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Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Infraccional. Multa por defraudación impositiva. Improcedencia de su reencuadre en la figura omisiva del artículo 45 de la Ley N° 11.683.
Causa: "Agroaereo San José S.A. C/DGI", Sala V, 22.9.15.

El Tribunal administrativo recalificó la conducta de la actora encuadrándola en las previsiones del artículo 45 de la Ley N° 11.683 y, asimismo, graduó la sanción en el mínimo legal, valía decir, el cincuenta por ciento del impuesto omitido con la reducción prevista en el artículo 49 del mismo plexo normativo.

Para así decidir, dicho Tribunal destacó que: a) La cuestión a resolver consistía en determinar si resultaba ajustada a derecho la multa aplicada con sustento en los artículos 46 y 47 incisos "a" y "b" de la Ley N° 11.683; b) Al respecto, se le imputaba a la actora haber presentado las declaraciones juradas del IVA consignando montos que no se correspondían con la realidad en virtud de las diferencias que surgían entre los importes declarados y los ajustados por la fiscalización; c) La contribuyente había aportado los libros IVA ventas e IVA compras y las declaraciones juradas de los períodos bajo fiscalización, y auditando tal documentación, el Fisco detectó diferencias en distintos períodos, de los años 2006 y 2007, procediendo la contribuyente a rectificar las declaraciones juradas respectivas; d) Para la configuración de la sanción por defraudación atribuida, se exigía la concurrencia de dos componentes, la omisión de pago del impuesto -elemento objetivo- y la conducta del sujeto en lo relativo a su intención comisiva -elemento subjetivo; e) Del informe final de inspección se desprendía la inexactitud de las declaraciones juradas en cuestión pero no se acreditaba allí, si dicha omisión tenía origen en una actitud dolosa; f) De la fiscalización efectuada no se observaba que la actividad de la recurrente tuviera elementos que hicieran presumir la existencia de un accionar irregular lo que demostraba la inexistencia de la conducta imputada; y g) En consecuencia, cabía reencuadrar la calificación de la conducta de la actora, adecuándola al tipo omisivo descripto en el artículo 45 de Ley N° 11.683.

La representación fiscal apeló dicha decisión y, a su vez, la Cámara determinó en su fallo que: a) La figura de defraudación requería, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado; b) Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado, constituía un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que iba acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación; c) Aquí no se encontraba controvertido el hecho de que, de acuerdo con la tarea desarrollada durante la etapa de fiscalización, el Fisco había constatado irregularidades en la información contenida en las declaraciones juradas presentadas por la actora en relación con el IVA;

d) Asimismo, tampoco estaba en discusión que la AFIP había impugnado dichas declaraciones y que la contribuyente presentó las declaraciones juradas rectificativas, conformando las observaciones mencionadas, de modo que dicha parte adecuó su conducta a la pretensión fiscal; e) Pues bien, ante la grave contradicción entre lo declarado y la información recolectada por el Fisco (inciso "a" del artículo 47 de la Ley N° 11.683), y el hecho de que se habían consignado datos en tales declaraciones que incidían sobre la determinación de la materia imponible (inciso "b" de la misma norma), era posible presumir la conducta dolosa de la contribuyente; f) A partir de ello, cabía concluir que la declaración jurada inexacta presentada inicialmente por la contribuyente tenía una grave incidencia en la determinación de la materia imponible y, por su parte, la actora no había acreditado ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dicha inexactitud; y g) En tales condiciones, le incumbía a la actora la carga de probar que las inexactitudes en cuestión, aunque relevantes, no habían sido el producto de una conducta intencional sino consecuencia de una omisión imputable a su parte a título de mera negligencia, error excusable o de alguna otra causa eximente de responsabilidad.
Así, la Cámara revocó la sentencia apelada y, ergo, se confirmó la sanción por defraudación aplicada por la AFIP.

2. Procedimiento. Pagos mediante compensación luego rectificados debido a errores materiales involuntarios. Reclamo de los intereses resarcitorios calculados hasta las fechas de las rectificaciones. Pago bajo protesto. Procedencia de la repetición planteada por la actora.
Causa: "Lexmark International de Argentina Inc. Sucursal Argentina C/EN-DGI", Sala IV, 23.2.16.

La señora juez subrogante de la anterior instancia hizo lugar a la demanda interpuesta por la contribuyente con el objeto de obtener la revocación de la resolución fiscal y la devolución de una suma ingresada en exceso y bajo protesto en concepto de intereses resarcitorios.

En cuanto aquí interesa, la representación fiscal apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) La Ley N° 11.683 admitía que la compensación -uno de los modos de extinción de las obligaciones tributarias- podía practicarse de oficio por el organismo fiscal o bien a requerimiento del contribuyente; b) Una interpretación respetuosa de los derechos del contribuyente -que había solicitado oportunamente las compensaciones, aún con errores materiales involuntarios en la confección de las solicitudes (v.gr. consignación de los números de impuesto de destino y origen)- y de los intereses recaudatorios del Fisco Nacional -que tuvo a disposición las sumas compensadas en término-, no podía llevar a colegir válidamente que los efectos de la demora en que incurrió la AFIP al notificar al contribuyente lo resuelto en relación a sus solicitudes de compensación debían ser imputados a la sociedad accionante; c) Máxime si se advertía que, al tomar conocimiento de tales errores involuntarios, la demandante había procedido a su inmediata subsanación a través de la presentación de nuevas solicitudes de compensación;

d) La norma reglamentaria preveía el supuesto en que la solicitud no cumpliera con la totalidad de los requisitos legales y mencionaba como actividad propia del Fisco la emisión de requerimientos a los efectos de la subsanación de los requisitos inobservados; e) Sin embargo, en el caso de autos, tal supuesto no se había verificado; f) Por el contrario, recién cuando la actora presentó la solicitud de certificado fiscal para contratar con el Estado, el Fisco detectó ciertas inconsistencias en la cuenta tributaria de ésta, advirtiendo así los errores consignados en los formularios de compensación presentados; g) En este sentido, no obstante la inacción de la AFIP en relación a la aceptación/rechazo y/o envío de requerimientos a la contribuyente a los fines de la subsanación de las omisiones incurridas en las solicitudes de compensación en pugna, el ente fiscal se había limitado a intimar a la actora al pago de los intereses resarcitorios devengados por los anticipos del impuesto a las ganancias desde el vencimiento de cada período hasta las fechas de presentación de las rectificatorias;

h) La razón de ser de los intereses resarcitorios no era de naturaleza represiva sino que tenía por objeto retribuir la privación del capital de las sumas adeudadas, por lo que, adoptar la posición contraria esgrimida por el Fisco, sería asignarle aquel carácter que la señora juez de la anterior instancia le había negado y consagrar una situación de enriquecimiento sin causa, pues aquél tuvo las sumas a su disposición desde el vencimiento de las declaraciones juradas del IVA cuyos saldos fueron afectados a la cancelación -mediante compensación- de los anticipos del impuesto a las ganancias cuestionados; e i) Por tales motivos, cabía concluir que la actora había cancelado los saldos involucrados en la fecha de la presentación de las solicitudes de compensación -originales-, por lo que no resultaba procedente la exigencia de los intereses devengados por las sumas adeudadas durante el lapso comprendido entre la presentación de dichas solicitudes y las rectificativas aludidas.
Por lo expuesto, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, por ende, se hizo lugar la pretensión de la contribuyente.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Ganancias. Discusión relativa a los plazos de amortización de determinados bienes en el gravamen.
Causa: "Oleoducto del Valle S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 4.12.15.

El contribuyente de tratas apeló el acto administrativo de la AFIP que determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 1999 a 2001 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión prevista en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.

El órgano recaudador, en ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización, interpretó que el recurrente, dedicada principalmente al servicio de transporte por oleoducto (incluye estaciones de bombeo y compresión), impugnó el plazo de amortización de ciertos bienes (oleoductos, estaciones de bombeo y ductos) inferiores al término de la concesión -variando entre 13 (trece) y 18 (dieciocho) años- mientras que el Fisco precisó que el lapso de amortización correcto era de 35 (treinta y cinco años) por ser éste el tiempo de duración de la concesión. En otras palabras, el núcleo del debate estribaba en cuál era el término correcto de amortización de dichos bienes.

El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Pérez, Vicchi y Buitrago, hizo lo siguiente: a) Repasó los antecedentes del caso acorde a la información colectada en la causa;
b) Examinó la normativa aplicable del Impuesto a las Ganancias (artículos 82, inciso f) y 84 de la ley del gravamen) precisando que la determinación de la vida útil de los bienes no surgía de su texto legal debiéndose, concurrentemente, acudirse a otras áreas más específicas; c) Citó otros precedentes jurisprudenciales análogos a esta discusión; d) Puntualizó que, en el supuesto traído a consulta, resultaba necesario remitirse a la opinión de expertos versados en la materia;

e) Se mencionó un informe confeccionado por diversas empresas de consultoría independiente, contratadas por la recurrente al momento de inicio del plazo de concesión, donde se reseñó que el promedio de la vida útil del conjunto de oleoductos era de 18 (dieciocho) años y de las estaciones de bombeo era de 13 (trece) años; f) Expresó que no resultaba lógico seguir computando amortizaciones de bienes por un plazo donde estos ya no tenían vida útil; y g) Se hizo mención al precedente "Oleoducto Transandino Argentina SA C/DGI" del 8.4.08 emanado del Alto Tribunal cuyas consideraciones eran de aplicación a la especie.
Los fundamentos reseñados llevaron al Tribunal competente a revocar el acto administrativo impugnado y, por ello, esta decisión fue favorable al particular.

2. Ganancias e IVA. Incremento patrimonial e injustificado. Falta de prueba idónea para contrarrestar la pretensión fiscal.
Causa: "Preduzzi, Cristian Esteban C/AFIP-DGI", Sala "A", 4.12.15.

El citado contribuyente promovió sendos recursos de apelación contra dos actos administrativos emitidos por la AFIP. En uno de ello, se determinó de oficio la obligación tributaria inherente al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2005 y 2007 y en la otra la obligación fiscal relativa al Impuesto al Valor Agregado por diversas posiciones mensuales de los años 2005 a 2007 inclusive, en ambos supuestos juntamente con sus intereses con más la aplicación de las respectivas multas por omisión previstas en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.

El ente recaudador, en ejercicio de sus facultades legales, detectó que, en la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias por el año 2007, el particular informó un ingreso exento relevante con relación a sus ingresos gravados y, por ello, el contribuyente, luego de recibir el requerimiento de información pertinente, manifestó que dicho ingreso era consecuencia de la venta de dos pinturas al óleo que eran de su propiedad y que habían ingresado a su patrimonio en el año 1995 como corolario de un regalo familiar. Además, señaló que dichos ingresos no provenían de su actividad habitual, derivada del ejercicio profesional de la abogacía, ni se dedicaba, en forma recurrente, a la compra y venta de objetos de arte.

El Fisco le requirió al particular información y la documentación de respaldo con relación a la venta de dichos cuadros habiendo el requerido, por un lado, informado quienes habían sido los compradores (dos personas físicas) y, por el otro, precisado los recibos de pago que avalaban el ingreso de las sumas declaradas exentas por el contribuyente.
Al respecto, el organismo recaudador consideró que: a) No encontró información alguna relativa al autor de los cuadros ni de su existencia; b) Resultaba llamativo que los importes en juego, al ser elevados, fueran documentados a través de recibos simples y sin mediar transferencias y/o depósitos en su cuenta bancaria; d) En (alguno) de los recibos ni siquiera figuraba el número de documento del comprador. Todo estos indicios le permitieron al Fisco estimar que medió un incremento patrimonial injustificado con sustento en el artículo 18 de la Ley Nº 11.683 con la debida proyección en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado.

El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Pérez, Vicchi y Buitrago, hizo lo siguiente: 1) Emitió consideraciones atinentes al instituto establecido en el artículo 18 de la ley ritual; 2) Subrayó que la prueba acompañada por el recurrente no tenía validez como para contrarrestar la posición estatal; 3) Remarcó que las pruebas testimoniales, producidas por el apelante en el transcurso del proceso, no habían sido suficientes como para demostrar la tesitura del contribuyente y, concurrentemente, contrarrestar la presunción fiscal; 4) Citó el precedente "Flores, Miguel A. C/AFIP" del 26.5.14 para fundar su criterio; 5) Dijo que "…si bien la ausencia de resultado alguno sobre el supuesto autor de las obras, que surge de la consulta efectuada en internet por el organismo fiscal, no es un elemento concluyente para decidir en la presente causa, corresponde señalar que tampoco la recurrente aporta dato alguno sobre el citado autor…"; y 6) Redujo las multas de omisión aplicadas basadas en la falta de antecedentes sumariales del particular y en la ausencia de una fundamentación concreta por parte del funcionario interviniente.
Los motivos reseñados llevaron al Tribunal competente a confirmar -mayoritariamente- los conceptos vertidos en los actos administrativos apelados y, por lo tanto, se aceptó el temperamento propiciado por la AFIP.

3. Procedimiento. Incidente de oposición al pago de la tasa de actuación.
Causa: "Grupo Plaza de Inversión S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 2.3.16.

El contribuyente del epígrafe se opuso al pago de la tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación dispuesta por la Ley N° 25.964 y, por ello, se promovió el respectivo incidente.
El recurrente, en aras de sustentar su posición concisamente, hizo lo siguiente: 1) Explicó, con carácter preliminar, el instituto jurídico de la tasa; 2) Dijo que el hecho de exigir su pago previo para acceder ante el Tribunal Fiscal restringía el derecho de defensa del contribuyente siendo ello, por añadidura, inconstitucional; 3) Esbozó la falta de correspondencia entre el monto de la susodicha tasa y el costo del servicio; 4) Arguyó que la existencia de la tasa desalentaba la jurisdicción del citado Tribunal; 5) Expresó que la situación reseñada era contraria a importantes principios constitucionales propios de la materia tributaria.
El eje del debate estuvo dado en la procedencia (o no) del pago de la tasa instituida por la Ley Nº 25.964 en la presente hipótesis.

Al respecto, el Tribunal competente, con el voto de los Dres. Buitrago y Pérez, hizo lo siguiente: 1) Sostuvo la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la tasa de marras por mediar la restricción del artículo 185 de la ley ritual; 2) Afirmó que el Alto Tribunal, en antiguos precedentes (Fallos 201:557 y 262:597), esgrimió la validez de la tasa en la medida en que no sean confiscatorias porque, en tal caso, ello implicaba transgredir el derecho de defensa y el derecho de propiedad del litigante; 3) Enfatizó que, en la especie, el particular no probó la confiscatoriedad alegada; 4) Apuntó que, para la viabilidad de la tasa, no era necesaria la efectiva prestación del servicio sino, muy por el contrario, sí la existencia de una organización que esté en condiciones de prestar el servicio que originó la imposición; 5) Precisó que la razonabilidad del monto de la tasa no era una relación matemática entre su costo y la obligación a abonar debiéndose sopesar el caso en concreto; 6) Remarcó que la prueba ofrecida por el incidentista no demostró la imposibilidad de poder pagar la mencionada tasa;

7) Citó distintos precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala 2, en autos "Nueva Esperanza C/AFIP" del 18.12.12; Sala 5, in re "Agro World Export SRL C/AFIP" del 31.5.12) donde se señaló que la opción de recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación era optativa (y no obligatoria); 8) Puntualizó que el destino de lo recaudado, en concepto de la tasa prevista en la Ley Nº 25.964, tenía un carácter presupuestario (y no tributario); y 9) Aseveró, apoyándose en un fallo del máximo Tribunal denominado "Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de C/Estado Nacional s/nulidad de decreto-incidente de tasa de justicia" del 7.7.98, que "…no es censurable que para la determinación de la tasa se tenga en cuenta la capacidad tributaria del beneficiario del servicio, la que se presume por el monto del pleito o interés económico jurídicamente comprometido…".
Las causas apuntadas llevaron al Tribunal competente a desestimar el planteo formulado no admitiéndose, por consiguiente, la tesitura del contribuyente.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es:
daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina