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Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Impuesto sobre los Bienes Personales. Ajustes vinculados a automóviles. Procedencia del reclamo fiscal. Reencuadre y reducción de la multa aplicada.
Causa: "Fernández, Emilio C/DGI", Sala III, 8.9.15.

El Tribunal administrativo confirmó la determinación del Impuesto sobre los Bienes Personales -períodos 2001 y 2002-, así como la multa impuesta en los términos del artículo 46 de la Ley N° 11.683, graduándola en el mínimo legal.
La parte actora apeló dicha decisión y, a su vez, la Cámara determinó en su fallo que: a) En lo concerniente a la valuación de uno de los automóviles en cuestión, aun cuando se considerase que las partes se encontraban conformes en la aplicación de la tabla elaborada por el Fisco de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 inciso "b" de la ley del impuesto, lo cierto era que en la causa no se había producido ninguna prueba que demostrase el error del valor utilizado por la AFIP ni la procedencia del pretendido por el recurrente; b) Al respecto, cabía observar que el actor no explicaba de dónde surgía el valor que pretendía asignarle al rodado involucrado, valía decir, no se había acompañado la tabla correspondiente ni tampoco arrimado elemento alguno a fin de determinar el modelo exacto del vehículo; c) Análogas consideraciones merecían ser hechas con respecto al ajuste relativo a otro de los rodados ya que no se contaba en la causa con la tabla para la determinación de su valor ni su modelo exacto, elementos necesarios a fin de conocer si, efectivamente, había sido erróneamente valuado; d) A su vez, con relación a otros dos rodados respecto a los cuales el recurrente manifestaba que no pertenecían a su patrimonio -el primero por haber sido enajenado, el segundo por pertenecer a su hijo-, resultaba acertada la decisión del Tribunal Fiscal de ponderar la falta de inscripción registral de las transferencias de dominio invocadas, en los términos de los artículos 1º y 2º del Decreto N° 6582/58 (t.o. Decreto N° 1114/97 y sus modif.), a fin de su inoponibilidad al Fisco; e) Sobre el particular, y para rechazar tal agravio, bastaba con señalar que el principio de la realidad económica no podía conducir a desvirtuar lo establecido específicamente por las normas legales ya que lo contrario afectaría el principio de reserva o legalidad y supondría paralelamente un serio menoscabo a la seguridad jurídica; y f) En cuanto a la multa aplicada, toda vez que no se advertía evidencia alguna que justificara presumir la existencia de conducta fraudulenta por parte del contribuyente, aunque sí la omisión de impuestos a la que se refería el artículo 45 de la Ley N° 11.683, resultaba procedente el reencuadre de la conducta en esta última norma, reduciéndola al mínimo legal.
Así, la Cámara confirmó el decisorio respecto al gravamen en discusión y lo revocó en relación a la multa impuesta, la que quedó reencuadrada y reducida conforme lo analizado.

2. Procedimiento. Notificación de la resolución fiscal mediante carta certificada con aviso de retorno. Planteo de extemporaneidad del recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal. Derecho de defensa en juicio. Se declaró la procedencia formal del recurso interpuesto.
Causa: "Gasme SRL y otro C/DGI", Sala V, 11.2.16.

El Tribunal inferior hizo lugar a la excepción planteada por el Fisco Nacional y declaró la improcedencia formal del recurso de apelación interpuesto por la contribuyente contra la multa que le fuera impuesta en relación al IVA, en los términos de los artículos 46 y 47 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y modif.).
Para decidir de tal modo, dicho Tribunal sostuvo que: a) El recurso de apelación fue interpuesto de modo extemporáneo porque la resolución recurrida había sido notificada en los términos previstos en el artículo 100 inciso "a" de la Ley N° 11.683 por medio de la carta certificada con aviso de retorno que fue recibida por una empleada de la actora el 20.5.13; b) En consecuencia, el plazo para la interposición de dicho recurso vencía a los 15 días de notificada la resolución cuestionada (artículo 166 de la Ley N° 11.683) por lo que la impugnación planteada el 30.10.13 fue deducida fuera de término; y c) Por otra parte, de las constancias del expediente administrativo adjuntado a la causa, resultaba que el 17.5.13 dos funcionarios de la AFIP habían dejado constancia de haber ensobrado la resolución en cuestión para su notificación y, además, que el número de oblea adherida al acto administrativo era coincidente con el número de aviso de retorno correspondiente, por lo que la notificación era válida y cumplía con los requisitos dispuestos por la ley.
La parte actora apeló ese decisorio y, por su lado, la Cámara estableció en su sentencia que: a) En primer lugar, cabía señalar que lo dispuesto por el artículo 100 inciso "a" de la Ley N° 11.683, con relación a que "el aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación, siempre que la carta haya sido entregada en el domicilio del contribuyente, aunque aparezca suscripto por un tercero", debía ser razonablemente interpretado de manera concordante con los principios generales establecidos en los artículos 41, 43 y siguientes, del Decreto N° 1759/72 del PEN, modificado por el Decreto N° 1883/91 del PEN, reglamentario de la Ley N° 19.549, y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la medida en que resultaren pertinentes; b) En tal sentido, cuadraba advertir que los requisitos y formalidades con que se cumplía el acto de notificación, debían garantizar la posibilidad efectiva de ejercer el derecho de defensa en juicio; c) De acuerdo con el artículo 41 del Decreto N° 1759/72 aludido, las notificaciones podían realizarse por cualquier medio que diera certeza de la fecha de recepción del instrumento en el lugar que correspondiera, así como del contenido del sobre cerrado utilizado al efecto; y d) Consecuentemente, no era aceptable que la mera firma del aviso de entrega del sobre cerrado por parte de "un tercero" (cualquiera fuera esta persona) constituyera por sí misma una prueba suficiente de que el interesado había recibido el sobre conteniendo el instrumento de notificación.
En definitiva, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y dejó sin efecto la sentencia cuestionada y, por lo tanto, se ordenó el reenvío de las actuaciones para que el Tribunal Fiscal se pronunciara nuevamente sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el interesado.

3. Procedimiento. Pedido de devolución de intereses resarcitorios abonados mediante compensación y bajo protesto por la contribuyente. Análisis sobre el cálculo y modo de cómputo de los mismos. Procedencia del reclamo fiscal.
Causa: "Alto Palermo S.A. (APSA) C/EN-AFIP-DGI", Sala III, 11.2.16.

El Juez de Primera Instancia hizo lugar, parcialmente, a la acción interpuesta por la actora a través de la cual discutía la procedencia del reclamo de la AFIP en concepto de intereses resarcitorios con respecto al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2004, así como su devolución por haber sido abonados bajo protesto.
Para decidir de tal modo, dicho Juez manifestó en su sentencia que: a) La solicitud de compensación producía efectos desde el momento de su presentación, si ésta observaba todos los requisitos exigidos o, en caso contrario, desde que se verificara el cumplimiento total de ellos (Resolución General 1658, artículo. 78), por lo que la obligación del contribuyente frente al Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2004, se había extinguido recién el 27.4.09 al compensar el saldo adeudado; b) De allí que resultaba improcedente la demanda con respecto a los intereses adeudados desde el vencimiento del ejercicio (8.11.04) hasta la cancelación por compensación (27.4.09); c) No obstante, cabía admitir la demanda con respecto a los intereses resarcitorios reclamados con posterioridad a la solicitud de compensación, pues no correspondía que se devengasen intereses por una suma que ya se encontraba en poder de la AFIP; d) Tal criterio se sustentaba en que el objeto de los intereses era retribuir la privación del capital, además no se había configurado la mora que requería el artículo 37 de la Ley N° 11.683 por lo que el cálculo efectuado vulneraba la garantía de razonabilidad establecida en el artículo 28 de la Constitución Nacional.
La representación fiscal apeló ese decisorio sosteniendo, en esencia, que: a) Los intereses posteriores al 27.4.09 respondían al párrafo quinto del artículo 37 de la Ley N° 11.683, valía decir, a los intereses correspondientes a la deuda principal pero que, al no ser cancelados junto a ella, se habían transformado en capital devengando sus propios intereses; y b) En el régimen de la Ley N° 11.683, la mora se producía en forma automática por el sólo vencimiento de los plazos para el pago y sin necesidad de requerimiento previo por parte del Fisco.
Por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Según surgía de la prueba aportada a la causa, la contribuyente había presentado la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período 2004 con saldo a pagar "cero"; b) Posteriormente, el 27.4.09 rectificó su declaración del impuesto con resultado a favor de la AFIP, presentando en la misma fecha solicitud de compensación con el saldo a su favor de la declaración jurada rectificativa del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (procedente de anticipos), que había sido aceptada por el organismo recaudador quien, a su vez, liquidó intereses resarcitorios desde el vencimiento del período 2004 (8.11.04) hasta la fecha de solicitud de la compensación y desde dicho momento hasta la intimación de pago (11.11.10); y c) Toda vez que la solicitud de compensación fue presentada por el capital adeudado en concepto de Impuesto a las Ganancias período 2004 pero sin incluir suma alguna en concepto de intereses y en la medida en que por expresa disposición del artículo 37 de la Ley N° 11.683, ellos eran debidos y resultaba claro que la liquidación practicada por el Fisco se ajustaba a derecho y que los intereses resarcitorios reclamados con posterioridad a la solicitud de compensación eran procedentes.
Por lo expuesto, la Cámara revocó parcialmente la sentencia apelada y, por ende, se rechazó íntegramente la demanda interpuesta por la contribuyente.

4. Monotributo. La causal de exclusión del Régimen Simplificado produce efectos desde el momento de su acontecimiento. Se avaló la postura del Fisco.
Causa: "Carlen, Horacio Alberto C/EN-AFIP-DGI", Sala V, 10.3.16.

El Juez de Primera Instancia rechazó la demanda interpuesta tendiente a que se revocaran los actos administrativos que habían excluido al actor del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).
Para así decidir, dicho Juez entendió que: a) Ambas partes eran coincidentes en que al actor no le eran aplicables las disposiciones del Régimen Simplificado motivo por el cual se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto al Valor Agregado; b) Sin embargo, la discrepancia de posturas radicaba en el momento en que había acontecido el hecho generador de la exclusión del actor del Régimen señalado; c) El artículo 24 del Decreto 885/98 del PEN (reglamentario de la Ley N° 24.977 por la que se había aprobado el Régimen involucrado) era claro en cuanto a que la exclusión del contribuyente operaba desde el mes en que se había configurado la causal prevista en la norma; d) Ello había acontecido en el momento en que el actor percibió sus honorarios profesionales en el mes de diciembre de 2001 por sumas superiores al tope anual establecido en el Régimen Simplificado; y e) En consecuencia, los importes cobrados se encontraban alcanzados por los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (período fiscal 12/01) y, por ende, los actos cuestionados debían ser confirmados.
El actor apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) No se encontraba controvertido que el Sr. Carlen había percibido honorarios profesionales en una causa judicial; b) Por tal motivo, la autoridad administrativa había excluido al contribuyente del Régimen Simplificado en tanto que sus ingresos anuales habían superado el límite pecuniario establecido en el artículo 7º del anexo de la Ley N° 24.977 y sus modificatorias debiendo entonces cumplir con sus obligaciones impositivas según los regímenes generales a partir de diciembre de 2001; c) En tales condiciones, se advertía que a diferencia de lo pretendido por el recurrente, la causal de exclusión del Régimen Simplificado producía efectos jurídicos desde el momento en que acontecía, valía decir, en la fecha en que el contribuyente superaba el monto de ingresos brutos previsto en la norma (conf. artículo 23 de la Ley N° 24.977) y no a partir del mes siguiente a que tal hecho habría sucedido; y d) Por consiguiente, la exclusión determinada por el organismo recaudador resultaba ajustada a derecho, ya que había sido dispuesta desde el mes en que ocurrió el hecho generador, que en el caso había tenido lugar en diciembre de 2001 (conf. artículo 24 del Decreto 885/98).
Por lo expuesto, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, ergo, se convalidó el criterio fiscal.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

1. Procedimiento. Excepción de incompetencia en razón del monto. Falta de conexidad entre dos actos administrativos.
Causa: "Widmer, María Gabriela C/AFIP-DGI", Sala "D", 11.11.15.

La referida contribuyente apeló dos actos administrativos emanados de la AFIP-DGI. En uno de ellos, se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto sobre los Bienes Personales junto con sus accesorios (por un importe inferior a $ 25.000) y, en el restante, se determinó de oficio la obligación fiscal concerniente al Impuesto a las Ganancias juntamente con sus intereses (por un importe superior a $ 25.000).
En este caso, el recurrente interpretó que, dada la conexidad jurídica existente entre ambas resoluciones fiscales, se habilitaba la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación por los dos actos administrativos recurridos mientras que el ente impositor estimó que únicamente era competente el Tribunal de marras para resolver la resolución superior a $ 25.000.
En este marco, la autoridad recaudadora opuso la excepción de incompetencia con relación al acto administrativo relativo al reclamo del Impuesto sobre los Bienes Personales, por ser inferior a $ 25.000 (importe mínimo que habilitaba su competencia) y, por ende, el foco de la disputa estuvo dado en si el Tribunal Fiscal de la Nación era competente para resolver ambos actos administrativos (postura del contribuyente) o, muy por el contrario, solamente podía dirimir el acto administrativo que superaba dicho importe legal (tesitura del Fisco Nacional).
El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Gómez y Magallón, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: a) Examinó, en forma detallada, el artículo 159 de la Ley N° 11.683 que establece la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación; b) Citó otros precedentes jurisprudenciales para respaldar su posición (a saber: TFN, en pleno, en la causa "Sava S.A. C/DGI" del 29.5.89; TFN, Sala "D", en autos "Gaviglio, Alberto y Gaviglia, Enrique C/AFIP" del 12.3.99; CNACAF, en los antecedentes "Urman, Benjamín C/DGI" y "Venturi Hermanos C/DGI" del 19.11.93 y 22.9.94 respectivamente); c) Estimó que, a los fines de determinar su competencia, debía considerarse, en forma individual y separada, cada uno de los actos administrativos recurridos; y d) Enfatizó que la competencia no se presume sino, contrariamente, es de orden público al provenir de una ley siendo indisponible para el órgano judicial y las distintas partes litigantes.
Los motivos reseñados llevaron al Tribunal competente a admitir la excepción de incompetencia planteada por el Fisco Nacional con relación al acto administrativo con una pretensión inferior al mínimo legal ordenándose la remisión de las actuaciones al Fisco Nacional para imprimirle el trámite correspondiente y, consecuentemente, este pronunciamiento fue adverso a los intereses del particular.

2. Infraccional. Improcedencia de una multa por omisión frente a una declaración jurada rectificativa realizada por el contribuyente.
Causa: "Wal Mart Argentina C/AFIP-DGI", Sala "A", 17.11.15.

El contribuyente del epígrafe recurrió el acto administrativo de la AFIP que le aplicó una multa con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
En este supuesto, el ente recaudador, en el marco de su labor de fiscalización, esgrimió que el apelante omitió pagar el Impuesto al Valor Agregado del período fiscal enero de 2010 puesto que detectó que el CAI correspondiente a una factura del 25.1.10 emitida por "Desarrollos Inmobiliarios de Luján S.A." era inválida no correspondiendo, consecuentemente, su cómputo a tenor del artículo 41 de la Resolución General N° 100 de la AFIP.
Tal situación fue puesta a disposición del recurrente y éste inmediatamente presentó su primer declaración jurada rectificativa y disminuyó el crédito fiscal e ingresó la diferencia resultante en concepto de intereses resarcitorios.
Esta conducta del particular, a juicio del ente impositor, ameritaba la procedencia de la sanción establecida en el artículo 45 de la ley ritual en tanto que Wal Mart Argentina SA se opuso a dicha postura por entender que no se verificaban, en esta hipótesis, los recaudos necesarios para su viabilidad.
El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Buitrago, Pérez y Vicchi, hizo lo siguiente: 1) Examinó el instituto de omisión de impuestos implementado por el artículo 45 de la Ley N° 11.683; 2) Citó dos precedentes del Alto Tribunal tendientes a avalar su posición (a saber: "Mera, Miguel A. (TF 27.870-I) c/DGI" y "Ferreti, Félix Eduardo (TF 22.751-I) c/DGI" del 19.3.14 y 10.3.15 respectivamente); 3) Precisó que, en la especie, el Fisco enfocó su criterio en cuestionar el cumplimiento de las obligaciones formales pero, de ninguna manera, se objetó la existencia de la operación con el proveedor de la apelante; 4) Señaló que el propio Fisco, en el informe final de inspección, puntualizó que el proveedor del recurrente, en el período discutido, emitió las facturas respectivas que contenían el pertinente débito fiscal; 5) Remarcó que la apelante tenía razón en cuanto a la procedencia del cómputo de crédito fiscal del IVA referido a la factura objetada pero ello no se encontraba alcanzada en esta controversia en virtud de la declaración jurada rectificativa presentada por el impugnante; y 6) Coligió que, en función de la normativa en juego y las circunstancias fácticas del caso, no se le podía atribuir al particular una omisión culposa.
En síntesis, el Tribunal interviniente decidió dejar sin efecto la multa aplicada por el órgano recaudador y, por ello, esta decisión fue favorable al contribuyente.

3. Impuesto a las Ganancias. Improcedencia de la retención del gravamen en un supuesto de pago como consecuencia de una desvinculación laboral.
Causa: "Filosa, Alfredo Oscar C/AFIP-DGI", Sala "B", 23.11.15.

El particular articuló el pertinente recurso de apelación como consecuencia de la falta de respuesta por parte de la autoridad recaudadora a un reclamo administrativo previo de repetición en el Impuesto a las Ganancias.
El recurrente, persona física que se desempeñaba como empleado en relación de dependencia, fue despedido, en su momento, por su empleador (Shell CAPSA) y, por ello, percibió una indemnización laboral compuesta de dos conceptos diferentes denominados "Pago Graciable" que fueron objeto de una retención del Impuesto a las Ganancias.
De la causa se desprende que el eje de la controversia estuvo dado en que los mencionados conceptos, como partes integrantes de la indemnización abonada, fueron objeto de una retención del Impuesto a las Ganancias y, por ende, tal retención, a juicio del reclamante, no estaba alcanzada por el referido gravamen configurándose, de esta manera, un enriquecimiento sin causa para la AFIP-DGI que dio origen a las acciones pertinentes en sede administrativa.
El Tribunal competente, con el voto unánime de los Dres. Magallón y Pérez, hizo lo siguiente: 1) Se apoyó principalmente el precedente "Negri, Fernando Horacio C/EN" del 15.7.14 emanado del Alto Tribunal; 2) Señaló que, en la especie, los conceptos reclamados carecían de los recaudos de periodicidad y permanencia de la fuente necesarias y que son exigidas por la legislación aplicable, en particular, el artículo 2º, inciso 1º, de la ley del gravamen; 3) Invocó profusa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("De Lorenzo, Amelia" del 17.6.09; "Cuevas, Luis" del 30.11.10), de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala 2, en autos "Quaranta Duffy Héctor Julio C/DGI" del 22.5.12; Sala 4, en el precedente "Ediciones B Argentina SA" del 23.3.10) y del Tribunal Fiscal de la Nación (Sala "B", en autos "Ricciardi Ricardo Alberto C/AFIP" del 26.9.13; Sala "A", en la causa "Imbellone Oscar A. C/AFIP" del 15.9.11) tendientes a convalidar su tesitura; y 4) Señaló que en esta hipótesis los conceptos retenidos carecían de la exigencia de la periodicidad y permanencia de la fuente necesaria a tenor de la ley de gravamen.
Las causas apuntadas llevaron al Tribunal competente a admitir el recurso por retardo de repetición promovido juntamente con sus accesorios hasta el momento de su efectivo pago con costas y, por consiguiente, se le concedió la razón al reclamante.

4. IVA y Ganancias. Momento de inscripción en los tributos al superar los límites fijados para un contribuyente monotributista.
Causa: "López Delzar, Néstor Raúl C/AFIP-DGI", Sala "C", 30.12.15.

El mentado contribuyente impugnó los actos administrativos emitidos por la AFIP-DGI. En uno de ellos, se determinó de oficio la obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el período fiscal diciembre de 2015 y, en el otro, se determinó de oficio la obligación fiscal del Impuesto a las Ganancias por el año fiscal 2015 y, en ambos casos, se reclamaron los intereses resarcitorios con más la aplicación de sendas multas por omisión fundadas en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
Vale aclarar que el recurrente, persona física, es un profesional independiente que ejerce la abogacía. En esta hipótesis, el particular percibió el 21.12.05 una significativa regulación judicial como consecuencia de su intervención profesional en un proceso falencial en la Justicia Civil y Comercial de la Ciudad de Gualeguaychú (Provincia de Entre Ríos).
En su momento, el particular estaba inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y, como corolario de la percepción de dicha regulación judicial, se excluyó del mismo por internet a partir de enero de 2006.
Naturalmente, el ente recaudador manifestó su disenso con el citado criterio puesto que, a su juicio, la inscripción en los regímenes impositivos generales operaba a partir de diciembre de 2005 (y no así desde enero de 2006).
En otras palabras, el núcleo del conflicto estuvo dado en el momento en que el recurrente, al superar los topes de facturación delimitados por el régimen de monotributo, debía inscribirse en el régimen general y, al respecto, el Fisco Nacional interpretó que dicha inscripción operaba en el mismo mes de la percepción de la regulación judicial (diciembre de 2005) mientras que el contribuyente sostuvo que era a partir del mes inmediatamente posterior a la mencionada regulación (enero de 2006).
El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Gómez, Vicchi y Urresti, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Examinó, en forma pormenorizada, los antecedentes fácticos del problema; b) Subrayó que, entre las partes litigantes, no había discrepancias en que la actividad del recurrente era el ejercicio de la profesión de abogado y que el hecho disparador de la modificación de la situación tributaria era la percepción de una regulación judicial en un proceso falencial; c) Analizó cuidadosamente el régimen normativo en juego; d) Invocó un precedente del Tribunal de Alzada (CNACAF, Sala 4, en autos "Ferreiro, Carlos A. C/DGI" del 13.9.01) donde se puntualizó que el régimen simplificado (monotributo) era un gravamen mensual cuyo cómputo era por mes completo; d) Señaló que tal situación, corroboraba que el parámetro necesario para saber si se estaba dentro o fuera del régimen de monotributo, era la facturación la que empieza a regir a partir del mes siguiente donde se superaba dicho tope; e) Resaltó que el Fisco, en los actos administrativos impugnados, no proporcionó una explicación fundada y clara que avalara su pretensión; f) Concluyó que la postura estatal no tenía asidero lógico siendo razonable el criterio seguido por el contribuyente.
En síntesis, los fundamentos expuestos llevaron al Tribunal competente a revocar el acto administrativo objetado y, por lo tanto, esta sentencia fue contraria al criterio esgrimido por la AFIP.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina