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Jurisprudencia tributaria y previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION (*)
Queja por denegatoria de recurso extraordinario contra sentencia en juicio ejecutivo. Regalías hidrocarburíferas. Inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de deuda. La verdad es más importante que los aspectos formales.
- "Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Fiscalía de Estado y otro c/Y.P.F. S.A. s/medidas cautelares", sentencia del 22 de noviembre de 2016.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa (Sala A) declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por Y.P.F. S.A. contra el fallo de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería en cuanto confirmó la sentencia del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras N° 1 que había rechazado las excepciones opuestas y mandó continuar con la ejecución fiscal por diferencias en la liquidación de regalías hidrocarburíferas durante febrero a noviembre 2009. Para así resolver, afirmó que el fallo de la Cámara no era una sentencia definitiva porque se dictó en un proceso de apremio y el tema podría replantearse en un juicio ordinario posterior (1). Además, destacó que la demandada no demostró la errónea aplicación de una norma del Código Fiscal ni rebatió el minucioso examen del fallo recurrido relativo a la constitucionalidad de la normativa involucrada.
Y.P.F. S.A. interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación contra el rechazo del recurso extraordinario fundado en que la deuda es inexistente porque la Disposición 1/08 de la Subsecretaría de Combustibles de la Nación -posteriormente ratificada por la Resolución 813/10 de la Secretaría de Energía- exige que se utilice como base imponible el precio piso efectivo de cuarenta y dos dólares estadounidenses el barril, reemplazando así el precio obtenido o el precio corriente de mercado empleado por Y.P.F. para liquidar y abonar el tributo en cuestión. En materia de hidrocarburos, según la legislación vigente, las regalías deben calcularse y pagarse tomando como base los precios efectivamente obtenidos o facturados por las operaciones de comercialización o el valor corriente en el mercado interno (ley 17.319). La quejosa concluye que la Subsecretaría de Combustibles de la Nación no puede fijar, unilateralmente, un precio para pagar las regalías que prescinde del efectivamente obtenido o facturado de acuerdo a la ley 17.319 y reitera la jurisprudencia citada que no fue tenida en cuenta por los tribunales intervinientes en este caso.
Siguiendo el dictamen de la Procuradora Fiscal Dra. Laura Monti, la Corte Suprema interpreta que el recurso extraordinario es formalmente admisible por cuanto, si bien las sentencias en los juicios ejecutivos no son definitivas a los fines de estos recursos federales (2) pues los litigantes pueden plantear nuevamente el tema, ya sea por el ejecutado mediante una demanda de repetición o, por el Fisco, con una nueva boleta de deuda (Fallos: 308:1230; 311:1724, entre otros*), lo cierto es que aquí se trata de una deuda manifiestamente inexistente y, de lo contrario, se privilegia un excesivo rigor formal con menoscabo de garantías constitucionales (Fallos: 278:346, 302:861, entre otros*). Por ese motivo, los tribunales inferiores deben tratar y resolver adecuadamente la defensa de inexistencia de deuda siempre y cuando no haya que examinar otras cuestiones que excedan el marco del proceso de ejecución.
En esta causa, la Corte observa que la demandada opuso la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda pues, según la legislación vigente, las regalias deben calcularse y pagarse en base a los precios efectivamente obtenidos o facturados por las operaciones de comercialización o el valor corriente en el mercado interno. Este planteo nunca fue tratado por los tribunales anteriores quienes eludieron su tratamiento con el argumento que la sentencia apelada no revestía el carácter de definitiva debido a la acción de repetición con que cuenta la ejecutada.
Para la Corte Suprema, la solución correcta exige analizar la defensa invocada dado que existen precedentes dictados por esa misma Corte en donde declaró la nulidad de la mencionada Disposición 1/08 que sirve de sustento al reclamo provincial (3). Por eso, recuerda que desde la causa "Colalillo" (Fallos 238:550), ese Alto Tribunal sostuvo reiteradamente que los jueces no pueden renunciar a la verdad jurídica objetiva por consideraciones formales y deben siempre determinar la verdad sustancial por encima de los excesos rituales por cuanto el logro de la justicia requiere que sea entendida como una virtud al servicio de la verdad. El fallo recurrido no satisface al derecho vigente, ni está referido a los hechos de la causa de modo que es arbitrario.
El Máximo Tribunal de la Nación advierte que, aún cuando existe una caducidad de instancia declarada por ese mismo Tribunal el 15 de abril de 2014 en la causa caratulada "Y.P.F. S.A. c/La Pampa provincia de y otros s/impugnación de acto administrativo", se trata de una contingencia procesal que no tiene entidad para atribuirle carácter de cosa juzgada a la Disposición 34/10 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de la Provincia que sirve de sustento a la deuda intimada en la boleta de deuda que origina esta ejecución fiscal.
En consecuencia, la Corte hace lugar a la queja, declara procedente el recurso extraordinario, revoca la sentencia apelada, con costas y ordena que el tribunal que corresponda dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a este fallo analizado.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Eximición del depósito previo para evitar frustrar el valor justicia. Demanda laboral rechazada por Tribunal del Trabajo. Efectos de la cosa juzgada. Inexistencia de contrato de trabajo. Improcedencia de las cotizaciones de la seguridad social.
- "Portillo Gustavo Alexis c/AFIP s/Impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, sentencia del 9 de junio de 2016.

A raíz de una denuncia presentada en la AFIP por una presunta trabajadora que acompañó una copia de su demanda laboral en donde dice haber trabajado en relación de dependencia para el sr. Portillo desde octubre de 2008 hasta enero de 2010, el citado organismo fiscal inicia un procedimiento administrativo que culmina con un ajuste por aportes, contribuciones y multa por recursos de la seguridad social para el supuesto empleador. El nombrado Portillo apela judicialmente la pretensión de la AFIP, sin depositar de modo previo las sumas apeladas (4) fundado en que es monotributista, no posee bienes a su nombre y al monto promedio de sus ingresos.
Como cuestión inicial, la Cámara Federal trata la omisión del pago previo y recuerda la doctrina de la Corte Suprema según la cual los jueces están obligados a utilizar todos los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos ("Helvecia Farias c/ANSeS", del 10 de agosto de 1999*). También cita el criterio del fallo "Microomnibus Barrancas de Belgrano" (sentencia del 21 de diciembre de 1989 (*) (5), que no perdió vigencia con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 por haberle dado jerarquía constitucional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ello, así, pues si bien el Alto Tribunal de la Nación admite la plena operatividad del art. 8 inciso 1 de dicha Convención que es análogo al art. 18 de la Constitución Nacional, corresponde efectuar el depósito previo de las sumas discutidas para acceder a la instancia judicial salvo que el interesado afirme y pruebe que ese pago previo es exorbitante y desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento se adopta en materia tributaria excepto que sea un monto excepcional o que haya falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentarlo, doctrina que se aplica para interpretar el art. 15 de la ley 18.820 (4) (Fallos: 215:225 y 501; 219:668; 247:181; 307:1753, entre otros*). Sin embargo, la Sala I entiende que en este caso hay que habilitar la apelación judicial porque lo contrario implicaría consentir que, por aspectos formales, se frustra el valor justicia.
Por aplicación del caso "Colalillo Domingo c/España y Rio de la Plata" (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 18 de septiembre de 1957*), la Sala afirma que los jueces están obligados a ponderar con mayor rigor los principios jurídicos a fin de no lesionar la justicia pues no se trata de cumplir ritos caprichosos sino de desarrollar procedimientos destinados a establecer la verdad jurídica objetiva que es su norte. La exégesis de la ley requiere máxima prudencia, cuidando que de no perder un derecho o que el excesivo rigor formal de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que inspiró su sanción y traduzca una renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva (CSJN, "Ginocchio Luis Gerónimo c/Fundación Universidad de Belgrano", sentencia del 20 de noviembre de 1990 (*), citado por esa misma Sala en "La Formoseña S.R.L. c/DGI s/impugnación de deuda", del 18 de septiembre de 2000).
En este caso, el Tribunal exime del depósito previo porque fue incorporada la sentencia dictada el 10 de mayo de 2014 por el Juzgado Laboral Nº 2 de la 3ra. Circunscripción Judicial de la provincia de Misiones en donde consta que el vínculo que originó la demanda laboral presentada ante la AFIP era civil y no tenía las características de un contrato de trabajo, motivo por el cual la demanda fue rechazada totalmente. La sentencia del Juzgado laboral goza de los efectos de cosa juzgada que no puede ser revisada por los tribunales de la seguridad social (en "Raed Luis Martín c/AFIP -DGI s/impugnación de deuda").
La Sala I admite formalmente la apelación y deja sin efecto la resolución de la AFIP, con costas por su orden (Fallos: 300:895 (6).

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Art. 261, Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa.
(2) Se aplica el art. 14 de la ley 48. Por esta norma, un juicio que tramita en jurisdicción provincial sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se trata de sentencias definitivas dictadas por los tribunales superiores de provincia cuando se haya cuestionado la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, de un derecho o garantía constitucional o de una autoridad nacional o provincial y la decisión sea contra esa validez
(3)"ENAP Sipetrol Argentina S.A. c/Provincia deI Chubut s/acción declarativa de certeza" y "Chevron Argentina S.R.L. c/Santa Cruz provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza", ambas sentencias del 6 de octubre de 2015, entre otras.
(4)Para apelar judicialmente este tipo de deudas, hay que hacer el depósito previo de todos los montos cuestionados para que intervenga la Cámara Federal de la Seguridad Social (art. 15, ley 18.820). La omisión de este depósito tiene como consecuencia que la apelación se considera no presentada de manera que el Ministerio actuante o la AFIP quedan habilitados para iniciar un juicio de ejecución fiscal con el objeto de cobrar esos montos y trabar embargo de cuentas bancarias o cualquier otra medida cautelar con intervención del Juez competente.
(5) Fallos analizados en "Recursos de la seguridad social- Procedimientos y doctrinas esenciales" (Accorinti Susana, ed. La Ley, 2da. Edición, 2013).
(6) Este precedente de la Corte Suprema es "Gomerías Alberdi S.A.C.I. s/apelación" del 16 de agosto de 1978 también está comentado en "Recursos de la seguridad social- Procedimientos y doctrinas esenciales" (Accorinti Susana).

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com