Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Corte Suprema de Justicia de la Nación (*).

Acción de amparo. Recurso extraordinario. Plazo procesal y derecho de defensa.

- "Alpacor Asociados S.R.L. c/A.F.I.P. s/Amparo, ley 16.986", sentencia 3 de diciembre de 2019.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por mayoría, declaró mal concedida la apelación interpuesto por la A.F.I.P. y, por ende, quedó firme el fallo de primera instancia que admitió la acción de amparo presentada por Alpacor Asociados S.R.L., declarando la inconstitucionalidad de la norma que establece la facultad del organismo demandado para clausurar locales, de modo preventivo y sin orden judicial, mediante un funcionario público autorizado administrativamente (art. 35, inciso f, ley 11.683 (1). Para así resolver, la Sala señaló que la notificación del fallo de primera instancia fue el 18 de diciembre de 2015, a las 8.55 horas y que, según la ley de amparo (art. 16, ley 16.986), el recurso de apelación debe interponerse dentro de las 48 horas de notificada la sentencia a apelar, situación que aquí no sucedió porque la apelación de la AFIP fue del martes 22 de diciembre de 2015 a las 7,55 horas, aclarando que, por ley, correspondía recurriera el domingo 20 de diciembre de 2015, antes de esa hora (8,55) o, bien, el lunes 21 de diciembre de 2015, en las dos primeras horas hábiles judiciales (2). Ello, así, pues los plazos en hora se cuentan por hora, en forma continua, de manera que si el vencimiento es día inhábil y no puede realizar un acto procesal eficaz, rige el plazo de gracia de las dos primeras horas en día hábil.

Además, la Sala B recordó que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación vigente a partir del 1 de agosto de 2015 prevé el modo de contar los intervalos del derecho (art. 6), aclarando que "… El cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos, y no se excluyen los días inhábiles o no laborables. En los plazos fijados en horas, a contar desde una hora determinada, queda ésta excluida del cómputo, el cual debe empezar desde la hora siguiente…" y que del expediente surge que la cedula de notificación se diligenció el 18 de diciembre de 2015, a las 8,55 horas, que el recurso se presentó el 22 de diciembre de 2015, a las 7,55 horas y, por ello, el plazo para apelar venció a las 9,30 horas del 21 de diciembre.

Contra ese fallo, la AFIP interpuso recurso extraordinario federal pues sus derechos constitucionales fueron violados al igual que el Código Procesal de la Nación y la ley de amparo. Este recurso fue concedido.

Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, existe cuestión federal a pesar de ser un planteo procesal y, en principio, ajeno por naturaleza y como regla a este tipo de recursos (art. 14, ley 48 (3) ya que, en este caso, la sentencia atacada revela un excesivo rigor formal que lesiona el derecho de defensa en juicio y frustra derechos federales (Fallos: 329:5762, 2265*, entre otros). Aquí, la Cámara interpretó erróneamente la ley de amparo pues el legislador dispuso la aplicación supletoria de las normas procesales en vigor frente a cuestiones allí no previstas (art. 17, ley 16.986) y, en ese contexto, no rigen los días inhábiles para computar plazos (arts. 156 y 157, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), descalificando el fallo recurrido al decidir a partir de la hermenéutica de disposiciones del derecho sustantivo (Código Civil y Comercial de la Nación) que regulan el cómputo de los intervalos del derecho y no de los términos procesales.

El Alto Tribunal considera que la sentencia recurrida carece del requisito de debido fundamento pues prescinde de argumentos conducentes para la correcta solución del caso y según normas aplicables que provoca un menoscabo a la garantía de defensa en juicio del demandado que fue privado de la posibilidad de la revisión del fallo de primera instancia.

En consecuencia, la Corte declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia, con costas y devuelve el expediente al Tribunal de origen para dictar una nueva sentencia de acuerdo al presente.

Vale destacar que el Ministro Dr. Rossatti llegó a la misma decisión, según su voto basado en que la misión constitucional del "amparo", desde su nacimiento y fundado en la defensa en juicio, es la efectiva e inmediata protección de derechos, de acuerdo a jurisprudencia "Siri" (Fallos: 239: 249*) y, poco tiempo despues, "Kot" (Fallos: 241:291*) según la cual siempre que aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de cualquier restricción a alguno de los derechos esenciales o el daño grave e irreparable que causaría examinar los procedimientos administrativos o judiciales, los jueces deben restablecer de inmediato el derecho restringido por la rápida vía del amparo. Tan es así que, en el año 1994, los constituyentes reconocieron el estatus constitucional del amparo en el art. 43 de la Constitución Nacional y, desde esta perspectiva, se ensanchan las posibilidades del amparo, sin convertirlo en una vía ordinaria, imponiendo a los jueces el deber de verificar, con una correcta hermenéutica, la compatibilidad de su régimen legal con los principios y reglas constitucionales. En suma, su carácter expedito no puede colocar a las partes en estado de indefensión a partir de interpretaciones ritualistas y, así, afirmó que el fallo de Cámara es arbitrario por apartarse de la normativa aplicable, frustrando el debido proceso y la defensa en juicio.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Contribuciones patronales en Decreto 814/01. Seguro de caución por depósito previo.

- "Transportes Automotores Plusmar S.A. c/A.F.I.P. s/impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia 23 de octubre de 2019.

Transportes Automotores Plusmar S.A. apela judicialmente la resolución de la AFIP que no hizo lugar al recurso de revisión administrativo y confirmó el ajuste por diferencia de alícuota en contribuciones patronales, períodos noviembre 2007 a febrero 2010, según el inciso a) del art. 2 del decreto 814/01 en vez del inciso b). Para garantizar el depósito previo exigido para habilitar la vía judicial (art. 15, ley 18.820 (4), la actora adjunta un seguro de caución.

Sobre el seguro de caución, los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, dra. Dorado, dr. Herrero y dr. Milano, afirman que el seguro de caución reemplaza al depósito previo, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en "Orígenes A.F.J.P. S.A.", sentencia del 4 de noviembre de 2008 (5). Pero, el Dr. Laclau (en minoría) no admite ese seguro pues la Certificación contable acompañada no acredita la grave situación financiera de la empresa atraviesa ya que esa certificación se limita a decir que no es una auditoria ni una revisión de manera que propicia desestimar el recurso planteado.

Respecto al tema de fondo, la actora sostiene que cabe aplicar la alícuota reducida del inciso b del art. 2 del decreto 814/01 por tratarse de una Pyme encuadrada en la definición dada por el Decreto 1009/2011 que remite a la Resolución N° 24/01 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa a cuyos efectos estableció que rige a aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores allí fijados, montos que posteriormente fueron actualizados por la Resolución N° 675/02 de esa misma Secretaría y las posteriores Resoluciones dictadas a esos mismos fines. Por ello, sostiene que el tope de facturación que corresponde tomar en cuenta era el de $ 88.800.000 establecido por la Resolución 147/2006 de la mencionada Secretaría y no el de $ 48.000.000 previsto en el Decreto 1009/01, cuya inconstitucionalidad peticiona. Cuestiona también la sanción impuesta.

Para la mayoría integrada por los dres. Herrero y Milano, la definición de Pyme surge del Decreto 1009/11 con remisión a la Resolución N° 24/01 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y a los sucesivos montos actualizados por la Resolución N° 675/02 y las posteriores. A su vez, el art. 1° de la Resolución N° 21/2010 establece los importes de ventas, con cuadro por sector, siendo el fundamento para elevar el tope la devaluación sucedida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, motivo por el cual la AFIP debió actualizar la Resolución General 1095/01 para adecuarla a la nueva definición cuantitativa de PyME en vez de invocar una norma desactualizada a efectos de quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. En este caso, el encuadramiento como PyME procede si la facturación arroja un monto inferior al limite fijado por la Resolución 675/2002 y mod., en especial la Resolución 21/2010, para los períodos discutidos y con ello su situación como contribuyente alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/01, art. 2 inc. b. En ese sentido, resolvió esta Cámara en la causa "Codimat S.A." (Sala III, fallo del 11 de mayo de 2009 (5).

Por su parte, la dra. Dorado (en minoría) considera que no le asiste razón al recurrente pues la normativa consagró una alícuota reducida para empleadores PYME según la ley 24.467 y, después de reseñar ciertas normas que no llegaron a tener operatividad, advierte que el problema radica en que en el año 2002, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa dictó la Res. 675/02 que actualizó los montos a los fines del definir una Pyme, normativa que no fue receptada por ninguna reglamentación de la AFIP. Por ello, coincide con el organismo fiscal, la norma en cuestión fue reglamentada respecto de la excepción del art. 2 inc. a) del Dec. 814/01 por el Dec. 1009/01 y por la Res. Gral. (AFIP) 1095/01, adoptando como pauta numérica a la Res. 24/01, lo cual no implica que las posteriores actualizaciones impacten sobre el monto normado por el Dec. 1009/01 hasta que el Poder Ejecutivo Nacional no lo establezca. Sobre la legalidad de la multa apelada, interpreta que se trata de una responsabilidad de tipo objetivo para castigar el ingreso tardío de los tributos, propiciando declarar formalmente admisible el recurso y confirmar la resolución de la AFIP, con costas a la actora.

La Sala, por mayoría, revoca el fallo, impone las costas a la AFIP y regula los honorarios del letrado de la actora.

--

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) Por esta norma, la AFIP tiene amplios poderes respecto de cualquier presunto responsable, en cualquier momento, con facultades para clausurar preventivamente un establecimiento cuando el funcionario autorizado por ese organismo constatare que se configuraron dos (2) o más de hechos u omisiones relativas a normas fiscales sobre inscripción, facturación y registración impositiva, traslado de mercaderías y/o falta de alta y/o registro de empleados (art. 40, ley 11.683) y concurrentemente exista un grave perjuicio o el responsable registre antecedentes por haber cometido la misma infracción en un período no superior a dos (2) años desde que fue detectada la anterior, siempre que tenga resolución de condena aunque no esté firme.

(2) Por el último párrafo del art. 124, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, un escrito que no se presentó dentro del horario judicial el día en que vence el plazo, sólo podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato y dentro de las dos primeras horas del despacho.

(3) Este artículo admite apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando son sentencias definitivas de los tribunales superiores de provincia en donde se cuestione la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, de un derecho o garantía constitucional o de una autoridad nacional o provincial y la decisión sea contra la validez de ese derecho o garantía.

(4) Por esta norma, para habilitar la instancia judicial ante la Cámara Federal de la Seguridad Social cuando se interponen recursos contra resoluciones de la AFIP que determinan este tipo de deudas, sus intereses y multas, hay que efectuar el depósito previo de todos los montos cuestiona-dos. La omisión del pago previo provoca la deserción del recurso.

(5) Fallo analizado en "Recursos de la Seguridad Social- Procedimientos y sentencias esenciales" (Accorinti Susana, 2da. Edición, La Ley, 2013).

--

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales.

Tags relacionados
Noticias del día