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La AFIP revirtió las súper facultades

A casi 3 años de su vigencia la AFIP, a través de la Resolución General Nº 3829/16, revirtió las súper facultades que se había arrogado y encausó el procedimiento de elevación a la Cámara de Seguridad Social de las apelaciones que interpusieren los contribuyentes contra intimaciones de deudas por aportes y contribuciones y/o sanciones.
Recordemos que a partir de la vigencia de la Resolución General Nº 3488/13 el Organismo Recaudador comenzó a rechazar las apelaciones en las cuales no se hubiera cumplido con el depósito previo exigido como requisito para el acceso a la justicia, sin admitir excepciones de ninguna naturaleza -vgr. seguro de caución, manifestación de imposibilidad de pago, etc- aún cuando éstas habían sido reconocidas y aceptadas por la Cámara e incluso por la Corte Suprema de la Nación.
Esto provocaba graves perjuicios en los administrados que debían acudir en queja ante la Cámara para salvaguardar sus derechos con el serio riesgo de sufrir en el ínterin el cobro compulsivo y la traba de embargos sobre cuentas bancarias por la falta de efectos suspensivos de la queja.
Sin embargo, esas acciones rindieron sus frutos, ya que a partir de la jurisprudencia uniforme de la Cámara que objetaba los rechazos, la AFIP , tal como se reconoce en los considerandos de la resolución publicada el 19/02/16, realizó este cambio tan esperado por todos.
Otra de las modificaciones bien valoradas por los contribuyentes es la eliminación del IMT -Indicador Mínimo de Trabajadores- vinculado al personal de casas particulares, creado por la anterior administración.
Este indicador presumía que las personas físicas que percibían ingresos brutos anuales iguales o superiores a $500.000 y/o debían tributar el Impuesto Sobre los Bienes Personales tenían a su cargo un trabajador desarrollando tareas de asistencia personal y/o a su núcleo familiar y por ello debía pagar las correspondientes cargas sociales.
Si bien se admitía prueba en contrario, resultaba muy complicado acreditar un hecho negativo, como era el de no necesitar asistencia de terceros, máxime cuando ello implicaba inmiscuirse y ventilar cuestiones de índole absolutamente personal vinculadas a la organización y planificación hogareña y familiar.
El IMT, en general, es una herramienta con la que se dotó a la Administración para presumir empleados en las más diversas actividades económicas -agricultura, ganadería, textiles, turismo, hotelería, taxis, transporte de carga, mensajería urbana, pastas, heladerías, panaderías, construcción, supermercados, estaciones de servicio, entre muchos otras- en función de parámetros extraídos de estudios que nunca se relevaron.
La aplicación automática y mecánica que hizo la AFIP de este indicador y la falta de un análisis concienzudo de las particularidades de cada caso, llevó a determinaciones de deuda por aportes y contribuciones y a la imposición de multas por no declarar a empleados que, en la realidad, no eran necesarios para realizar la actividad investigada y por ende inexistentes.
Aún no ha habido ningún pronunciamiento de la justicia sobre estos casos, pero esperemos que no sean necesarios reveces judiciales como paso con los rechazos de las apelaciones por falta del depósito previo para replantearse la necesidad de la vigencia de este indicador.

La Dra. Daniela P. Manesi es Directora del Dpto. Derecho Tributario y Aduanero en Lisicki Litvin & Asociados.