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Jurisprudencia tributaria y previsional

por  SUSANA SILVIA ACCORINTI (*)

Abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com
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Jurisprudencia tributaria y previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Recurso extraordinario. Acción declarativa de inconstitucionalidad. Necesidad de un "caso". Principio de división de poderes. Demanda rechazada por tratarse de una consulta por posible acogimiento a la ley 26.476 por hipotética deuda de tributos aduaneros.

- "F.P. Rubistein y Cía. S.R.L. c/AFIP- DGI s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 15 de mayo de 2018.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el fallo de primera instancia que admitió la acción de certeza iniciada por la actora y declaró la inconstitucionalidad de una norma dictada por la AFIP (1) según la cual las deudas e infracciones aduaneras estaban excluidas del derecho a acogerse a los beneficios fiscales del Titulo I de la ley 26.476 (B.O.: 24/12/08) que preveía la regularización de impuestos y recursos de la seguridad social. Para así resolver, señaló que el tipo de acción es la vía procesal idónea para cuestionar la constitucionalidad planteada por considerarse parte agraviada de modo de obtener una declaración que le permita cancelar sus obligaciones tributarias aduaneras de acuerdo a la citada ley. Sobre el tema de fondo, la Sala A advirtió que esa ley implementó un régimen especial para obligaciones impositivas y de recursos de la seguridad social adeudados al 31 de diciembre de 2007 cuya aplicación, percepción y fiscalización estaba a cargo de la AFIP, eximiendo -a quienes regularicen en ese régimen- de ciertos intereses y sanciones. Agregó que, en base al fallo "Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros s/amparo" (Fallos 337:368*), los derechos de importación y exportación son tributos, específicamente impuestos cuya aplicación, percepción y fiscalización corresponde a la AFIP, encontrándose alcanzados por los referidos beneficios y, por tanto, cabe declarar la inconstitucionalidad de la norma dictada por la AFIP (1) al no ajustarse ni a la letra ni a la finalidad de la ley que reglamenta destinada a la normalización tributaria de los contribuyentes para fortalecer la economía local.

Contra el fallo de la Sala A, el Fisco Nacional interpone el recurso extraordinario que fue concedido por discutirse la inteligencia y validez de normas federales pero fue denegado por la arbitrariedad de sentencia.

Para el Fisco demandado, la acción declarativa es formalmente improcedente pues la actora no demostró perjuicio o lesión actual a raíz de la aplicación de la norma impugnada y, a su vez, porque de existir un peligro concreto, dispone de un juicio ordinario. Sobre el fondo del conflicto, dice que la ley 26.476 (arts. 24 y 43 y el decreto 618/97) le otorga facultades a la AFIP para aclarar que las deudas e infracciones aduaneras no están comprendidas en tanto que el art. 1 de dicha ley define a los sujetos beneficiados al señalar que "contribuyentes y responsables de los impuestos y de los recursos de la seguridad social", no habiendo mencionado la materia aduanera. Argumenta que hay una clara diferencia entre los derechos aduaneros y los impuestos que recauda la AFIP, destacando que el régimen de la ley 26.476 se orientó sólo a los segundos y que si la voluntad del legislador hubiera sido incluirlos, lo habría hecho expresamente como ocurrió con los recursos de la seguridad social. Ello, además, está ratificado por la propia ley 26.476 (2) al referirse a intereses e infracciones de la ley 11.683, sin mencionar al Código Aduanero (ley 22.415) y, por ello, la norma de la AFIP es constitucional por estar en sintonía con la letra y el espíritu de la ley que reglamenta.

La Corte, fundada en el dictamen del 6 de septiembre de 2016 de la Procuradora Fiscal Dra. Laura Monti (3), advierte que su doctrina establece que la demanda declarativa de inconstitucionalidad debe responder a un "caso" y no se trata de un procedimiento simplemente consultivo o conjetural. Ello, así, pues su finalidad es la de precaver las consecuencias de un acto en ciernes, supuestamente ilegitimo que lesiona el régimen constitucional federal, y fijar las relaciones legales de las partes en conflicto (Fallos: 307:1379; 310:606, entre otros*). Por ende, exige que medie: a) actividad administrativa que afecte un interés legítimo, b) el grado de afectación sea directo y c) que esa actividad tenga concreción bastante (Fallos: 307:1379; 325:474 y 327:2529*), requisitos que pueden ser revisados de oficio para cumplir con la Constitución Nacional (4) en el sentido que la Justicia Federal sólo actúe en "causas", sin emitir opiniones en abstracto. Por otro lado, frente a la hipotética y conjetural deuda por tributos aduaneros, hay un también hipotético y conjetural acogimiento a la ley 26.476 ya que la actora expresa que " como una opción más en el amplio abanico de posibilidades existentes, mi mandante tampoco ignora la vigencia de la amplísima moratoria impositiva dispuesta por la ley 26.476. Es decir, razones de oportunidad y conveniencia reservadas al más prudente de los análisis empresarios, aconsejan evaluar como MERA HIPÓTESIS DE TRABAJO, la posibilidad de regularizar las supuestas obligaciones omitidas, en el marco del régimen legal señalado" (el resaltado y las mayúsculas obran en el original). Esa "mera hipótesis de trabajo", es decir, acogerse a la ley 26.476 por los conjeturales derechos de exportación adeudados, es la que podría desbaratarse por la norma de la AFIP que motiva este pedido de inconstitucionalidad.

Para el Alto Tribunal, la demanda no se ajusta a su inveterada doctrina según la cual los jueces no deben hacer declaraciones generales o abstractas porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos (Fallos: 2:253; 24:248; 94:51; 263:397 entre muchos otros*). Desde sus inicios (Fallos: 1:27 y 292*), la Corte negó que estuviese en la órbita del Poder Judicial de la Nación la facultad de pronunciarse, de modo general, sobre la constitucionalidad de las normas emanadas de los Poderes Legislativo y Ejecutivo (Fallos: 12:372; 95:51 y 115:163*) pues el fin y las consecuencias del control encomendado a la Justicia sobre las actividades legislativas y ejecutivas suponen que el requisito del "caso" o "controversia judicial" se cumpla rigurosamente para preservar el principio de división de poderes (5).

Por último, la Corte Suprema afirma que es indudable que la interpretación de normas federales admite la apertura del recurso extraordinario si la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa fue adversa a la pretensión de la parte (6) pero la procedencia del recurso está subordinada a que exista un "caso" o "controversia" que determine la jurisdicción de los tribunales federales, el cual aquí está ausente.

En consecuencia, se declara que la presente acción no es de las que corresponde decidir a los Tribunales de Justicia de la Nación y, por tanto, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda, con costas en todas las instancias a la actora vencida.

SEGURIDAD SOCIAL

Pedido de inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre el reajuste del haber jubilatorio. Conflicto negativo de competencia. Principio de especialidad. Fuero de la Seguridad Social.

"Cabral Martín Alfredo c/ANSeS s/reajustes varios", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia del 18 de septiembre de 2017.

El actor inició una demanda en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nro. 5 que se declaró incompetente para resolver el planteo de inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre reajustes previsionales (art. 79 inciso c de la ley del impuesto) y, por ello, remitió la causa a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que también se declaró incompetente y devolvió el expediente al Juzgado de origen por haber intervenido en primer lugar.

Frente al conflicto negativo de competencia y para evitar una efectiva privación de justicia, la Cámara Federal de la Seguridad Social debe determinar quien tratará este caso por ser la Cámara de la cual depende el juez que actuó al principio (7). A continuación, la Sala II analiza si la inconstitucionalidad planteada debe ser resuelta o no en este Fuero para lo cual tiene en cuenta que el actor reclama el reajuste de su haber previsional por entender que está erróneamente calculado al igual que la movilidad posterior y porque dice que su prestación no puede ser pasible de ningún tipo de imposición tributaria que desnaturalice su carácter integral e irrenunciable, de allí que pide la inconstitucional del impuesto a las ganancias.

Para la Sala, la posible afectación de principios constitucionales a raíz de una quita confiscatoria o muy significativa sobre el haber de una persona en situación de pasividad, le impone al Juez de la Seguridad Social el deber constitucional y legal de velar por su intangibilidad e irrenunciabilidad (art. 14 bis Constitución Nacional) en el ámbito de su competencia (8). Agrega que, según la Corte Suprema, "En materia previsional, como regla, ha de estarse a la sustancia de la pretensión y su finalidad última, la integralidad e irrenunciabilidad de los derechos (Fallos 331:2006*)". Por ello, no duda que atañe al derecho de la seguridad social pues el actor cuestionó la razonabilidad o legalidad de un tributo y la posible afectación de su poder adquisitivo por causa de un cargo o gravamen que considera confiscatorio.

La Sala II señala que el principio de especialidad constituye la única matriz jurídica a ponderar para evaluar todo tipo de conflicto o cuestión de competencia por razón de la materia y, al involucrar el derecho de la seguridad social, cuenta con protección convencional y constitucional (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XVI; Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 22 y 25; Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 7 y 26; Constitución Nacional, arts. 75, incisos 12 y 23). Cita también la postura del Ministro de la Corte Suprema, Dr. Maqueda, en la causa "Brusa Victor Hermes s/pedido de enjuiciamiento" en donde dijo que, en principio, cada órgano del Estado puede y debe ejercer exclusivamente las competencias y atribuciones asignadas por la Ley Fundamental (Fallos 326:4816*). Así, concluye que es el juez de la seguridad social quien debe velar por cualquier prestación vinculada a esta materia cuando su poder adquisitivo fuera afectada por una quita que el actor califica de inconstitucional de tal suerte que resultaría vedada cualquier abdicación de competencia a un juez con competencia ajena a la seguridad social.

La Cámara remite la causa al Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social para que continúe con el trámite regular y le comunica, por oficio, este fallo al Juzgado Contencioso Administrativo Federal, para su conocimiento.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) El art. 3 inciso e) de la Resolución General (AFIP) 2537/09.

(2) Ver sus arts. 4 y 6 (ley 26.476).

(3) La Corte hace suyos el dictamen con excepción de los párrafos 3 a 8 del punto III.

(4) Arts. 116 y 117.

(5) Fallos: 242:353*.

(6) Art. 14, inciso 3, Ley 48. Por esta norma, un juicio que tramita en jurisdicción provincial, sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se trata de sentencias definitivas dictadas por los tribunales superiores de provincia que hayan cuestionado la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, de un derecho o garantía constitucional o de una autoridad nacional o provincial y la decisión sea contra esa validez

(7) Decreto ley 1285/58, art. 24, texto ley 17.116.

(8) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, primer párrafo del Art. 5.