Domingo  11 de Octubre de 2020

Jurisprudencia Tributaria de la Corte Suprema

Jurisprudencia Tributaria de la Corte Suprema

Queja por denegatoria de recurso extraordinario. Ajuste por inflación.

- "Recurso de hecho deducido por la demandada en causa Feler, Eduardo Jorge c/ Estado Nacional y otro s/ acción mere declarativa de inconstitucionalidad", sentencia 6 de agosto de 2020.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el fallo de primera instancia que hizo lugar a la acción declarativa promovida por el contribuyente Eduardo Jorge Feler contra la AFIP que declaró inconstitucional a la norma que prohibía aplicar el mecanismo de ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias respecto de su declaración jurada, período fiscal 2002. Para fallar así, interpretó que la pericia contable demostraba que utilizar ese ajuste implicaba que, en vez de obtener un quebranto de $ 27.501,05, tenía uno de $ 1.754.934,70 y que, de no aplicar ese método correctivo, la alícuota del tributo a ingresar iba a ser superior al 35%, excediendo los límites razonables de imposición.

El Fisco Nacional presentó recurso extraordinario contra la sentencia de la Cámara tucumana que, al ser denegado, motivó que interpusiera el recurso de queja por denegatoria.

Para la Corte Suprema, se configura cuestión federal pues el fallo recurrido se vincula con la validez constitucional de leyes y normas reglamentarias que impiden aplicar tal mecanismo de ajuste y por apartarse de modo injustificado de su doctrina sentada en las causas "Santiago Dugan Trocello" y "Candy" (1). En el citado "Candy", admitió que la falta de aplicación de ese mecanismo podía conducir a resultados confiscatorios, con el consiguiente agravio constitucional de modo que descalificó aplicar el gravamen en esos términos, circunstancia que aquí no existe. La prueba pericial contable producida en este juicio es insuficiente para demostrar un supuesto de confiscatoriedad no sólo por la laxitud del análisis sino porque la actora, en vez de tener una pérdida histórica o sea sin ajustar de $ 27.501,05, pasa a tener una pérdida de $ 1.754.934,70 en caso de realiza el ajuste por inflación.

El Alto Tribunal recuerda que la utilización del mecanismo de ajuste por inflación conforme "Candy S.A." está destinado a evitar la confiscatoriedad que se produciría al absorber el Estado una porción sustancial de la renta o del capital, lo cual obsta al uso de tal método correctivo para reconocer un mayor quebranto a ser utilizado por el contribuyente en períodos posteriores. Ello, así, por la sencilla razón que, en esa situación "no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados" (doctrina de "Candy S.A.", "M. Royo SACIIF y F" (2), entre muchos otros (3).

La Corte hace lugar a la queja, admite el recurso extraordinario, revoca la sentencia apelada y rechaza la demanda. Impone las costas por su orden por la complejidad de la cuestión y devuelve la causa al tribunal de origen para dictar un nuevo fallo de acuerdo al presente.

Queja por denegatoria de recurso extraordinario. Sentencia arbitraria. Desvinculación laboral por mutuo acuerdo: requisitos.

- "Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/despido", sentencia 10 de septiembre de 2020.

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo de primera instancia que admitió el reclamo de indemnizaciones por despido promovido por el trabajador a pesar de haber extinguido el contrato de trabajo por "mutuo acuerdo" (art. 241, Ley de Contrato de Trabajo. Para el Juez anterior, a pesar de no haber sido probados los vicios de la voluntad denunciados por el actor, el acuerdo firmado ante escribano público no tenía valor porque faltó la intervención de autoridad judicial o administrativa y al no existir una resolución que demostrara la "justa composición de los derechos e intereses de las partes", invocando el art. 15 de esa misma ley.

Contra la sentencia de la Cámara del Trabajo, la parte demandada interpuso recurso extraordinario por arbitrariedad pues supeditó la validez del mutuo acuerdo a la homologación administrativa o judicial, requisito no fijado por el citado artículo 241, norma que expresamente prevé la posibilidad de que el contrato se extinga "mediante escritura pública". A su vez, destacó que el recaudo de "homologación" solo rige para los "acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios", según dicho art. 15.

En este caso, para la Corte Suprema, aún cuando los argumentos del recurso presen-tado se vinculan con cuestiones de derecho común y, en principio, no son revisados por esta vía excepcional (4), corresponde hacer una excepción pues la sentencia recurrida se funda en consideraciones dogmáticas y no trata adecuadamente el conflicto según las normas aplicables. Ello, así, pues ese art. 241 prevé que "Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo.

Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente" y acá, no se discute que el trabajador en persona y la empleadora, por su representante legal, extinguieron la relación laboral ante un escribano público por mutuo acuerdo. Por tanto, no constituye una derivación razonada del derecho vigente exigir que ese acuerdo sea homologado administrativa o judicialmente porque no existe exigencia legal, la cual sólo procede para los supuestos de "acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios...cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa" (art. 15, ley laboral). En estas condiciones, el fallo debe ser descalificado por aplicación de la conocida doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.

La Corte, por mayoría (5), declara procedente la queja y el recurso extraordinario y deja sin efecto la sentencia recurrida, con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), ordenando reintegrar el depósito de la queja (6). Devuelve los autos al tribunal de ori-gen para dictar un nuevo fallo de acuerdo al presente.

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* Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar

(1) Fallos comentados en esta columna "Suplemento Fiscal & Previsional" publicados los días 18 de julio de 2005 y 14 de septiembre de 2009, respectivamente.

(2) Fallo comentado en esta columna "Suplemento Fiscal & Previsional" publicado el 12 de septiembre de 2016.

(3) "Alubia S.A. c/ AFIP – DGI s/ repetición", sentencia 4/11/14; "Consolidar Administradora de Riesgo de Trabajo ART S.A. c/ EN - AFIP – DGI - Res. LGCN 140/08 s/DGI", sentencia del 11/8/15; "Faya Hnos'. S.A. c/ AFIP-DGI s/ inconst.", sentencia del 4/8/16; "Favacard S.A. c/ AFIP DGI s/inconstit.", sentencia 15/11/16 y "Natufarma S.A. c/ AFIP – DGI s/demanda con-tenciosa", sentencia 24/2/15.

(4) Art. 14, Ley 48: Por esta norma, un juicio que tramita en jurisdicción provincial sólo podrá recurrirse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es una sentencia definitiva dictada por Tribunales superiores de provincia, se hubiera cuestionado la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, de un derecho o garantía constitucional o de una autoridad nacional o provincial y la decisión sea contra esa validez.

(5) La minoría integrada por los Ministros Rosenkrantz y Rosatti, propician desestimar la queja por no haber cumplido con un requisito formal de la Acordada 4/2007 (extensión del escrito/tamaño de letra legible) y dan por perdido el depósito de la queja (6).

(6) Este recurso de queja ante la Corte Suprema exige hacer el depósito de una suma de dinero que, en la actualidad, es de $ 100.000 (art. 286, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación y Acordada 40/2018).

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(*) La Dra.Susana Silvia Accorinti es abogada, especialista en temas tributarios y previsionales.

1. Procedimiento. Procedencia del recurso de amparo frente a una solicitud de una devolución de saldos a favor del contribuyente derivados de percepciones del Impuesto a las Ganancias por gastos efectuados en el exterior.

Causa: "Murane, Laura Romina Laura C/AFIP-DGI", Sala "B", 22.11.19.

La mentada contribuyente promovió, en los términos del artículo 182 y siguientes de la Ley N° 11.683, un recurso de amparo para que se expida, en forma inmediata, acerca de la solicitud de devolución de percepciones del Impuesto a las Ganancias, en los términos de la Resolución N° 2224/79 de la DGI, por gastos efectuados en el exterior por los años fiscales 2014 y 2015 con más sus intereses.

Es susceptible de mención que, tal como surge de la causa, la accionante era una empleada de "Telefónica de Argentina S.A." y, en el lapso acaecido entre los años 2013 a 2016, se desempeñaba como "analista de satisfacción y calidad".

Previo a todo, el Tribunal actuante hizo un pormenorizado repaso de los antecedentes del conflicto, a saber: a) El 26.10.17 y el 8.12.17 presentó las declaraciones juradas rectificativas del Impuesto a las Ganancias de los años 2014 y 2015 respectivamente; b) El 13.11.17 y el 8.12.17 pidió la devolución de las citadas percepciones por los períodos fiscales 2014 y 2015 respectivamente; c) El 16.11.17 y el 12.1.18 la contribuyente presentó los pertinentes prontos despachos; d) El 16.10.19 la apelante presentó el amparo correspondiente; y e) El 5.11.19 el Fisco Nacional envió sólo un requerimiento de información.

Al respecto, el Tribunal competente, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Analizó el instituto del recurso de amparo siendo necesario para su procedencia que se verifiquen estos recaudos: 1) La demora fiscal en la realización de un trámite, 2) Dicha demora debe ser excesiva y 3) El silencio de la AFIP durante un plazo mayor a quince días luego de la presentación de un pronto despacho; b) Precisó que el Fisco, en estas actuaciones, no había emitido resolución alguna que haya rechazado o aprobado los pedidos de la solicitante; c) Concluyó que, en la especie, el Fisco Nacional incurrió en una demora excesiva en realizar un trámite o diligencia a su cargo, con la consecuente incertidumbre para el contribuyente sobre la disponibilidad de los importes pertinentes máxime que la AFIP justificó su proceder en meras generalidades sin sustento probatorio; y d) Afirmó que la articulación de la acción del amparo, en esta hipótesis, estaba plenamente justificada.

En resumen, el Tribunal competente hizo lugar al recurso de amparo interpuesto y le concedió al ente fiscal un plazo de 15 (quince) días para llevar a cabo las diligencias necesarias y resolver el trámite iniciado por el recurrente.

2. IVA. Gravabilidad de las pólizas emitidas para cubrir riesgos de bienes situados en la Provincia de Tierra del Fuego. Procedencia de la exención de la Ley N° 19.640.

Causa "El Comercio Compañía de Seguros a Prima Fija S.A. C/AFIP", Sala "D", 15.11.19.

El citado contribuyente impugnó dos actos administrativos emitidos por el ente recaudador que determinaron de oficio su obligación tributaria en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por diversas posiciones mensuales de los ciclos fiscales 1999 a 2004 inclusive juntamente con sus accesorios con más la aplicación de sendas multas por omisión prevista en el artículo 45 de la ley ritual.

En este caso, el foco del debate estuvo dado en si las pólizas de seguros emitidas por la recurrente, con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que cubrían riesgos de bienes situados en la Provincia de Tierra del Fuego, estaban gravados o no por el IVA.

Al respecto, el particular entendió que no estaban alcanzados por el mentado gravamen en virtud de la exención establecida en el artículo 1° de la Ley N° 19.640 que le otorga a dicha Provincia un status extra-territorial respecto del resto del país. Lógicamente, el ente impositor esgrimió la tesis opuesta.

Al respecto, el Tribunal actuante, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Analizó la legislación en juego a la luz de los antecedentes del caso; b) Citó jurisprudencia del Tribunal de Alzada para fundar su tesitura (v.g.: "Mapfre Argentina de Seguros SA C/AFIP" y "Banco de Valores SA C/AFIP" del 11.6.10 y 21.12.09 respectivamente); c) Precisó que no existía disposición alguna en la Ley N° 19.640 que limitase la exención prevista en su artículo 1° únicamente a las personas que exporten mercaderías y no servicios desde territorio continental al área aduanera especial; d) Señaló que no podía afirmarse que la actividad que realiza la aseguradora se llevase a cabo, en términos absolutos, en el territorio continental, si se tenía en consideración que los bienes asegurados se encontraban en Tierra del Fuego y que el siniestro sobre los mismos, de producirse, también se alojaría allí; y e) Apuntó que el IVA, por su propia naturaleza y dinámica, es trasladable con incidencia en el asegurado y, por ello, admitir la gravabilidad de las pólizas implicaría ir contra la finalidad de la Ley N° 19.640.

En síntesis, los fundamentos apuntados llevaron al Tribunal a revocar las resoluciones apeladas y, en consecuencia, esta decisión fue favorable al contribuyente.

3. Ganancias. Impugnación de una determinación de oficio por utilizar parámetros irrazonables.

Causa: "Delorenzi, Horacio A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 13.11.19.

El contribuyente del epígrafe apeló dos actos administrativos emanados del Fisco Nacional donde se determinaron de oficio las obligaciones tributarias inherente al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 2000 a 2003 inclusive y al Impuesto al Valor Agregado por diversas posiciones mensuales de los ciclos fiscales 2001 y 2003.

Es susceptible de mención que el recurrente es una persona física que está en relación de dependencia y que operaba con distintas cuentas bancarias.

En lo que aquí interesa comentar, el Fisco Nacional reclamó su crédito utilizando como base presunta los depósitos bancarios del impugnante y, por ello, estimó como ingresos gravados omitidos la diferencia entre los depósitos depurados y los determinados por la fiscalización para los períodos 2000 a 2003 e imputó los mismos a la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias. Naturalmente, el contribuyente manifestó su disenso con la pretensión estatal.

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