Lunes  11 de Septiembre de 2017

Normas relativas al sostenimiento del empleo

Normas relativas al sostenimiento del empleo

En nuestro ordenamiento, existen normas jurídicas destinadas a apoyar o sostener la ocupación de los trabajadores, evitando que las fluctuaciones económicas ocasionen de manera abrupta pérdidas de empleo, que pueden generar, además de las situaciones ciertamente difíciles de carencia de ingresos en una familia, trastornos sociales que ocasionan tensiones en la organización y funcionamiento de una comunidad. Frente a la pérdida del empleo, existe la posibilidad de acudir a prestaciones del sistema de seguridad social para proporcionar algún tipo de ingresos, durante cierto lapso a las personas que quedan en situación de desempleo. Pero estas prestaciones pueden resultar exiguas o ser notoriamente insuficientes para proveer temporariamente un ingreso que permita sostener a las personas en la búsqueda de una nueva ocupación. Como alternativa a la utilización de una prestación que no reemplaza lo ya perdido, el ordenamiento jurídico establece ciertas normas destinadas a regular situaciones de crisis o a brindar un sostenimiento, siquiera temporario, a empresas o sectores que atraviesen dificultades que pueden generar una pérdida considerable de fuentes de trabajo. El mantenimiento de ellas representa un interés común para los distintos sectores que participan de las relaciones laborales.

1. Ley nacional de empleo

Entre los objetivos de la Ley nacional de empleo 24013, se incluye el de "prevenir y regular las repercusiones de procesos de reconversión productiva y de reforma estructural sobre el empleo, sin perjuicio de salvaguardar los objetivos esenciales de dichos procesos" (artículo 2°, inciso b)

La norma encomienda al Poder Ejecutivo la instrumentación de acciones dirigidas a atenuar los efectos negativos en el empleo de los sectores en declinación y áreas geográficas en crisis (artículo 22, inciso f) También impone a las comisiones negociadoras de convenios colectivos de trabajo, la obligación de negociar sobre las consecuencias de los programas de reestructuración productiva en las condiciones de trabajo y empleo (artículo 24, inciso f)

2. Reestructuración productiva

La Ley 24013 ha contemplado la situación de crisis de la actividad que reduzca significativamente el empleo, al facultar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a declarar en situación de reestructuración productiva, de oficio o a petición de las partes interesadas, a las empresas públicas o mixtas, o sectores productivos privados, públicos o mixtos, cuando se encuentren o pudieren encontrarse afectados por reducciones significativas del empleo (artículo 95) El legislador ha dispuesto que en la resolución que declare la reestructuración productiva, el Ministerio de Trabajo convocará a la comisión negociadora del convenio colectivo aplicable para negociar sobre estas materias: a) un programa de gestión preventiva del desempleo en el sector; b) Las consecuencias de la reestructuración productiva en las condiciones de trabajo y empleo y c) Medidas de reconversión profesional y de reinserción laboral de los trabajadores afectados. El plazo que tiene la comisión negociadora para expedirse es de treinta días y la autoridad de aplicación puede prorrogarlo por un lapso que no exceda de treinta días más. A su vez, el empleador no podrá adoptar medidas que afecten el empleo hasta que se expida la comisión o venzan los plazos previstos (artículo 96) En consecuencia, el alcance de la reestructuración productiva no se limita a la empresa, salvo el caso de las empresas públicas o mixtas, sino que se comprende al sector de actividad. Para las situaciones de crisis referidas en particular a las empresas se ha diseñado otra regulación normativa, que debe ser cumplida con carácter previo a la adopción de ciertas medidas de afectación del empleo.

3. El procedimiento preventivo de crisis de empresas

Nuestro derecho trata de prevenir situaciones de afectación del empleo cuando las medidas que puedan adoptarse repercutan sobre un porcentaje significativo de la dotación de personal de una empresa.

En los casos de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas que afecten a un número de trabajadores de la empresa que exceda el porcentaje de la dotación que la ley establece, se debe sustanciar, previamente a la comunicación de estas medidas, el procedimiento preventivo de crisis que dispone el capítulo VI del Título III (De la promoción y defensa del empleo) de la Ley 24013, artículos 98 a 105. En consecuencia, para este trámite, se debe considerar la situación en la empresa y el número de trabajadores que serán afectados por las medidas que adoptará el empresario

La magnitud que ha tenido en consideración el legislador surge cuando la afectación del empleo alcanza al porcentaje de la dotación empresaria normativamente establecido: más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; más del 10% en empresas que tengan entre 400 y 1.000 trabajadores, y más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores (Ley 24.013, Artículo 98).

En la presentación que solicita la apertura del procedimiento, el peticionante debe fundar su solicitud y ofrecer la prueba que considere pertinente (Ley 24013, art. 99) La norma reglamentaria detalla los requisitos que debe cumplir la presentación, entre ellos, expresa que ésta debe contener los elementos económicos financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de crisis y requiere la presentación de los estados contables correspondientes a los últimos tres años, suscriptos por contador público y certificados por el respectivo Consejo Profesional. (Decreto 265/02, artículo 3°)

En el caso de suspensiones o despidos colectivos en los que se haya omitido el cumplimiento del procedimiento indicado, el Decreto reglamentario dispone que la autoridad administrativa intimará, previa audiencia de partes, el cese inmediato de dichas medidas, conforme las facultades establecidas por el artículo 8° de la Ley 14786 (Decreto 265/02, artículo 6) 5.- La ley establece que dentro de las 48 horas de realizada la presentación, el Ministerio dará traslado a la otra parte (la asociación sindical representativa de los trabajadores o en su caso, el empleador) y citará al empleador y a la asociación sindical a una primera audiencia, dentro de los cinco días (Ley 24013, artículo 100) 6.- Si en la audiencia mencionada no se arribare a un acuerdo, dentro del plazo de cinco días de su celebración, la autoridad administrativa del trabajo examinará la petición y si la considerare procedente abrirá un período de negociación entre el empleador y la asociación sindical. La duración máxima del período de negociación es de diez días.

Durante el procedimiento el empleador no puede ejecutar las medidas que constituyen su objeto ni los trabajadores ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical. Si el empleador violara esta prohibición, se deberá mantener la relación laboral con derecho de los trabajadores al pago de los salarios que se dejaron de percibir (Ley 24013, artículo 104) La autoridad administrativa intimará, previa audiencia de partes, el cese inmediato de los despidos y/ o suspensiones, a fin de velar por el mantenimiento de la relación de trabajo y el pago de los salarios caídos (Decreto 265/02, artículo 7°)

El procedimiento puede culminar en un acuerdo convenido por las partes que lo presentarán ante el Ministerio de Trabajo, órgano que tiene un plazo de diez días para pronunciarse sobre el mismo. Puede homologar el acuerdo con la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo o rechazarlo mediante una resolución fundada. En caso de silencio, vencido el plazo sin un pronunciamiento administrativo, el acuerdo se tendrá por homologado (Ley 24013, artículo 103) Si las partes no arribaren a un acuerdo, la ley dispone que vencido el plazo, se dará por concluido el procedimiento. En ese caso, el empleador podrá ejecutar las medidas que han sido objeto del procedimiento y los trabajadores podrán ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical. La tramitación del procedimiento y su conclusión no implica que el empleador haya quedado habilitado para invocar despidos con disminución de la indemnización o quede eximido del pago de salarios caídos en el caso de aplicar suspensiones. La finalidad del procedimiento mencionado no es validar las suspensiones o despidos, sino brindar un ámbito de negociación a las partes colectivas - empleador y asociación sindical que representa a los trabajadores - para que entablen tratativas respecto de la situación de crisis.

4. Pequeñas empresas

La Ley 24467 establece que las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical signataria del Convenio Colectivo la modificación de determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables. En ese supuesto, la asociación sindical tendrá derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas. La norma dispone que si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma durante el tiempo que dure la modificación (artículo 97 de la ley citada).

La ley determina que para ser considerada pequeña empresa, la organización debe reunir estas condiciones: a) que su plantel no supere los 40 trabajadores y b) que tenga una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento establecida por la norma. Se admite un desvío transitorio, pues la norma autoriza a que la empresa que supere alguna o ambas condiciones, pueda permanecer en el régimen especial de la ley por un plazo de tres años, siempre y cuando no duplique el plantel o la facturación mencionados como límite (Ley 24467, artículo 83).

5. Programa de recuperación productiva

El Programa fue creado por la Resolución MTE y SS 481/02, para ser aplicado durante la Emergencia Ocupacional Nacional declarada por el Poder Ejecutivo, y fue destinado exclusivamente a los trabajadores que prestan servicios en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis. Su objeto era brindar a aquellos una ayuda económica no remunerativa para paliar los efectos negativos de la crisis en su relación de empleo.

La norma establecía que cada titular percibiría una suma fija mensual que sería destinada a completar la remuneración básica correspondiente a su categoría laboral. El beneficio era otorgado por una única vez y su duración máxima era de seis meses. La empresa debía cumplir, en lo demás, con todas sus obligaciones laborales, sociales y previsionales respecto del trabajador (artículos 2 y 3 de la citada Resolución).

Se estableció que el beneficio consagrado por el Programa, revestía el carácter de ayuda económica no remunerativa y que la ejecución del Programa y los pagos de las sumas de dinero que de él derivaren, estaban supeditados a la existencia de partidas presupuestarias aprobadas y disponibles (artículos 8 y 9) La norma fue dictada en una coyuntura económica, financiera y social de altísimo contenido crítico de la República (considerandos de la Resolución) que aludió a la declaración de la Emergencia Pública y la Emergencia Ocupacional Nacional.

Al ser prorrogada sucesivamente la emergencia ocupacional nacional durante los años siguientes a 2002 se dispuso también la vigencia del Programa durante esos períodos. La Ley 27200 prorrogó nuevamente la declaración de emergencia ocupacional nacional hasta el 31/12/17.

La Resolución MTE y SS 1-E/2017 prorrogó, hasta el 31/12/17, la vigencia del Programa de Recuperación Productiva, creado por la Resolución MTE y SS 481/2002. La norma dispuso la continuidad de la vigencia de la Resolución MTE y SS 20/2016 en lo que no hubiera sido modificado por la nueva Resolución.

Las normas vigentes establecen que en virtud de razones de índole objetiva que afecten particularmente a una empresa o región, con el objeto de contribuir a la recuperación, crecimiento y desarrollo de las empresas y sectores privados que presenten sus solicitudes, a fin de coadyuvar al sostenimiento y generación de puestos de trabajo, se podrá disponer el otorgamiento del beneficio por un lapso de hasta doce (12) meses y por una suma fija mensual de carácter remunerativa de hasta el monto equivalente al salario mínimo vital y móvil, a favor de los trabajadores de las empresas adheridas al Programa. El plazo indicado se podrá extender, por vía de excepción, ante circunstancias especiales debidamente fundadas y acreditadas (Res. MTE y SS 20/16, art. 8)

Las Resoluciones determinan los formularios que se deben presentar para concretar las solicitudes. La información y documentación contenidas en las solicitudes de adhesión y proyectos presentados, serán considerados por la Unidad Técnica de Evaluación, conformada en el ámbito de la Dirección Nacional de Relaciones Federales, dependiente de la Secretaría de Trabajo, que también evaluará las solicitudes de extensión del plazo de otorgamiento informado (Res.MTE y SS 20/16, arts. 3 y 5)

Los beneficiarios del programa son los trabajadores que perciben la suma fija remunerativa, pero también lo son las empresas a cuya recuperación, crecimiento y desarrollo, se contribuye, permitiendo la continuidad de la fuente de trabajo. Las normas se refieren a los beneficiarios de modo promiscuo, incluyendo a los trabajadores que perciben el subsidio y a las empresas. No pueden ser beneficiarios del Programa, los trabajadores menores de 18 años (Res. MTE y SS 20/16, art. 6°).

No pueden ser beneficiarias del programa las empresas que se encuentren incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) establecido por la Ley 26940 (Res. MTE y SS 1-E/17, art. 4°).

Las empresas cuyas solicitudes fueran aprobadas, se deben comprometer a abonar a los trabajadores beneficiarios del Programa, el suplemento en dinero necesario para alcanzar el salario vigente establecido para la categoría correspondiente del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad de la que se trate. También deberán abstenerse de disponer despidos sin causa (LCT, articulo 245) y por razones de fuerza mayor (LCT, artículo 247) La norma agrega que si el empleador dispusiera la suspensión y/o reducción de jornada del personal, durante el período de inclusión en el Programa, deberá presentar la correspondiente Acta Acuerdo homologada, tramitada en la sede administrativa laboral correspondiente (Res. MTE y SS 1-E/17, art. 4°).

El incumplimiento de la empresa respecto de las obligaciones establecidas por las normas que regulan el Programa (Resoluciones MTE y SS 481/02 y sus modificatorias) provocará la caducidad del beneficio otorgado, sin perjuicio de las acciones que correspondan, dirigidas a obtener el reembolso, por parte del empleador, de los montos percibidos indebidamente (importes que en realidad fueron percibidos por los trabajadores, pero fueron computables como parte del salario que habría debido abonar el empleador).

La Dirección Federal de Relaciones Federales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, realizará el seguimiento, fiscalización y monitoreo del Programa, y podrá verificar el mantenimiento de la dotación total de personal por parte de las empresas adherentes al mismo, como también que sus beneficiarios se encuentren registrados como trabajadores en relación de dependencia, y si correspondiera, dispondrá las intimaciones de regularización pertinentes (Res. MTE y SS 20/16, art. 7°).

El monto que abona el Ministerio directamente a los trabajadores beneficiarios es una suma fija remunerativa, que es parte del salario, y que por lo tanto, está sujeto a los aportes y contribuciones destinados al sistema de seguridad social. Estos aportes y contribuciones deberán ser realizados considerando la suma total bruta que debió haber sido pagada al trabajador, sin perjuicio de que una parte de ella haya sido abonada directamente por el Ministerio de Trabajo a los trabajadores. Aún en el inicio de las normas referidas al Programa, se estableció respecto del beneficio, que revestía entonces el carácter de ayuda no remunerativa destinada a completar la remuneración básica correspondiente a la categoría laboral, que la empresa debía cumplir en lo demás, con todas sus obligaciones laborales, sociales y previsionales respecto del trabajador (Resolución MTE y SS 481/02, arts. 2 y 3).

6. Ley 27264

La Ley 27264 (B.O. 1/08/16) instituyó el Programa de Recuperación Productiva, bajo la leyenda del carácter permanente del citado programa, que fuera creado por la Resolución MTE y SS 481/02, sus modificatorias y complementarias. La norma dispone que la suma fija mensual máxima prevista para los beneficios dispuestos por el programa, se elevará en un cincuenta por ciento (50%) en los casos en que se trate de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, según lo establecido por el art 1° de la Ley 25300 y sus normas complementarias.
 

MONEDAS Compra Venta
DÓLAR B. NACIÓN0,000057,750062,2500
DÓLAR BLUE1,449369,000070,0000
DÓLAR CDO C/LIQ0,0686-79,9658
EURO0,000666,330666,5800
REAL0,136814,284514,3425
BITCOIN-0,10507.378,10007.382,6600
TASAS Varia. Ultimo
BADLAR PRIV. Pr. ARS0,000043,5000
C.MONEY PRIV 1RA 1D-1,351454,7500
C.MONEY PRIV 1RA 7D-1,327455,7500
LIBOR0,05311,0546
PLAZO FIJO0,000045,5000
PRESTAMO 1RA $ 30D-0,662861,4500
TNA 7 DIAS-0,302846,0900
BONOS Varia. Último Cierre Día Anterior
BODEN 20150,00001.424,501.424,50
BOGAR 20180,00009,829,82
BONAR X0,00001.585,501.585,50
CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)0,0000171,35171,35
CUPÓN PBI EN PESOS0,00002,082,08
DISC USD NY0,000077,0077,00
GLOBAL 20170,00001.676,001.676,00
BOLSAS Varia. Puntos
MERVAL0,000035.443,0500
BOVESPA0,0000110.622,2700
DOW JONES0,100027.649,7800
S&P 500 INDEX0,00003.117,4300
NASDAQ0,00008.570,7010
FTSE 1000,14007.139,7600
NIKKEI-0,580021.803,9500
COMMODITIES Varia. Último Cierre Día Anterior
SOJA CHICAGO0,9613328,0295324,9063
TRIGO CHICAGO0,1410195,7521195,4765
MAIZ CHICAGO0,4104144,4824143,8919
SOJA ROSARIO0,0000251,5000251,5000
PETROLEO BRENT-0,457563,100063,3900
PETROLEO WTI-0,701758,020058,4300
ORO-0,18281.474,20001.476,9000