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Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *

Recurso extraordinario. Doctrina de arbitrariedad de sentencias. Aeronavegantes. Inspecciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Competencia.
- "Societé Air France S.A. c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- Dirección de Protección del Trabajo s/acción declarativa", sentencia del 15 de diciembre de 2015.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revoca la sentencia de primera instancia (1) y decide que la autoridad administrativa laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -y no la autoridad nacional- es la habilitada para ejercer la función de policía laboral sobre el personal que no cumple tareas como aeronavegantes sino en las áreas administrativa y comercial de Societé Air France S.A. Para así resolver, aplica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Marconetti S.A. Ltda.." -1968- (Fallos 271:186*), en el voto de la dra. Argibay en "Día Argentina S.A. y otro c/Buenos Aires provincia de" -2010- (Fallos 333:1088) y en el "Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas en Materia de Inspección del Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo" firmado en el año 2001 entre la cartera del trabajo nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En su fallo, la Sala III sostiene que "la inspección del trabajo por medio de las autoridades locales no se opone a la supremacía que el art. 31 de la Constitución Nacional confiere a las leyes nacionales ni vulnera ninguna de las garantías que reconoce la Carta Magna. Por el contrario, encuentra sustento en lo dispuesto en los arts. 121 y 129 C.N." (2)
Contra la referida sentencia, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación interpone recurso extraordinario que, tras una primera denegación que la Corte Suprema declara nula, fue finalmente concedido.
Para el Ministerio nacional, la sentencia recurrida no tiene sustento legal y vulnera el principio de división de poderes a la vez que realiza una interpretación errada de la legislación aplicable, esto es, el art. 75 inciso 30, Constitución Nacional; el art. 23, incisos 8 y 11 de la ley 22.520 -ley de Ministerios-; la ley 25.877 (3) y el decreto 628/05 (4), el "Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección del Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo" y Convenio Colectivo de Trabajo N° 271/75 (5) y los precedentes jurisprudenciales en la materia. También invoca, como fundamento de su recurso, la doctrina de arbitrariedad de sentencias.
El Máximo Tribunal recuerda su postura frente a los recursos extraordinarios en donde se invocan dos planteos y uno de ellos es la arbitrariedad de sentencia, en el sentido que corresponde tratarlo en primer término, sin perjuicio de que exista una cuestión federal estricta (Fallos: 321:1173; 327:5623; 330:2234, entre otros*)
Según la Corte, el fallo apelado resulta arbitrario por cuanto dispuso que la autoridad administrativa local es competente para llevar a cabo el contralor laboral en el ámbito de la empresa actora, sin tomar en consideración la postura contraria fijada en el "Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección del Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo" cuyo art. 4° expresa que "El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación fiscalizará el cumplimiento de la normativa laboral en aquellas empresas que realicen actividades dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que en razón de la materia resulte de competencia nacional.". Tampoco ponderó que el Convenio transcripto concuerda con la ley 22.520 de Ministerios que, entre otras competencias específicas y exclusivas asignadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, le encomienda la elaboración, organización, aplicación y fiscalización de los regimenes de trabajo portuario y del transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y otros regímenes especiales (art. 23 inciso 11).
En base a las normas transcriptas, el Alto Tribunal afirma que el fallo cuestionado carece de apoyo normativo por haber distinguido las tareas concretas de aeronavegación con aquellas que no lo son para reconocerle al gobierno porteño la facultad de ejercer la función de policía del trabajo respecto de éstas últimas tareas. La sentencia apelada no constituye una derivación razonada del derecho vigente adecuado a las circunstancias de la causa y, por ende, se lo descalifica por aplicación de la doctrina sentada por esta Corte en materia de arbitrariedad.
En consecuencia, se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada, con costas y se devuelve la causa al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo de acuerdo al presente.

PENAL TRIBUTARIO

Evasión agravada por el monto y por utilización fraudulenta de beneficios fiscales. Impuesto a la Transferencia de combustibles líquidos. Juez comercial del Concurso Preventivo de la contribuyente declara inadmisible el crédito fiscal. Interpretación de la ley. Principio de legalidad en materia tributaria. Absolución.
"Puigbonet Enrique s/recurso de casación", Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, sentencia del 22 de octubre de 2015.

Contra el fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 que dispuso la absolución de culpa y cargo de Enrique Puigbonet, sin costas, vinculado a los hechos por presunta evasión agravada del Impuesto a la Transferencia de Combustibles líquidos de la firma Industrias Químicas Carbinol S.A. por los ejercicios fiscales 1999 (julio 1998 a junio 1999), 2000 (julio 1999 a junio 2000) y 2001 (julio a diciembre 2000) (6) a raíz de una querella promovida por la A.F.I.P. (D.G.I.) y por el Ministerio Público Fiscal (7), la mencionada A.F.I.P. interpone recurso de casación y toma intervención la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
Al fundar su recurso, la A.F.I.P. señala que la interpretación del art. 7 de la ley 23.966 a la fecha de los hechos discutidos tenía por propósito estimular las actividades de elaboración de productos químicos, petroquímicos, pinturas, diluyentes y similares a cuyos fines utilizó el instrumento de desgravación impositiva respecto de los insumos en cuestión siempre y cuando se apliquen a un proceso productivo. Advierte que ninguna de esas situaciones se verifican en este caso en donde los solventes y aguarrases comprados como exentos fueron mezclados con otros productos sin modificar su composición ni sus propiedades, vendiéndolos a terceros bajo denominaciones ficticias como "diluyentes" o "thinners" cuando, en rigor, era una reventa del mismo producto, apartándose así del objetivo buscado a través del beneficio fiscal previsto en la ley. Agrega que el informe de la Secretaría de Energía prueba que no se modificaron las propiedades originales de manera que tiene la obligación de pagar el respectivo gravamen. Advierte que el imputado conocía los requisitos de la exención y las maniobras realizadas pues la empresa que él presidía debió cumplir distintas gestiones administrativas y contar con la logística necesaria para gozar del beneficio. La querellante, finalmente, concluye que la normativa aplicable era clara al exigir un proceso de elaboración que aquí no fue efectuado en tanto sólo consistió en una simple mezcla en pequeñas porciones que no logró desvirtuar la composición original del solvente.
En su voto, el Juez de Cámara Dr. Riggi recuerda que el Tribunal Oral anterior tuvo por acreditado que la empresa obtuvo la exención tributaria en el Impuesto sobre los Combustibles líquidos y Gas Natural para el período comprendido entre el 1 de octubre de 1998 y el 31 de diciembre de 2000. No obstante ello, resolvió absolver al imputado por interpretar que la normativa vigente a la época de los hechos debatidos no exigía que el producto fuera transformado sustancialmente a los fines de estar alcanzado por la exención. Ello, así, pues tal exigencia recién fue incorporada con la reforma introducida por la ley 25.345, publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre de 2000.
Para el citado magistrado, la sentencia recurrida hizo una correcta interpretación de las normas vigentes que no exigían la modificación sustancial del producto original a los efectos de gozar del beneficio fiscal aludido, criterio también sostenido por el Juez comercial interviniente en el Concurso Preventivo de la contribuyente -posteriormente confirmado por la Cámara de Apelaciones competente- quien declaró inadmisible el crédito fiscal invocado por el organismo recaudador. Por el contrario, el requisito de modificación sustancial de la materia prima recién fue incorporado con la ley 25.345 cuyo art. 42 sustituyó el inciso c del art. 7 de la ley 23.966, introduciendo ese específico recaudo legal a partir de la fecha de entrada en vigencia de la nueva legislación.
Según el Dr. Riggi, el principio de legalidad tributaria ("nullum tributum sine leguem") establece que sólo una ley del Congreso de la Nación puede fijar los supuestos y elementos de la relación tributaria: el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, la forma de calcular la base imponible, las alícuotas y las exenciones (Catania, Alejandro, "Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769", Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007) y, en consecuencia, resulta ilegítimo exigir al contribuyente el cumplimiento de requisitos no previstos legislativamente al momento de la obligación tributaria, motivo por el cual propone rechazar el recurso de la querella.
Por su parte, la Dra. Catucci, jueza de Cámara, adhiere al voto del Dr. Riggi.
El dr. Borinsky, en minoría, propicia hacer lugar al recurso de casación y anular la sentencia recurrida, reenviando la causa a otro Tribunal para celebrar un nuevo juicio por darle un distinto alcance al art. 7 de la ley 23.966. Ello, así, pues considera que el requisito exigido para gozar de la exención tributaria residía en que los combustibles líquidos involucrados debían ser utilizados como materia prima o insumo en la elaboración de otros productos y no en un simple fraccionamiento de las sustancias adquiridas que no logran modificar la original composición del solvente.
El Tribunal, por mayoría integrada por el dr. Riggi y la dra. Catucci, rechaza el recurso interpuesto por la querella A.F.I.P (D.G.I.)., con costas.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar
(1) En primera instancia, intervino el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 58.
(2) Por el citado art. 121, las provincias conservan el poder no delegado expresamente al Gobierno Nacional y por el art. 129, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen autónomo de gobierno, con facultades propias de legislación y jurisdicción.
(3) Ley 25.877: Ordenamiento del régimen laboral, Derecho individual del trabajo, Negociación colectiva, Inspección del Trabajo, Cooperativas de Trabajo.
(4) Decreto 628/05: Estructura organizativa del primer nivel operativo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
(5) Convenio Colectivo de la Unión Personal de Aeronavegantes de entes privados.
(6) Los montos involucrados superaban el millón de pesos en el ejercicio fiscal 1999, los dos millones en el 2000 y los cuatro millones en el 2001.
(7) Art. 2, incisos a) y c) de la ley penal tributaria (ley 24.769) y art. 7, ley 23.966, texto ordenado por decreto 518/98.


(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: susana.accorinti@hotmail.com