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MARTES 26/03/2019

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Derecho intrafederal. Relaciones políticas y dialogo institucional. Diferencias de liquidación en el cálculo de intereses. Tasa aplicable.

- "San Luis, provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos", sentencia del 19 de febrero de 2019.

Con fecha 10 de octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le requirió a la provincia actora y al Estado demandado para que, en el plazo de treinta días, informen si hubo o no acuerdo sobre la deuda determinada según sentencia dictada anteriormente por esa misma Corte mediante la cual había condenado al pago al Estado Nacional, bajo apercibimiento de resolver en base a las presentaciones agregadas al expediente. Para así decidir, había tenido en cuenta las modalidades de cumplimiento de la condena, la trascendencia institucional del fallo y las particulares características de la jurisdicción que se insta a ejercer al Máximo Tribunal con este tipo de procesos, en los que no cabe ceñirse a las normas legales aplicables a los comunes reclamos por el cobro de una suma de dinero (Fallos: 338:1356*, considerando 38). Ello, así, pues la naturaleza de la cuestión involucra las relaciones políticas entre los Estados y, en particular, el complejo régimen de la Coparticipación Federal de Impuestos para cuya solución requiere que el Tribunal ejerza las facultades que supone la trascendente misión de resolver conflictos interestatales; máxime cuando, en el ámbito del derecho intrafederal, la Nación también es uno de los Estados parte.

Para el Alto Tribunal, el propósito fue siempre que las partes convinieran y determinaran tanto la cuantía de la condena como la forma y plazos de su cumplimiento, como sucedió en controversias anteriores suscitadas entre las mismas partes (por ejemplo, causa "San Luis, Provincia de" -Fallos: 326:417*-, que tuvo acuerdo sobre monto y forma de pago). No obstante ello, en esta causa se advierte que las presentaciones efectuadas por las partes evidencian que no fue posible alcanzar ese propósito, existiendo diferencias significativas de modo que le corresponde dictar sentencia a la Corte en base a las posturas expresadas por los Estados actuantes.

Para la provincia actora, la liquidación abarca los meses de enero de 2006 a noviembre de 2015, distinguiendo el período enero 2006 al 12 de febrero de 2010 por ser la fecha de notificación del traslado de esta demanda y desde ésa fecha hasta el 24 de noviembre de 2015, aplicó el art. 770, inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación que prevé la capitalización de intereses para el caso de las obligaciones cuyo cumplimiento se demande judicialmente. Además, para calcular esos intereses utilizó la tasa activa del Banco de la Nación Argentina basada en que el sistema constitucional de coparticipación tributaria no fija ninguna solución expresa sumado a la altísima inflación acumulada durante los períodos en los cuales se efectuó la detracción, motivo por el cual interpreta que procede esa tasa pues, con la mayor aproximación posible, permite atemperar los efectos de la desvalorización de la moneda en el crédito provincial. Así, señaló que cualquier tasa distinta significaría un enriquecimiento sin causa para el Estado Nacional pues la ilegítima percepción unilateral de los fondos le permitió al Banco Nación colocarlos a dicha tasa activa y concluyó que los fondos a restituirse a la Provincia de San Luis deben permitir la financiación de la misma cantidad de obras y prestaciones públicas que se hubieran financiado en su momento de haber contado con tales recursos en tiempo constitucionalmente oportuno. Sin embargo, fue tan grande la desvalorización monetaria que ni siquiera el interés calculado a la tasa activa logra tal objetivo.

La Corte dio traslado de la postura de la actora al Estado Nacional, quien procedió a impugnarla y presentar una liquidación distinta que calificó de correcta y "ajustada a derecho" a la vez que cuestionó el procedimiento de capitalización de intereses pues señaló que a la fecha de la notificación de la demanda no estaba aún vigente el Código Civil y Comercial de la Nación, descartando aplicar normas con efecto retroactivo sobre acreencias determinadas durante la vigencia del viejo Código Civil. Agregó que no rige la capitalización autorizada por el art. 770, inc. b citado pues la demanda no consigna un monto líquido reclamado de capital e intereses. Sobre la tasa de interés, recordó jurisprudencia de esa Corte Suprema y dijo que rige la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina pues la provincia actora no es una entidad financiera cuyo objeto sea el de obtener un lucro de la disposición de dinero. Para el Estado Nacional, si la provincia pretende la aplicación de la tasa activa, tenía que haber probado un agravamiento de su situación financiera producto del incumplimiento denunciado, que no fue objeto de demanda. Finalmente, acompañó la liquidación que consideró "ajustada a derecho", por un monto total de $ 7.221.922.147,09 ($ 4.772.357.458,18 por capital y $ 2.449.564.688,91 por intereses).

Por su parte, la actora respondió las impugnaciones del Estado demandado e insistió con la tasa de interés y la capitalización según su cálculo.

El Estado Nacional denunció que, con posterioridad al traslado de la liquidación de la Provincia de San Luis, la casi totalidad de las provincias interpusieron demandas con el mismo objeto y que la necesidad de afrontar los reintegros de la detracción del 15% de la masa coparticipable a tasas de interés que excedan las aplicadas en el mercado de deudas entre la Nación y las provincias, implicará una sustantiva merma de los recursos totales que conforman el núcleo central del sistema de financiamiento de ese Estado. Al respecto, argumentó que resultaría justo, razonable y equitativo que la Corte fije en el presente caso una tasa de interés que no supere la que es aplicada a los pasivos de las Provincias con el Estado Nacional, que usualmente fueron fijadas en el 6% anual, según el decreto 660/2010 que creó el 'Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas'.

Sobre el nuevo planteo del Estado Nacional, la provincia puntana aclaró que era inoportuno pues la posibilidad de cambiar de criterio sobre la tasa aplicable ya había precluído y el conflicto está acotado a determinar si la tasa aplicable es tasa activa o tasa pasiva y su capitalización o no. Por último, destacó que ese Estado provincial fue totalmente ajeno al decreto 660/2010 por no haber adherido a dicho mecanismo, que no tuvo ni tiene deudas de ninguna naturaleza con el Estado Nacional y que, por ende, está afuera del mentado 'mercado de deudas' entre la Nación y las provincias". Por último, hace saber que había impugnado la constitucionalidad del decreto dicho decreto en la causa CSJ 400/2010 (46-S)/CS1 "San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción deinconstitucionalidad - cobro de pesos" al disponer "un uso unilateral de fondos que deben reintegrarse a las provincias, y en tanto el mecanismo utilizado desnaturaliza la esencia del fondo de ATN, privando a su vez a las provincias como San Luis, sin deudas que compensar con el Estado Nacional, del disfrute de lo que por derecho le corresponde". En síntesis, ese decreto 660/2010 no le es oponible sumado a que cuestionó su legalidad y constitucionalidad. Acompañó, a requerimiento de la Corte, copia de las comunicaciones cursadas al señor Presidente de la Nación y a los señores Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro del Interior y Ministro de Hacienda y Finanzas.

El Estado Nacional también denunció que, según la sentencia dictada en autos el 24 de noviembre de 2015 y dado el diálogo institucional cuya responsabilidad cabe a las autoridades superiores de la organización Constitucional, el 16 de noviembre de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de 22 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebraron un acuerdo "integral, equitativo y realista -denominado Consenso Fiscal-" para, entre otras cosas, resolver las cuestiones judiciales pendientes. Allí, convinieron lineamientos para armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones para promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico y promover políticas uniformes que posibiliten lograr esa finalidad común, como también acuerdos fundamentales sobre conflictos históricos frente al régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias. Entre los compromisos comunes, incluidos juicios como el presente, se propuso "acordar antes del 31 de marzo de 2018 el monto y la forma de pago de los juicios con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", anteriores al consenso, con las provincias que lo hayan aprobado y, en ese sentido, expresó que únicamente era necesario que la Provincia de San Luis se aviniera a suscribirlo. Destacó que la detracción del porcentaje de masa coparticipable a la que se refiere la condena dispuesta en autos no estuvo destinada a engrosar las rentas generales del Tesoro Nacional, "sino, como asignación específica, al financiamiento del régimen previsional a cargo de la ANSES", razón por la cual la "determinación de la deuda en la presente causa no puede (ni debe) realizarse en forma aislada y sin considerar el marco general, más amplio y complejo, de relaciones fiscales y financieras entre todas las jurisdicciones". Concluir lo contrario implicará, desatender el Consenso Fiscal alcanzado, con afectación de los principios de solidaridad y trato igualitario propios del régimen federal, en desmedro de los elementales principios de la justicia distributiva y general que rigen en la materia. En subsidio, acompaña una nueva liquidación, con tasa del 6% anual, por ser la utilizada con las provincias e informa que, además, todas las jurisdicciones aceptaron quitas que superarían el 70% del monto nominal reclamado.

Una vez más, contestó la Provincia actora, diciendo que no firmó el denominado "Consenso Fiscal" y que no tienen respecto de ella ningún valor las obligaciones y concesiones reciprocas pactadas, haciendo saber que las autoridades nacionales nunca le respondieron a sus insistentes pedidos de audiencia y rechazó la liquidación subsidiaria por ser extemporánea, reiterando que no corresponde modificar el criterio relativo a la tasa aplicable.

Para la Corte Suprema de Justicia, la impugnación del Estado Nacional procede como también que os intereses se liquiden a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (arg. causas "La Pampa, Provincia de" -Fallos: 329:4979- y "Estado Nacional c/ Buenos Aires, Provincia de" -Fallos: 340:1570-, entre muchos otros), rechazando la capitalización de intereses pretendida por la actora, por no configurarse los presupuestos de los Códigos de fondo (1).

Acerca de la pretensión de aplicar la tasa del 6% anual, formalizada después de vencido el plazo del traslado y de que el Estado Nacional fijó su posición, la Corte señala que no se admite pues no rigen respecto de la Provincia de San Luis ya que el primero se refiere al "Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas" creado por decreto 660/2010, en el que la provincia actora no solo no ingresó ni lo suscribió sino que incluso lo cuestionó judicialmente. Respecto del "Consenso Fiscal" sucede lo mismo pues tampoco lo suscribió, de modo que los compromisos recíprocos allí previstos, no le son oponibles.

La Corte admite las impugnaciones y aprueba la liquidación practicada por el Estado Nacional, con costas en el orden causado (art. 1, decreto 1204/2001).

Recurso de queja por denegatoria de recurso extraordinario. Competencia Federal. Denuncia por evasión impositiva.

"Recurso de hecho deducido por la defensa de Cristóbal Manuel López y Carlos Fabian de Sousa en la causa López, Cristóbal y otros s/Incidente de recurso extraordinario", sentencia del 19 de febrero de 2019.

El juez federal de primera instancia se declaró incompetente (2) y ordenó la intervención de la justicia en lo Penal Económico fundado en que existía identidad objetiva y subjetiva con otra causa en trámite por ante el citado fuero.

Posteriormente, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo de primera instancia, que motivo la presentación de los respectivos recursos por parte de la querella y del Fiscal General.

Por mayoría, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia de segunda instancia y devolvió el expediente al fuero Federal. En contra de esa decisión, la defensa interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo dio lugar a la presentación del recurso de queja directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por su parte, el Máximo Tribunal resolvió desestimar la queja por cuanto no se trata de una sentencia definitiva ni resulta equiparable a tal (art. 14, ley 48 (3) y, por tanto, intima a cada uno de los recurrentes para que, en el plazo de cinco días, efectúen el depósito exigido por la ley (4), bajo apercibimiento de ejecución.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Juicio de ejecución fiscal. Recurso rechazado porque fue presentado en otro Juzgado.

"Fisco Nacional -A.F.I.P. c/Nuevos Autos S.R.L. s/ejecución fiscal", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II, sentencia del 20 de septiembre de 2018.

El recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la contribuyente demandada fue declarado extemporáneo por el Juez de primera instancia por haber vencido el plazo para expresar agravios. Por tanto, esa misma parte manifiesta que, por un error excusable, la presentación se había realizado ante la Mesa de Entradas de otro juzgado distinto de manera que solicita se revise la decisión judicial.

La Sala II de la Cámara Federal, con cita de doctrina y de jurisprudencia (5), afirma que la única fecha válida para determinar si un escrito fue o no presentado en plazo es la fecha del cargo puesta por la secretaria actuante en el caso toda vez que recién en esa oportunidad, corresponde sea tenido por presentado en el Juzgado interviniente. Es que el cargo judicial es el acto por el cual se deja constancia , al pie de todo escrito o comunicación dirigida al Tribunal, de la fecha en que se produjo la presentación o su recepción, otorgando así fecha cierta para establecer el momento en que el acto procesal fue cumplido, por aplicación del principio de perentoriedad de los plazos (art. 155, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Una presentación efectuada en otro Juzgado no constituye un error excusable y provoca la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal por haber perecido el plazo y ya no puede regresar a la etapa anterior.

En consecuencia, se confirma la resolución recurrida.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Art. 623 del anterior Código Civil y art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.

(2) En esta causa, se investiga una denuncia de la AFIP por evasión de un monto aproximado de pesos ocho mil millones en impuestos. Esta información se obtuvo de la página web www.cij.gob.ar.

(3) Por esta norma, un juicio que tramita en jurisdicción provincial, sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se trata de sentencias definitivas dictadas por los tribunales superiores de provincia que hayan cuestionado la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, de un derecho o garantía constitucional o de una autoridad nacional o provincial y la decisión sea contra esa validez.

(4) Este tipo de recursos de queja exigen hacer un depósito que, en la actualidad, es de pesos cuarenta mil (art. 286, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(5) Causas: "Armenteros Eliseo Avelino y otros c/Ministerio de Justicia" (CFSS, Sala II, sentencia interlocutoria 51305 del 25 de agosto de 2000) y "Gomez Francisco c/Arenzon, Naún s/despido", CNApel. Trabajo, Sala I, sentencia 40119 del 28 de junio de 1994).

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com

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