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DOMINGO 20/01/2019
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Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Procedimiento. Acción de amparo dirigida a que la AFIP autorice al contribuyente a presentar declaración jurada omitida para poder concluir el procedimiento de acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal estatuido en la ley 27.260. Rechazo de la pretensión. Causa: "Carral, Fabián Alejandro C/EN-AFIP S/Amparo Ley 16.986", Sala I, 3.7.18.

El actor promovió acción de amparo a fin de que la AFIP le permitiera presentar la declaración jurada necesaria para poder concluir el procedimiento de acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal establecido en la Ley N° 27.260.

En tal sentido, el amparista adujo que: a) Había cumplido los pasos requeridos por la norma -la apertura de las cuentas bancarias, el depósito de las sumas de dinero y la liquidación del tributo- pero que, debido a la "vorágine" de todas las presentaciones efectuadas en el marco del aludido régimen, su contador omitió ingresar a la base de datos del organismo fiscal la declaración jurada y el formulario F.2009; y b) No obstante la omisión referida, su intención de adherirse al régimen era expresa e inequívoca puesto que había cumplido con todos los requisitos previstos en la R.G. 3919 y confeccionado el volante de pago requerido por la R.G. 4016.

Sin perjuicio de considerar que la acción había sido interpuesta una vez vencido el plazo previsto en el artículo 2°, inciso "e", de la Ley N° 16.986, la señora jueza de primera instancia examinó la cuestión de fondo debatida y resolvió rechazar la acción de amparo, argumentando que: a) El actor no había demostrado que su pretensión no podía hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios, ni que se encontraba impedido de obtener mediante aquellas vías la reparación de los perjuicios que invocaba; b) La acción de amparo excluía aquellas cuestiones -como la debatida en autos- en las que no surgía con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad que se argüía; c) Del propio relato efectuado por el amparista, surgía que la imposibilidad de concretar el acogimiento al régimen previsto en la Ley N° 27.260 era imputable a aquél, quien no había ingresado oportunamente la declaración jurada, ni generado el formulario F.2009; d) Por esa razón, no se advertía que la demandada hubiera obrado con arbitrariedad manifiesta; y e) Los regímenes que establecían beneficios fiscales -como los previstos en la referida ley- eran de carácter excepcional por lo que no debían extenderse a supuestos no contemplados expresamente por la norma.

En cuanto aquí interesa, el actor apeló esa decisión y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) La acción de amparo era un proceso excepcional que requería para su apertura la existencia de circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de una lesión cierta o ineludible provocada por el obrar manifiestamente arbitrario, irrazonable o ilegal de quien era demandado; b) Las consideraciones apuntadas y las constancias obrantes en el expediente, llevaban a confirmar el pronunciamiento recurrido puesto que la lesión invocada por el actor, con causa en el arbitrariedad o la ilegalidad manifiesta del obrar de la AFIP, no se presentaba indubitable para justificar la procedencia de la vía del amparo escogida; c) Aun sin desconocer la voluntad del actor de adherirse al régimen de "sinceramiento fiscal" estatuido en la Ley N° 27.260 y el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por las normas para gozar de los beneficios fiscales, no podía obviarse que dependía exclusivamente del interesado satisfacer las exigencias previstas en la referida ley; d) Tampoco podía obviarse que, a partir del reconocimiento efectuado por el propio actor, éste había omitido presentar la declaración jurada en el plazo legalmente previsto al efecto para finalizar el trámite de "blanqueo"; e) La obligación de presentar la declaración jurada constituía una de las exigencias establecidas por el régimen para adquirir los beneficios allí previstos y no una mera formalidad como alegaba el actor; f) A su vez, no debía perderse de vista que el régimen en trato revestía carácter excepcional y, consecuentemente, su procedencia debía analizarse con un criterio estricto; y g) Por ello, era claro que la imposibilidad de concretar la adhesión al régimen previsto en la Ley N° 27.260 no derivaba de un acto u omisión de la AFIP, sino de una conducta imputable al propio amparista.

En definitiva, la Cámara confirmó la sentencia apelada sobre el particular y, ergo, se rechazó la acción de amparo interpuesta.

2. Procedimiento. Cuestionamiento de multa de monto inferior al exigido por la ley para apelar al Tribunal Fiscal. Conexidad con otra causa ya en trámite donde se discute la obligación tributaria que sustenta dicha multa. Rechazo de la excepción de incompetencia opuesta por la AFIP. Causa: "Media Traders S.A. C/DGI", Sala I, 12.7.18.

El Tribunal administrativo, por mayoría, hizo lugar a la excepción opuesta por la AFIP y se declaró incompetente para entender en el recurso interpuesto por la actora contra la resolución fiscal, en virtud de la cual se le había aplicado una multa de $ 18.029,07 equivalente a tres tanto del IVA presuntamente evadido por los períodos fiscales 05 y 09/08.

Para así decidir, el Tribunal Fiscal sostuvo que: a) El monto involucrado era inferior al previsto en el artículo 159, inciso "b", de la Ley N° 11.683 -según la modificación introducida por el artículo 74 de la Ley N° 26.784- como habilitante de su competencia; y b) Por otra parte, con relación a la aludida conexidad con el recurso interpuesto ante su propia sede contra la resolución por la cual se había determinado el IVA por los ejercicios 02 a 12/08, a fin de determinar la competencia debían considerarse los montos de cada una de las resoluciones que se apelaban en forma independiente para cada acción.

La parte actora apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara expuso en su sentencia que: a) Asistía razón a la recurrente en cuanto la multa aplicada por la presunta evasión del IVA por los períodos fiscales 05 y 09/08, reconocía como antecedente la determinación de oficio practicada en ese gravamen por los ejercicios 02 a 12/08; b) Así pues, no debía pasarse por alto que el elemento objetivo de la sanción aplicada por la presunta evasión del IVA coincidía con el ajuste practicado en la resolución determinativa de ese tributo, cuya procedencia se encontraba cuestionada ante el Tribunal Fiscal, motivo por el cual resultaba razonable que ambas impugnaciones fueran analizadas por el mismo tribunal; c) Ciertamente, existía conexidad entre las resoluciones administrativas recurridas, pues se hallaban en una relación de interdependencia, subordinación o accesoriedad entre sí, que ameritaba que el tratamiento de las impugnaciones de ambas resoluciones debiera concentrarse en un único tribunal a fin de asegurar el principio de la seguridad jurídica y una más expedita y uniforme administración de justicia; y d) Por ello, si bien no se desconocía la limitación impuesta por la ley a la habilitación de la discusión ante el Tribunal Fiscal, ello no empecía a que se debía impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambas, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se superaría, dadas las particularidades circunstancias del caso, si el examen de la conducta endilgada a la actora tramitase en el mismo tribunal en que se encontraba en discusión la obligación tributaria que la sustentaba.

De esta forma, la Cámara hizo lugar al recurso interpuesto por la actora y, en consecuencia, revocó la sentencia del Tribunal Fiscal por la que había declarado su incompetencia.

3. Procedimiento. La presentación anticipada de la declaración jurada en el impuesto a las ganancias que arroja saldo a favor del contribuyente no extingue la obligación de cancelar los anticipos pendientes. Procedencia de los intereses resarcitorios reclamados por el Fisco. Causa: "Pistrelli Henry Martin Asesores S.R.L. C/EN-AFIP-DGI", Sala I, 9.8.18.

El juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por la actora mediante la cual se perseguía la declaración de nulidad de la resolución de la AFIP por la que se había rechazado el recurso de apelación interpuesto en los términos del artículo 74 de la Ley N° 11.683 contra el acto administrativo que había liquidado e intimado a la empresa contribuyente a pagar una determinada suma en concepto de intereses resarcitorios correspondientes al anticipo N° 9 del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014.

Para así decidir, dicho juez tuvo en consideración que: a) Si bien la recurrente había presentado la declaración jurada en el Impuesto a las Ganancias con anterioridad al vencimiento del anticipo N° 9, subsumiendo la deuda del anticipo en cuestión, lo cierto era que esa inclusión no era extensiva al monto de los intereses resarcitorios, por lo que ellos debían ser calculados y pagados; b) La voluntad de la actora de presentar la declaración jurada de manera adelantada no podía modificar el régimen legal de los anticipos; c) De conformidad con la doctrina que se desprendía del fallo de la Corte Suprema "Francisco Vicente Damiano S.A. s/apelación", la actora debía haber calculado los intereses resarcitorios correspondientes al anticipo N° 9 no ingresado; y d) El cálculo de los intereses resarcitorios practicado por el Fisco se ajustaba a los parámetros previstos en la normativa, por lo que la suma resultante no se advertía excesiva.

La parte actora apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara, determinó en su sentencia que: a) La contribuyente había ingresado en tiempo y forma los anticipos N° 1 a 8 del Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014; b) No obstante, más adelante no determinó ni ingresó el anticipo N° 9 en tanto consideraba que con la presentación de la declaración jurada del gravamen, que arrojaba un saldo a su favor, y ello devenía innecesario; c) Por lo tanto, el nudo del conflicto residía en establecer si el adelanto de la presentación de la declaración jurada en el Impuesto a las Ganancias -que en este caso arrojaba saldo a favor de la contribuyente-, extinguía la obligación de cancelar los anticipos que quedaban pendientes luego de ello; d) Los anticipos eran obligaciones autónomas, que debían ser ingresadas independientemente del saldo que en definitiva arrojara la presentación de la declaración jurada del impuesto en trato; e) El régimen de anticipos, regulado por el artículo 21 de la Ley N° 11.683 y la R.G. (AFIP) 327/99 -cuya finalidad, entre otras cosas, era allegar recursos al erario público- no podía ser modificado por el adelanto por parte del contribuyente de la presentación de la declaración jurada ya que no existía previsión legal que amparase una pretensión de ese estilo; f) Por ello, correspondía concluir en que la normativa imperante no le otorgaba al adelanto de la presentación de la declaración jurada del impuesto un poder cancelatorio respecto del régimen de anticipos; g) Siendo ello así y atendiendo a que la actora no había determinado ni ingresado dicho anticipo N° 9, la liquidación de intereses practicada por el Fisco se ajustaba a derecho; y h) A mayor abundamiento, debía señalarse que para sortear las situaciones inequitativas que decía atravesar la actora, el régimen aplicable -conforme se desprendía del artículo 15 y concordantes de la R.G. 327- otorgaba las herramientas necesarias para que el contribuyente adecuara los anticipos a la realidad económica existente a la fecha de pago y, sin embargo, no lo había hecho.

Consecuentemente, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, por ende, se rechazó la postura de la actora.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. 1. Procedimiento. Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación en discusiones relativas a la improcedencia de las solicitudes de reintegro en concepto de crédito fiscal en el IVA atribuibles a operaciones de exportación. Aspecto Temporal. Causa: "Coast Fish SRL C/AFIP-DGI", Sala "B", 15.5.18.

El contribuyente del epígrafe promovió un recurso de apelación contra el acto administrativo emitido por la AFIP-DGI que resolvió declarar improcedente las solicitudes de reintegro en concepto de crédito fiscal en el IVA atribuibles a operaciones de exportación junto con la intimación a ingresar las sumas correspondientes.

En este caso, el Fisco planteó la excepción de incompetencia y, por ende, el foco del conflicto estuvo dado en si el Tribunal Fiscal era competente o no para dirimir esta cuestión.

Al respecto, el Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Magallón, Pérez y Porporatto, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Analizó el acto administrativo emanado del Fisco Nacional; 2) Consideró que los fallos plenarios de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y del Tribunal Fiscal de la Nación en las causas "Las 2CSA (TF 25.214-I)" y "Yusin SACIFIA" del 26.6.17 y del 20.9.17 convalidaban la competencia del mentado Tribunal; 3) Evaluó que la reforma de la Ley N° 27.430 (B.O. 29.12.17) había dispuesto que la temática tratada no era de competencia del Tribunal Fiscal de la Nación; 4) Estimó que, al momento de interponer el recurso de apelación por parte del apelante, no estaba vigente la reforma implementada por la Ley N° 27.430; 5) Citó un precedente de la CSJN ("Ahualis Rolando José y otros C/CNV" del 27.5.15) donde se puntualizó que "la competencia se determina de acuerdo con la normas vigentes al momento de iniciarse el proceso la cual queda fija e inmutable hasta el final del pleito" para avalar su temperamento.

Las causas reseñadas motivaron al Tribunal actuante a declarar su competencia y, por consiguiente, esta decisión desestimó el planteo del Fisco Nacional.

2. Procedimiento. Procedencia del beneficio de litigar sin gastos. Causa: "Fideicomiso San Francisco C/AFIP-DGI", Sala "A", 19.6.18.

El apelante solicitó el beneficio de litigar sin gastos dado que, por su propia naturaleza y finalidad, carecía, al momento de hacer su presentación inicial, de fondos destinados al pago de gastos del proceso. Sostuvo que tal petición obedecía a que el instituto legal del fideicomiso se utilizó para el aporte de los fondos necesarios para que un grupo de personas pudieran generar los recursos suficientes para la construcción de sus viviendas. Es decir, la misión del fiduciario consistió en la recaudación de fondos para la compra de los insumos necesarios para la construcción de la infraestructura necesaria de los espacios comunes y que, al momento de hacerse la presentación en el Tribunal Fiscal de la Nación, todos los aportes fueron destinados a dicho objetivo no existiendo dinero para pagar la tasa de la Ley N° 25.964 y ello estaba reflejado en los Estados de Origen y Aplicación de fondos.

El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Marchevsky y Guzmán, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Examinó el instituto del beneficio de litigar sin gastos puntualizando que el mismo es un privilegio restrictivo y excepcional debiendo el solicitante demostrar la carencia de recursos o su imposibilidad de obtenerlos para costear los gastos del juicio (conf. CNCivil, Sala "F", en autos "Consorcio Maipú 349/71 C/Lanciano Santiago" del 20.9.93 publicado en La Ley, 1994-B-690); 2) Señaló también que esta figura legal es aplicable a quien carece de recursos y no de liquidez para afrontar los gastos judiciales (conf. TFN, Sala "A", en autos "Bercovich Arnaldo C/AFIP" del 13.3.00); 3) Apuntó que la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial teniendo en cuenta la prueba que convalide la verosimilitud de la pobreza alegada (conf. CSJN, Fallos 311:1372 y 315:276); 4) Evaluó la pericia contable producida donde constaba los fondos recaudados y los fondos aplicados al período 2004-2009 con un saldo inexistente al momento del traspaso al Consejo de Propietarios; 5) Ponderó que, en la causa principal, el Tribunal competente revocó las resoluciones recurridas con costas por su orden remitiéndose a las consideraciones concernientes a la cuestión de fondo; y 6) Afirmó que la apelante no contaba con fondos para pagar la tasa de la Ley N° 25.964 ya que los mismos fueron totalmente destinados a las obras encomendadas por los beneficiarios del fideicomiso.

En suma, el Tribunal competente concedió el beneficio de litigar sin gastos requerido y, por ello, esta decisión fue favorable al contribuyente.

3. Procedimiento. Procedencia de un recurso de amparo frente a la demora de la AFIP en la resolución de un trámite. Causa: "Banco de Servicios y Transacciones S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 30.8.18.

El contribuyente de tratas interpuso un recurso de amparo, en los términos del artículo 182 y siguientes de la Ley N° 11.683, para que se expida, en forma inmediata, con relación a las solicitudes de inscripción en el Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operaciones (RG de la AFIP N° 3900/2016).

Es susceptible de mención que el recurrente es un fideicomiso cuyo patrimonio está estructurado con fines de garantía siendo a la vez una institución regida por la Ley N° 21.526.

En cuanto a los antecedentes fácticos, del pronunciamiento surge lo siguiente: 1) El 13.3.17 el recurrente completó la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficios Fiscales; 2) El 29.3.17 el particular cumplió con el requerimiento ordenado por la AFIP; 3) El 13.7.17 se presentó un pronto despacho frente al silencio de la Administración; 4) El 4.10.17 el Fisco rechazó el trámite por haber operado la caducidad de 120 días desde el inicio del trámite; 5) El 13.11.17 el particular inició un segundo trámite acompañándose la documentación pertinente el 21.11.17; 6) El 26.2.18 se presentó otro pronto despacho frente al silencio administrativo; 7) El 14.3.18 el Fisco notificó el rechazo a la petición del contribuyente sin fundamento alguno; 8) El 9.4.18 el particular promovió un recurso previsto en el artículo 74 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 11.683 contra el acto administrativo mencionado en el punto precedente; 9) El 14.5.18 el Fisco reconoció que no hubo pronunciamiento alguno; 10) El 24.5.18 el apelante presentó otro pronto despacho.

En suma, frente a la falta de resolución del trámite señalado, el particular interpuso un recurso de amparo siendo el foco del conflicto su viabilidad o no en la presente hipótesis.

El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Magallón, Guzmán y Marchevsky, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Examinó los requisitos necesarios para la procedencia del amparo, a saber: a) La demora en la realización de un trámite o diligencia por parte de los empleados fiscales, b) Dicha demora debe ser excesiva y c) La misma debe provocar un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o un derecho; 2) Tuvo en cuenta que la Ley N° 25.795 prevé un plazo de 15 días para resolver la cuestión una vez interpuesto el pronto despacho; 3) Analizó con detenimiento los antecedentes del caso; 4) Precisó que el trámite en cabeza del Fisco, es decir la procedencia o no de la solicitud de inscripción en el Registro de Beneficios Fiscales, se encontraba pendiente de resolución desde el 26.12.17 con una consulta realizada al Área Técnica sin que medie respuesta alguna.

En definitiva, el Tribunal competente interpretó que se materializaba en el caso todos los recaudos necesarios que viabilizaban el remedio intentado y, por lo tanto, admitió el recurso de amparo impulsado por el contribuyente ordenándole que, en un plazo de 20 días, lleve adelante las diligencias correspondientes para la conclusión del trámite.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina

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