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Jurisprudencia tributaria y previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Impuesto a las ganancias: reclamo de anticipos en juicio de ejecución fiscal. Inhabilidad de título. Recurso extraordinario declarado inadmisible. Vencimiento y presentación de declaración jurada. Procedencia de intereses.
"AFIP - DGI c/Fideicomiso Financiero Serie Ribeiro LXVII s/ejecución fiscal - AFIP", sentencia del 8 de marzo de 2016.

La AFIP -DGI inicia un juicio de ejecución fiscal contra el Fideicomiso Financiero Serie Ribeiro LXVII para cobrar los anticipos 4 a 8 del período fiscal 2014 correspondiente al Impuesto a las Ganancias, más sus intereses resarcitorios y punitorios, con la intervención del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 4. .
El Fideicomiso demandado rechaza la ejecución promovida en su contra mediante el planteo de la excepción de inhabilidad de título basado en que había presentado la declaración jurada anual del período 2013 con saldo de impuesto a su favor y en la opción reducción de los anticipos presentada el 15 de septiembre de 2014. Agrega que el reclamo de intereses resarcitorios es improcedente por no existir mora culpable pues nada le debe a la AFIP y destaca que, al finalizar el ejercicio fiscal 2014, presentó la declaración jurada pertinente, con saldo a su favor. Además, considera que el Fisco pretende cobrar una deuda inexistente, configurando un supuesto de temeridad legislado en el art. 45 del C.P.C.C.N. (1) de manera que pide se le imponga a la actora el máximo de multa fijado para estos casos, excluyendo a sus profesionales.
La AFIP contesta la excepción y afirma que, según la documentación aportada por la propia ejecutada y la que esta en las bases fiscales, surge que la declaración jurada del impuesto a las ganancias, período 2014, fue presentada con posterioridad al inicio de este juicio de ejecución fiscal. Por tanto, no corresponde exigir el pago de los anticipos pero sí procede el cobro de los intereses devengados. Ello, así, pues el Fideicomiso incurrió en mora al no haber regularizado su situación en la fecha en que operaba el vencimiento de la obligación, razón por la cual la AFIP no obró ni temeraria ni maliciosamente.
El Juzgado interviniente hace lugar a la excepción de inhabilidad de título (art. 92, inciso d) de la ley 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones) por cuanto, si bien la ley alude únicamente a vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda, la doctrina de la Corte Suprema de la Nación establece que las limitaciones de las defensas en este tipo de juicios no puede llevar al extremo de dictar una condena sobre la base de una deuda inexistente (Fallos: 278:346; 317:1400; 318:646; 324:194 y 1127*), admitiendo otras causales dentro de la excepción. Menciona, además, a la defensa de inconstitucionalidad cuando está en tela de juicio algunos de los presupuestos esenciales de la vía ejecutiva (Fallos 295:338 *) y señala que la legitimidad de la ejecución fiscal deriva de la constitucionalidad de las normas y del juicio ordinario posterior de modo que los jueces deben preservar la supremacía de la Constitución Nacional según el orden fijado en su art. 31 (2). Si una ley se opone notoriamente a la Ley Fundamental, los jueces -a pedido del interesado- así deben declararlo. Esta defensa procede cuando la violación constitucional surja del contenido mismo de la norma impugnada y no de su aplicación irrazonable en el caso concreto, es decir, cuando la repugnancia de la norma de menor jerarquía respecto de la Constitución Nacional sea manifiesta y su incompatibilidad sea inconciliable, clara e indudable, debiendo debe emerger de la simple confrontación de las normas, sin más trámites o indagaciones que desvirtúen la finalidad sumaria del juicio ejecutivo (Fallos: 247:121 * y sus citas, entre otros).
Para el Juez Federal, la documentación acompañada prueba que la declaración jurada cuyos anticipos se reclaman en esta ejecución fue presentada después de iniciada la demanda, aspecto reconocido por la AFIP quien, al contestar la excepción, limitó su pretensión al cobro de los intereses adeudados. Ello, así, en base a la jurisprudencia imperante que sostiene que el Fisco Nacional está habilitado a exigir el pago de los accesorios aún después de vencido el plazo para reclamar el pago de anticipos a pesar de que el impuesto final del ejercicio fuera inexistente (CSJN, en "Cristalerías de Cuyo S.A. c/DGI s/demanda de repetición, sentencia del 5 de junio de 1980*).
El Magistrado actuante rechaza la temeridad y malicia solicitada por la demandada, con cita de destacada doctrina y copiosa jurisprudencia de distintos fueros. Al respecto, sostiene que hay dos elementos subjetivos: el dolo (intención de infligir una sinrazón) y la culpa (insuficiente ponderación de las razones que motivan la pretensión o discusión), que deben aplicarse con criterio restrictivo para no vulnerar el derecho. En este caso, al inicio de la ejecución, la actora estaba habilitada para promoverla, circunstancia no desconocida por la ejecutada quien presentó la declaración jurada pertinente después de la demanda.
En consecuencia, el Juez interviniente hace lugar a la ejecución fiscal pero sólo por los intereses resarcitorios y punitorios y rechaza el pedido de temeridad y malicia, con costas en el orden causado por existir vencimientos mutuos.
Contra el fallo del Juzgado Federal, la AFIP interpone recurso extraordinario el cual es declarado inadmisible por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 280 (3), C.P.C.C.N.), sin costas por no haber contestado el traslado la parte demandada.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Exime del depósito previo para evitar frustrar el valor Justicia. Relevamiento de personal al presidente de una sociedad anónima. Aporte bajo el régimen de autónomo.
"Serca S.A. c/AFIP -DGI s/impugnación de deuda" (Expte. 21.581/2012), Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, sentencia del 17 de marzo de 2016.

Esta causa se origina en Actas de Inspección y de Infracción labradas por la AFIP que determinan deuda por aportes, contribuciones, intereses y multa por Recursos de la Seguridad Social con relación al contribuyente Serca S.A. a raíz de un relevamiento de personal realizado el 8 de marzo de 2007 en donde una persona declaró como fecha de ingreso el 14 de agosto de 2000 y, posteriormente, la AFIP verificó que, entre agosto 2001 y marzo 2007, esa persona había sido incluida en la nómina de empleados en las declaraciones juradas presentadas, en el Régimen Nacional de la Seguridad Social con remuneración imponible en cero (0) y con remuneración imponible Obra Social distinta de cero. La persona relevada es Presidente de la sociedad anónima, habiendo aportado como autónomo durante esos mismos períodos fiscales.
Serca S.A. impugnó administrativamente las actas determinativas, impugnación que fue rechazada por la AFIP, motivo por el cual la contribuyente interpuso el recurso de apelación para que la decisión fiscal fuera revisada por la Cámara Federal de la Seguridad Social. En esa oportunidad, la apelante propuso ofrecer un seguro de caución en sustitución del depósito previo exigido por ley para habilitar la vía judicial (4) fundada en que ese requisito previo vulnera principios y garantías constitucionales (arts. 17 y 28, Constitución Nacional). Se aclara que el seguro de caución no fue acompañado al expediente sino, simplemente, fue ofrecido (5).
Para la Sala I, la falta de pago previo produce la deserción de este tipo de apelación pues esa exigencia no fue afectada por la reforma constitucional de 1994 y por la Convención Americana de Derechos Humanos de modo que, en este caso, correspondería declararlo desierto. Sin embargo, resuelve abrir la instancia judicial porque lo contrario implica admitir que, por cuestiones formales, se frustra el valor Justicia sumado a que, al involucrar un particular autónomo, se aplica el criterio sentado por esta misma Sala en "Barrotto Marcelino Horacio c/AFIP s/impugnación de deuda" (6).
El Tribunal actuante destaca que, en situaciones similares, este mismo Tribunal fijó su doctrina a partir de la causa "Buhar Yako c/AFIP s/impugnación de deuda" (sentencia del 27 de septiembre de 1999 (6) en donde dijo que ser director de varias sociedades anónimas no implica multiplicidad de actividades sino se trata de una misma actividad, ejercida en diferentes empresas, debiendo aportar como autónomo por un solo cargo y a la categoría de mayor significación económica, de acuerdo a la cantidad de empleados que posea (Decreto 433/94 y 1264/94). En un virtual plenario de hecho, igual criterio sentaron las otras dos Salas de esta misma Cámara Federal, a saber, en "Soldati, Alejandro c/DGI" (Sala II, sentencia del 29 de septiembre de 2000 (6) y en "Soldati, Santiago c. A.F.I.P. -D.G.I." (Sala III, sentencia del 12 de marzo de 2001(6). Aclara que el propio Director General de la AFIP -DGI, a fin de evitar un dispendio innecesario de la actividad administrativa, había dictado la Instrucción General N° 16/00 del 18 de octubre de 2000, ampliada por la N° 03/01 del 22 de marzo de 2001 mediante las que dispuso suspender intimaciones a los trabajadores autónomos que se desempeñen simultáneamente como director, administrador o conductor de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines de lucro o sociedad comercial o civil por existir fallos en contra del organismo recaudador a partir del caso "Sanchez Hugo Osvaldo" (Sala III, sentencia del 30 de septiembre de 1996 (6). Por ende, corresponde hacer lugar al recurso por tratarse de un autónomo.
La Sala I declara formalmente admisible la apelación, revoca la resolución recurrida e impone las costas por su orden (Fallos: 300:995*).

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) C.P.C.C.N.: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Se aclara que el referido art. 45 establece una multa valuada entre el 10% y el 50% del monto objeto de la sentencia.
(2) Según esta norma, la propia Constitución Nacional, las leyes dictadas por el Congreso Nacional y los Tratados Internacionales son la ley suprema de la Nación Argentina.
(3) El párrafo agregado al art. 280 por ley 23.774 le permite a la Corte Suprema rechazar el recurso extraordinario, sin dar fundamento, creando así una excepción a la obligatoriedad de fundar las resoluciones judiciales según exige el art. 34, inc. 4º, C.P.C.C.N..
(4) Para apelar judicialmente deudas y multas de esta naturaleza, hay que efectuar el depósito previo de todos los montos cuestionados a fin de habilitar la instancia ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (art. 15, ley 18.820 y ccdtes). La omisión del depósito previo provoca la deserción del recurso presentado de manera que la AFIP estará habilitada a iniciar un juicio de ejecución fiscal con el objeto de cobrar dichos importes y solicitar el embargo de cuentas bancarias con intervención judicial.
(5) En "Orígenes A.F.J.P. S.A. .c/AFIP -DGI s/impugnación de deuda", la Corte Suprema de Justicia falló el 4 de noviembre de 2008 y admitió sustituir el depósito previo por un seguro de caución presentado en el expediente y constituido a favor de la AFIP (6) y (7).
(6) Fallos comentados en "Recursos de la seguridad social- Procedimientos y doctrinas esenciales" (Accorinti Susana, ed. La Ley, 2da. Edición, 2013).
(7) Fallo comentado en esta columna "Suplemento Fiscal & Previsional" publicada el 14 de septiembre de 2009.

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: susana.accorinti@hotmail.com