Contáctenos

A través de este formulario podrá dejarnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes.

Dirigido a:

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Reportar Comentario

Estas reportando este comentario a la redacción de El Cronista.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar

Recomendar Nota

A través de este formulario podrá recomendar la noticia que esta leyendo.

Todos los campos son obligatorios.
Cancelar
DÓLAR
/
MERVAL

Impuesto a las ganancias sobre dividendos. Reflexiones sobre seguridad jurídica

En septiembre de 2013 la ley 26893 dispuso entre otras cuestiones gravar con el impuesto a las ganancias a una tasa del 10% la distribución de dividendos o utilidades, en dinero o en especie -excepto en acciones o cuotas partes-, que distribuyan las sociedades de capital a las personas físicas o humanas. El impuesto era ingresado con carácter de pago único y definitivo y se aplicaba a los dividendos o utilidades puestos a disposición de sus beneficiarios, a partir del 23/9/2013, inclusive.
El principal fundamento que daba origen al impulso de esta ley fue que se había tomado la decisión de gravar esta renta afirmando que la misma se trataba de una renta financiera y que era justo que aquella persona que obtenía un dividendo contribuyera tributariamente con un impuesto al sostén del estado.
Así esta ley cursó su trámite parlamentario y fue aprobada por ambas cámaras.
Tres años después la ley 27260 de reparación histórica para los jubilados y pensionados que trajo como contrapartida el blanqueo y moratoria, además incorporó modificaciones impositivas entre las cuales deja sin efecto el impuesto aplicable a este tipo de rentas para las personas físicas o humanas, retrotrayendo de esta forma a partir del 23/7/2016 el tratamiento que les fuera aplicable con anterioridad al 23/9/2013 (fecha de publicación de la ley 26893)
Esta ley también cursó favorablemente su trámite parlamentario y fue aprobada por ambas cámaras.
Sin ánimo de tomar posición por uno u otro criterio "resulta curioso" que en el parlamento donde se ejerce la democracia, todo el abanico de ideas políticas se encuentran representadas y pueden expresarse, y donde deberían existir equipos técnicos que dominen la materia tributaria con jerarquía y debatan previamente las implicancias de las leyes en las comisiones correspondientes logrando consensos, se hayan encontrado argumentos a favor en el año 2013 para gravar los dividendos y tres años después ese mismo parlamento (aunque hayan variado parcialmente sus integrantes) haya encontrado argumentos para dejar sin efecto ese mismo impuesto a los dividendos..!?.
Para evitar estas marchas y contramarchas, sería interesante lograr debates superadores sobre cuestiones tributarias que deberían revestir la categoría de políticas de estado, un ejemplo de ello sería determinar con sólidas convicciones si se debe gravar realmente la renta financiera en cabeza de las personas físicas, entendiendo a dicha renta como la proveniente de ingresos por inversiones financieras en acciones, títulos públicos, dividendos y todo tipo de colocaciones de dinero, con independencia que quizás cada una de ellas merezca un tratamiento que resulte diferenciado entre sí.
En esta línea de pensamiento quizás deberíamos reflexionar si resulta equitativo que dos empleados en relación de dependencia que cobran igual remuneración, que tienen iguales cargas de familia paguen el mismo impuesto a las ganancias, si uno de ellos obtiene además rentas exentas provenientes de colocaciones financieras, aspecto que en principio lo posiciona con una mejor capacidad contributiva que a quien no obtiene dichas rentas.

(*) El Dr. Mario Rapisarda es Contador Público Nacional especialista en temas tributarios. Graduado en UNLZ, siendo su mail mjrapisarda8@gmail.com