Domingo  12 de Julio de 2020

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (*)

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad. Conflicto de competencia. Tasa retributiva de servicios.

- "José Minetti y Cía. Ltda. SACEI c/Tucumán provincia de s/acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad", sentencia 4 de junio de 2020.

José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C. e I., empresa domiciliada en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, se dedica –entre otras actividades- a la fabricación de azúcar de caña en los ingenios La Fronterita y Bella Vista ubicados en la provincia de Tucumán, desde donde transporta sus productos elaborados hasta Córdoba al estar allí su sede central para su posterior comercialización en todo el país. Dicha empresa inicia una acción declarativa de certeza (1) contra la provincia de Tucumán para que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la ley local 8573 por colisionar con normas de la Constitución Nacional (arts. 4, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 42, 75 –incisos 1, 12 y 13- y 126). Ello, así, pues esa normativa local tiene por objetivos, entre otros, abastecer el mercado interno del azúcar y el alcohol y fomentar la exportación de los saldos de tales productos no destinados al mercado nacional, creando el ente autárquico Instituto de Promoción del Azúcar y del Alcohol (IPAAT) cuyos recursos provienen de una tasa retributiva de servicios a cargo de productores cañeros, ingenios azucareros y destilerías de alcohol y además el IPAAT establece el porcentaje a destinar al mercado interno y al mercado mundial mediante un "Sistema de depósitos de azúcares" por el cual cada ingenio está obligado a depositar en almacenes fiscales la cantidad de azúcar producida para exportar. La actora pide la inconstitucionalidad de la ley local por: a) establecer una aduana interior que afecta la libertad de comerciar garantizada por la Constitución Nacional al fijar la cantidad de producción destinada al mercado local; b) obligar a exportar un cupo de azúcar por debajo del costo de producción; c) el "Sistema de Depósitos de Azúcares" vulnera la libre circulación y venta de productos a distintas jurisdicciones al mantener inmovilizada parte de su producción e impedir el financiamiento mediante "warrants"; d) afectar el principio de igualdad tributaria al aplicar a fábricas azucareras radicadas en Tucumán una tasa del 5% sobre el valor de los azúcares y alcoholes producidos, con evidente tratamiento diferencial desfavorable para los ingenios de Tucumán; e) conferir a la demandada la potestad de regular el comercio internacional, materia que exclusiva del gobierno nacional; f) afectar la libre competencia al colocarla en desventaja frente a sus competidoras no radicadas en Tucumán que no están obligadas a exportar.

La provincia contesta demanda. Posteriormente, la actora denuncia como hecho nuevo la notificación de doce resoluciones administrativas disponiendo la interdicción de 8.221 toneladas de azúcar de su propiedad o de los productores cañeros a quienes les hubieran practicado la retención de "garantía" (art. 12, ley 8573) constituida por producir azúcar en el Ingenio Bella Vista, según impugnaciones del IPAAT a las declaraciones juradas presentadas por la empresa.

La Corte Suprema admite el hecho nuevo y cita a las partes a una audiencia (art. 360, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), oportunidad en que la demandada denuncia otro hecho nuevo consistente en la existencia de tres procesos judiciales promovidos por la actora ante el fuero contencioso administrativo de la provincia de Tucumán, con idéntico objeto (inconstitucionalidad de la ley local 8573) y, por ello, pide se defina la competencia o no del Alto Tribunal en esta acción declarativa. Para la demandada, no se trata de una litispendencia pues aquí se acciona contra la provincia y en las referidas causas judiciales la contraria es el IPAAT pero en todas las causas existe el mismo objeto, por lo cual plantea un conflicto de jurisdicción entre los jueces contenciosos provinciales y la Corte Suprema pues siempre se cuestiona la ley local.

Por su parte, la actora rechaza la postura provincial ya que en sede local nunca pidió la inconstitucionalidad aludida, limitándose a impugnar judicialmente (2) las resoluciones del

IPAAT para evitar que quedaran firmes y destaca que todos los tribunales intervinientes fueron notificados de la medida cautelar solicitada ante la Corte para suspender la ejecución de la ley local por el IPAAT. Es más, la misma provincia informó que José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C. e I. había interpuesto una acción contencioso administrativa de nulidad contra tales resoluciones ante la sala III de la Cámara Contencioso Administrativo local, sin alegar en esa oportunidad conflicto de competencia originaria del Alto Tribunal ni en ninguna de las otras actuaciones judiciales ni sumarios administrativos. Así, para la actora, el hecho nuevo es extemporáneo sumado a que la impugnación judicial de las resoluciones de la IPAAT fue posterior a la presente acción declarativa.

Con remisión al Dictamen del 8 de mayo de 2019 de la Procuradora Laura Monti, la Corte Suprema de Justicia afirma que sigue siendo competente para entender en esta causa, no obstante lo decidido en "Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 27 de abril de 2010, pues la incompetencia allí declarada obedeció a que ese proceso era la prolongación de la controversia tramitada ante la jurisdicción local bajo el expediente "Orbis Mertig San Luis S.A.I.C. cl Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/pretensión declarativa de certeza", por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de La Plata. Por el contrario, la aquí demandada no alegó ni demostró que esta acción constituya la prolongación del conflicto radicado en los tribunales locales con anterioridad. Es más, entre la Provincia de Tucumán y el IPAAT (que no es la demandada por ser un ente autárquico con capacidad jurídica para actuar en el derecho público y privado, según ley provincial 8573) no media identidad subjetiva pues los procesos judiciales radicados en la justicia local fueron promovidos con posterioridad al inicio de esta demanda, difiriendo del citado precedente "Orbis Mertig San Luis". Esta solución no debe interpretarse como una intervención en el procedimiento local, ni como una limitación de las autonomías provinciales ya que la Corte constituye el fuero natural de las provincias argentinas (arts. 116 y 117, Constitución Nacional) y sus competencias, no siendo susceptibles de ampliarse, restringirse o modificarse por normas legales (Fallos: 180:176; 280:176; 314:94 y 240; 315:1892; 316:965, entre otros).

La Corte Suprema habilita días y horas inhábiles sólo para dictar esta sentencia, des-estimando el planteo de la provincia, con costas (arts. 68 y 69, Código Procesal de la Nación).

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* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) El objetivo de esta acción judicial es obtener una sentencia que haga cesar un esta-do de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica si esa falta de certeza puede provocar un perjuicio o lesión actual al interesado y no hubiera otro medio legal para resolverlo (art. 322, Código Proc. Civ. Com. de Nación).

(2) Recurso directo de nulidad, revocación e inconstitucionalidad (art. 20, ley provincial 8573).

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(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales

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