Domingo  07 de Junio de 2020

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Cámara nacional de apelaciones en lo penal económico

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Habilitación de feria judicial extraordinaria por Covid 19. Pedido de levantamiento de embargo bancario. Necesidad de demostrar situación de necesidad y urgencia.

- "Incidente de embargo de Broni S.A. formado en causa caratulada Broni S.A. y otros s/Inf. Ley 22.415" (1), Sala B, sentencia 24 de abril de 2020.

La defensa de Broni S.A. apela la resolución del juez anterior que, al habilitar la feria judicial extraordinaria en curso ante la urgencia y renuncia de plazos procesales y de informar oportunamente, rechazó el pedido de levantar, en forma total o parcial, el embargo trabado por una importante suma de dinero sobre una cuenta corriente bancaria de la referida sociedad.

Para así resolver, el Juez Nacional en lo Penal Económico 4 (Secretaría 7) dijo que esa orden de embargo fue dispuesta junto con el auto de procesamiento de la sociedad y que, aunque fueron cuestionadas ambas decisiones, la apelación fue concedida sin efecto suspensivo, recordando que esa empresa manifestó no contar con bienes suficientes.

Al fundar su recurso, la defensa destaca la situación que atraviesa el país a causa de la propagación del Covid 19 a nivel mundial, regional y local y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina y, por ende, los ingresos de Broni S.A. serán escasos, prácticamente nulos, en los próximos meses y dificultará el pago de sus deudas, impuestos y sueldos. Agrega que embargar su cuenta bancaria –más aún, en el 100% del dinero allí existente- no sólo llevaría a dejar en la calle a veinte familias sino también provocaría su quiebra. En síntesis, en pocos días la empresa quedará paralizada por falta de fondos y con la posibilidad de tener que despedir a su personal para no seguir generando deuda, situación evitable si simplemente se levantara el embargo bancario trabado que aún no está firme.

La Fiscalía actuante contesta la vista y señala que, sólo en caso de verificarse efecti-vamente los extremos de necesidad y urgencia invocados, podría resolverse a favor del levan-tamiento.

Para la Sala B, las consecuencias negativas de la propagación del Covid 19 en la eco-nomía nacional son de público conocimiento, situación a la que aluden los distintos decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo Nacional por afectar de modo inmediato y agudo a las empresas y a distintos segmentos de trabajadores en relación de dependencia e independientes (Decretos 347/20 y 376/20). En tal contexto extraordinario, no cabe soslayar la incidencia que la decisión recurrida podría tener en el desenvolvimiento de una sociedad para cumplir sus obligaciones de empleadora y responsable tributaria, entre otros aspectos. Esta situación no fue pasada desapercibida ni siquiera por el Ministerio Público Fiscal al dictaminar que podría admitirse el pedido de la defensa si se verifican efectivamente los extremos de necesidad y urgencia alegados. Por ende, corresponde revocar la decisión apelada a fin de que el Juzgado anterior arbitre con celeridad los medios que permitan conocer, ponderar y decidir sobre la situación de Broni S.A. para utilizar la cuenta bancaria destinada exclusivamente a satisfacer las necesidades puntuales e inminentes alegadas y eventualmente comprobadas en la causa. Sin perjuicio de ello, paralelamente deben adoptarse mayores diligencias con el objetivo de identificar y verificar la existencia de otros bienes de la empresa susceptibles de embargo y/o que ofrezca alguna sustitución que garantice el monto fijado en este caso.

La Cámara revoca la resolución recurrida y encomienda al Juzgado anterior para que adopte las diligencias indicadas. Sin costas.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguro de caución por depósito previo. Reducción de contribuciones patronales por Decreto 814/01.

- "Héctor A. Bertone S.A. c/AFIP –DGI s/Impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia 4 de marzo de 2020.

Hector A. Bertone S.A. apela judicialmente la resolución de la AFIP que había confir-mado una determinación de deuda, períodos fiscales noviembre/13 a octubre/14, julio a octu-bre/15, marzo a diciembre/16 y enero a marzo/17, por haber aplicado una alícuota reducida en las contribuciones patronales (art. 2, inciso b, Decreto 814/01) en vez de la alícuota general (inciso a). Acompaña un seguro de caución a favor de la AFIP para reemplazar el requisito del pago previo de todos los montos discutidos (art. 15, ley 18.820 (2).

Para la Sala, el seguro de caución es suficiente para habilitar la instancia judicial. Por su parte, la Jueza Dorado agrega que resulta ser un sucedáneo válido, conforme "Orígenes AFJP S.A. c/AFIP-DGI" (*) sentencia del 4/11/08 de la Corte Suprema de Justicia (3).

Sobre el fondo, la Jueza Piñeiro –subrogante- analiza la postura de la apelante en cuanto a que la AFIP basa su ajuste en el promedio de ventas anuales fijado en el límite de $48.000.000 de acuerdo al decreto 1009/01 pero la empresa aplicó la alícuota reducida del 17% por encuadrar en los parámetros definidos por la ley 24.467 con un tope de facturación actualizado según los períodos involucrados. Ello, así, pues dicho decreto sólo tuvo como objeto indicar los sujetos comprendidos en cada uno de los incisos del Decreto 814/01 a fin de establecer la alícuota a pagar según fueran PyMEs o no. Alega que las resoluciones posteriores de la autoridad de aplicación actualizaron los montos a tener en cuenta para su encuadre co-mo micro, pequeñas y medianas empresas y sus beneficios y que, en este caso, no fue supe-rado el tope reglamentario en los períodos ajustados, siendo correcta la reducción. Para la AFIP, corresponde el ajuste porque la contribuyente superó el citado monto máximo (Decreto 1009/1 y Res. Gral. (AFIP) 1095/01) y rige la alícuota del 21%.

La Cámara, por mayoría integrada por los jueces subrogantes dra. Piñeiro y dr. Zenobi, afirma que el beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales previsto en el Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que definió a las PyMES con remisión a la Res. 24/2001 cuyo art. 1° dispuso que serían micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales en pesos, no superen los valores por ella fijados, montos que "a posteriori" se actualizaron por las Resoluciones 24/01, 675/02, 147/06, 21/10, 50/13, 357/15, 11/16 y 103/17 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Aclara que el fundamento para elevar el tope fue la devaluación sucedida en nuestro país en diciembre de 2001, hecho de público conocimiento y, por ende, el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME y no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas PyMES. Ello es coincidente con el criterio de la jurisprudencia de esta misma Cámara (Sala III, fallo del 11/05/09 "Codimat SA c/AFIP-DGIs/Impugnación de deuda" (3), con costas a la AFIP.

En minoría, la Dra. Dorado rechaza los planteos de la apelante que incluyen un pedido de nulidad del procedimiento basado en la afectación del derecho al debido proceso adjetivo. Sobre la nulidad, advierte que no hubo indefensión pues desde el primer momento tuvo posibilidad de ejercer su defensa y, respecto al fondo, reitera su voto en fallos anteriores a favor del accionar fiscal fundada en distintas normas (leyes 24.467 y 25.300, entre otras) y en el decreto 1009/01 como también en que la empresa es una sociedad anónima ubicada en Villa María, Provincia de Córdoba, dedicada a la venta al por mayor de abonos, fertilizantes, plaguicidas, cereales e inclusive combustible, con ocho sucursales, lo cual revela su importancia y en que la propia apelante manifestó por nota que iba a analizar la conveniencia de la inclusión de esta deuda en un nuevo régimen de regularización en materia de seguridad social. Así, propicia confirmar la postura de la AFIP, con costas por su orden.

La Sala, por mayoría, habilita la instancia y revoca la resolución impugnada, con costas a la AFIP.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) Código Aduanero.

(2) Para poder discutir judicialmente estas deudas, hay que realizar el depósito previo de los montos cuestionados que habilita la instancia ante la Cámara Federal de la Seguridad Social. Su falta de pago, provoca la deserción del recurso y la AFIP está facultada a iniciar un juicio de ejecución fiscal para su cobro y embargar cuentas bancarias con orden judicial.

(3) Fallos analizados en "Recursos de la Seguridad Social- Procedimientos y sentencias esenciales" (Accorinti Susana, 2da. Edición, La Ley, 2013).

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales.

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