite a su cargo.

3. Infraccional. Reencuadre de una defraudación por deficiencias registrales.

Causa: "Ibarguengoitía, Pablo A. C/AFIP-DGI", Sala "B", 27.11.19.

El particular apeló la resolución que le aplicó una multa por defraudación con la reducción de un tercio con sustento en los artículos 46, 47, incisos a) y b) y 49 de la Ley N° 11.683.

Es susceptible de mención que la actividad del recurrente es la venta al por menor de indumentario deportiva.

En este caso, la AFIP, en ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización, detectó una serie de deficiencias en los registros del contribuyente lo que motivó al particular a rectificar sus declaraciones juradas originales.

El Tribunal competente, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Expresó que la multa por defraudación implica, por un lado, la intención deliberada de no pagar un tributo y, por el otro, la realización de maniobras aptas para lograr el resultado mencionado; b) Entendió que el aspecto objetivo de la sanción se materializó puesto que el contribuyente rectificó sus declaraciones juradas primitivas a instancia de las tareas de fiscalización; c) Emitió distintas consideraciones relativas a las figuras previstas en los incisos del artículo 47 de la ley ritual; d) Observó que el proceder del particular incurrió en varias deficiencias simultáneas tales como deducción de intereses y aranceles por ventas con tarjetas de crédito, intereses y gastos bancarios, omisión de deducciones por errores administrativos, entre otros; e) Precisó que tales circunstancias se acercaban más a una falta de orden y de prolijidad en la gestión de sus registros que a un conjunto de maniobras con una intención de evasión deliberada; y f) Afirmó que el organismo recaudador no demostró el elemento subjetivo consistente en que el accionar del contribuyente haya sido doloso siendo ello un recaudo necesario para viabilizar la multa por defraudación.

Los argumentos señalados hicieron que el Tribunal actuante encuadre la conducta en una multa por omisión del artículo 45 de la ley ritual, con la reducción del artículo 49 de dicha ley, con costas por su orden.

4. Procedimiento. Viabilidad parcial del incidente del beneficio de litigar sin gastos para una persona física.

Causa: "Schwab, Estela del Carmen C/AFIP-DGI S/Incidente", Sala "A", 30.11.19.

La contribuyente del epígrafe, en su momento, impulsó un beneficio de litigar sin gastos –vía incidente- fundado en la carencia de los fondos necesarios para sufragar los gastos procesales en virtud de estar inmersa en proceso concursal.

El Tribunal competente, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Expresó que el beneficio de litigar sin gastos es un instituto de excepción cuya finalidad es permitir a los litigantes que carecen de recursos o imposibilitados de obtenerlos a acceder a los organismos judiciales y/o jurisdiccionales en defensa de sus derechos; b) Afirmó que este remedio procesal se sustenta en las garantías constitucionales de defensa en juicio y de igualdad ante la ley; c) Precisó que el objetivo del citado instituto procesal era asegurar la prestación del servicio de justicia de los contendientes teniendo en cuenta no sólo el punto de vista formal sino también el económico; d) Ordenó un oficio al Juzgado Civil y Comercial N° 2 de la Ciudad de Mar del Plata para que suministre información atinente al concurso de la apelante; e) Tuvo en consideración que el citado juzgado manifestó que la recurrente había solicitado la apertura del concurso pero que, aún, no se había logrado la homologación del acuerdo preventivo; f) Apreció que la prueba producida no logró acreditar que la apelante no tuviera los recursos necesarios para afrontar el pago de la tasa ni tampoco la carencia de los medios económicos para sí hacerlo; y g) Hizo uso de la figura del artículo 9° de la Ley N° 25.964.

Las causas expuestas llevaron al Tribunal actuante a admitir, en forma parcial, el beneficio oportunamente peticionado.

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(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL y su Web es: www.rsm.global/argentina

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