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Jurisprudencia tributaria y previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)

Recurso de queja presentado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Impuesto sobre los ingresos brutos y competencia del fuero federal. La Corte revoca medida cautelar decretada contra los organismos de recaudación fiscal de veintitrés provincias.
- "Recurso de hecho deducido por la Provincia de Buenos Aires -ARBA- en causa A.C.A.R.A y otros c/Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y otros s/acción mere declarativa de derecho", sentencia del 14 de febrero de 2017.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza revocó la sentencia del Juzgado Federal de San Juan N° 2 y, por mayoría, declaró la competencia de la justicia federal para entender en este juicio, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora y le ordenó a los organismos de recaudación de fiscal de veintitrés provincias argentinas que, hasta tanto no exista una sentencia definitiva en este caso, se abstengan de: i) determinar el impuesto sobre los ingresos brutos a las concesionarias que representa la parte actora sobre la base del monto total de las ventas; ii) percibirles y(o retenerles dicho tributo, a través de los agentes designados por ley (bancos, municipios, terminales automotrices, etc.), sobre esa misma base a cuyos efectos cada organismo tributario cursará la pertinente comunicación; iii) iniciar ejecuciones judiciales por el citado impuesto calculado sobre esa base y/o trabar embargos y/o cualquier medida preventiva o ejecutoria; iv) reclamar extrajudicialmente deudas originadas en el referido tributo determinadas en función del monto total de ventas y v) informar a bancos y/o registros de datos personales deudas con relación al gravamen cuestionado, con relación a las concesionarias representadas por la actora.
Contra el fallo de la Cámara de Mendoza, el 26 de noviembre de 2015, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario, que fue contestado por la actora el 1 de julio de 2016 y, por no haber sido resuelto, dicha Fiscalía planteó recurso de queja directamente ante el Máximo Tribunal de la Nación.
Para la Corte, no es lícito que el superior tribunal de la causa se demore indefinidamente en pronunciarse respecto de la vía extraordinaria (art. 14 de la ley 48 (1) pues ello importa obstruir el ejercicio de la jurisdicción y, por ello, admite la queja por el retardo excesivo en el despacho del recurso extraordinario (Fallos: 233:213; 307:2504 y 327:3510*). También acepta el recurso de queja en base a los argumentos invocados por la Fiscalía de Estado ya que en principio, involucra cuestiones de orden federal y corresponde suspender el curso del proceso, sin que implique pronunciarse sobre el fondo del recurso (Fallos: 295:658; 297:558; 317:1447*, entre otros).
En consecuencia, la Corte hace lugar a la queja, declara formalmente admisible el recurso extraordinario y suspende los efectos de la sentencia apelada, ordenando reintegrar el depósito y notificar por oficio al Tribunal de origen, remitiendo oportunamente las actuaciones a la Procuración General de la Nación.
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Relevamiento de personal. Notificación inválida porque no fue realizada en el domicilio fiscal. Nulidad del procedimiento administrativo.
- "Peckaitis, Aurelio Manuel c/Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, sentencia del 16 de junio de 2016.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación realiza un relevamiento de personal que no es notificado en el domicilio fiscal (2) del actor y, por ese motivo, no pudo presentar su descargo ni ejercer su defensa en legal tiempo y forma. No obstante ello, el Ministerio actuante dicta resolución administrativa y le impone una multa pero, esta vez, la notificación se realiza en el domicilio fiscal correspondiente.
El actor apela la resolución ministerial previo efectuar el pago previo de la multa (3), señala que nunca fue el empleador de las personas supuestamente encuestadas y plantea la nulidad de la notificación del relevamiento de personal porque no fue diligenciada en su domicilio fiscal, el cual está registrado en la AFIP desde el año 1988, según también consta en estas mismas actuaciones.
La Cámara advierte que el ente administrativo tenía conocimiento del domicilio fiscal del contribuyente a tal punto que la resolución de multa fue notificada correctamente. Por ello, considera que fue vulnerado el derecho de defensa del actor (art. 18, Constitución Nacional) al no haber sido notificado del relevamiento y de la audiencia de descargo de acuerdo a la ley aplicable (ley 11.683, art. 3 y 100).
La Sala I declara la nulidad de lo actuado en la instancia administrativa y ordena devolver el depósito previo, con más sus intereses, a la tasa promedio mensual del B.C.R.A. desde la fecha en que se pagó la multa hasta su efectiva devolución al depositante (art. 10, decreto 941/91, "Lopez Antonio Manuel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", CSJN, sentencia del 10/6/92*). Las costas se imponen por su orden, conforme doctrina sentada en "Gomerías Alberdi" (Fallos 300:895 (4) y sus citas).

PENAL TRIBUTARIO

Evasión simple. Ardid o engaño mediante la utilización de conductas fraudulentas u omisivas. Idoneidad suficiente para dificultar o entorpecer las funciones de la AFIP. Deuda regularizada en plan de pagos a raíz de una inspección. Falta de mérito. Ley penal más benigna.
- "G., H.D. s/Infracción ley 24.769- querellante AFIP -DGI", Causa Nro. 45.556/2013, Cámara Federal de Tucumán, sentencia del 21 de noviembre de 2016.

La querellante AFIP-DGI apeló el fallo del juez de primera instancia que mantuvo la falta de mérito de G.H.D. dispuesta por resolución del 7 de abril de 2014, sin perjuicio de proseguir el sumario penal, y ordenó librar oficio a la AFIP-DGI para que mensualmente informe si el nombrado cumple con el plan de pagos al cual se acogió para regularizar el IVA períodos fiscales 2009 y 2011 y el Impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2007, 2009 y 2010, hasta que la deuda haya sido cancelada o, en su caso, si se produce la caducidad de dicho plan. El juez anterior ordenó también se reserven las actuaciones en Secretaría hasta que este totalmente cancelada la deuda o, bien, caduque el plan de pagos. El Fiscal General no adhirió a la apelación por ser la querella la parte apelante. El fundamento de la apelación de la AFIP es que la incorporación de la deuda en un plan de facilidades de pago no justifica paralizar el trámite de esta causa penal tributaria pues la deuda fue regularizada cuando la inspección ya había concluido. De este modo, no existe espontaneidad ni permite excluir la subjetividad y, por ello, pide se revoque la sentencia, se deje sin efecto la reserva de la causa penal y se procese al imputado, manteniendo el caso federal.
La Cámara Federal de Tucumán observa que, según el fallo apelado, no puede afirmarse que haya dolo directo ya que el imputado incluyó toda la deuda en un plan de pagos. Ese primer plan, que había caducado por un embargo trabado por la propia AFIP, fue reformulado posteriormente en un nuevo plan que está vigente en la actualidad.
Para el Tribunal actuante, corresponde mantener la falta de mérito pues el ardid o engaño tiene un lugar privilegiado en la estructura de la figura penal de evasión simple (art. 1, ley 24.769) en tanto constituye uno de los elementos del tipo ("Raco Agropecuaria S.R.L. s/infracción Ley Penal Tributaria", Expte. 52.556, del 23/11/09, de ese mismo Tribunal, entre otros). Ello, así, pues no sanciona cualquier evasión impositiva sino sólo cuando se concretan con un cierto medio típico, esto es, por "declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño". La ley contiene reglas ejemplificativas y, para no vulnerar el principios constitucionales como el de legalidad, debe ser interpretada restrictivamente. No cualquier conducta desplegada para evitar o dificultar la determinación del tributo constituye el delito de evasión, deben ser conductas fraudulentas u omisivas y, para ser punible, "debe estar acompañada de fraude" ("Senn Kenneth Waldemar s/rec. de casación", CNCP, Sala I, 28/4/09, La Ley 12/3/10). El delito de evasión tributaria no comprende simples mentiras sino acciones u omisiones en donde la maniobra se realice junto con un ardid o engaño idóneo para inducir a error al Fisco y, para establecer la concurrencia de ese elemento adicional, hay que evaluar las posibilidades que tiene para detectar la irregularidad ("Arthur Lidey SAIyC", CNCP, Sala II, 2/11/2005, La Ley 2006-A, 612)
La Cámara Federal señala que el ardid debe ser idóneo para entorpecer las funciones propias de la AFIP y lograr ocultar la existencia real o cuantía del tributo en cabeza del obligado. No cualquier ardid o engaño es apto para configurar el delito de evasión sino sólo el que tenga idoneidad suficiente para dificultar el control fiscal. Una acción ardidosa burda, de fácil detección, no puede afectar el control del ente recaudador que está altamente calificado para verificar maniobras ardidosas de los contribuyentes. El ilicito tributario, tanto por acción como por omisión, debe contener un ardid o engaño idóneo, real, significativo y oportuno dirigido a ocasionar el error inevitable en el fisco, que tendrá que ser evaluado en cada caso, considerando la existencia del sistema autodeclarativo de tributos en nuestro régimen impositivo.
Para el Tribunal, siguiendo doctrina destacada, la ley 24.769 (en la actual redacción del art. 16, reformado por ley 26.735) resulta incongruente en el sentido que la AFIP, al verificar inconsistencias, le propone al contribuyente que rectifique sus declaraciones juradas e ingrese los impuestos pertinentes y al mismo tiempo mantiene vigente la sanción penal. Esta discordancia legal se convierte en un estímulo para no pagar nunca, para resistirse a la inspección o, en su caso, es una clara provocación a la autoincriminación dado que quien rectifica durante una fiscalización (por lo general, por un acuerdo con los inspectores) confiesa el delito y le es más difícil evitar la pena. Así, la Ley Penal tributaria invade el ámbito específico y autónomo del derecho tributario, provocando una distorsión. En este caso, los períodos involucrados deben analizarse según la antigua redacción de la ley 24.769 y también por ser ley penal más benigna que permite extinguir la acción penal por pago antes del requerimiento fiscal de elevación a juicio. La Cámara confirma la resolución apelada y mantiene la falta de mérito.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Por esta norma, un juicio que tramita en jurisdicción provincial sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se trata de sentencias definitivas dictadas por los tribunales superiores de provincia cuando se haya cuestionado la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, de un derecho o garantía constitucional o de una autoridad nacional o provincial y la decisión sea contra esa validez.
(2) Por el art. 3 de la ley 11.683, los contribuyentes deben tener un domicilio fiscal en donde se tienen por válidas todas las notificaciones que allí se practiquen de acuerdo a la ley aún cuando el interesado no firme el acta o la cédula de notificación respectiva.
(3) Para apelar judicialmente este tipo de multas, hay que hacer el depósito previo del monto cuestionado para que intervenga la Cámara Federal de la Seguridad Social (art. 15, ley 18.820). La omisión del depósito tiene como consecuencia que la apelación se considera no presentada de manera que el Ministerio queda habilitado para iniciar un juicio de ejecución fiscal con el objeto de cobrar la multa y embargar cuentas bancarias o disponer cualquier otra medida cautelar con intervención del Juez competente.
(4) Fallo analizado en "Recursos de la Seguridad Social- Procedimientos y sentencias esenciales" (Accorinti Susana, 2da. Edición, La Ley, 2013).


(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es:
Susana.accorinti@hotmail.com