Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
DÓLAR
/
MERVAL

Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Procedimiento. Intimaciones de pago por deducción improcedente de beneficios promocionales. Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación.
Causa: "La Bella S.A. C/DGI", Sala IV, 10.9.15.
El Tribunal administrativo declaró de oficio su incompetencia para entender en la presente causa. Para decidir así, consideró que: a) La actora revestía la condición de empresa promovida en los términos de la Ley N° 22.021 y sus modificaciones, con cuenta corriente computarizada del costo fiscal teórico del beneficio de exención del Impuesto a las Ganancias o del que lo complementase y/o lo sustituyese; b) Los actos apelados no tenían naturaleza determinativa dado que el accionar del Fisco se había limitado a considerar los hechos imponibles declarados por la contribuyente y a constatar el incumplimiento de los requisitos exigibles para el efectivo goce de los beneficios del régimen promocional; c) El Fisco no había realizado ningún acto tendiente a establecer la configuración de los presupuestos de hecho de las obligaciones ni la medida de lo imponible de cada una de ellas; y d) Dicha circunstancia impedía encuadrar los actos administrativos en los supuestos previstos en el artículo 159 de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) y, por lo tanto, determinaba su incompetencia para entender en el asunto.
La parte actora apeló dicha decisión y, a su vez, la Cámara determinó en su fallo que: a) Se discutía en autos la competencia del Tribunal inferior para entender en tres resoluciones de la AFIP que intimaban a la actora el pago de importes en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta correspondiente a los períodos 2006 a 2008 bajo apercibimiento de proceder al cobro judicial de lo adeudado; b) Según constaba en tales intimaciones, la contribuyente había realizado una deducción improcedente de beneficios promocionales en las declaraciones juradas del gravamen y períodos mencionados; c) La circunstancia de no haber cumplido la AFIP con el trámite de determinación de oficio establecido en la Ley N° 11.683 no obstaba a la competencia del Tribunal Fiscal en la materia habida cuenta de que ante él podían oponerse las defensas que no se había tenido oportunidad de utilizar en sede administrativa, entre ellas -si procediere-, la nulidad del procedimiento seguido; d) De no ser así, la Administración podría eludir la competencia del Tribunal Fiscal mediante el simple arbitrio de no seguir el procedimiento establecido en las leyes aplicables; e) En el caso de autos, si bien no se había recurrido al procedimiento previsto en el artículo 16 y siguientes de la Ley N° 11.683 los actos por los cuales se intimaba a la actora al pago del tributo importaban verdaderas determinaciones de la obligación tributaria a cargo de la contribuyente ya que, por medio de dichas intimaciones, la AFIP impugnaba las declaraciones juradas de la empresa recurrente al considerar que, al contrario de la exención exteriorizada por ésta, existía materia gravada respecto al gravamen y períodos aludidos; f) En efecto, era evidente que la verificación y cuantificación del tributo realizada constituía un indiscutible procedimiento determinativo del impuesto toda vez que los actos apelados contenían la individualización de la contribuyente, monto y elementos que permitían precisar la pretensión fiscal por lo que cabía reconocerles el carácter de determinación de oficio y no de una simple intimación de pago de los ajustes fiscales; g) Bastaba analizar el recurso interpuesto por la actora para advertir que éste no contenía un simple cuestionamiento del aspecto cuantitativo del acto administrativo sino que lo que se criticaba -y ello constituía el objeto principal del planteo- era la procedencia misma del gravamen que se decía adeudado; y h) Ello era así porque el acto administrativo apelado no contenía una simple intimación por diferencias resultantes de cómputos contra el impuesto, de retenciones, de saldos a favor, o pagos a cuenta, sino un verdadero ajuste sobre el referido impuesto.
Así, la Cámara revocó la sentencia apelada y, en consecuencia, se dispuso que el Tribunal Fiscal reasumiera la jurisdicción que había declinado.

2. Impuesto a las Ganancias. Procedencia de la aplicación al caso del ajuste por inflación.
Causa: "San Juan S.C.A. C/DGI", Sala IV, 27.10.15.
El Tribunal inferior resolvió confirmar el acto apelado en cuanto determinaba impuesto e intereses resarcitorios y revocar la multa aplicada.
Para decidir de tal modo, dicho Tribunal en esencia sostuvo: a) A fin de resolver la cuestión ventilada en autos, se debía estar al precedente "Candy" (Fallos 332:1571) en el cual, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme las pruebas de la causa, había entendido que el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el ajuste por inflación resultaba confiscatorio en tanto representaba más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables, también ajustadas por inflación; b) El peritaje contable adolecía de serios vicios que le quitaban virtualidad probatoria toda vez que el libro Inventario y Balance nº 1 había sido extraviado y denunciado, circunstancia que impedía observar la transcripción de los Estados Contables correspondientes al período 2002 y dificultaba la conformación de un Estado de Situación Patrimonial y de Resultados, incidiendo en los posteriores cálculos efectuados en base a dicho concepto (resultado real e impositivo del ejercicio 2002 y su comparación con el patrimonio de explotación, etc.); c) Ello así, correspondía confirmar el ajuste efectuado por la AFIP en cuanto había determinado impuesto; y d) En atención a la complejidad de la cuestión sustancial en conflicto y dadas las distintas interpretaciones que podrían haber generado en la contribuyente la convicción errada de haber actuado conforme a derecho, se encontraba configurada una causal exculpatoria y correspondía revocar la sanción impuesta.
Ambas partes apelaron ese decisorio y, por su lado, la Cámara estableció en su sentencia que: a) Este Tribunal había admitido en diversos pronunciamientos que las normas que suspendían el ajuste impositivo por inflación podían provocar efectos confiscatorios respecto de ciertos contribuyentes y para el Impuesto a las Ganancias en la medida en que lograsen acreditar los extremos tenidos en cuenta por el Máximo Tribunal en la causa "Candy"; b) El Alto Tribunal había fallado en numerosas causas vinculadas con la aplicación del ajuste por inflación en las que tuvo por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, según el criterio establecido en "Candy", sobre la base de los instrumentos acompañados por la actora en cada caso y, en especial, tomando en consideración las conclusiones de peritajes contables; c) Además, la Corte había desestimado en otros tantos casos la configuración de ese agravio, con la remisión a la doctrina sentada en el precedente "Santiago Dugan Trocello" (Fallos 328:2567), por la circunstancia de no haberse producido en esos autos pericia contable, y resultar insuficiente la documentación confeccionada y presentada en forma unilateral por las accionantes, aunque estas incluyeran un informe o certificación de contador público; d) El Tribunal Fiscal y la AFIP habían restado eficacia probatoria a la pericia contable, fundamentalmente, sobre la base de considerar que el profesional actuante por el Fisco Nacional no había podido auditar los datos que surgían de la documentación presentada por la actora; e) Por el contrario, cabía asignar pleno efecto convictivo a las aseveraciones del experto designado a propuesta de la actora, el cual se generaba cuando el peritaje aparecía fundado en principios técnicos propios de la ciencia involucrada; f) No habiendo sido eficaz ni debidamente rebatida la pericia, y no existiendo otra prueba que la desvirtuara, la sana crítica aconsejaba la admisión de sus conclusiones; y g) En función de lo expuesto se concluía que, si no se aplicaba el ajuste por inflación en el período 2002, el impuesto determinado en cabeza de la actora resultaba confiscatorio.
En definitiva, la Cámara revocó el pronunciamiento del Tribunal Fiscal en cuanto confirmó la determinación de oficio practicada por la AFIP y los intereses resarcitorios reclamados y lo confirmó en cuanto revocó la multa aplicada y, por ende, se rechazó en su totalidad la pretensión del Fisco.

3. Impuesto a las Ganancias. Cobro de honorarios en una causa judicial por actuación como perito contador con Bonos de Consolidación. Los intereses devengados y las diferencias de tipo de cambio se encuentran exentos.
Causa: "Montero, Abelardo C/DGI", Sala II, 3.11.15.
El Tribunal administrativo revocó la resolución fiscal mediante la cual se había determinado de oficio el Impuesto a las Ganancias del período 2003, liquidado el impuesto y los accesorios, e impuesto una multa equivalente al 70% del tributo dejado de ingresar, en los términos de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
Para resolver del modo indicado, el Tribunal Fiscal consideró que: a) El origen del cargo era la percepción por parte del contribuyente en el período 2003 de Bonos de Consolidación los que derivaban de su actuación profesional como perito contador en una causa judicial; b) El contribuyente había imputado la suma regulada en concepto de honorarios como renta de cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias mientras que los montos correspondientes a diferencias de tipo de cambio como así también los intereses devengados fueron considerados como exentos en dicho gravamen; c) La AFIP sostenía que el interés devengado hasta la fecha de emisión de los títulos públicos en moneda nacional era ganancia gravada en el período fiscal en que se produjera su percepción; d) Asimismo, el Fisco consideraba que las diferencias de cambio generadas por los bonos hasta el momento de la pesificación constituían renta comprendida en la órbita del tributo en la inteligencia de que no procedía la dispensa establecida en el inciso "v" del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias; e) Por el contrario, tanto los intereses como las diferencias de cambio generadas por los Bonos de Consolidación se encontraban exentos en el impuesto a las ganancias, en atención a la remisión expresada en el artículo 24 de la Ley N° 23.982 -Consolidación de Deudas en el Estado Nacional-, a la Ley N° 23.576 -Régimen de Obligaciones Negociables-, con la modificación de la Ley N° 23.962, a cuyo artículo 36 bis remitía la ley de Consolidación de Deudas; f) En este sentido, la Ley N° 23.576 era clara al eximir de gravamen a los intereses, actualizaciones y ajustes de capital siendo que todo aquello que no representase capital original no era otra cosa que una actualización, un ajuste o un interés de la obligación materializada en el bono; y g) Con relación a la pretensión del Fisco referida a la aplicación al caso de lo establecido en el artículo 8º del Decreto Reglamentario de la ley del impuesto, admitir que los importes originados en los títulos públicos constituían una "ganancia indirecta", prevista en la norma general, no impedía la configuración de una exención tributaria específica para los intereses, actualizaciones y ajustes de capital de los títulos públicos, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 20 inciso "k" de la Ley del Impuesto a las Ganancias, 24 de la Ley N° 23.982, 36 y 36 bis de la Ley N° 23.576.
En cuanto aquí interesa, la representación fiscal apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) El principal argumento sobre el cual se apoyaba la decisión del Tribunal Fiscal era que tanto los intereses como las ganancias, actualizaciones y ajustes de capital, incluidas las diferencias de tipo de cambio, generadas por los Bonos de Consolidación se encontraban exentos en el Impuesto a las Ganancias en atención a la remisión expresada en el artículo 24 de la Ley N° 23.982, a la Ley N° 23.576, con la modificación de la Ley N° 23.962, a cuyo artículo 36 bis remitía la Ley de Consolidación de Deudas que complementaba el artículo 20 inciso "k" de la Ley del Impuesto a las Ganancias; b) Ello de acuerdo con la interpretación efectuada en un precedente jurisprudencial de la Sala III de esta Cámara ("Kaprivka" del 21.3.13), que se encontraba firme y cuyos términos y alcance se compartían y resultaban aplicables al caso; c) Tal línea argumental no había logrado ser refutada por la demandada a tenor de las manifestaciones vertidas en su escrito recursivo; y d) En definitiva, los argumentos utilizados por el Fisco Nacional, sustentados en disposiciones, reglamentaciones y criterios extraídos de una ley formal general -Ley N° 20.628 del Impuesto a las Ganancias-, devenían improcedentes frente a la existencia de otra norma de idéntica jerarquía que resultaba posterior en el tiempo y de mayor especificidad -Ley N° 23.982-.
Por lo expuesto, la Cámara confirmó el pronunciamiento recurrido en el aspecto tratado y, consecuentemente, se rechazó la postura fiscal.

4. Procedimiento. Repetición. Falta de acreditación de demora injustificada por parte del Fisco. Rechazo de la acción de amparo interpuesta.
Causa: "Rodríguez, Pedro Alejandro C/ DGI", Sala III, 10.11.15.
El Tribunal inferior rechazó el recurso de amparo interpuesto, en los términos del artículo 182 de la Ley N° 11.683, con costas.
Para así decidir, dicho Tribunal entendió que: a) Si bien la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Comatter" (Fallos 313:1706), había precisado que no se requería acreditar la falta de idoneidad de otras vías procesales para la procedencia del remedio intentado lo cierto era que no se observaba en el caso una demora irrazonable imputable al organismo recaudador; y b) De tal modo, aunque el trámite había sido iniciado por el amparista el 7.8.14, surgía de las actuaciones que la demandada se encontraba en pleno desarrollo de tareas de investigación, circunstancia que resultaba determinante para rechazar la pretensión articulada.
El amparista apeló ese decisorio y, a su vez, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Se desprendía de autos que el actor había iniciado un reclamo de repetición el 7.8.14 y requerido pronto despacho el 26.11.14, habiéndole cursado el Fisco el 18.12.14 un requerimiento, el contribuyente lo contestó el 13.2.15, luego de solicitar una prórroga al efecto; b) Cabía puntualizar que, si bien había existido una demora inicial hasta el pedido de pronto despacho administrativo oportunamente efectuado por el contribuyente, se evidenciaba que, con posterioridad a la fecha en que se cumplió tal requerimiento, la demandada llevó a cabo diversas actuaciones tendientes a finalizar el trámite en cuestión y dar una respuesta adecuada a la petición introducida por la actora; c) De ese modo, resultaba correcta la apreciación del Tribunal inferior, en cuanto a que la AFIP se encontraba en pleno desarrollo de tareas de investigación; y d) Por consiguiente, una valoración global del trámite seguido por el Fisco, tomando en especial consideración las alternativas procedimentales suscitadas, conducían a la conclusión de que no se encontraba acreditado en la causa que se hubiera producido una demora injustificada o que el plazo transcurrido hubiera excedido lo razonable.
Por lo expuesto, la Cámara confirmó la sentencia apelada y, ergo, se rechazó el amparo interpuesto.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Ganancias. Impugnación de determinación de oficio por no mediar participación de otra entidad estatal.
Causa: "Fundación Patagonia Natural C/AFIP-DGI", Sala "C", 2.11.15.
El particular promovió un recurso de apelación contra la resolución emanada de la AFIP que determinó de oficio la obligación tributaria del Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 1992 a 1997 inclusive junto con sus intereses con más la aplicación de una multa con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
En este caso, el apelante, según surge de la causa, era una fundación dedicada a la investigación. La AFIP, en sede administrativa, dictó una resolución que le denegó la exención del artículo 20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias por entender que los miembros del Consejo de Administración de dicha fundación percibían honorarios en el ejercicio de sus cargos y esto la excluía del beneficio fiscal de la exención. Dicho acto administrativo fue judicialmente impugnado por la fundación en el fuero federal de Rawson (Provincia de Chubut) y la autoridad judicial desestimó la pretensión judicial del contribuyente no habiéndole reconocido la procedencia de la exención de tratas.
El eje del conflicto estuvo dado en que el organismo recaudador estimó que los miembros del Consejo de Administración percibían remuneraciones en el ejercicio de sus cargos lo que representaba, en definitiva, una distribución indirecta de utilidades y la consecuente inviabilidad de la exención impositiva mientras que el contribuyente sostuvo la tesitura opuesta.
El Tribunal interviniente, con el voto de los Dres. Vicchi y Urresti en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Puso de relieve que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de Rawson), por un lado, confirmó la improcedencia del beneficio fiscal de la exención y, por el otro, interpretó que la exención debía interpretarse con un criterio estricto; b) Propició el dictado de una medida para mejor proveer dirigida a la propia AFIP para saber si se encontraba exenta del Impuesto a las Ganancias; c) Analizó, con carácter previo, si el procedimiento de determinación de oficio se ajustaba (o no) al régimen normativo aplicable; d) Apreció que si la AFIP entendía que la apelante no encuadraba en la exención debía habérsele comunicado a la Inspección General de Justicia antes de iniciar el procedimiento determinativo de oficio, cosa que no hizo; e) Citó el precedente "Círculo Odontológico de Comodoro Rivadavia C/AFIP" del 19.4.11 donde la Procuradora Fiscal de la CSJN subrayó que la función de contralor de las entidades sin fines de lucro eran del Registro Público de Comercio (y no de la AFIP) y seguir un temperamento distinto implicaría una contradicción en el accionar administrativo donde, por un lado, se homologaría el carácter de la fundación y, por el otro, se lo desconocería al mero efecto tributario con lesión al principio de ejemplaridad que deben presidir los actos de gobierno ; f) Enfatizó que la propia AFIP le reconoció a la recurrente en el año 2010 su carácter de contribuyente exento; y f) Apuntó que "…no habiendo el Fisco Nacional dado intervención a la autoridad de control y tratándose en consecuencia de una fundación regularmente inscripta y registrada como tal por el organismo estatal encargado de su fiscalización corresponde revocar la resolución venida en recurso…".
Los fundamentos reseñados le sirvieron al Tribunal competente para dejar sin efecto el acto administrativo y, a la postre, esta decisión fue contraria a la AFIP-DGI.

2. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Improcedencia de un beneficio fiscal por utilizarse una interpretación analógica de un beneficio fiscal.
Causa: "Banca de Junín S.R.L. C/AFIP-DGI", Sala "C", 6.11.15.
El mentado contribuyente recurrió un acto administrativo emitido por la AFIP que determinó de oficio la obligación tributaria del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) del período fiscal 2000 inclusive juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa por defraudación fundada en los artículos 46 y 47, inciso c), de la Ley N° 11.683.
En lo que aquí interesa, el foco del conflicto estuvo dado en que el recurrente interpretó que la base imponible del citado gravamen era sólo del 20% (veinte por ciento) del valor de sus activos gravados a tenor del artículo 11 de la Ley del IMGP (beneficio fiscal aplicable a las entidades financieras) mientras que el organismo recaudador estimó que ello era incorrecto.
El Tribunal decisor, con el voto de los Dres. Gómez, Vicchi y Urresti en su sentencia, hizo lo siguiente: a) Analizó la legislación aplicable, a saber, el artículo 11 de la Ley del IGMP y el artículo 7º de la Ley Nº 21.526 en forma conjunta, integral y armónica; b) Examinó las actividades del apelante, a saber: el préstamo para la vivienda y otros inmuebles (actividad principal) y la cría de ganado bovino y el cultivo de soja (actividad secundaria); c) Tuvo en consideración su contrato de constitución donde se puso de manifiesto que el recurrente "…no realizará las (actividades) comprendidas en la Ley 21.526, o cualquier otra que se dicte en su reemplaza o requería de la intermediación del ahorro público…" y esta circunstancia fue admitida incluso por alguna de sus autoridades societarias; d) Precisó que, en materia tributaria, primaba el principio de legalidad y, por lo tanto, el recurrente, con su criterio, hizo una interpretación analógica de dicha pauta directriz al considerar que sus activos computables se componían de créditos incobrables; y e) Desestimó el argumento, consistente en la vulneración del principio de no confiscatoriedad -invocado por el contribuyente-, por no mediar una prueba concluyente por parte del particular que lo esgrimió.
Las causas apuntadas hicieron que el Tribunal actuante confirmara el acto administrativo objetado en su totalidad y, por añadidura, se ratificó la postura estatal.

3. Infraccional. Improcedencia del error excusable.
Causa: "Lutz, Juan Jacobo C/AFIP-DGI", Sala "A", 4.12.15.
El mencionado contribuyente apeló el acto administrativo de la AFIP que aplicó una multa basada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
En este caso, el recurrente, persona física, fue objeto de un proceso de verificación y fiscalización donde la AFIP detectó que no había ingresado el Impuesto a las Ganancias en los períodos fiscales 2007 y 2008 en su correcta medida.
Al respecto, el Fisco Nacional, a su juicio, estimó que el apelante obtuvo réditos de un fondo común de inversión y de la posesión de bonos de la República de Austria habiéndose incumplido con el artículo 140, inciso e), de la ley del gravamen y el artículo 18, inciso b), séptimo párrafo, de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Frente a esta situación, el particular admitió el ajuste propiciado, procedió a rectificar sus declaraciones juradas y pagar la diferencia resultante y, posteriormente, el Fisco aplicó la multa de marras.
En esta hipótesis, el contribuyente interpretó que, en la especie, era viable la aplicación del error excusable previsto en el artículo 45 de la ley ritual mientras que el ente recaudador esgrimió la tesis contraria.
El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Pérez, Vicchi y Buitrago y en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Citó jurisprudencia que avalaba su postura (CNACAF, Sala 5, en autos "Empresa San Nicolás SRL" del 8.10.98 y TFN, Sala "B", en autos "Barbarrica Oscar C/AFIP" del 1.11.01); 2) Precisó que la mera presentación de la declaración jurada rectificativa no implicaba en sí una aplicación acertada de la sanción; 3) Señaló que la pretensión punitiva debía basarse en sólidos argumentos convictivos; 4) Esgrimió que el particular debía demostrar la existencia del elemento subjetivo; 5) Afirmó que no se verificaba en la especie elementos probatorios que corroborasen la presencia de un error excusable; 6) Puntualizó que el error excusable, para su viabilidad, requería que sea esencial, decisivo e inculpable; y 7) Acotó que el recurrente, en el curso de la causa, no demostró causales exculpatorias suficientes limitándose dogmáticamente a manifestar la procedencia del error excusable en este supuesto.
En fin, el Tribunal actuante consideró que el instituto del error excusable no resultaba procedente en esta hipótesis y, por ende, se confirmó la sanción aplicada siendo este pronunciamiento desfavorable para los intereses del contribuyente.

4. IVA. Impugnación de créditos fiscales de operaciones realizadas por un contribuyente monotributista.
Causa: "Riso, María de los Ángeles C/AFIP-DGI", Sala "B", 18.12.15.
El mentado contribuyente impugnó el acto administrativo emitido por la AFIP que determinó de oficio la obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los períodos fiscales enero de 2007 a agosto de 2008 inclusive juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión fundada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
Vale aclarar que el recurrente, persona física, explotaba la actividad de venta al por menor de partes, piezas y accesorios de automotores (excepto cámaras, cubiertas y baterías). En su momento, el particular estaba inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) y, en forma espontánea, se excluyó del mismo por internet a partir de diciembre de 2006.
En este caso, el Fisco le impugnó al apelante los créditos fiscales computados en sus declaraciones juradas del período en discusión por entender que no fueron facturadas las adquisiciones realizadas por no estar debidamente discriminadas en los respectivos documentos comerciales.
El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Magallón y Pérez en su decisión, hizo lo siguiente: a) Examinó los antecedentes fácticos del problema; b) Precisó que, en el año fiscal 2008, la recurrente aportó las copias de las respectivas declaraciones juradas, los papeles de trabajo y la constancia de presentación en un plan de facilidades de pago; c) Aseveró que la discusión era una cuestión de hecho y prueba; d) Resaltó que la pericia contable producida donde se puntualizó que los registros contables eran llevados en legal forma; e) Expresó que se corroboró en dicha pericia que las diferencias detectadas por la AFIP -entre lo declarado y lo cuestionado- eran mínimas; f) Invocó un precedente del TFN (Sala "A", en autos "Díaz, Emilia Leonor C/AFIP-DGI" del 19.9.12) para avalar su tesis aunque reconoció sus diferencias con esta discusión; g) Concluyó que la exclusión del régimen simplificado así como la inscripción en el IVA fueron retroactivas siendo función del contribuyente acompañar los respectivos comprobantes de respaldo para fundamentar los respectivos créditos fiscales; y h) Consideró que la prueba producida por el recurrente, en particular: 1) La prueba informativa dirigida a los responsables inscriptos con quienes operó; y 2) Los subdiarios de IVA Ventas de dichos proveedores donde se registraban las operaciones facturadas por el apelante tenían la convicción suficiente como para refutar la postura estatal.
En síntesis, las causas expuestas llevaron al Tribunal competente a revocar el acto administrativo objetado y, por lo tanto, esta sentencia fue adversa a la AFIP.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina