Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Jurisprudencia tributaria y previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN *

Recurso Extraordinario. I.V.A. Exención tributaria. Planes de enseñanza oficial. Interpretación de la ley.
- "Empresa Alas Argentinas S.R.L. (TF 29795-I) c/D.G.I. sentencia del 24 de mayo de 2016.
La Empresa Alas Argentina S.R.L. interpone recurso extraordinario contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que dispuso revocar el fallo de la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación que dejó sin efecto la resolución dictada el 31 de mayo del 2007 por la AFIP mediante la cual impugnó sus declaraciones juradas de I.V.A., períodos marzo 2002 a febrero 2005 y determinó de oficio las respectivas obligaciones tributarias, más sus intereses resarcítorios, imponiendo multa por omisión de impuesto (art, 45, ley 11.683).
En su fallo, el Tribunal Fiscal de la Nación dijo que la actividad principal de la actora es la prestación de servicios de enseñanza para adultos relacionada con la profesión de piloto comercial de avión la cual, según la postura de la AFIP, no reunía las condiciones fijadas en la ley del IVA (art. 7, inc. h), ap. 3,) para estar exenta del pago de ese tributo. Ello, así, pues el ente fiscal interpretó que la habilitación oficial de la Fuerza Aérea Argentina que tiene la empresa no está comprendida en los planes de enseñanza oficial regulados por la Ley Federal de Educación (ley 24.195, B.O.: 5/5/93) y que se trata de un aprendizaje de especiales características que no se equipara a la educación común de niños, adolescentes y resto de adultos.
Según el Tribunal Fiscal, la Fuerza Aérea Argentina desempeña una función más amplia que la mera regulación del tráfico aéreo y, por ende, tiene la potestad exclusiva de otorgar licencias para el funcionamiento de aeronaves, motivo por el cual resulta obvio que no podría cumplir ese cometido si los postulantes no justifican haber cursado y aprobado los ciclos de instrucción pertinentes para cada especialidad. Así, los planes de educación de escuelas como la actora deben contar con la autorización de ese organismo estatal, adquiriendo la calidad de "oficiales" sin que sea necesaria la intervención de otra dependencia o ministerio del Estado. La Fuerza Aérea Argentina dicta normas y establece los requisitos a los que deben someterse las escuelas de vuelo habida cuenta que las licencias aeronáuticas se otorgan en el ámbito de la aviación civil, con vigencia internacional, conforme con el Código Aeronáutico y sus normas de aplicación (decreto 1954/77). Por último, este Tribunal señaló que ni la ley del IVA ni su reglamento exigen que los planes de enseñanza oficial que gozan del beneficio tributario deben estar tutelados exclusivamente por el Ministerio de Educación o que le esté vedado a otra dependencia estatal.
Para revocar el fallo del Tribunal Fiscal, la Sala I interviniente interpretó el texto del art. 7°, inc. h), ap. 3 de la ley del gravamen cuyo primer párrafo prevé la exención condicionada a que el establecimiento educativo privado reúna simultáneamente dos recaudos: a) que esté incorporado a los planes de enseñanza oficial y b) que hayan sido así reconocidos por las respectivas jurisdicciones. Además, se basó en la Ley Federal de Educación al considerar que los servicios prestados por establecimientos educativos privados deben abarcar planes existentes o propios, con reconocimiento oficial por la autoridad jurisdiccional en materia de educación, atribución que sólo le corresponde al Ministerio de Educación a los fines de la exención en el IVA. La Cámara estima que la prueba rendida no permite tener por cumplido tal requisito pues los cursos involucrados se hallan, en su faz académica, sujetos a la aprobación y control del Ministerio de Educación de la Nación, aspecto que no fue demostrado, no verificándose el requisito del "plan de enseñanza oficial". Finalmente, la Sala sostuvo que estos cursos tienen habilitación de la Fuerza Aérea Argentina al sólo efecto de evaluar las condiciones de los inscriptos aspirantes a obtener la licencia de piloto.
Al fundar su recurso extraordinario, la empresa recurrente invoca la existencia de cuestión federal por discutir la interpretación de la ley del IVA y por desconocer la forma en se desarrolla en nuestro país la actividad aeronáutica. También se basa en la arbitrariedad de sentencia en tanto prescinde de pruebas demostrativas de planes de enseñanza oficial establecidos y controlados por la Fuerza Aérea Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación.
El recurso fue parcialmente concedido por la cuestión federal y denegado por la arbitrariedad, no habiendo interpuesto recurso de queja por la denegatoria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fundamento en el dictamen del 21 de septiembre de 2015 de la Procuradora Fiscal Dra. Laura Monti, declara formalmente admisible la vía extraordinaria por involucrar normas federales (ley del IVA y Código Aeronáutico., entre otras) y porque la sentencia .definitiva del superior tribunal de la causa fue contraria al derecho invocado por el apelante (art. 14, inc. 3°, ley 48 (1). Aclara que, por ser una cuestión federal, la Corte no está limitada a los argumentos de los tribunales anteriores ni de las partes y que, no obstante haber sido concedido de modo parcial, los agravios expuestos presentan una unidad conceptual de argumentación de modo que corresponde su tratamiento conjunto (Fallos: 326:1339, 2329; 330:1855, 2347*, entre otros) dada la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio.
Para el Máximo Tribunal, la ley del IVA prevé la exención de ciertas prestaciones y locaciones, indicando que ese beneficio comprende a "Los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes, y de posgrado para egresados de los niveles secundario, terciario o universitario ...". En esta causa, el conflicto de interpretación se vincula a la existencia de "planes de enseñanza oficial" y de la forma de ser reconocidos por "las respectivas jurisdicciones".
De acuerdo a la postura de la AFIP, recogida por la Sala en la sentencia recurrida, la actora no goza de la exención pues los cursos no responden a un "plan de enseñanza oficial" porque fueron aprobados por la Fuerza Aérea Argentina y no por el Ministerio de Educación de la Nación. Esta postura implica circunscribir el concepto legal de "las respectivas jurisdicciones" a los Ministerios (nacional o provincial) que se ocupen en exclusividad del área educativa para estar exentos del IVA. Sin embargo, el Alto Tribunal recuerda su doctrina frente a las exenciones impositivas las que deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan (Fallos: 277:373; 286:340; 327:5649, entre otras) y que su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y sus fines (Fallos: 285:322, entre otros), pues la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973)
La Corte Suprema advierte que, por lo común, es el Ministerio de Educación el encargado principal de atender la actividad de la Administración relativa a la enseñanza pero ello no impide que otras dependencias del Estado puedan, a su vez, cumplir con específicas y limitadas funciones vinculadas a la enseñanza en las materias, oficios y profesiones ligadas a la órbita de sus incumbencias. En el ámbito de la aeronavegación civil, el Código Aeronáutico (ley 17.285 y sus modificaciones) es la norma que rige toda la actividad aeronáutica civil en la República Argentina; entendiendo por "aeronáutica civil" el conjunto de actividades vinculadas con el empleo de aeronaves privadas y públicas, excluidas las militares, que comprende a las personas que realicen funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves de matricula argentina, quienes deben poseer la certificación de su idoneidad expedida por la autoridad aeronáutica, según la reglamentación respectiva. El citado código también exige que las personas que desempeñen funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves extranjeras posean certificados de idoneidad aceptados por la autoridad aeronáutica argentina o emitidos conforme los acuerdos internacionales en que la Nación sea parte. En esta causa se probó que es la Fuerza Aérea Argentina, por medio del Comando de Regiones, la autoridad nacional que fijó los planes de instrucción reconocidos para obtener una licencia aeronáutica (decreto 1954/77) acorde a normas internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional y que los alumnos de las escuelas de vuelo fueron examinados por un inspector de la fuerza, quien evaluó sus conocimientos por cuanto esa autoridad aeronáutica era la única que controlaba las licencias.
Para la Corte, en sentido contrario a la sentencia recurrida, si hay "planes de enseñanza oficial" que son los planes de instrucción fijados por la Fuerza Aerea Argentina, durante el tiempo abarcado en este juicio, los que también cumplen con el requisito de que fueron reconocidos por "la respectiva jurisdicción", es decir, por la propia Fuerza Aérea Argentina como autoridad de aplicación. Ello no desvirtúa el hecho que el Ministerio de Educación tenga cierta injerencia en lo relativo a otras carreras y estudios vinculados con la actividad aérea, que los haya aprobado y controle sus planes de enseñanza, según se demostró en esta causa. Esta postura está reforzada por el criterio del Tribunal Fiscal que advirtió que ni la ley del gravamen ni su reglamentación circunscriben la aprobación de los planes de instrucción al Ministerio de Educación, correspondiendo aplicar la doctrina de esta Corte según la cual los jueces no deben introducir distinciones cuando el precepto legal no lo hace. La tesitura contraria importaría establecer un dato diferenciador dentro de la educación organizada por el propio Estado Nacional, sin que exista ninguna razón que justifique otorgar un tratamiento más gravoso a la segunda con relación a la primera, en desmedro de una inteligencia más racional de la norma (arg. Fallos: 306:1580 y 327:5649*).
En consecuencia, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, con costas.

Prescripción de tributos locales. Incompetencia originaria de la Corte Suprema.
- "Alpargatas S.A.I.C. c/Chaco, provincia del s/acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 15 de marzo de 2016.
Alpargatas S.A.I.C. inicia una acción declarativa de certeza (art. 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) contra la Provincia del Chaco para hacer cesar el estado de incertidumbre en el cual dice encontrarse frente al reclamo de exigir el cobro de supuestas deudas por tributos provinciales, por períodos mayo 2005 a agosto 2010, que, a su criterio, están prescriptos, sumado a que la postura provincial implica violar el comercio interjurisdiccional al pretender gravar ingresos provenientes de otras jurisdicciones. Pide la inconstitucionalidad de los arts. 87 y 91, inciso "a" del Código Tributario de la Provincia del Chaco que fijan un plazo de suspensión de la prescripción de las acciones y poderes del fisco provincial para determinar y exigir impuestos provinciales y una forma del cómputo de la prescripción distinto al del Código Civil, en oposición con el art. 75, inciso 12 de la Constitución Nacional y con la doctrina jurisprudencial de esa Corte que consagra que las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción de los tributos en forma contraria al Código Civil son inválidas por cuanto las provincias carecen de facultades para establecer normas que se aparten de la legislación de fondo.
La actora produce telas de jeans, para lo cual obtiene la fibra de algodón en una planta que posee en Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco, fibra que después es trasladada a Bella Vista, Provincia de Corrientes, donde fabrica la tela y, posteriormente, a la localidad de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, donde culmina el proceso y goza de la exención del impuesto sobre los ingresos brutos en la provincia demandada por los beneficios del Pacto Fiscal. Sin embargo, por razones vinculadas al proceso de industrialización en varias jurisdicciones, la provincia del Chaco liquidó diferencias de impuesto a su favor tomando en cuenta el 100% de las bases imponibles declaradas por la empresa como atribuible a la provincia, pese a que el Código Tributario de esa provincia fija la exención en el citado gravamen para la producción de bienes efectuada en la jurisdicción por empresas con planta industrial allí radicadas, excepto las operaciones realizadas con consumidores finales, sin condicionar la exención a ingresos provenientes de la actividad desarrollada en el establecimiento ubicado en la provincia. Agrega que esa limitación fue indebidamente creada por el Fisco, violando el principio de legalidad en materia tributaria y a que la pretensión fiscal de gravar ingresos de otras jurisdicciones y de distinguir si proceden o no de un establecimiento industrial localizado en esa provincia, vulnera normas constitucionales (arts. 9° a 12; 31; 75, inciso 13 y 126).
Para la Corte Suprema, este conflicto es sustancialmente análogo a "Nestlé Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza - Sellos", sentencia del 24 de noviembre de 2009, de manera que la competencia originaria corresponde si la pretensión se funda exclusivamente en preceptos de carácter nacional, leyes del Congreso o en Tratados si cuestión federal es la predominante.
A fin de establecer si este caso puede ser subsumido en esa categoría de procesos, el Alto Tribunal hace las siguientes consideraciones. Entre las atribuciones del Congreso de la Nación y de las distintas leyes que sanciona, está la de dictar las "derecho común", cuya aplicación corresponde a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas caigan bajo sus respectivas jurisdicciones (art. 75, inciso 12). El propósito perseguido por el constituyente fue el de lograr la uniformidad de las instituciones sustantivas o de fondo y salvaguardar la diversidad de jurisdicciones propias de un sistema federal de gobierno. En este caso, la demanda se funda en códigos comunes y, por ende, debe ser juzgada por jueces locales.
Por el principio de supremacía constitucional (art. 31), las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a la Ley Fundamental no obstante cualquier norma en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Por ello, todo magistrado argentino, federal, nacional o provincial, sea cual fuere su competencia, debe pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales que les propongan en los asuntos que deban juzgar en base al control de constitucionalidad difuso que ejercen todos los jueces del país. Así, carece de objeto llevar a la justicia nacional el cuestionamiento de una ley o un decreto que puede ser rectificado por la magistratura provincial, no obstante la tutela que esta Corte eventualmente pueda dar a los aspectos federales del litigio, la que debe procurarse a través del recurso extraordinario y en la medida que la decisión de los jueces provinciales afecte el interés de las partes, como resulta de los precedentes invocados por la actora.
Los antecedentes de este caso no permiten tener por configurada una cuestión federal que admita la competencia originaria (art. 117, Constitución nacional) pues, de acuerdo a la exposición de los hechos que surge de la demanda, la actora realiza un planteo conjunto de un asunto de naturaleza federal con uno de orden local que estaría directa e inmediatamente relacionado con la aplicación e interpretación de una norma del Código Tributario de la Provincia del Chaco, que integra el derecho público local (Fallos: 329:5675). De la demanda tampoco se desprende que a la actora se le haya exigido el pago de una alícuota mayor por no tener establecimiento en la provincia o por provenir sus productos de otro territorio, sino que el tema que pretende someter a decisión judicial es el alcance de la exención prevista en el Código Tributario de la Provincia del Chaco (art. 128, inciso p) y los presupuestos a los cuales dicha norma condiciona la operatividad de la franquicia, teniendo en cuenta que la actora relata que la cadena de producción se completaría en tres jurisdicciones distintas. Aquí existen sustanciales diferencias con otras cuestiones relacionadas con el impuesto a los ingresos brutos y la eventual afectación de preceptos constitucionales, según precedentes de esta Corte en "ENOD S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 22 de agosto de 2012; "Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 28 de agosto de 2012; "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 24 de septiembre de 2013; "Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 2 de junio de 2015, entre otros .
Por tanto, se declara la incompetencia originaria de la Corte para conocer en la causa (2).

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Por esta norma, sólo podrá recurrirse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación las sentencias definitivas dictadas por los tribunales superiores de provincia cuando se cuestionó la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional y la decisión fue contra la validez del título, derecho; privilegio o exención.
(2) La Procuradora General de la Nación, dra. Laura Monti, en su dictamen de fecha 28 de agosto de 2014 se pronuncia a favor de la competencia originaria del Máximo Tribunal por entender que es un pleito de manifiesto contenido federal (Fallos: 317:473; 318:30 y 323:1716*).

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: susana.accorinti@hotmail.com