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Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
1. Procedimiento. Solicitud de reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias. Su rechazo por supuesto incumplimiento formal del administrado respecto a requerimiento fiscal para analizar y resolver su pedido.
Causa: "Preguerman, Jorge Juan C/EN-AFIP-DGI", Sala V, 18.6.15.
El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar requerida por la actora. Para llegar a esa decisión, entendió que: a) De la documentación acompañada, se desprendía que la actora había incumplido con una obligación formal que poseía efectos sustanciales en orden a que la AFIP pudiera analizar y resolver el pedido; b) En síntesis, de la normativa involucrada, surgía claramente cuáles eran los requisitos que debían observarse para acceder a la reducción de anticipos del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2013; y c) Por ello, en la medida que de las constancias de autos surgía que la actora había omitido adjuntar un archivo en formato "pdf", cabía -prima facie- concluir que la decisión fiscal impugnada en autos poseía adecuado sustento jurídico y normativo.
La parte actora apeló ese decisorio y, por su lado, la Cámara estableció en su sentencia que: a) El contribuyente pretendía -a través de la medida cautelar solicitada-que se impidiera que la AFIP ejecutara los montos emergentes de los anticipos y/o sus accesorios del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2013; b) La actora aducía que la eventual ejecución de deudas por anticipos y/o sus accesorios -cuya reducción consideraba que había sido arbitrariamente rechazada- implicaba un enriquecimiento sin causa para el Fisco Nacional, toda vez que la declaración jurada de dicho gravamen, período 2013, había arrojado como resultado final un considerable saldo a su favor; c) El contribuyente no negaba haber incumplido con la solicitud efectuada por el organismo recaudador a través del requerimiento de fiscalización electrónica (de adjuntar el archivo en formato "pdf") sino que se limitaba a fundar y argumentar su disconformidad con tal decisión por el principio del informalismo contenido en la Ley de Procedimientos Administrativos; d) Sin embargo, preliminarmente y dentro del limitado marco de conocimiento de este tipo de medidas, se advertía que la Administración debía contar con dicha información para otorgar la reducción de anticipos solicitada mediante el mecanismo correspondiente; e) Valía decir, que más allá de la disconformidad del actor respecto al rechazo de su solicitud, lo cierto era que no resultaba admisible la pretensión cautelar de que se ordenase a la AFIP de que se abstuviera de ejecutar los montos de dichos anticipos sin siquiera acompañar en esta instancia procesal, documentación alguna que acreditara que le asistía derecho a obtener la pretendida reducción; f) En otras palabras, el actor debía demostrar -a fin de acreditar la verosimilitud en el derecho-, en qué radicaba la arbitrariedad de la Administración al exigirle la documentación respaldatoria como requisito para la reducción de anticipos y no alegar su disconformidad ante el rechazo del requerimiento fiscal electrónico; g) Ello así máxime cuando la reducción de anticipos era una opción que se ofrecía al administrado, excepcionalmente y frente a las condiciones que establecía la normativa aplicable; y h) Finalmente, cabía resaltar que tampoco explicaba el actor las razones por las cuales no había aportado dicha documentación en forma oportuna, a fin de que la Administración pudiera pronunciarse fundadamente acerca de la procedencia (o no) de admitir la reducción solicitada.
En definitiva, la Cámara confirmó el pronunciamiento apelado con lo cual se rechazó la pretensión del contribuyente.

2. Procedimiento. Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para entender en apelaciones de planes de facilidades de pago vinculados a aportes de Seguridad Social.
Causa: "JDA Construcciones S.R.L. C/ DGI", Sala IV, 30.6.15.
El Tribunal Fiscal declaró de oficio su incompetencia para entender respecto del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución de la AFIP-DGI por la cual se declaró la caducidad de los planes de facilidades de pago a los que se había adherido por los aportes de la Seguridad Social.
Para llegar a esa decisión, el Tribunal administrativo consideró que el decaimiento de un régimen de facilidades de pago constituía una decisión del organismo recaudador que no encuadraba en ninguno de los supuestos contemplados por el artículo 159 de la Ley N° 11.683.
En lo concerniente a su competencia para entender en materia de obligaciones relacionadas con el sistema de Seguridad Social, también se pronunció en sentido negativo, de conformidad con la doctrina sentada en precedentes de ese Tribunal.
La parte actora apeló ese decisorio sosteniendo que el fallo omitía toda consideración a la significación económica del acto administrativo que declaraba la caducidad, a su naturaleza jurídica y a que tenía índole determinativa; y que, además, tenía carácter sancionatorio y que, por lo tanto, se encontraba dentro de la competencia asignada al Tribunal Fiscal.
Por su lado, la Cámara estableció en su sentencia que: a) La cuestión a resolver consistía en determinar si la declaración de caducidad del plan de facilidades de pago estaba incluida en la previsión normativa "otra sanción" del artículo 159, inciso "b", de la Ley N° 11.683; b) En efecto, sólo si tal acto administrativo constituyera una sanción, el Tribunal Fiscal sería competente para entender en los recursos que contra aquellos actos se interpusieran; c) Resultaba claro que decretar la caducidad de un plan de facilidades de pago importaba el ejercicio de potestades sancionatorias por parte de la Administración; d) O, en otros términos, la sanción que se traducía en la caducidad del plan estaba incluida en el supuesto normativo "otras sanciones" al que se refería el inciso "b" del aludido artículo 159; e) Otra interpretación no sólo forzaría el texto legal aludido sino, antes bien, desconocería la naturaleza jurídica de lo que implicaba imponer una sanción mediante la caducidad; y f) A ello cabía agregar que, puntualmente, en lo que se refería a la caducidad del plan de facilidades de pago referido a los aportes y contribuciones del régimen de Seguridad Social, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se había pronunciado a favor de la competencia del Tribunal Fiscal al considerar que la circunstancia de que el acto cuya revocación se intentaba no encuadrase en ninguna de las previsiones del artículo 39 bis del Decreto-Ley N° 1285/58, modificado por la Ley N° 24.463 impedía el conocimiento de la pretensión por parte de la Cámara Federal de la Seguridad Social (Fallos 327:576).
En definitiva, la Cámara revocó la sentencia apelada ordenando devolver los autos al Tribunal administrativo a fin de que reasumiera su competencia.

3. Impuesto a las Ganancias e IVA. Impugnación de operaciones con fundamento en las irregularidades de determinados proveedores.
Causa: "Molino Argentino S.A.I.C.A.G.E.I. C/ DGI", Sala I, 11.8.15.
El Tribunal inferior confirmó parcialmente las resoluciones apeladas en cuanto habían determinado de oficio el impuesto a las ganancias y el IVA por distintos períodos fiscales de los años 2002 a 2006, con sustento en la impugnación de facturas de compra con ciertos proveedores de la contribuyente.Para decidir así, y en cuanto aquí interesa, el Tribunal Fiscal advirtió que: a) Respecto de determinados proveedores, su impugnación había sido adecuadamente ponderada por la AFIP, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos que llevaban a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones en cuestión; b) Si bien el organismo recaudador no podía colocar en cabeza de la contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propios deberes referidos a este aspecto, lo cierto era que los indicios reunidos por el Fisco Nacional eran suficientes para dudar de la existencia de las operaciones siendo la recurrente la que cargaba con la prueba de demostrar lo contrario; y c) En cuanto al hecho nuevo alegado por la parte actora, referido a la sentencia de sobreseimiento dictada en la causa penal, cabía resaltar que a pesar de que el juez penal estaba facultado y debía analizar el hecho imponible del presunto delito, ello no podía hacer pensar que su opinión y su propio encuadre normativo debía tener efecto vinculante para la sede contencioso administrativa.
La parte actora apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) De las constancias de la causa surgían serias irregularidades en cabeza de los proveedores que hacían suponer que algunos de éstos eran usinas generadoras de créditos y/o empresas fantasmas y, respecto de las personas físicas, meros prestanombres; b) En efecto, se había detectado, en algunos casos, que los proveedores no se hallaban en el domicilio fiscal inscripto, que los socios de algunas de las firmas desconocían su calidad de socios, a la vez que en otro caso éstos eran insolventes, que los directivos de otros de los proveedores no presentaban declaraciones juradas, no poseían bienes ni cuentas bancarias, y tampoco aportaban al sistema jubilatorio, que otros de los proveedores no poseían bienes registrables ni empleados en relación de dependencia, que además en otro caso los contratos de arrendamiento de inmueble rurales eran falsos y, en muchos otros, se constató una clara falta de capacidad operativa no pudiendo éstos comprobar a su vez, la obtención de mercadería que luego habría de ser vendida a la actora; y c) Por ello, teniendo por acreditada la real existencia de los granos, se encontraba a cargo del contribuyente la prueba de la "real" procedencia de éstos, quién había sido su "real" proveedor y, en consecuencia, el "real" destino de las erogaciones y la magnitud de las mismas.
Por lo expuesto, la Cámara confirmó la sentencia apelada en el aspecto tratado y, consecuentemente, convalidó la postura del Fisco al respecto.

4. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Pérdidas en ejercicios fiscales anteriores. Falta de acreditación de ausencia de capacidad contributiva en los períodos reclamados. Rechazo de la pretensión de la contribuyente.
Causa: "Plavinil Argentina S.A C/ EN-AFIP - DGI", Sala IV, 1.9.15.
La jueza de primera instancia rechazó la demanda entablada por la contribuyente con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad del artículo 6º, Título V, de la Ley N° 25.063. Para resolver de tal modo, dicha jueza consideró que: a) Teniendo en cuenta que la actora pretendía la inaplicabilidad del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta respecto del período fiscal 2010 y de los anticipos del período fiscal 2011, la prueba rendida en autos no demostraba la ausencia de la capacidad contributiva invocada; b) En este sentido, la documentación acompañada como las conclusiones informadas en la pericia contable daban cuenta de las pérdidas arrojadas por la recurrente en los ejercicios cerrados en años anteriores, resultados que no habían sido incluidos en la demanda; c) La prueba rendida en autos respecto de los períodos anteriores no podía hacerse extensiva a los ejercicios 2010 y 2011, en la medida que conforme el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se exigía una prueba concluyente y no meras proyecciones; y d) En tales condiciones, cabía rechazar la demanda toda vez que la actora no había acreditado fehacientemente que no produjo las ganancias presumidas por la ley en los ejercicios bajo examen y, por ende, tampoco la ausencia de la capacidad contributiva.
La parte actora apeló ese decisorio sosteniendo que: a) Se encontraba demostrado que en los cinco ejercicios anteriores al 2010, los resultados comerciales habían sido pérdidas, por lo que quedaba justificada, en los términos del Alto Tribunal, la carencia de capacidad contributiva; b) En función de ello, exigirle el pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los períodos fiscales siguientes implicaba incrementar el detrimento contable e impositivo de la empresa; y c) En consecuencia, la obtención de pérdidas considerables en varios ejercicios comerciales de su actividad, le creaban una inhabilidad para el pago del impuesto en cuestión.
A su vez, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) De conformidad con lo resuelto por el Máximo Tribunal en "Hermitage" (15.6.10), debía concluirse que el modo de imposición previsto por la Ley N° 25.063, en la medida que no tenía en cuenta el pasivo de los sujetos comprendidos en la norma y se desentendía de la existencia de utilidades efectivas, podía resultar inconstitucional en su aplicación al caso; b) Pero ello era así, en tanto y en cuanto, el accionante demostrara que la explotación comercial había arrojado pérdidas en los períodos fiscales respecto de los cuales reclamaba la inaplicabilidad de la norma; c) En la medida en que la pretensión de la actora se encontraba orientada a los anticipos y saldos del período fiscal 2010 y a los anticipos del período fiscal 2011, no podía inferirse que los resultados negativos producidos en años anteriores podían proyectarse sobre estos últimos; y d) Consecuentemente, al no haberse acreditado en forma debida la situación patrimonial de la reclamante ni, más precisamente, la inexistencia de ganancias respecto de los períodos pretendidos, correspondía, de un modo acorde con la doctrina acuñada en la causa "Hermitage", desestimar el recurso interpuesto por la actora.Por lo expuesto, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia y, ergo, se rechazó la pretensión de la contribuyente.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.
1. Procedimiento. Allanamiento y la aplicación de costas por falta del requisito de oportunidad.
Causa: "Eidico S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 6.5.15.
El mentado contribuyente recurrió el acto administrativo emitido por la AFIP que le aplicó una multa por omisión fundada en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 en su carácter de fiduciario, responsables por deuda ajena, por más de una docena de fideicomisos inmobiliarios equivalente al 80% (ochenta por ciento) del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por los períodos fiscales 1998 a 2000.
En este caso, el recurrente, en su hora, planteó excepciones y la improcedencia de la infracción por no verificarse sus requisitos. Posteriormente, el Fisco Nacional hizo una presentación donde manifestó su allanamiento y la aplicación de costas en el orden causado. Dicho allanamiento no fue compartido por el apelante por entender que no era oportuno y pidió que se dicte la respectiva sentencia revocándose la resolución apelada.
El Tribunal competente, en la decisión de los Dres. Buitrago y Vicchi, hizo lo siguiente: 1) Tuvo por allanado al Fisco Nacional y revocó el acto administrativo impugnado; 2) Consideró que la objeción planteada por el contribuyente no se refería a la procedencia del allanamiento sino, muy por el contrario, a la distribución de las costas; 3) Entendió que le asistía la razón al particular puesto que el allanamiento no fue oportuno dado que el Alto Tribunal ya había dirimido, en forma definitiva, la improcedencia del gravamen que motivó la sanción discutida.
Lo dicho llevó al Tribunal a tener por allanado al ente recaudador, a dejar sin efecto la sanción aplicada y aplicar las costas del proceso al Fisco Nacional.

2. Procedimiento. Impugnación de método presuntivo irrazonable.
Causa: "Invercar S.A. C/AFIP-DGI", Sala "B", 7.8.15.
El mencionado contribuyente impugnó dos actos administrativos emanados de la AFIP. En uno de ellos se determinó de oficio la obligación tributaria concerniente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos que abarcaban desde diciembre de 1999 hasta noviembre de 2001 inclusive con sus accesorios y en el restante se hizo lo mismo en cuanto al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 1999 a 2004 con sus intereses.
Es susceptible de mención que el recurrente, según surge del expediente, era una sociedad dedicada a la gestión de administración de taxímetros y a la explotación de taxis propios.
El Fisco, en el marco de un proceso de verificación y apoyándose en un allanamiento ordenado judicialmente en los domicilios de la citada sociedad, interpretó, por un lado, que el recurrente no se encontraba inscripto en el Impuesto al Valor Agregado y, por el otro, que las declaraciones juradas oportunamente presentadas no reflejaban la pertinente actividad comercial en los años fiscales 1997 a 1999 por carecer de movimientos.En este caso, el ente recaudador, al no tener información cierta, reconstruyó la materia imponible utilizando el método presuntivo y, por lo tanto, el foco del debate estaba dado en si dicha metodología era razonable o no. Al respecto, la AFIP entendió que sí mientras que el contribuyente sostuvo el criterio opuesto.El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Magallón y Pérez, hizo lo siguiente: 1) Esgrimió distintas consideraciones relativas a las presunciones utilizadas por la Administración; 2) Analizó cuidadosamente la prueba producida sea en sede administrativa así como en el Tribunal Fiscal; 3) Examinó la prueba informativa consistente en la recaudación en bruto promedio en función de la hora, la bajada de bandera y el porcentaje de dicha recaudación destinada al mantenimiento y/o la explotación del rodado siendo la misma conteste con lo informado con la Dirección General de Transporte del GCBA; 4) Ponderó el informe producido por la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro; 5) Tuvo en cuenta un informe acompañado en sede penal tributaria, obtenida en los allanamientos efectuados, donde se consideró "…un cálculo realizado sobre base cierta, toda vez que se tiene conocimiento de la materia imponible oculta…"; 6) Efectuó una comparación entre el cálculo realizado sobre la base cierta y el guarismo obtenido sobre la base presuntiva concluyendo que este último estaba alejado de la realidad económica; y 7) Aseveró que "…en vista de las consideraciones que anteceden, los hechos exteriorizados con posterioridad a las determinaciones apeladas demuestran la inadecuación del método presuntivo seguido por el Fisco Nacional con la realidad…".
Los motivos reseñados sirvieron para decretar la nulidad de los actos administrativos objetados y, a la postre, esta decisión fue opuesta a los intereses del órgano recaudador.

3. Procedimiento. Responsabilidad solidaria. Su improcedencia por aplicación de la doctrina del "árbol venenoso".
Causa: "Beigel, Sebastián Alejandro C/AFIP-DGI", Sala "D", 21.8.15.
El particular apeló dos actos administrativos dictados por la AFIP. En uno de ellos se determinó de oficio su responsabilidad solidaria con relación a la sociedad "Green Acres S.A." concerniente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 1998 con sus accesorios y en el restante se hizo lo mismo en cuanto al Impuesto al Valor Agregado por diversas posiciones mensuales del año 1997 con sus intereses.
Según surge de la causa, en este caso el recurrente, en el lapso temporal en discusión, se desempeñaba como presidente de la sociedad. El eje de la disputa se centraba en la procedencia (o no) de la responsabilidad solidaria en la especie dado que el Fisco sostenía su pertinencia mientras que el particular esbozó la tesis contraria.
El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Buitrago, Vicchi y Gómez, hizo lo siguiente: 1) Desestimó, en forma previa, un planteo de nulidad por entender que no se verificaron en este supuesto razones válidas para su concesión; 2) Examinó el instituto de la responsabilidad solidaria en materia tributaria citándose importante doctrina y jurisprudencia a los fines de convalidar su postura; 3) Expresó que, en materia de solidaridad, existen dos figuras legales, una, la que causa la obligación tributaria creando un ligamen con el deudor principal y, la otra, que es secundaria y dependiente de la primera, que comprende elementos específicos y que genera una obligación en las relaciones normativas con el responsable del gravamen; 4) Enfatizó que la responsabilidad solidaria no es objetiva y, por ende, la misma no nace por el mero hecho de ser director, gerente o representante de la sociedad ni deriva del simple vínculo existente entre los responsables y el deudor del tributo; 5) Examinó la prueba producida (testimonial y pericial) y coligió que la responsabilidad solidaria en el caso era viable; 6) Ponderó la denuncia de un hecho nuevo, consistente en el agregado de una sentencia de la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico del 20.4.04, que declaró nula la orden de allanamiento dispuesta oportunamente alcanzando también "…a la incautación que resulta de la orden inválida (art. 172 del CPCrim)…", y que no fue desestimado por el Fisco; 7) Subrayó que los actos administrativos impugnados se originaron en la documentación incautada a raíz de los allanamientos que fueron declarados posteriormente nulos en sede judicial; 8) Afirmó que, en la especie, era aplicable la doctrina del "árbol venenoso" y, por lo tanto, el ente recaudador, al haber obtenido ilegítimamente la documentación que fundamentó las determinaciones de oficio habiendo sido ello reconocido judicialmente, las mismas carecían de virtualidad.
Las referidas causas motivaron la revocación de los actos administrativos apelados y, en consecuencia, no se admitió la posición del Fisco Nacional.

4. Ganancias. Tratamiento fiscal aplicable a la provisión de productos satelitales.
Causa: "Sistemas & Información Global S.A. C/AFIP-DGI", Sala "D", 28.8.15.
El contribuyente de tratas articuló un recurso de apelación contra el acto administrativo de la AFIP que determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias -Retenciones a beneficiarios del exterior- por diversas posiciones mensuales de los ciclos fiscales 2001 a 2004 inclusive junto con sus intereses con más la aplicación de una multa del artículo 45 de la ley ritual.Del expediente se desprendía que la apelante es una sociedad dedicada a prestar servicios relacionados con base de datos, procesamiento de datos, servicios de consultores en informática y suministros de programas y, a la vez, prestaba servicios vinculados con la extracción de petróleo y gas, forestales, de arquitectura e ingenierías conexas de asesoramiento técnico.
En lo que aquí interesa y en este supuesto, el ente impositor, en el marco de un proceso de fiscalización, detectó que la recurrente, en su carácter de residente fiscal en la República Argentina, omitió actuar como agente de retención en el Impuesto a las Ganancias, fundados en los artículos 93, inciso g), y 13 de la ley del gravamen, en concepto de compras de imágenes satelitales y adquisición de llaves de software respectivamente a "Spot Image S.A.", entidad con residencia fiscal en la República de Francia (beneficiario del exterior). Naturalmente, el recurrente manifestó su desacuerdo con el pensamiento estatal.
En cuanto al negocio jurídico de la impugnante celebrado con "Spot Image S.A.", el Tribunal competente hizo lo siguiente: 1) Examinó en detalle el contrato oportunamente celebrado; 2) Concluyó que el apelante tenía una licencia de explotación no exclusiva por medio de la cual la sociedad del exterior proveía productos satelitales obtenidos de los satélites SPOT a la empresa argentina quien, a su vez, utilizaba, licenciaba, distribuía y comercializaba esas imágenes en el territorio argentino resguardando el derecho de propiedad de aquél sobre esas imágenes; 3) Analizó los artículos 1, 5 y 13 inciso e) de la ley del gravamen; 4) Hizo una remisión a las definiciones suministradas por la Ley Nº 19.798; 5) Interpretó el voto minoritario (Dra. Gómez) que la operatoria en cuestión no era un servicio de provisión de imágenes sino, por el contrario, se trataba de una licencia de explotación sobre imágenes de propiedad del beneficiario del exterior que se ponían a disposición del contribuyente por CD o colocados en el espacio virtual del servidor Spot Image exclusivamente destinado para el recurrente; 6) Dijo la minoría que la recurrente no contaba con una estación receptora que recibía señales satelitales del exterior y los reproducía sino, contrariamente, adquirió la licencia de explotación sobre determinados tipos de imágenes; 7) Apuntó la minoría que la operatoria en controversia no encuadraba en la presunción del artículo 13, inciso e), de la ley del tributo y, por ello, esto implicaba hacer una interpretación analógica contraria a las pautas fijadas por el Alto Tribunal; 8) Estudió también la mayoría (Dres. Buitrago y Vicchi) el articulado la normativa del gravamen; 9) Esgrimió que esta operación sí encuadraba en el artículo 13, inciso e), de la Ley del Impuesto a las Ganancias por ser una explotación comercial en el país de derechos intelectuales derivados de los productos satelitales licenciados por "Sport Image S.A."; 10) Consideró la mayoría que era indistinto cómo se accedía a las imágenes satelitales, sean por soportes físicos (CD) y/o medios electrónicos, puesto que tales soportes contenían los productos y/o imágenes satelitales respecto de las cuales la licenciataria ejercía los derechos a su explotación económica y que, en definitiva, dieron lugar a los pagos efectuados al beneficiario del exterior; 11) Añadió la mayoría (voto del Dr. Vicchi), en aras de sustentar su postura, un ejemplo de la legislación norteamericana donde se diferenciaba la transferencia de los derechos sustanciales inherentes al derecho de autor (sale of copyrights) de las situación donde no se transmitían sustancialmente los derechos de propiedad (licence of copyrights) o sea la licencia o derecho de distribución acotado geográfica o temporalmente y este último caso coincide con el presente caso.Los fundamentos expuestos llevaron al Tribunal competente a confirmar el ajuste mencionado y, por lo tanto, la resolución apelada, en este aspecto, fue favorable al organismo recaudador

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina