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Prestación mensual por desempleo

Prestación mensual por desempleo

Nuestro régimen jurídico ha establecido normas relativas a la protección de las personas que se encuentran en situación de desempleo. La ley nacional de empleo 24013 regula esta cuestión, en su título III bajo la leyenda "De la protección de los trabajadores desempleados" y su capítulo único se denomina "Sistema integral de prestaciones por desempleo". La regulación dispuesta por la citada ley es aplicable a los trabajadores comprendidos en la ley de contrato de trabajo, pero no es aplicable a trabajadores del régimen de personal de casas particulares, antes denominado de servicio doméstico, ni a quienes hayan dejado de prestar servicios en la administración pública nacional, provincial o municipal afectados por medidas de racionalización administrativa. Los trabajadores comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario y en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción tienen normas particulares. Las normas reglamentarias del Decreto 739/92 complementan esta regulación. Una reciente actualización de los topes mínimo y máximo de la prestación le ha devuelto cierta entidad, que la falta de ajuste de estos parámetros a la realidad económica le había quitado hasta reducirla, en lo significativo, al cobro de las asignaciones familiares y a la cobertura de salud.

1. Requisitos

La relación laboral anterior al desempleo debe haber sido registrada. La ley requiere que el trabajador se encuentre en situación legal de desempleo y disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado; que esté inscripto en el Sistema Único de Registro Laboral; que haya cotizado al Fondo Nacional de Empleo (en realidad es una contribución del empleador) durante un período mínimo de seis meses durante los 3 años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo. Respecto de los trabajadores contratados a través de empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente, se requiere que tengan un período de cotización mínimo de 90 días durante los 12 meses anteriores al cese de la relación que dio lugar a la situación legal de desempleo; que el desempleado no perciba beneficios previsionales o prestaciones no contributivas y que haya solicitado el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que corresponda (Ley 24013, artículo113).

2. Situación legal de desempleo

No toda extinción de la relación laboral genera la situación considerada por la norma como apta para generar el derecho a la prestación, sino que solamente ciertas causas de extinción tienen esa aptitud. La norma determina estos supuestos: a) el despido sin justa causa; b) el despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador; c) la resolución del contrato por denuncia del trabajador fundada en justa causa; d) la extinción colectiva total por motivo económico o tecnológico de los contratos de trabajo; e) la extinción por quiebra o concurso del empleador; f) expiración del tiempo convenido, la realización de la obra, de la tarea asignada o del servicio objeto del contrato; g) la muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando éstas determinen la extinción del contrato (Ley 24013, artículo 114).

En consecuencia, no está comprendida la extinción del contrato por renuncia al empleo, por mutuo acuerdo de las partes, por la rescisión del contrato de la trabajadora que no se reincorpora al trabajo luego de su licencia por maternidad y opta por percibir la compensación por tiempo de servicio (LCT, artículo 183, inciso b, y art. 186). La extinción del contrato por imposibilidad de reubicar al trabajador que adquiere una incapacidad parcial definitiva y no puede volver a su puesto (LCT, articulo 212, párrafo 2°) es un supuesto asimilable a un despido por fuerza mayor, ya que la norma requiere que el empleador no pueda cumplir, por causa que no le sea imputable, la obligación de asignar al trabajador otras tareas que pueda ejecutar, sin disminución de la remuneración.

La ley también ha previsto que si hubiera duda sobre la existencia de la relación laboral o la justa causa del despido, se requerirá la actuación administrativa del Ministerio de Trabajo, de los organismos provinciales o municipales del trabajo para que determinen sumariamente la verosimilitud de la situación invocada. (Ley 24013, art. 114, parte final). Si la ausencia de registración fuera total, no se habría cumplido el requisito de la cotización al Fondo Nacional de Empleo que requiere el artículo 113, inciso c) de la Ley 24013.

3. Integración de la prestación

Se integra con una prestación económica (suma de dinero); con las prestaciones médico-asistenciales de acuerdo con lo dispuesto por las leyes de obras sociales 23660 y de seguro nacional de salud 23661; con el pago de las asignaciones familiares y con el cómputo del período de la prestación a los efectos previsionales, como tiempo efectivo de servicio pero sin acreditar aportes ni monto de remuneraciones (LNE, artículo 119).

4. Solicitud de prestación. Plazo

La solicitud de prestación debe ser presentada dentro del plazo de noventa días a partir del cese de la relación laboral. La presentación posterior al vencimiento del plazo generará el descuento de los días de demora, que serán restados del total del período de prestación que correspondiera (LNE, artículo 115).

El plazo para comenzar a percibir la prestación ha sido fijado en sesenta días corridos. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (CNEP y SMVM) está facultado para reducirlo. Igualmente el Consejo puede establecer un período de espera diferenciado de hasta ciento veinte días corridos en los casos de trabajadores que hubieran percibido gratificaciones por cese de la relación laboral dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de prestación por desempleo (Ley 24013, artículo 115). A estos fines sólo se considerarán las gratificaciones que excedan al monto de la indemnización por despido. El monto de la gratificación debe figurar en la solicitud con carácter de declaración jurada y estar certificado por el empleador que la hubiera otorgado (Decreto reglamentario 739/92, artículo 4). El último empleador deberá proporcionar al trabajador el documento que acredite la extinción de la relación laboral y la última liquidación en la que figure la indemnización si la hubo, y en su caso, las gratificaciones. También deberá consignar en la solicitud el período trabajado por el solicitante y la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante los últimos seis meses, y certificar la solicitud (Decreto 739/92, artículo 8).

5. Duración de la prestación

La duración de la prestación está relacionada con el período de cotización registrado dentro de los tres años anteriores al cese del contrato de trabajo que originó la situación legal de desempleo: Si el período de cotización se extendió entre 6 a 11 meses, la prestación durará 2 meses; Si el período de cotización fue de 12 a 23 meses, la prestación durará 4 meses. Si el período de cotización fue de 24 a 35 meses, la prestación durará 8 meses y si el período de cotización fue de 36 meses, la prestación durará 12 meses.

Si se tratara de trabajadores eventuales contratados mediante empresas de servicios eventuales habilitadas por la autoridad competente, la duración de la prestación será de un día por cada tres de servicios prestados con cotización. A ese efecto, se computarán exclusivamente, contrataciones superiores a treinta días.

El Decreto 267/2006 (B.O. 13/03/06) establece que cuando el trabajador tuviere 45 o más años de edad, el tiempo total del seguro por desempleo se extenderá por 6 meses adicionales, por un valor equivalente al setenta por ciento (70%) de la prestación original. El requisito de la edad deberá estar cumplido al momento de liquidarse la última cuota de la prestación (Resolución MTE y SS 1016/2013, artículo 10). Los trabajadores que accedan a esa prórroga están obligados a participar en los programas destinados al fomento del empleo y la capacitación que les proponga el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

6. Monto de la prestación dineraria mensual

La base de cálculo es el importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador de los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que originó la situación legal de desempleo.

El porcentaje aplicable durante los primeros 4 meses de la prestación lo fija el CNEP y SMVM; del quinto al octavo mes la prestación será del 85% de la de los primeros 4 meses; del noveno al duodécimo mes la prestación será equivalente al 70% de la de los primeros 4 meses.

La prestación dineraria tiene topes, pues la ley dispone que en ningún caso podrá ser inferior ni superior al máximo que a ese fin determine el Consejo.

El Decreto 267/2006 dispuso la elevación de los montos mínimo y máximo de la prestación y los fijó en $ 250.- y $ 400.- Esos montos no fueron actualizados durante mucho tiempo y la inflación causó la pérdida casi total de su significación económica lo que impidió que cumpliera la finalidad a la que estaba destinada. Una Resolución reciente del Consejo fijó el monto mínimo de la prestación mensual en $ 1.875 - y su monto máximo en la suma de $ 3.000 - (Resolución CNEP y SMVM 2/2016, B.O. 20/05/16).

7. Modalidad de pago único

Las normas aplicables establece la modalidad de pago único de las prestaciones como fomento del empleo respecto de los beneficiarios que se constituyan como trabajadores asociados o miembros de cooperativas de trabajos existentes, a crear u otras formas de trabajo asociado, en actividades productivas (Ley 24013, artículo 127). La reglamentación establece que para esta modalidad, se deberá presentar la solicitud respectiva, manifestar la voluntad de constituirse en trabajador asociado o incorporarse a una empresa asociativa prevista por el artículo 91 de la Ley 24013.

8. Obligaciones del empleador

El empleador está obligado a registrar el contrato de trabajo de acuerdo con las normas aplicables (Ley 24013, artículo 7°, y Resolución General AFIP nro. 2988/2010); a ingresar sus contribuciones al Fondo Nacional del Empleo, a ingresar los aportes retenidos a los trabajadores al Fondo mencionado (actualmente no hay un aporte diferenciado del trabajador para este Fondo, sino que rige una contribución del empleador); a proporcionar a la autoridad de aplicación los datos y certificaciones necesarias. La ley dispone que si el trabajador recibiera prestaciones por desempleo, el empleador debe comprobar que aquél hubiera cursado la correspondiente baja al momento de incorporarse a la empresa (Ley 24013, artículo 120).

A tal efecto el solicitante deberá adjuntar una memoria explicativa sobre la actividad a desarrollar, que permita evaluar la viabilidad económica del proyecto. Si el trabajador se incorporara a una cooperativa de trabajo ya existente deberá presentar la constancia de su solicitud de ingreso aprobada por el órgano directivo. El pago único estará, en ese supuesto, condicionado a la efectiva incorporación del trabajador a la entidad (Decreto reglamentario 739/92, artículo 14, incisos c, d y e).

9. Obligaciones de los beneficiarios

Están obligados a proporcionar a la autoridad de aplicación la documentación requerida, a informar los cambios de su domicilio o residencia, a aceptar los empleos adecuados que les sean ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y a asistir a las acciones de formación para las que sean convocados; a solicitar la extinción o suspensión de la prestación al incorporarse a un nuevo puesto de trabajo; a declarar las gratificaciones por cese de la prestación laboral, percibidas en los últimos 6 meses y a reintegrar los montos de la prestación indebidamente percibidos (Ley 24013, articulo 121). Los beneficiarios deberán notificar fehacientemente a la autoridad de aplicación, dentro del plazo de cinco días hábiles, la fecha de incorporación a un nuevo empleo, sin perjuicio de comunicar al nuevo empleador, bajo declaración jurada, el beneficio del que gozaban (Decreto Reglamentario 739/92, artículo 11).

10. Suspensión de la prestación

La prestación se suspenderá cuando el beneficiario no comparezca ante el requerimiento de la autoridad de aplicación sin causa que lo justifique, no cumpla la obligación de proporcionar la documentación requerida, no cumpla los deberes de informar los cambios de domicilio, asistir a las acciones de formación para las que sea convocado, aceptar el empleo adecuado que le sea ofrecido; sea condenado penalmente con pena de privación de la libertad; o celebre un contrato de trabajo de duración determinada por un plazo menor a 12 meses (Ley 24013, artículo 122).

11. Extinción de la prestación

La ley establece que el derecho a la prestación se extinguirá cuando el beneficiario haya agotado el plazo de duración de la que le hubiera correspondido, haya obtenido beneficios previsionales o prestaciones no contributivas, haya celebrado un contrato de trabajo por un plazo superior a 12 meses, haya obtenido las prestaciones por desempleo mediante fraude, simulación o reticencia, continuará percibiendo las prestaciones cuando correspondiera su suspensión, no declarará la percepción de gratificaciones por cese de la relación laboral correspondiente a los últimos 6 meses, no aceptará los controles que establezca la autoridad de aplicación, no solicitará la extinción o suspensión del pago de prestaciones por desempleo al momento de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo o se negará reiteradamente a aceptar los empleos adecuados ofrecidos por la autoridad de aplicación (Ley 24013, artículo 123).

12. Trabajadores de la industria de la construcción

La ley 23571 estableció el sistema de prestaciones por desempleo para los trabajadores de la industria de la construcción comprendidos en el régimen regulado por la Ley 22250. De manera similar al régimen general, el sistema está integrado por la prestación económica por desempleo, las prestaciones médico asistenciales que serán brindadas por la obra social a la que el trabajador estuviera afiliado al tiempo del cese laboral y las asignaciones familiares que correspondan durante el período de vigencia de la prestación.

Para el otorgamiento de las prestaciones la norma requiere que el trabajador se encuentre en situación de desempleo, que esté inscripto en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, y que se haya cotizado al Fondo Nacional de Empleo, durante un período mínimo, continuo o discontinuo, de ocho meses durante los dos años anteriores al cese de la relación laboral que originó la situación legal de desempleo. También requiere que las prestaciones sean solicitadas dentro del plazo de 90 días posteriores a la finalización de la relación laboral que originó la situación de desempleo.

La duración de la prestación está relacionada con el período de cotización dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral que originó la situación de desempleo. Si el período de cotización ha sido de 8 a 11 meses, la prestación dura 3 meses. Si el período de cotización fue de 12 a 17 meses, la prestación se otorga por 4 meses y si el período de cotización fue de 18 a 24 meses, la prestación se otorga por 8 meses. Para el trámite de la prestación, la norma distingue entre dos situaciones: a) Si el trabajador percibió el fondo de cese laboral establecido por la Ley 22250 y no se reinsertase en el mercado laboral dentro de los 60 días de operado el distracto, podrá tramitar la prestación por desempleo transcurrido el plazo indicado; y b) Si el trabajador no hubiera percibido el referido fondo de cese laboral, podrá tramitar de inmediato la prestación por desempleo para lo que deberá acreditar de manera fehaciente la intimación de pago (Ley 23571, artículos 5° y 6°).

Durante los primeros 4 meses el beneficiario percibirá el cincuenta por ciento del importe neto de la mejor remuneración mensual sujeta a aportes percibida durante el período de 6 meses anteriores a la desvinculación laboral. Del quinto al octavo mes la prestación será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) del monto mensual percibido durante los primeros 4 meses (Ley 23571, artículo 7°). Son aplicables los topes mínimos y máximos que rigen para el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo del régimen general de la Ley 24013 (Decreto 777/2001, artículo 5°).

La autoridad de aplicación de la Ley 23571 es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Decreto 777/2001, artículo 1°).

13. Trabajadores agrarios

La Ley 25191 (artículo 16) estableció prestaciones por desempleo similares a las del régimen general de la Ley 24013. El tiempo total de la prestación económica por desempleo se determina con relación al período en que el trabajador se haya encontrado registrado y con cotización devengada al Sistema Único de Seguridad Social, tomando como referencia el período de tres años anteriores al suceso que originó la situación de desempleo. La escala temporal del período trabajado y la consecuente duración de la prestación también es similar a la del régimen general de la Ley 24013 (Decreto reglamentario 300/2013, artículo 23).

La cuantía de la prestación económica por desempleo será calculada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta la mejor remuneración mensual, normal y habitual sujeta a aportes y los períodos cotizados del trabajador, durante el período de doce meses anteriores a la situación de desocupación (Decreto 300/2013, artículo 27). La Resolución RENATRE 784/11 (B.O. 26/12/2011) incrementó a partir del 1/01/2012 los montos mínimos y máximos de la prestación mensual por desempleo y los fijó en las sumas de $ 480.- y $ 960.- respectivamente.

14. Programas de empleo

La Resolución MTE y SS 1016/13 creó el Programa Prestaciones por Desempleo, cuyo objeto es dar apoyo en la búsqueda activa de empleo y en la actualización de las competencias laborales, en la mejora de la empleabilidad y en la inserción en empleos de calidad a las personas participantes de los regímenes de prestaciones por desempleo. La Resolución SE 1035/14 aprobó el Reglamento de Prestaciones por Desempleo, que regula las prestaciones de apoyo a la inserción laboral, establece ayudas económicas mensuales para los participantes del programa que realicen acciones de entrenamiento para el trabajo e incentivos que son accesorios a la prestación económica mensual por desempleo.

15. Conclusión

La prestación económica mensual por desempleo regulada por la Ley 24013 ha sido incrementada pues la Resolución CNEP y SMVM 2/2016 (B.O. 20/05/16) aumentó los montos mínimos y máximos a $ 1.875 y $ 3.000.- respectivamente. El incremento anterior lo había dispuesto el Decreto 267/06 a partir del y la relación del monto máximo de la prestación ($ 400.-) con el salario mínimo entonces vigente ($ 630.-) era del 63,49% del mismo. La relación del nuevo monto máximo de la prestación ($ 3.000.-) con el salario mínimo a junio de 2016 ($ 6.810.-) es del 44,05% de éste. El porcentaje que expresa esta relación bajará con las sucesivas actualizaciones del salario mínimo establecidas para setiembre de 2016 que elevará su monto a $ 7.560.- y para enero de 2017, que elevará su monto a $ 8.060.- Para que la prestación por desempleo no pierda su significado, su monto máximo debería mantener una razonable proporción con la evolución del salario mínimo vital, para evitar situaciones de deterioro como la experimentada por el importe anterior de esa prestación, que no fue actualizado durante diez años en el contexto de nuestra cambiante realidad económica.

 

(*) El Dr. Enrique Caviglia es Abogado, asesor en temas laborales e integrante del Dpto. Técnico Legal Laboral de ARIZMENDI.