CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PENAL TRIBUTARIO

Jurisprudencia Tributaria y Penal Tributario

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN *
Acción declarativa de certeza. Impuesto sobre Ingresos Brutos: Convenio Multilateral. Alícuota diferencial. Pedido de inconstitucionalidad: Aduana interior que afecta la libertad de circulación y de tránsito. Principio de igualdad tributaria. Procedencia de una medida cautelar de no innovar.

- "Harriet y Donnelly S.A. c/Chaco, Provincia de s/acción declarativa de certeza", sentencia del 24 de febrero de 2015.

Harriet y Donnelly S.A., domiciliada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promueve una acción declarativa de certeza (1) contra la provincia del Chaco con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre que invoca pues la provincia demandada pretende aplicar una alícuota diferencial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos respecto de la actividad de producción primaria que desarrolla en territorio chaqueño debido a que no tiene su sede central en la jurisdicción provincial en base al art. 12 inciso e) de la ley Tarifaria local 2071, modificada por el art. 5 de la ley 7149 cuya declaración de inconstitucionalidad también solicita. El fundamento de esta acción es que la sociedad despliega, entre otras actividades, la de producción primaria enfocada principalmente en la agricultura y en que es contribuyente del Convenio Multilateral a los fines del impuesto en cuestión ya que posee establecimientos y campos en diversas jurisdicciones inclusive la provincia del Chaco, motivo por el cual distribuye la materia imponible de acuerdo al citado Convenio (arts. 2 y 13). Destaca que hace más de 30 años que está radicada en la provincia demandada y aclara que, por ley provincial 3994, el Chaco incorporó la exención tributaria a favor de actividades primarias e industriales de acuerdo al "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento" del 12 de agosto de 1993 y que tal exención se suspendió a partir del 10 de enero de 2013 por la ley provincial 7148 y, posteriormente, se introdujeron modificaciones a diversos artículos de la ley Tarifaria local 2071, entre ellas, la norma que aquí se impugna la cual crea un beneficio fiscal de alícuota reducida para los contribuyentes cuya sede central esté radicada en el Chaco. Este beneficio implica establecer una aduana interior contraria a la cláusula comercial y a las libertades de circulación y de tránsito reconocidas por la Constitución Nacional e importan un trato impositivo distinto a las actividades interjurisdiccionales según la ubicación local o foránea de la sede central de la empresa, vulnerando el principio de igualdad tributaria de modo arbitrario y con afán proteccionista. La actora funda su derecho en los arts. 4, 9 a 12, 16, 17, 28, 31, 75 incisos 1, 10 y 13 y 126 de la Constitución Nacional y en doctrina del Máximo Tribunal. Pide, además, se decrete una medida cautelar de no innovar destinada a que se le suspenda la aplicación de la alícuota diferencial mayor establecida en la norma local atacada, autorizándole a tributar la alícuota reducida fijada en el 1% sobre la integridad de la base imponible del gravamen y se le ordene al Gobierno provincial que se abstenga de iniciar o proseguir acciones determinativas del impuesto basado en las normas cuestionadas y que no inicie acciones coactivas de cobro o ejecución hasta tanto recaiga sentencia definitiva en las presentes.
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta causa corresponde a su competencia originaria (art. 117, Constitución Nacional).
En cuanto a la medida cautelar solicitada, el Alto Tribunal recuerda su postura en el sentido que si bien, en principio, estas medidas no proceden contra actos administrativos o legislativos por la presunción de validez que ostentan, tal doctrina cede cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250: 154; 251: 336; 307: 1702; 316:2855*). Según el precedente "Albornoz, Evaristo Ignacio c/Nación Argentina" (Fallos 306:2060*), la naturaleza de las cautelares " no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar".
El Supremo Tribunal afirma que, en este caso, está suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho y los presupuestos legales para admitir la medida (art. 230, incisos 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Considerando la solución adoptada en esta causa, la Corte estima conveniente señalar que son numerosos los reclamos en donde fueron denegadas las cautelares por involucrar pretensiones fiscales de los estados provinciales en donde rige el principio de estrictez en materia tributaria (Fallos: 313:1429; 322:2275, entre otros *). Pero, aquí, se cuestiona la constitucionalidad de la ley Tarifaria provincial que grava con alícuotas distintas del impuesto a la producción primaria desarrollada en el ámbito local fundada en el lugar de radicación de la sede central. Ello, así, pues las que posean su sede central dentro del territorio provincial tributan un porcentual menor del que deben afrontar las que no cumplen con tal requisito, razón por la cual es menester determinar si el Estado provincial se excedió en sus potestades tributarias y precisar los alcances de la jurisdicción y competencia que tiene para ejercer eventualmente el derecho de percibir la alícuota diferencial cuestionada y, en su caso, si quebranta la potestad del gobierno federal de reglar el comercio Interprovincial (art. 75, inc. 13, C.N., arg. Fallos: 178:308; 320:1302*).
Para la Corte, este caso presenta una situación particular, diversa de la examinada en otros precedentes, motivo por el cual admite que, cautelarmente, la actora tribute la alícuota del 1% prevista en el primer párrafo del art. 12, inciso e) de la ley Tarifaria provincial 7149 hasta tanto se dicte sentencia en este litigio. La solución adoptada sólo producirá, en el supuesto que se rechace la demanda, una postergación en la percepción de las diferencias generadas pues, mientras tanto, la provincia ingresará a sus arcas las mismas sumas percibidas por el gravamen que recae respecto de quienes cumplen con el requisito establecido como condición para tributar la alícuota reducida (causa "Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/Buenos Aires, provincia de s/incidente de medida cautelar", sentencia 5 de marzo de 2013).
En consecuencia, se declara la competencia originaria de la Corte; se corre traslado de esta demanda a la provincia del Chaco por el término de 60 días hábiles, librándose el oficio de estilo al Juez Federal y se decreta la cautelar solicitada, debiendo tributar la actora, en lo sucesivo, por impuesto sobre los Ingresos Brutos, la alícuota del uno por ciento (1%) hasta tanto se dicte sentencia definitiva en este juicio.

PENAL TRIBUTARIO
Recurso de casación. Clausura aplicada a un Monotributista por omitir exhibir placa indicativa de su condición fiscal y comprobante del último período. Absolución del imputado.

- "Martínez Rivero, Rodrigo s/recurso de casación", Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, sentencia del 19 de diciembre de 2014.

En esta causa, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revoca la sentencia de primera instancia y confirma la clausura impuesta por la AFIP al monotributista Martínez Rivero, reduciéndola a un día de clausura, sin costas. Contra el fallo de la Sala A, el Defensor Oficial interpone recurso de casación con el objeto de dejar sin efecto la sanción y absolver al contribuyente.
Para el Defensor Oficial, la sentencia recurrida afecta el derecho constitucional de defensa en juicio, de legalidad y del debido proceso adjetivo y sustantivo (arts. 18 y 28 Constitución Nacional y 8, Pacto de San José de Costa Rica). Señala que no hubo incumplimiento por la supuesta omisión de exhibir en un lugar visible al público la placa indicativa de la condición de Pequeño Contribuyente y que la Sala yerra al afirmar que el quejoso armó su defensa sin ofrecer prueba cuando, en rigor, la prueba propuesta, nunca fue ordnada. Agrega que el fallo violenta el plazo razonable y el principio de insignificancia o bagatela pues la conducta analizada no afecta seriamente el bien jurídico protegido. Hace reserva del caso federal.
Para la representante de la AFIP, la sentencia en cuestión se ajusta a derecho, no habiendo razones para ser calificada como acto judicial inválido. También reserva el caso federal.
Al votar, la Jueza de la Cámara de Casación, Dra. Ledesma (2), reseña los antecedentes de la causa y recuerda que el acta de comprobación inicial fue labrada el 27 de septiembre de 2010 en donde funcionarios de la AFIP dejaron constancia que el monotributista inspeccionado omitió exhibir en un lugar visible al público de su local comercial su condición de Pequeño Contribuyente y su respectiva categoría, hecho que infringe la ley de Monotributo N° 26.565 (art. 25 incisos a y b y art. 26 inciso a del Anexo). Por ello, la AFIP sancionó con dos días de clausura del establecimiento comercial involucrado y el contribuyente apeló judicialmente la resolución fiscal, razón por la cual el juez de primera instancia revocó la clausura y eximió de sanción al monotributista por su falta de antecedentes y por cuanto la infracción imputada no revestía gravedad (ley 26.565 y art. 49, ley 11.683 y causa 61.308 "Sampayo Natalia s/infracción ley 11.683" de la Sala "A" de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico). El contribuyente fue absuelto en primera instancia.
La jueza Ledesma continúa diciendo que la AFIP apeló el fallo absolutorio, con intervención de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que interpretó que el acta labrada por los inspectores y firmada por el empleado que los atendió da cuenta de la infracción incurrida consistente en la falta de exhibición de la placa indicativa de la condición de monotributista y del comprobante del pago del último mes vencido dentro del plazo reglamentario. Al fallar, la Sala A ponderó la omisión de cumplir con los dos deberes formales de exhibir que exige la ley y que el contribuyente no dio una explicación razonable al no probar que hizo el pago en el plazo legal de modo que concluyó que no es apropiado eximir por completo al transgresor aunque sí redujo la clausura a un día, sin costas, por la falta de antecedentes del monotributista.
Para la magistrada Ledesma, la sentencia objeto de casación no se apoya en razones objetivas que justifiquen modificar el fallo absolutorio de primera instancia a la vez que tampoco analiza las constancias de la causa, lesionando las reglas de la sana crítica. La omisión imputada permite eximir de pena en el marco de la ley de procedimiento tributario (art. 49, ley 11.683 (3), resultando arbitrario sostener que el monotributista no probó sus dichos pues, tanto en el recurso administrativo como en el judicial, ofreció prueba testimonial destinada a demostrar que la placa en cuestión se hallaba en lugar visible al público; sin embargo, nunca fue ordenada la testimonial.
La Dra. Ledesma vota a favor del principio de insignificancia "atento la gravedad de la sanción impuesta en autos, el tipo de infracción y teniendo en cuenta la falta de antecedentes fiscales del sumariado", proponiendo absolver al monotributista en base a una herramienta legislativa que deja fuera de punición a las conductas que por su insignificancia, no afectan el bien jurídico tutelado o que, aún vulnerándolo, por aplicación del principio penal de insignificancia o bagatela se traduce en penas desproporcionadas o irracionales. Así, es posible morigerar situaciones desproporcionadas y absurdas al sustituir el viejo art. 49 por el actual (3), con la discrecionalidad otorgada a los jueces. Este principio fue receptado por las legislaciones más modernas, concediendo al Tribunal la facultad de eximir de toda pena si su aplicación al caso concreto es poco beneficiosa o aún contraproducente desde el punto de vista de la prevención o cuando el hecho sea tan leve que aún la pena menor que la ley establece puede aparecer como demasiado. Así, se le da al derecho penal el lugar de ultima ratio, de desarrollar como principio fundante que el uso de la violencia debe ser siempre el último recurso del Estado de Derecho que constituye un programa no violento de organización de la sociedad (causa 15.566, "Gerbasi Hector Hernán y otros s/recurso de casación", de esta misma Sala II).
Por último, la dra. Ledesma señala que el fallo atacado reduce la pena a un día de clausura, sin dar razones para traspasar la absolución dispuesta por el juez de grado.
Por mayoría integrada por los dres. Ledesma y Slokar, la Sala II de la Cámara de Casación hace lugar al recurso de casación, sin costas y anula la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, quedando absuelto el monotributista Martínez Rivera (arts. 470 y 530, del C.P.P.N., Código Procesal Penal de la Nación).

* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser consultados en www.csjn.gov.ar

(1) art. 322, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
(2) El Juez Dr. SloKar vota en el mismo sentido.
(3) En su actual redacción, el Juez administrativo que interviene en este tipo de procedimientos administrativos (de clausura y multa) podrá eximir de toda sanción al responsable cuando a su juicio la infracción imputada no revistiera gravedad o, bien, podrá eximir parcialmente de una de las dos penas. En el texto anterior, el art. 49 de la ley 11.683 no establecía facultades de eximir en este tipo de procedimientos.
(4) En minoría, el Dr. David propicia declarar inadmisible el recurso pues considera que no procede contra resoluciones dictadas por infracciones contravencionales -como en este caso- en donde se aplican sanciones por violación a normas administrativas y en ejercicio del Poder de Policía del Estado con el objetivo último de lograr el bien común (Sala I "Transportes 9 de julio SRL s/recurso de casación y de inconstitucionalidad" registro 435 rta. el 22 de marzo de 1995; Sala II "Lorenzati Hnos s/recurso de revisión" registro 956 rta. el 3/6/96; Sala III "Corbami SACIFIA s/recurso de queja" registro 96 rta. el 18/3/1998; Sala IV "S.A. Organización Coordinadora Argentina s/recurso de queja" registro 1154 rta. el 4/3/1998). Ello, sin perjuicio del derecho de interponer recurso extraordinario cuando se vulneren garantías constitucionales.

(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales. Su dirección de e-mail es: susana.accorinti@hotmail.com
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