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La modificación del deber de seguridad

1. Deber de seguridad

La Ley 27.323 (B.O. 15/12/2016) modificó el artículo 75 de la Ley de contrato de trabajo, que regula el deber de seguridad impuesto por la norma al empleador.
El texto del artículo 75 de la LCT precedente a la modificación legal que comentamos, establecía la obligación del empleador de observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal. Esa redacción provenía de la modificación que había dispuesto la Ley 24557 de Riesgos del trabajo al artículo 75 de la LCT, que en su redacción anterior incorporada al t.o. de la LCT por el Decreto 390/76, disponía que el empleador, además de "hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo" establecidas en la ley de contrato de trabajo y demás normas reglamentarias debía adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica, fueran necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores . El empleador también debía observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo.
La modificación dispuesta recientemente por la Ley 27.323 al texto del artículo 75 implica el retorno al texto normativo originario del artículo 83 de la Ley de contrato de trabajo. Ese retorno implica una restauración de la amplitud de la norma relativa al deber de seguridad del empleador y de un procedimiento de autotutela frente a situaciones que legitiman la retención de la prestación de trabajo sin afectación del devengamiento de la remuneración durante la duración de aquella.
El texto modificado por la Ley 27.323, además del deber del empleador de hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en la ley y demás normas reglamentarias, y a observar las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo impone al empleador el deber de "adoptar las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores" (como lo disponía el texto ordenado de la LCT, por Dto. 390/76) y de "evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de ambientes insalubres o ruidosos" como lo establecía el texto originario de la LCT.
La norma se vincula con el deber de previsión, que fuera definido por la doctrina como "la obligación del empleador de conducirse en la configuración y ejecución concretas de la relación de trabajo, en cuánto de él dependan, según la debida consideración a los intereses legítimos del trabajador" (Krotoschin, Ernesto "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", Bs. As, 1981, vol. I, p. 324) El deber es contractual e impone al empleador ciertas obligaciones fundadas en el contrato de trabajo como relación de colaboración y solidaridad, que coinciden e incluso superan el alcance de algunas obligaciones que son impuestas al empleador mediante normas de derecho público. El citado autor explicó que los deberes de protección del empleador "consisten en que debe tomar medidas adecuadas, conforme a las condiciones especiales del trabajo, para evitar que el trabajador padezca daños en su persona o en sus derechos o bienes…" (Op cit, p. 325) Se relaciona con el deber de buena fe que obliga al empleador a comportarse como un "buen empleador" y la finalidad del deber de previsión coincide con el principio protectorio. La ley exige al empleador el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales (LCT, artículo 68)
El incumplimiento del deber de seguridad que ocasiona un daño al trabajador genera la responsabilidad del empleador, que puede ser demandado para obtener la indemnización correspondiente. Un fallo asignó responsabilidad extracontractual al empleador que omitió cumplir el deber estrictamente legal puesto a su cargo por el artículo 75 de la LCT, de resguardar la vida e integridad psicofísica del trabajador que sufrió el accidente de trabajo. En el caso se acreditó que la empresa no cumplía con prácticas seguras en la realización de la tarea, pudiendo tomar medidas de control de riesgo; que omitió proveer elementos idóneos para cumplir el trabajo y que no mantuvo el correcto estado del ambiente de trabajo (SCBA, 30/04/85, "Paredes, Wilson c/ Calia S.A.)
La competencia para resolver la reparación del daño por el incumplimiento de este deber corresponde a la justicia laboral. Un fallo de la Corte al resolver una contienda de competencia consideró que "la circunstancia decisiva no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del resarcimiento o la valuación del daño, sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser efectuada con los criterios particulares derivados de las características del trabajo humano,… lo cual determina la competencia del fuero expresamente habilitado para conocer en esta materia por el artículo 20 de la Ley 18345" (CSJN, 5/11/1996, "Jaimes, Juan T. c/ Alpargatas S.A." )

2. Autotutela

La restitución del texto originario también alcanza al derecho del trabajador a "rehusar la prestación de trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o disminución de la remuneración, si el trabajo le fuera exigido en transgresión a las condiciones impuestas por la norma. Pero la abstención de trabajar con derecho a la remuneración está condicionada a la concurrencia de alguna de estas circunstancias: a) que exista peligro inminente de daño, b) que se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora, o c) si "habiendo el organismo competente declarado la insalubridad del lugar, el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos que dicha autoridad establezca"
Aunque el texto originario de la LCT fue modificado por la Ley 21.297 , que eliminó la parte referida al derecho del trabajador a rehusar la ejecución de la tarea en las mencionadas condiciones, el problema suscitado por el incumplimiento del deber de seguridad que generara un peligro inminente de daño para el trabajador subsistió en los hechos, y la doctrina consideró que ante ese incumplimiento del empleador el trabajador podía rehusar su prestación para evitar la exposición al peligro que amenazaba su integridad psicofísica. El fundamento lo proporcionaba las normas del Código Civil (artículos 510 y 1201) El artículo 1201 de ese código establecía que una de las partes de un contrato que generaba obligaciones para ellas, no podía demandar su cumplimiento si no probase que ella lo había cumplido u ofreciera cumplirlo. A esta defensa se la denominaba excepción de incumplimiento contractual y específicamente, en el ámbito del derecho del trabajo, se la nombraba como "suspensión indirecta individual" En virtud de ella, se admitía que el trabajador podía suspender su prestación, si el empleador no cumplía los requisitos referidos a seguridad e higiene y exigía el trabajo en condiciones inseguras que generaban peligro para el trabajador. En este supuesto, es evidente que el incumplimiento previo del empleador legitimaba la abstención del trabajador. También se interpretaba que como el hecho de la interrupción era provocado por el empleador, las consecuencias debían quedar a su cargo, entre ellas, el pago del salario devengado durante el tiempo de la interrupción (Vázquez Vialard, Antonio , "Derecho del trabajo y seguridad social", Bs. As., 1981, tomo 1, p. 370) La posterior modificación del artículo 75 de la LCT por la Ley de riesgos del trabajo 24557, que intentó restringir el alcance literal de las obligaciones del empleador, no varió la interpretación jurídica que admitía la suspensión indirecta individual en este supuesto de infracción del deber de seguridad (Etala, Carlos, "Contrato de trabajo" Bs.As., 2005, p. 235) El Código Civil y Comercial vigente, dispone que en el caso de los contratos bilaterales (que generan obligaciones para ambas partes) cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir (artículo 1031) Esta norma mantuvo el sentido de la solución anterior del Código Civil (artículo 1201)
La nueva modificación del texto normativo, que implica un retorno al originario de la LCT, restituye al texto expreso de la norma el derecho del trabajador a rehusar la prestación y a conservar su derecho al pago de la remuneración en los casos mencionados expresamente. Se debe tener en cuenta además, que la retención de la prestación por el incumplimiento del deber de seguridad del empleador no implica el ejercicio de la huelga, aunque la retención de tareas fuera ejercida por una pluralidad de trabajadores.
En los casos de peligro inminente de daño es obvio que no será exigible una intimación previa al empleador para que brinde trabajo en condiciones seguras, pues en ese supuesto la negativa del trabajador será inmediata y legítima, sin perjuicio de la intimación posterior al empleador para que regularice la situación y adopte las medidas de seguridad adecuadas para despejar el peligro. Por ejemplo, si el empleador exigiera que se proceda a la demolición de un muro sin tomar las medidas para que la operación sea ejecutada sin riesgos de derrumbe, los trabajadores podrían negarse a efectuar la tarea y después intimar al empleador con la finalidad antes expresada.
Otro aspecto importante del nuevo texto normativo es que la posibilidad de suspender la prestación del trabajo sin mengua de la remuneración no se limita solamente a la situación del peligro inminente de daño, sino que se extiende a otras situaciones en que hay una transgresión a las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo y se ha constituido en mora al empleador ante el incumplimiento de la obligación, o cuando el organismo competente haya declarado la insalubridad del lugar, y el empleador no realizara los trabajos o no proporcionara los elementos que la autoridad establezca. Si bien la norma se refiere a la declaración de insalubridad del lugar, la misma ley se refiere a la calificación de las tareas o condiciones ambientales del lugar de que se trate (LCT, artículo 200) lo que sugiere la aplicación de la norma a la calificación relativa a las tareas además de las condiciones ambientales del lugar, cuando el empleador no proporcione los elementos que la autoridad establezca, que normalmente serán los elementos de protección adecuados para preservar la salud del trabajador.

Trabajo agrario

La modificación no tiene efectos en la regulación del trabajo agrario, pues la Ley 26727 (B.O. 28/12/16) que la establece, en su artículo 45 incorporó una norma sobre higiene y seguridad, de texto casi idéntico al que ahora dispuso la Ley 27323 como el artículo 75 de la LCT, que como se destacó, restituye el texto del artículo 83 del texto originario de la Ley de contrato de trabajo 20744. El texto del artículo 45 de la Ley 26727 comienza expresando que "El trabajo agrario deberá realizarse en adecuadas condiciones de higiene y seguridad a fin de evitar enfermedades profesionales o accidentes de trabajo" y después continúa con el texto de idéntico efecto jurídico al del actual artículo 75 de la LCT.

(*) El Dr. Enrique Caviglia es Abogado, asesor en temas laborales e integrante del Dpto. Técnico Legal Laboral de ARIZMENDI.