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La inflación genera más delitos penales tributarios que no llegan a condenas efectivas

A través de esta columna se acercan situaciones curiosas que se presentan en nuestro sistema tributario, proponiendo un espacio de reflexión para el lector dentro del suplemento.

La ley penal tributaria establece en su art. 1 que será aplicable una pena de prisión graduable de 2 a 6 años cuando mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se evadiere el pago de tributos en un monto superior a $ 400.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo instantáneo o de período fiscal inferior a un año.
Los procesos penales llevan su tiempo y mientras tanto la inflación va horadando el poder adquisitivo de la moneda y también el monto de $400.000 que es el que determina la punibilidad penal.
A medida que el monto se reduce en términos relativos, se inician más causas penales no porque en el país haya más evasores sino porque el monto pasa a estar desactualizado y queda fuera de foco.
Advertido el proceso de desactualización del monto y frente al mayor volumen de causas, los legisladores propondrán la modificación del importe que determina la punibilidad, y aquí se produce el verdadero problema:
Cuando se actualiza el monto la aplicación del principio de la "ley penal más benigna" produce la liberación penal de todas las causas en trámite que no cuenten con una sentencia firme.
Esta historia ya la vivimos cuando en el año 2011 la ley 26735 actualizó el importe de $100.000 a $400.000 y para intentar bloquear la aplicación retroactiva de la ley 26735 la procuraduría General de la Nación dictó la resolución 5/2012 que instruía a los fiscales "…a que se opongan a la aplicación retroactiva de la ley 26735 por aplicación de los artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" señalando que no estábamos ante una ley penal más benigna sino que solo se había legislado una actualización de los umbrales de punibilidad para compensar una depreciación monetaria.
Las causas siguieron su curso y los fallos en su mayoría hacían lugar a los planteos de aplicación de la ley penal mas benigna, por lo que la resolución 5/2012 fue dejada sin efecto por su similar 1467/2014.
Así planteadas las cosas cuando la aplicación de la ley penal tributaria empieza a ser una sanción desmedida con relación al importe evadido se efectúa una corrección que actualiza el valor, que también produce la liberación de la pena para aquellos que cometieron el delito cuando el monto sí era razonable y todavía no tienen sentencia firme.
Hoy el monto de $ 400.000 tiene una antigüedad de más de 5 años y puede ser aplicable también por los fiscos provinciales o para CABA.
Para no repetir la historia en un contexto donde cada vez se escuchan con más fuerza las voces de una inminente reforma tributaria, debemos pensar si podría reformularse el texto de la ley penal tributaria para que el importe evadido que determina la figura penal sea actualizado por ley año tras año, pero con la salvedad que el nuevo importe se aplique únicamente a los ejercicios fiscales que cierren en ese año calendario y no hacia atrás.
Debe tenerse en cuenta que las leyes penales deben ser extremadamente precisas para determinar las conductas punibles para evitar caer en la figura que los especialistas denominan "ley penal en blanco" (que invalida los procesos), pero teniendo en cuenta esta premisa un mecanismo de actualización bien instrumentado evitaría que causas que se inician con mucha fuerza queden en la nada por la conjunción del paso del tiempo y la inflación.

(*) Mario Rapisarda es Contador Público Nacional, especialista en temas tributarios, graduado en la UNLZ. mjrapisarda8@gmail.com