Lunes  11 de Septiembre de 2017

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

- "Recurso de queja deducido por los actores en la causa Banco Macro S.A. y otros c/Unidad Información Financiera s/Código Penal - ley 25.246- Decreto 290/07 -art. 25", sentencia del 23 de mayo de 2017.

El 10 de marzo de 2014 la Unidad de Información Financiera (en adelante UIF) dictó la resolución UIF 124/2014 mediante la cual le aplicó una multa de $ 822.312 al Banco Macro S.A., a tres personas humanas por su doble condición de oficiales de cumplimiento y directores y a otras ocho personas humanas más por ser integrantes del órgano directivo del citado banco, con fundamento en que no habían cumplido con la obligación de reportar las operaciones efectuadas por el sr. R.A.R. desde el 23 de junio de 2006 al 3 de agosto de 2007, según lo dispuesto por la ley 25.246 (1).

Esa multa fue apelada por todas las personas sancionadas, inclusive por el Banco Macro S.A. y tomó intervención la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que desestimó el recurso y confirmo la resolución de condena. Para así resolver, esa Sala consideró que las facultades de la UIF no estaban prescriptas, distinguiendo la naturaleza preventiva del derecho administrativo de la naturaleza represiva del derecho penal; no obstante lo cual interpretó que en este caso regía el plazo de dos años previsto en el Código Penal de la Nación (art. 62, inciso 5). Así, señaló que la autoridad administrativa había emitido distintos actos y diligencias con efectos interruptivos del plazo de prescripción, lo cual demostraba su clara voluntad de impulsar el sumario. Sobre la nulidad de la citación planteada por los directores y su sanción, la Cámara estimó que el texto original de la norma aplicable (art. 24, ley 25.246 (1) preveía la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones informativas impuestas a la persona que actuara como órgano o ejecutor de una persona jurídica de modo que los miembros del órgano de administración del Banco Macro S.A. quedaban comprendidos y, por ello, esa responsabilidad procedía respecto de los directores, quienes no pueden alegar ignorancia por estar obligados en virtud de la ley de sociedades comerciales (ley 19.550), no habiendo acreditado circunstancias exculpatorias válidas para eximirse de responsabilidad.

Para la Sala II, el procedimiento sumarial iniciado el 23 de noviembre de 2011 con relación a este caso se ajustó a las normas aplicables y no hubo afectación del derecho de defensa pues todos tuvieron oportunidad de presentar su descargo, habiendo sido citados a las audiencias respectivas a las cuales no asistieron. Por ello, la Sala afirma que los argumentos invocados por los recurrentes constituyen meras discrepancias con la resolución de condena dictada por la UIF en tanto que el monto de la multa responde al mínimo de ley, destacando que no aportaron razones suficientes para invalidar el valor fijado.

Contra el fallo de la Sala II, los actores interponen recurso extraordinario que fue denegado y motiva la interposición del recurso de queja en donde el principal agravio es la arbitrariedad del fallo recurrido que rechaza la defensa de prescripción planteada. Al respecto, señalan que no se discute el plazo de dos años aplicable que establece el Código Penal para los hechos sancionados con multa y, en este caso, los hechos involucrados habrían sucedido entre los meses de junio de 2006 y de agosto de 2007 en tanto que la apertura del sumario recién se notificó en diciembre de 2011, es decir, que el plazo de dos años se encontraba ampliamente cumplido. Además, los apelantes señalan que la sentencia carece de todo asidero al mencionar que hubo hechos interruptivos cuando, en rigor, ninguno de los actos realizados tienen semejante entidad (art. 67, Código Penal de la Nación), excediendo el límite de interpretación posible y, así, el fallo es irrazonable. Por último, agregan que la sentencia recurrida viola los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley al atribuir responsabilidad a los integrantes del directorio del banco por resultar arbitrario en cuanto a la infracción y al desestimar el planteo de inconstitucionalidad con relación a la escala de sanciones en tanto contiene una ilegal duplicación.

La Corte Suprema de Justicia reconoce que la prescripción de la acción y la determinación de actos procesales que constituyen secuela de juicio conducen al examen de cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho procesal son, en principio, materia propia de los jueces de la causa y ajenas a la vía extraordinaria (Fallos: 304:596; 320:2957; 331:583*, entre muchos otros), también ha sostenido que procede hacer excepción a dicha regla general cuando, como sucede en este caso, el fallo recurrido no contiene una apreciación razonada de las constancias de la causa y lo descalifican como acto jurisdiccional válido, afectando garantías de defensa en juicio y del debido proceso de los recurrentes (Fallos 298:21; 324:1994; 327:2273*, entre otros)

El Alto Tribunal observa que la sentencia impugnada aplica el plazo bienal de prescripción previsto en el Código Penal (art. 62, inc. 5) por no existir en el texto de la ley 25.246 entonces vigente una disposición específica y, a partir de esa certeza y a efectos de examinar la existencia de actos procesales con aptitud para interrumpir el curso de prescripción de la acción, menciona que no hay en la normativa aplicable una referencia expresa a este tipo de actos, motivo por el cual le asignó tal carácter a diversos actos y diligencias efectuadas por la UIF en la instancia administrativa, calificándolos que evidenciaban una clara voluntad a favor de impulsar el procedimiento sumarial, con aptitud para interrumpir el curso del plazo de la prescripción bienal.

La Corte Suprema observa que el Tribunal anterior no detalló tales actos o diligencias ni indicó las fechas en que se habrían realizado, limitándose a identificar las fojas de las actuaciones administrativas en donde estaban asentados. Así, esos actos interruptivos serían: el 15/11/2007, el B.C.R.A. respondió a la UIF y acompañó un cuadro elaborado por la Dirección de Análisis con el stock a disposición emitido por el B.C.R.A. y con las operaciones cambiarias del sr. R.A.R. en el Banco Macro S.A. durante el período involucrado; el 8/7/2008 la UIF solicitó al Banco Macro S.A. información acerca del sr. R.A.R; el 3/4/2009 la UIF, por resolución 95/09, ordenó escanear y fotocopiar las actuaciones para su posterior elevación al Ministerio Público; el 30/9/2011 se dio cumplimiento a esa diligencia y se dispuso el pase de las fotocopias certificadas a la Secretaría General Ejecutiva; el 3/10/2011 se ordenó devolver las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos; el 20/10/2011 la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF dictaminó sobre la necesidad de instruir sumario; el 8/11/2011 se dispuso el pase de las actuaciones al Consejo Asesor; el 21/11/2011 se certificó que el Consejo Asesor de la UIF sugirió abrir el sumario contra el Banco Macro S.A.; el 23/11/2011 pasaron las actuaciones a la Secretaría General Ejecutiva con un proyecto de resolución y en esa misma fecha la UIF ordenó instruir sumario contra el Banco Macro S.A. y las personas humanas que actuaron como órganos ejecutores; el 13/12/2011 fueron citados los sumariados y, a continuación, existe un detalle circunstanciado, con identificación de las fechas, de cada acto o diligencia obrante en el sumario analizado, siendo la última fecha individualizada el 27/12/2012 en donde se elaboró el Informe Final de la Instrucción y se elevaron las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos para su intervención.

Para el Máximo Tribunal, la reseña formulada permite advertir que la Sala no hizo una adecuada valoración de las constancias de la causa pues, aún cuando se compartiera su línea argumental sobre la idoneidad de los actos para interrumpir la prescripción, al emitir la resolución sancionatoria UIF 124/2014 la acción punitiva de la UIF ya estaba prescripta pues entre el 3/04/2009, fecha de la resolución 95/09 que ordenó el scaneo y fotocopiado de la causa, y el efectivo cumplimiento de esa diligencia el 30/09/2011 habían transcurrido más de dos años.

En consecuencia, la Corte hace lugar a la queja, declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia recurrida, con costas, devolviendo el expediente al tribunal de origen para que, por quien corresponda, dicte un fallo de acuerdo al presente.

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Recurso de apelación inadmisible. En este caso, el seguro de caución no sustituye el depósito previo. Voto en disidencia.
- "Entretenimientos y Servicios S.A. c/A.F.I.P. - D.G.I. s/Impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, sentencia del 15 de agosto de 2017.

Entretenimientos y Servicios S.A. apela judicialmente la resolución de la AFIP por la cual se le determinó de oficio una deuda al Sistema único de la seguridad social y una multa por una supuesta infracción consistente en falsa declaración o adulteración de datos de los empleados, períodos febrero de 2007 a diciembre de 2007. El importe total discutido es de $ 28.742,32, importe que no es depositado previamente por la empresa apelante (2) no obstante lo cual ofrece, en su reemplazo, un seguro de caución por ese mismo monto.

El dr. Fasciolo, en su voto, advierte que en este caso la recurrente no demuestra ninguna razón por la cual no efectúa el depósito previo y, en ese sentido, recuerda la conocida doctrina jurisprudencial según la cual es posible no cumplir con el recaudo previo para abrir la vía judicial cuando el monto del depósito reviste desproporcionada magnitud con la concreta capacidad económica del apelante, no admitiendo la simple invocación de inconstitucionalidad de las normas aplicables si no acompaña elemento alguno que demuestre que la suma reclamada por el organismo es desproporcionada e imposible de pagar, por ser su carga hacerlo (art. 377, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Aclara que el seguro de caución fue admitido en otros casos como sucedáneo válido del depósito previo cuando se alegó y se probó su imposibilidad de pago o de extrema dificultad, situaciones que no se dan en esta causa (sentencias interlocutorias de esta misma Sala en "Supermercados Cáceres SRL c/AFIP-DGI s/impugnación de deuda" Expte. 9433/00, "Adexa S.A. c/AFIP - DGI s/impugnación de deuda" Expte. 5609/04 y "Orígenes AFJP c/AFIP-DGI s/impugnación de deuda" Expte. 3829/05, del 27 de diciembre de 2012, 24 de octubre de 2005 y 27 de febrero de 2006, respectivamente).

Además, para el dr. Fasciolo, la condonación de deuda solicitada por la apelante fundada en la ley 27.260 de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras no procede porque no se verifica el requisito exigido por la normativa vigente en cuanto a que el demandado debe allanarse incondicionalmente y desistir y renunciar a toda acción y derecho, incluso el de repetición y asumir el pago de las costas y gastos causídicos (Res. Gral. AFIP 3920/16 - art. 3, inciso d). Por ello, propicia declarar formalmente no admisible el recurso de apelación, sin costas. El dr. Laclau adhiere al voto del dr. Fasciolo.

El dr. Poclava Lafuente, en minoría, considera que el seguro de caución acompañado es eficaz para cumplir con el denominado depósito previo, según el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Orígenes AFJP c/AFIP- DGI", sentencia del 4 de noviembre de 2008 (3) y "Cooperativa de Trabajo Manuel Belgrano c/ AFIP s/impugnación de deuda", sentencia del 16 de diciembre de 2008, ya que este recaudo tiene por finalidad asegurar el cobro de los montos determinados como deuda por el ente recaudador y evitar que el contribuyente se insolvente, extremos que se verifican en este caso con la presentación de una póliza de seguro de caución. En cuanto al tema de fondo discutido, el dr. Poclava Lafuente propone revocar la resolución de la AFIP porque si bien el empleador debe llevar con diligencia las exigencias impuestas por la ley de Contrato de Trabajo (arts. 52 y 80), no surge probado que la actora tuviera un conocimiento fehaciente de la opción efectuada por los trabajadores relevados pues ni la ley 24.241 ni su decreto reglamentario ni las resoluciones generales de la AFIP instrumentaron la forma ni la obligación de notificar al empleador en el caso de realizar la opción de traspaso del ex régimen de capitalización al régimen de reparto con el incremento de alícuota de aporte. A ello se suma que esos montos no fueron retenidos, los que evidentemente tuvieron que ser percibidos por los trabajadores quienes no advirtieron ni intimaron al empleador a regularizar oportunamente su situación previsional.

Por mayoría, la Sala declara formalmente inadmisible el recurso. Sin costas.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) La ley 25.246 (B.O.: 10/5/2000) referida al régimen penal del encubrimiento y lavado de activos de origen ilícito fue complementada o modificada por 188 normas al día 27 de agosto de 2017, según información obtenida de la página www.infoleg.gob.ar

(2)Para habilitar la instancia judicial ante la Cámara Federal de la Seguridad Social cuando se interponen recursos contra resoluciones de la AFIP que determinan este tipo de deudas, sus intereses y multas, hay que efectuar el depósito previo de todos los montos cuestionados (art. 15, ley 18.820 y sus modificaciones). La omisión de ese pago previo provoca la deserción del recurso de modo que la AFIP queda habilitada a iniciar un juicio de ejecución fiscal con el objeto de cobrar dichos importes y solicitar el embargo de cuentas bancarias con orden del Juez competente.

(3) Fallo analizado en "Recursos de la seguridad social- Procedimientos y doctrinas esenciales" (Accorinti Susana, ed. La Ley, Buenos Aires, 2da. Edición, 2013).

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