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Jurisprudencia Tributaria y Previsional

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *
Impuesto de sellos. Acción de amparo tramitada como juicio ordinario. Competencia originaria. Legitimación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Tratamiento tributario diferencial según el lugar de radicación del escribano que otorga el acto. Inconstitucionalidad de una norma provincial por ser contraria al principio de igualdad y de razonabilidad.
"Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c/Buenos Aires, provincia de s/ordinario", sentencia del 9 de diciembre de 2015.

El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires promueve acción de amparo (art. 43, C.N. (1) contra la Provincia de Buenos Aires para que se declare la inconstitucionalidad, invalidez e inaplicabilidad del artículo 46, inciso b, apartado 7 de la ley provincial 14.333 que fija el pago de una alícuota diferencial en el impuesto de sellos, respecto de actos, contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en esa provincia, concertados en instrumentos públicos o privados, otorgados fuera de ella. Ello, así, pues le provoca un trato discriminatorio cuya consecuencia es que los clientes de los escribanos del Colegio porteño soporten un costo mucho mayor (entre el 1% y el 3,8%) por el simple hecho de elegir como notario de confianza para la realización de un acto relativo a un inmueble ubicado en la provincia de Buenos Aires, a uno que ejerce su profesión en la Ciudad de Buenos Aires. Esta mayor carga tributaria desplaza los actos notariales hacia escribanos que se desempeñen en el territorio de la provincia demandada.
Para el Colegio actor, la norma provincial desconoce el artículo 997, segundo párrafo, Código Civil texto anterior vigente, según el cual "Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en el lugar de cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente". Pide se dicte una medida cautelar para suspender los efectos de la ley impugnada hasta que se dicte sentencia definitiva, cautelar que fue admitida por el Alto Tribunal por sentencia del 14 de febrero de 2012 (2) .
La Corte considera que este juicio es de su competencia originaria por ser parte una provincia en una causa de manifiesto contenido federal. La acción de amparo elegida no es adecuada pues la tutela de los derechos y facultades constitucionales discutidas debe canalizarse en un juicio ordinario y dispone que este proceso tramite mediante una acción declarativa de certeza (art. 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
La provincia de Buenos Aires contesta demanda y pide su rechazo. Destaca que la normativa cuestionada fue eliminada a partir del 1 de junio de 2012 por el art. 21 de la ley provincial 14.357 que suprimió la alícuota diferencial, la cual sólo se mantiene para los actos celebrados entre enero y mayo de 2012. Así, el planteo devino abstracto y los efectos perjudiciales derivados de la acotada vigencia temporal de la norma involucrada sólo debe ser impugnada por los notarios efectivamente afectados, motivo por el cual el Colegio de Escribanos no está legitimado para promover esta demanda. Pide, además, la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 997 del Código Civil vigente durante los meses indicados por reglar la materia tributaria local reservada a las provincias por mandato constitucional. Ello, así, pues la facultad del Congreso Nacional de regular el comercio interprovincial debe ser compatible con el ejercicio de las facultades tributarias provinciales y municipales (arts. 5, 121 y 123, C.N. (1). Destaca que la supuesta pérdida de competitividad de los escribanos afiliados a la actora frente a sus colegas de la provincia de Buenos Aires no sólo depende del monto del impuesto de sellos local pues la escritura no tiene una tarifa única e inamovible sino que existen costos variables según cada profesional. Por último, señala que el impuesto involucrado responde a razones extrafiscales de política tributaria, económica y social y, en especial, porque la diferencia de alícuota se basa en la manifestación de riqueza que, a su criterio, exterioriza la formalización de actos por escritura pública en la Capital Federal.
Con fundamento en el dictamen de la Procuradora Laura Monti, la Corte afirma que el Colegio está legitimado para actuar en representación de sus asociados al haber sido reconocido como entidad pública por ley 12.990, que continuó funcionando aún después de la reforma constitucional de 1994, según Ley Orgánica local N° 404. Así, fue investido de funciones estaduales para llevar adelante el cumplimiento de un cometido publico consistente en el control del ejercicio profesional y de las funciones notariales y no en resguardo de los escribanos en particular sino de la comunidad toda (Fallos 308:987 y dictamen de la Procuración General, publicado en Fallos 324:448). Este interés comunitario surge evidente de los registros y protocolos notariales que son propiedad del Estado así como de la designación o remoción de sus titulares y adscriptos, entre otros actos de relevancia. Para supervisar adecuadamente sus funciones, el art. 123 de la citada ley 404 encomienda al actor la dirección y vigilancia directa de sus colegiados y, por ende, el Colegio de Escribanos no es una mera asociación (art. 14 C.N. (1), es una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecen al Estado. Por ello, este juicio fue promovido para preservar el regular ejercicio de las funciones notariales y asegurar el respeto al derecho de libre elección del escribano, que la entidad actora considera violados por el régimen tributario impugnado.
Para el Máximo Tribunal, existe un estado de incertidumbre frente a las obligaciones contraídas por escribanos porteños y sus clientes con el Fisco provincial que pretende percibir la alícuota diferencial del impuesto de sellos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2012. En forma previa, cabe analizar la inconstitucionalidad invocada por la provincia demandada en cuanto afirma que la alícuota fue fijada en base a sus facultades propias en materia de regulación tributaria local y de fomento y generación de empleo (arts. 121, 122 y 125 C.N. (1) y art. 103 inciso 1, Constitución provincial) y, en ese caso, si la norma provincial impugnada afecta garantías constitucionales.
La Corte descarta la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por ley 26.994 (que rige desde el 1 de agosto de 2015) pues la situación en análisis fue consumada en toda su extensión durante la vigencia del art. 997, segundo párrafo, del Código Civil, es decir, en los meses de enero a mayo de 2012.
Acerca de la inconstitucionalidad del citado art. 997 que, según la provincia demandada, vulnera los arts. 4, 9, 17, 31, 75 incisos 1, 2, 12 y 30 y 126 de la C.N. (1) y las leyes convenio sobre coordinación tributaria y Pactos Fiscales de naturaleza intrafederal, el Alto Tribunal advierte que las leyes comunes de la Nación son sancionadas por el Congreso Nacional según el art. 75 inciso 12 (C.N. (1), el cual también está facultado para dictar leyes de orden federal con fundamento en los demás incisos de ese mismo artículo 75. Aclaro que esa misma Corte Suprema admitió la posibilidad que una ley de derecho común contenga disposiciones de derecho público y este es el caso de la norma examinada. Agrega que, según el mensaje de elevación del proyecto de la ley 24.441 (que incorpora el texto cuestionado), las modificaciones propuestas tienden a ratificar el principio constitucional según el cual "los instrumentos públicos tienen eficacia en todo el país" y que "la ley local no puede discriminar a los documentos emanados de otras jurisdicciones", descartando definitivamente disposiciones en tal sentido (Mensaje 1067, 1° de julio de 1994, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias del año 1994, orden del día 666, pags 2829/2833).
Para la Corte, el referido párrafo no se sancionó en base al art. 75 inciso 12 de la C.N. (1) de modo que no se invadieron las facultades tributarias provinciales. Recuerda reiterada jurisprudencia que, por el art. 7 de la C.N. (1), descalificó las barreras fijadas por diversas provincias para obstaculizar el tráfico de instrumentos públicos otorgados en otras jurisdicciones (Fallos 189:392; 191:373 y 375; 194:144; 308:2588; 311:2593 y muchos otros). El inequívoco propósito de los constituyentes fue generar entre las provincias fuertes lazos de unidad, necesarios para que haya identidad en una materia tan esencial como la familia y el régimen de propiedad, toda vez que el territorio de la República debe considerarse sujeto a una soberanía única. Si así no fuera, los actos, contratos, sentencias, procedimientos judiciales, etc. estarían sometidos a tantas legislaciones distintas como jurisdicciones provinciales hay en el país, desvirtuando no sólo la regla del citado art. 7 sino también la del art. 75 inciso 12 C.N. (1) que establece la unidad de la legislación civil en todo el país (Fallos: 136:359; 174:105; 191:260; 273:50; 308:2588, entre otros).
La Corte Suprema sostiene que la política de inspiración proteccionista ejercida por la provincia a favor de las actividades allí desarrolladas afecta el propósito de unidad nacional perseguido por el constituyente al beneficiar a los notarios competentes en el territorio bonaerense en desmedro de sus pares foráneos. Si bien las provincias conservan los poderes necesarios para cumplir sus fines como las facultades tributarias destinadas a lograr su bienestar y desarrollo, pudiendo elegir los hechos imponibles y determinar los medios más convenientes, esas atribuciones están limitadas por los principios consagrados constitucionalmente. El crear categorías o clasificaciones para percibir impuestos debe ser compatible con el principio de igualdad pero, a su vez, es indispensable demostrar que esa clasificación se funda en alguna diferencia razonable y no en una selección arbitraria (Fallos 149:417). Aunque el acierto o conveniencia de las decisiones legislativas no son aspectos sobre los cuales deba pronunciarse el Poder Judicial, las leyes son susceptibles de ser cuestionadas cuando son irrazonables, es decir, cuando el medio utilizado no se adecua a los fines perseguidos o cuando contiene una manifiesta iniquidad (Fallos 310:2845; 312:435, entre otros). El principio de razonabilidad exige que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el lapso de su vigencia y, en esta causa, la discriminación establecida en el régimen de sellos en función del lugar de radicación del escribano otorgante del acto no es una pauta razonable que, a los fines impositivos, permita fijar una alícuota diferente (Fallos 320:1302 y 322:1781). La norma no puede obligar a quien tiene la libertad de elegir a un escribano a tener que elegir a uno con competencia en la provincia de Buenos Aires para beneficiarse con una menor alícuota impositiva cuando los profesionales de otras jurisdicciones tienen idénticas atribuciones y habilidades. Así, se lesiona la libertad de elección de un notario de confianza al imponer un tributo más elevado, generando una discriminación arbitraria que no supera el control de razonabilidad en el marco de la garantía constitucional de igualdad (art. 16, C.N. (1).
En consecuencia, hace lugar a la demanda, declarando la inconstitucionalidad del régimen provincial que regula el impuesto de sellos que fijó alícuotas diferenciales entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2012 y rechaza la inconstitucional planteada por la provincia, con costas a su cargo (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Ministerio Público Fiscal. Facultades para interponer recursos por parte de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
"Recurso de hecho deducido por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas en la causa Skanska S.A. s/causa 12.935", sentencia del 9 de diciembre de 2015.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocó parcialmente una resolución, excluyó como medios de prueba una grabación secuestrada con motivo del registro realizado en la sede de la empresa Skanska el 15 de julio de 2007, una copia acompañada por uno de sus apoderados y el testimonio de C.C. contenido en la grabación secuestrada y declaró la nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria de C.C. y los actos dictados en consecuencia. Esta decisión de la Sala I no fue impugnada por el Fiscal de Cámara pero sí fue objeto de recurso de casación por el titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (en adelante: F.N.I.A.)
Posteriormente, intervino la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que declaró inadmisible el recurso al interpretar que el Fiscal Federal competente no había renunciado a su pretensión punitiva en las actuaciones principales, con quien debe actuar en forma coordinada y subordinada. Por ello, la F.N.I.A. no estaba legitimada para recurrir por no verificarse los presupuestos legales (art. 45 inciso c, segundo párrafo y art. 48, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal). Contra el fallo de la Sala IV, la F.N.I.A. interpuso recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia, alegando que la prueba invalidada era de particular trascendencia a los fines de este caso, recurso que fue denegado -por mayoría- motivando la interposición de esta queja, mantenida por la Procuradora Fiscal.
La Corte admite la vía extraordinaria pues se puso en tela de juicio la inteligencia y aplicación de una norma federal (Ley Orgánica del Ministerio Público, ley 24.946), la decisión es contraria al derecho invocado (art. 14, inciso 3, ley 48 (3) y es una sentencia dictada por el superior tribunal de la causa equiparable a una sentencia definitiva.
El Alto Tribunal advierte que el art. 45 aludido establece que el Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas tendrá distintos deberes y facultades, entre ellos, asumir en cualquier estado de la causa el ejercicio directo de la acción pública cuando los fiscales competentes tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción. Al analizar el fallo de Casación, la Corte advierte que se limitó a evaluar la medida de prueba y a que en las actuaciones principales el Fiscal Federal no había declinado su pretensión.
Para la Corte, la nueva ley de organización del Ministerio Público -en consonancia con la autonomía funcional reconocida legislativamente- no contiene ninguna obligación genérica a favor de mantener la pretensión punitiva, permitiendo a la F.N.I.A. ejercer de modo directo la acción publica en procesos penales cuando el fiscal competente tuviera un criterio contrario a su prosecución (Fallos 335:622). La falta de recurso por parte del Fiscal Federal contra el fallo de la Cámara de Apelaciones implicó apartarse de un elemento de prueba relevante como refiere la F.N.I.A., lo cual se equipara a un "criterio contrario a la prosecución de la acción", de acuerdo a la exégesis que esta Corte realizó respecto de las normas indicadas. Así, habilita la facultad de la F.N.I.A. a interponer recursos y tratar sus agravios en la instancia casatoria a fin de cumplir con la misión constitucional del Ministerio que integra, esto es, la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120, C.N. (1), en resguardo de la responsabilidad del Estado Argentino.
La Corte hace lugar a la queja deducida por la F.N.I.A., declara procedente el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia recurrida, ordenando que, por el Tribunal que corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento en base a las pautas indicadas.

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) Constitución Nacional.
(2) Fallo comentado en esta columna "Suplemento Fiscal & Previsional" publicada el lunes 9 de abril de 2012.
(3) Por esta norma, radicado un juicio ante los Tribunales provinciales, ese tribunal debe dictar la respectiva sentencia y sólo podrán apelarse ante la Corte Suprema de Justicia, las sentencias definitivas de los tribunales superiores de provincia si se discute la inteligencia de alguna cláusula constitucional o de un Tratado o ley del Congreso o haya sido cuestionada una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención vinculada a esa cláusula y sea materia de litigio.

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: susana.accorinti@hotmail.com