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Jurisprudencia Tributaria y Previsional

RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Relevamiento de personal. Declaraciones espontáneas y sorpresivas en el establecimiento inspeccionado. Necesidad de indagar la verdad objetiva. Principio inquisitivo o de oficialidad. Tasa de interés aplicable para devolver el depósito previo.
- "Adelide S.A. c/Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social s/Impugnación de deuda", Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I, sentencia del 25 de abril de 2016.

La Dirección Nacional de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realiza un relevamiento de personal en la sede de Adelide S.A. a través del cual interroga a una cantidad de trabajadores pertenecientes a otras empresas que estaban allí aprendiendo técnicas de capacitación y entrenamiento para la venta de productos cosméticos. El Ministerio considera que existe falta de registro laboral y resuelve aplicar una multa, que es ratificada aún después de llevarse a cabo el respectivo procedimiento administrativo. En contra de la decisión ministerial, Adelide S.A. interpone un recurso de apelación judicial previo haber efectuado el depósito previo de los montos discutidos (1).
Para la empresa apelante, la resolución recurrida carece de causa pues las personas relevadas están registradas porque son dependientes de otras sociedades con las cuales firmó acuerdos comerciales a fin de capacitarlos en estrategias para el aprendizaje de técnicas de simulación. Acompaña prueba documental consistente en convenios por tiempo determinado y en recibos de sueldos correspondiente al mes en que se efectuó la encuesta de personal en donde consta el registro laboral y el pago de haberes por sus empleadores.
La Sala I recuerda su postura frente al valor probatorio de las declaraciones espontáneas y sorpresivas prestadas por las personas relevadas por el Ministerio; no obstante ello, en este caso, entiende que los datos declarados no tienen aptitud para formar convicción ya que, por el principio inquisitivo o de oficialidad, le incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar se practique toda diligencia conducente para esclarecer la cuestión. El procedimiento puede iniciarse de oficio o a instancia de parte pero su impulso corresponde a la administración por cuanto persigue satisfacer el interés público -el administrativo- y no simplemente un interés individual (Hutchinson, Tomás "Régimen de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549", pags. 29 y siguientes). Por ende, concluye que no se adoptaron medidas suficientes para indagar la verdad objetiva de los hechos ni fueron utilizados criterios de razonabilidad para que el accionar del Ministerio produzca efectos jurídicos válidos (art. 1, incisos a, b, c y f de la ley nacional de procedimientos administrativos -ley 19.549- y esta misma Sala I en "Industrias Metalúrgicas Dino Bártoli c/AFIP -DGI s/impugnación de deuda" (2).
Para el Tribunal, la apelación es procedente y el organismo debe reintegrar los montos depositados para acceder a la instancia judicial, con más sus intereses conforme la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha en que se hizo el depósito previo hasta su devolución al depositante (art. 10, decreto 941/91, CSJN (*) en "López Antonio Manuel c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.", sentencia del 10 de junio de 1992 y Fallos 303:1769, entre otros).
En consecuencia, se declara formalmente admisible el recurso, se deja sin efecto la resolución recurrida y se le ordena al Ministerio a reintegrar el depósito previo, con más sus intereses, según tasa pasiva promedio del B.C.R.A. desde la fecha del depósito hasta la de su efectiva devolución. Costas por su orden (Fallos: 300:895 * (3).

PENAL TRIBUTARIO

Evasión tributaria. Querellante. Legitimación. Impulso de la acción penal pública. Requisitoria fiscal de instrucción.
- "Tabes S.A. s/recurso de casación", Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, sentencia del 31 de octubre de 2016.

El 4 de julio de 2014, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta declaró la nulidad de todo lo actuado (1) y devolvió las actuaciones al Juzgado Instructor para que corra vista al representante del Ministerio Público Fiscal a fin de que se determine si los hechos investigados son objeto de requerimiento de instrucción. Contra esa resolución, el Fiscal General Subrogante dedujo recurso de reposición, que fue rechazado y motivó la presentación del recurso de casación que fue rechazado por la Cámara de Apelaciones de Salta. Ante el rechazo de la vía casatoria, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso queja, que fue admitida favorablemente por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con distinta integración a la actual.
Contra el fallo del 4 de julio de 2014, también la querella (la Unidad de Coordinación del Plan de Transformación Productiva del Sector Tabacalero de la Provincia de Salta) interpuso recurso de casación, que fue rechazado de manera que se presentó el recurso de queja, resuelto a favor por esa misma Sala I.
El Ministerio Público Fiscal basa su recurso en que la nulidad no se fundó en un agravio concreto, que constituye un acto jurisdiccional inválido por falta de fundamentación y arbitrariedad manifiesta pues la ausencia de requerimiento fiscal de instrucción no violó norma constitucional alguna y sólo puede ser declarada de oficio por violaciones de tal entidad. Así, la decisión es errónea y provoca un gravamen institucional al no ser razonable en tanto el Juez actuó como acusador y el dictamen en base al cual el Ministerio Público Fiscal valoró el hecho denunciado por la AFIP-DGI y solicitó medidas cautelares, tiene entidad suficiente para impulsar la acción y un posterior requerimiento de la fiscalía a esta altura resultaría sobreabundante dado que la jurisdicción ya fue excitada. Advierte que tampoco se fundó el rechazo de la aclaratoria deducida por la querellante.
La Unidad de Coordinación del Plan de Transformación Productiva del Sector Tabacalero de la Provincia de Salta, como parte querellante, alega que el fallo se equipara a sentencia definitiva toda vez la Cámara, al disponer la nulidad de todo lo actuado, causó un agravio de insusceptible reparación ulterior al desafectarla del rol de querellante por ser una consecuencia lógica de tal pronunciamiento. La decisión no está motivada y advierte que actuó con un "inusitado rigor formal" pues no hay vicio alguno que sustente el acto atacado. Aquí, se anuló todo lo actuado, simplemente porque no hubo un requerimiento fiscal de instrucción, sin observar las medidas de prueba que oportunamente había solicitado el acusador público y sin tener en cuenta la validez de su legitimación oportunamente declarada.
En el término de ley, la defensa del presidente de TABES S.A. presenta un escrito en donde pide el rechazo del recurso del Fiscal pues la nulidad no involucra "todo lo actuado" y por haberse conferido la respectiva vista para que practique el requerimiento de instrucción a fin de continuar con el trámite de la causa.
Celebrada la audiencia, la querella describió la importancia de la actividad tabacalera en Salta y las disposiciones legales relativas a la integración del Fondo Especial del Tabaco. El Fiscal General y la defensa del presidente de "TABES S.A." presentaron las breves notas de ley y la causa quedó en condiciones de resolver.
En su voto, la Dra. Figueroa señala que cabe determinar si fue legalmente promovida la acción penal por el Ministerio Público Fiscal y, al no ser autónoma la figura del querellante en nuestro sistema penal, si resulta insalvable para proseguir el proceso. Sobre la nulidad, reitera su postura frente a la validez de los actos jurisdiccionales dictados en ausencia de requerimiento fiscal de instrucción (2) y destaca que no surge de modo determinante del juego armónico de las normas procesales aplicables que el acusador fiscal deba formular requerimiento expreso de instrucción. El Código ritual es claro en cuanto a que la iniciación y promoción de la acción se produce por requisitoria de instrucción, a cargo del agente fiscal, o de una prevención o información policial que, para su validez, exige el conocimiento y control jurisdiccional. No hay forma que pueda actuar el juez instructor sino por la excitación de su jurisdicción al no poder actuar de oficio. Esta idea reposa en que un órgano extraño al órgano jurisdiccional sea quien provoque su actividad. Si bien, en nuestro sistema, la persecución penal está en manos del Estado, hay una separación de funciones estatales de quien es el actor penal público, de aquel que, por su carácter de juez, debe ser imparcial para instar un proceso penal.
La Dra. Figueroa recuerda que esta causa se inició a partir de la presentación efectuada por la Jefa interina de la División Jurídica de la Delegación Regional Salta de la A.F.I.P.-D.G.I., que había informado sobre la posible comisión por parte de "TABES S.A." de los delitos de evasión fiscal (arts. 1º y 2º inc. b), ley penal tributaria Nº 24.769) y solicitó medidas de urgencia tendientes a obtener y resguardar pruebas. Esas actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal Nº 2 de Salta y al Fiscal Federal Eduardo José Villalbal, quien después de un pormenorizado análisis de la presentación de la AFIP, pidió allanar las instalaciones donde desarrolla su actividad la empresa con el objeto de efectuar un relevamiento de cualquier indicio de actividad vinculada con el picado de tabaco que se esté desarrollando en la planta, o que se hubiese desarrollado. El juez instructor libró la orden de allanamiento y ordenó la requisa de ese domicilio para secuestrar documentación en soporte papel y/o informático de interés para la causa y relacionados exclusivamente con la firma nombrada, habiéndose secuestrado la documentación pertinente para la investigación y dejando constancia que se hallaron cajas conteniendo tabaco (que no fueron secuestradas). La presentación de la AFIP constituye uno de los modos posibles y válidos de provocar el avocamiento instructorio en forma directa y, anoticiado el Ministerio Público Fiscal de la presunta comisión de un hecho ilícito, se efectuaron los actos investigativos tendientes a confirmar o desechar la hipótesis delictiva llevada a su conocimiento, con la posterior intervención del Juez, quien ejerció tareas de control y dirección de la pesquisa. Esta causa no se inició de oficio por el juez que intervino en aquellas ocasiones en donde las medidas de prueba solicitadas implicaban el control de la salvaguarda de garantías constitucionales. La declaración de nulidad de un acto procesal requiere la existencia de un perjuicio concreto o sea limitar de un derecho del justiciable vinculado en forma inmediata al buen orden del proceso y en forma mediata, a las garantías que son su causa; por ende, tanto en el caso de una nulidad relativa como de una nulidad absoluta hay que demostrar un perjuicio real y concreto (Fallos: 323:929*). Las nulidades procesales son de interpretación restrictiva y, quien la pida, debe tener un interés jurídico en ella y no haberla consentido expresa o tácitamente.
Para la dra. Figueroa, la declaración de nulidad se llevaría a cabo en el sólo beneficio de la ley ya que las formas procesales no constituyen un fin en sí mismo. El Alto Tribunal dijo reiteradamente que "...la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés formal de cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia..." ("Castro Roberts, Óscar Alberto s/robo de Automotor en concurso real con tentativa de Robo, causa nº 8786, el 15/11/88). Por ello, propicia hacer lugar a los recursos interpuestos y revocar el fallo apelado. Sobre las facultades del querellante para impulsar la acción penal, agrega que puede hacerlo incluso en forma autónoma cuando no hay promoción de la acción por parte del Ministerio Público en base al precedente "Santillán" (Fallos: 321:2021 *) en cuanto a que todo aquel a quien la ley le reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal (art. 18, Constitución Nacional) que asegura a todos por igual el derecho a una sentencia fundada previo juicio e impulsar en solitario la causa penal en la etapa de juicio, sin que tenga que estar acompañado por el Ministerio Fiscal.
Por su parte, el Sr. Juez Hornos coincide en lo sustancial con la dra. Figueroa pero no comparte la postura sobre la actuación autónoma del querellante, basándose en el fallo de esa misma Corte en "Tarifeño" (Fallos 325:2019*), entre otros, en donde se fijó el concepto de procedimientos judiciales a los efectos del citado art. 18 En cuanto al Sr. Juez Borinsky, también adhiere a la solución propuesta por la Dra. Figueroa y por el Dr. Hornos y aclara que, respecto del querellante frente a delitos de acción pública, puede continuar impulsando, con autonomía del Ministerio Público Fiscal, el proceso penal en todas sus etapas, en la medida en que la jurisdicción se encuentre habilitada legalmente a través del impulso de la acción penal pública o el inicio de la causa por prevención (3)
En consecuencia, se hace lugar a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Coordinación del Plan de Transformación Productiva del Sector Tabacalero de la Provincia de Salta, sin costas y se revoca la resolución dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, remitiendo las actuaciones para que se continúe con su trámite

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) Arts. 168, segundo párrafo y 172 del Código Procesal Penal de la Nación.
(2) En "Zabala, Oscar D. y otra s/recurso de casación", causa 14.614, Sala II, del 08/05/12. En igual sentido, otras Salas de este Tribunal: Sala I "Musimundo S.A. s/recurso de casación" (del 27/3/96); Sala II "Ávila, Blanca Noemí s/recurso de casación" (del 02/07/93), "Guillén Varela, J. W. s/recurso de casación" (del 18/11/93), "Zabala, Oscar Darío y otra s/recurso de casación" (causa nº 14.614, del 08/05/12); Sala III "Veisaga, José A. s/recurso de casación" (del 10/03/94), "Romero Saucedo, Carlos s/recurso de casación" (del 3/3/95) y "Spikerman, Oscar A. s/recurso de casación" (del 16/08/96); y Sala IV "Roitman, Adrián s/recurso de casación" (del 14/10/96) y "Osco Hilachoque, José M. s/recurso de casación" (del 19/05/97), entre otros.
(3) Sala IV, causa 12.898, "JUAREZ, Ángel s/ recurso de casación", del 24/05/12; causa 14.457, "Ildarraz, Roberto y otros s/ recurso de casación", Reg. 1960/12.4, del 23/10/12; causa 12.047, "Gandulfo, Oscar s/ recurso de casación", del 26/10/12; causa 14.398, "Couste Paz, Juan Carlos y otros s/ recurso de casación", del 14/11/12; causa CCC 21373/2014/CFC1, "Ejecución Industrial y Comercial S.A. s/ recurso de casación", del 23/12/15).

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: Susana.accorinti@hotmail.com