Hacia un Pacto Social y Económico para la Argentina

El autor desarrolla los puntos centrales de su obra publicada donde se esbozan algunas ideas concretas sobre la necesidad de llegar a una concertación, un "pacto social y económico", destinado a garantizar la gobernabilidad y el desarrollo.

Hemos manifestado en nuestro libro "Ética en la Tributación y Redistribución del Gasto Público", que la noción de la eticidad es diferente según la cultura de los pueblos, pues tiene diversas concepciones fundamentadas en costumbres o tradiciones de distinto orden. Aun cuando cada sociedad dicta las reglas que los individuos deben respetar para vivir en la misma, puede colegirse que en la mayoría de los casos se ha priorizado la noción del bienestar común, recordando siempre las diferencias culturales sobre las cuales se elaboran los conceptos.

Contrato moral y contrato social

La moral se piensa en niveles filosóficos y culturales que se aplican a los diversos saberes, permitiendo valoraciones cualitativas como el bien y el mal, relativos a la conducta del ser humano dentro de una sociedad.

Pensamos el "contrato moral" como preexistente a cualquier pacto en una sociedad moderna, pues constituye una condición previa para la consecución del "contrato social"; es el punto de partida donde se asentará una verdadera democracia. No es suficiente que un pueblo y sus gobernantes firmen un documento. Una nueva moral compartida debe fundarse en línea con la dignidad humana.

A su vez, el contrato social es aquel que los ciudadanos acuerdan implícitamente con el Estado desde el momento que deciden vivir en una sociedad resguardada por este último, quien debe regular los deberes y derechos de los ciudadanos para hacer cumplir el contrato.

Entonces, si tal contrato moral no prevalece sobre lo que se quiere pactar y el debate se limita a los intereses individuales, no pondremos en primer plano la idea de la reciprocidad que tienda a un equilibrio ético. Se accede así, por el consenso de las voluntades de todos los implicados, a un importante instrumento de gestión colaborativa como base previa a otra construcción posible.

El contrato moral es más del orden del consenso individual con el otro, cuyas reglas se trasmiten por la fuerza misma que el consenso imprime como lenguaje común. El contrato social es lo que deviene sin fisuras en una forma de existencia, no menos compleja, pero de otro orden, por ser la suma de voluntades que se acuerdan con el Estado para que sostenga el equilibrio de esa interdependencia.

Capital moral y capital social

Es interesante para este trabajo desplegar la noción de "capital moral", por estar en estrecha relación con la noción de "capital social" y la importancia que estos términos tienen a la hora de definir un contrato o pacto social deseable.

El capital moral sería pues un bien simbólico, en tanto implica que dicha virtud se hace tal, mediada por el lenguaje; es decir, la cultura y la pertenencia a un grupo social. Bourdieu dice al respecto que la sanción refuerza su consagración cultural. Pensamos sanción como la pérdida del honor y la virtud, quedando en una posición inferior en el status social.

A su vez, Mauss nos invita a pensar que es por la reciprocidad que imprime el intercambio en términos de "virtud", que se va a generar por un esfuerzo de consenso un contrato mucho más general y permanente.

Bordieu definió el "capital social" como el agregado de los actuales o potenciales recursos que están relacionados con la posesión de una red perdurable de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo -en otras palabras, con la pertenencia a un grupo- que le brinda a cada uno de los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido. Las fuentes principales del capital son la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. Así, el volumen del capital social poseído por un agente dado depende del tamaño de la red de conexiones que pueda efectivamente movilizar y del volumen de capital (económico, cultural o simbólico) que tenga de por sí por cada una de aquellas con quien está relacionado. Se afirma que está relacionado con la capacidad de generar y sustentar relaciones de colaboración y cooperación.

A modo de síntesis, recalcamos que el capital moral en términos de virtud, actúa a través del capital social, del que forma parte, constituyendo el sistema de valores que posibilitan alcanzar el bien común. Es en el encuentro de una forma de asociación que el individuo recupera la libertad: en el consenso.

El Pacto Social y Económico

La acción colectiva se potencia en una democracia y prescindir del Estado implica renunciar a la acción colectiva.

Como dice Foucault, "El poder, en suma, se ejerce más que se posee". De esta forma, en su visión el poder no se define por un cargo sino en su ejercicio efectivo, lo que implica que la dominación que detentan determinados gobiernos se ejercen más sobre un sentido, lo cual incluye una moral, una educación y unos valores o antivalores.

El problema no es fácil de resolver, pues si no están dadas las condiciones para que el país crezca; si no hay superávit económico y fiscal en las cuentas públicas, difícilmente encontremos una solución al problema.

Para que el contrato moral, el contrato social y el capital social se interrelacionen en la búsqueda del bienestar de todos, se requieren consensos imprescindibles. Pactos para un desarrollo moral inclusivo y sustentable. Pactos que permitan a los países en vías de desarrollo salir de los encierros de políticas erráticas que repiten interminablemente ciclos que retornan a puntos de alienación institucional y política y, por lo tanto, encontrándolos cada vez más empobrecidos desde lo social, cultural y económico.

Antecedentes de pactos sociales en argentina

EL PACTO SOCIAL de 1973

Con el advenimiento del tercer mandato presidencial de Juan D. Perón, se planteaba la necesidad de que el empresariado y la clase trabajadora llegaran a consensos económicos y sociales.

Durante el gobierno del Presidente Hétor J. Cámpora y a través del Ministerio de Economía, se firmó con la CGT y la central empresaria CGE el "Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social", rápidamente denominado como el "Pacto Social", cuyos objetivos eran: concertar unas reformas acordadas con distintos sectores de la sociedad y crear un plan de estabilización de la política económica nacional. Lo más destacado de este Pacto -junto a algunas medidas crediticias y de subsidios en apoyo a las patronales- era el congelamiento de precios y salarios y la suspensión de paritarias por 

dos años, de modo tal de conseguir la recuperación económica del país que tenía a estas alturas problemas no sólo coyunturales como la inflación, sino también estructurales.

Si bien el pacto intentaba una conciliación de clases entre patrones y obreros, fracasó en su propósito. Entre los motivos, podría afirmarse que las entidades patronales comenzaron a aumentar los precios y los trabajadores a ver mermado su poder adquisitivo.

En ese sentido, los sindicatos vieron suspendidas las negociaciones colectivas de trabajo, mientras el empresariado no resignó el control sobre unas variables económicas fundamentales. Así fue que a principios de 1974 el Estado no tenía capacidad para resolver los conflictos y aumentaron las presiones en torno al acuerdo y luego de la muerte de Perón se disolvió lo poco que quedaba del pacto social.

EL PACTO DE OLIVOS

Luego del acuerdo sellado en Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, el Congreso aprobó, el 29 de diciembre de 1993, la ley 24.309, que declaró la necesidad de reformar la Constitución Nacional.

Tanto el Partido Justicialista gobernante, como la Unión Cívica Radical acordaron los puntos que permitieron sentar las bases para la reforma constitucional de 1994. Ese pacto social incluía una serie de coincidencias básicas, con puntos esenciales que debían solamente aceptarse o rechazarse, y un conjunto de debates abiertos y normas de procedimiento que se incorporarían a la Constitución Nacional. Y así fue que luego de arduas deliberaciones, el 22 de agosto de 1994 la Convención Constituyente aprobó el texto de la nueva Carta Magna, que entró en vigor y fue publicada en el Boletín Oficial el 24 de agosto de 1994.

Las profundas modificaciones realizadas al texto constitucional, que no profundizaremos en el presente trabajo, han recibido críticas en favor y en contra. Entre los aspectos positivos, se encuentra la incorporación de los tratados de rango constitucional sobre derechos humanos, que luego implicó la actualización de numerosas leyes nacionales.

En general, se coincide que dicha reforma ha legado una modernización de los derechos y de la organización política del país, aspecto que no obstante, ha sido controvertido por considerarse que estructuró una democracia donde se privilegió un gobierno con gran concentración de poder, especialmente para el Poder Ejecutivo, debilitando la separación de los poderes y transformando la clásica trilogía en un esquema dual: poder político frente a poder jurisdiccional.

Propuesta de un Pacto Social y Económico en la República Argentina

Los próximos párrafos expresarán ilusiones tal vez muy difíciles de alcanzar. Ello porque no se puede pensar que solucionaremos las cuestiones económicas y sociales que nos aquejan si no contamos con una economía suficiente, sustentable y perdurable.

Si bien fijamos que la principal meta es lograr una función de eticidad en todas las propuestas, la afirmación podría transformarse en simplemente dogmática si no se resuelve el tema económico-social previamente o en simultáneo.

La sociedad exige de la clase dirigente una sana convivencia; necesita reglas tales como la tolerancia mutua y la contención institucional; y un esfuerzo de toda la comunidad para lograr consensos, aun cuando los partidos políticos resignen posibilidades futuras de reelección.

Al respecto, hemos propuesto en nuestra obra "Hacia un Pacto Social y Económico", la creación legal de un Consejo encargado de coordinar las acciones necesarias para la efectiva implementación de un Pacto Social y Económico, que luego se debatiría parlamentariamente a los efectos de sancionar las leyes respectivas. Y vemos con beneplácito que esta idea haya sido también considerada por el Dr. Alberto Fernández en su comentario relejado en el Diario La Nación del 20 de octubre de este año.

El ente designado debería implementar una metodología de trabajo interministerial e intersectorial con participación de los actores políticos, los organismos competentes de la Administración Pública Nacional, de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios del país, el empresariado y los sindicatos, así como las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, con competencias y/o intereses en las materias incluidas en los objetivos del Pacto Social y Económico.

Objetivos a alcanzar con el pacto social y económico

A continuación, describiremos algunos de los principales objetivos a corto, mediano y largo plazo que los gobiernos de turno tendrían que consensuar a tiempo y a través del tiempo con el resto de la sociedad para tender, en suma, hacia un urgente desarrollo económico, el mejoramiento de la calidad de vida y por el bien común.

La lista de objetivos que mencionaremos es sólo un esbozo personal y de orden enunciativo, pues seguramente los estudiosos del tema encontrarán otros ítems importantes que engrosarán la lista de objetivos a alcanzar por el pacto, tratando de aunar las propuestas sectoriales y unificarlas en un solo texto.

Entre ellos, mencionamos:

1) Promover la ética en todos los estamentos y propuestas: el rol del Estado

La ética debe estar presente en todas las propuestas que conduzcan al pacto y constituir el principio rector que rija para todos los estratos sociales definidos por las características socioeconómicas, culturales y comunitarias del país. El Estado debe intervenir para garantizar los objetivos abajo detallados, con un rol no dirigista, sino intervencionista para evitar desvíos en el logro de las propuestas.

2) Economía sustentable, Finanzas y crecimiento económico

Entre estos objetivos, citamos:

*Impulsar el crecimiento de la economía y crear confianza para el logro de una economía sustentable; este objetivo, tal vez sea el que requiera mayor consenso entre los suscriptores del Pacto, pues es condición indispensable para el logro de los otros objetivos.

*Apuntar a superávit comercial y financiero; poner el eje en la exportación de bienes y servicios. *Equilibrar el presupuesto público, tendiendo a un déficit cero.

*Prever las pautas de emisión de la moneda estableciendo una política cambiaria con un tipo de valuación del dólar estable, flotante y competitivo; y tender a "inflación cero".

*Regular los desvíos en la fijación de precios y promover una política de acuerdo de precios y salarios, tendientes -también- a frenar la inflación.

*Estimular la inversión productiva, generando un nivel aceptable de confianza hacia las instituciones y políticas gubernamentales, especialmente las dirigidas a otorgar incentivos a la reinversión y evitando que el excedente de ganancias obtenidas por los sectores pudientes se dirija a consumos no esenciales, colocaciones financieras y fuga de capitales.

*Recuperar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. En cuanto a las jubilaciones, no deben vulnerarse derechos adquiridos amparados por la Constitución Nacional.

*Propender al desarrollo social; a la creación de fuentes de trabajo; a la formación continua y programas de estudio con prácticas laborales remuneradas para alumnos; generar condiciones regulatorias y fiscales para crear empleo formal; implementar subsidios salariales temporales; regular el mercado laboral, actualizando las leyes laborales para recuperar la competitividad de las empresas y la dignidad salarial.

3) Educación

Evaluar el sistema educativo y establecer propuestas inclusivas, con educación de calidad y acceso a la informática.

Promover la motivación, el pensamiento y la discusión.

Incentivar la educación como política central del futuro.

4) Salud pública y bienestar

Mejorar las condiciones de salud -que se corresponde con el estado completo de bienestar físico, mental y también social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades- de las comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concienciación, la educación y la investigación.

Evaluar las necesidades de salud de la población; investigar el surgimiento de riesgos para la salud y analizar los determinantes de dichos riesgos.

Establecer las prioridades y desarrollar los programas y planes que permitan responder a las necesidades primarias de la comunidad.

Integrar a todos los sectores de la población, garantizando que los grupos especiales, más necesitados o minoritarios tengan acceso a la atención médica.

Promover la sanción de una ley federal de salud para que toda la población tenga acceso a los servicios de salud, prevención, reparación y rehabilitación, con universalidad, efectividad, eficiencia, eficacia y transparencia, en un marco ético.

5) Control del gasto público y lucha contra la corrupción

Control del gasto público previo, concomitante y posterior.

Rendir cuentas de los caudales públicos utilizados para gobernar, tanto en lo relativo a su destino como al cumplimiento de los principios de e ciencia, e cacia y economía, por lo que se debería establecer una multiplicidad de controles.

Promover el debate sobre la implementación de nuevas prácticas y reformas de normativas para prevenir y combatir actos de corrupción, modificando pautas culturales y prácticas a los efectos de erradicarla.

Generar mayor cooperación entre el sector público y el sector privado, e incrementar la capacidad del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Judicial de la Nación para detectar, investigar y sancionar los casos de corrupción.

6) Obras públicas e infraestructuras.

Impulsar el desarrollo de obras públicas consistentes en trabajos de construcción, infraestructuras de transporte, hidráulicas, urbanas y edificaciones, cuyo objetivo primordial sea el beneficio de la industria, el comercio y demás actividades productivas, impulsando el crecimiento económico y otorgando mayor calidad de vida en los habitantes.

Establecer pautas de transparencia para las obras públicas efectuadas, en curso de ejecución y a realizar.

Implementar programas de gobernanza con participación ciudadana para el sistema de contrataciones y concesiones de obra pública.

7) Seguridad

Asegurar la seguridad cotidiana o ciudadana.

Prevenir delitos mediante la presencia de fuerzas policiales en lugares públicos y de alta complejidad de control.

Coordinar las políticas de seguridad entre la Nación, Provincias y Municipios, y con el Poder Judicial competente en cada jurisdicción.

8) Luchar contra el narcotráfico

Prevenir el narcotráfico, la producción y comercialización de drogas prohibidas.

Establecer mayores penalidades a los ilícitos provenientes del narcotráfico.

9) Afianzar las instituciones y la federalización

Afianzar la democracia y sus instituciones.

Reformular el régimen de coparticipación de impuestos y fomentar las economías regionales.

Mejorar la eficiencia del Poder Judicial y establecer términos perentorios para sentenciar.

10) Reforma fiscal

Crear un sistema tributario compatible con las posibilidades económico-sociales del país y las necesidades a cubrir.

Combatir la evasión.

Crear regímenes de incentivos tributarios.

Disminuir la presión tributaria.

Otorgarle al Tribunal Fiscal de la Nación la integridad de la tasa de actuación para su mejor desenvolvimiento a incorporar – como sostuvo en el debate parlamentario de la Ley 27.430 el Diputado Axel Kicillof,- a los Contadores en las Salas Aduaneras, así como la posibilidad que actúen como litigantes ante dicho Organismo.

11) Minimizar la pobreza y reducir las desigualdades

Tomar las medidas necesarias para erradicar la pobreza extrema.

Reducir la desigualdad entre los diversos sectores de la población.

Sostener la existencia de planes sociales hasta que se profundice una articulación con el sector privado para lograr la inclusión de los ciudadanos en el mercado laboral.

12) Derechos humanos. Diversidad. Promover la igualdad de género

Establecer políticas que garanticen la diversidad y los derechos humanos.

Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

13) Vivienda

Promover el derecho a viviendas dignas.

Crear políticas de acceso a créditos hipotecarios adecuados.

Incrementar los presupuestos para políticas habitacionales. 14) Reforma de la Seguridad Social

Reformar el régimen de la seguridad social incluyendo los principios de dignidad, universalidad, irrenunciabilidad, movilidad, progresividad, no regresividad, inviolabilidad de derechos constitucionalmente adquiridos, responsabilidad individual, solidaridad generacional, autonomía financiera y responsabilidad.

Promover la productividad y competitividad.

15) Integración de la economía informal

Integrar al sistema formal la economía informal a través de un abordaje sistémico, que sea integral, consistente, simultáneo y territorial.

16) Relaciones internacionales. Posicionamiento estratégico del país

Establecer una estrategia competitiva en el desarrollo del posicionamiento de un país a nivel nacional e internacional, manteniendo diálogos y acuerdos constructivos con otros países.

17) Acuerdos internacionales sustentables

Lograr acuerdos internacionales para el desarrollo sustentable.

18) Adaptación al futuro tecnológico y digital

Promover las culturas emprendedoras y adaptarse a los cambios y avances tecnológicos y los provenientes del incesante progreso de la digitalización.

Fomentar la innovación.

19) Política energética

Promover una política energética en Argentina, con capitales del país y extranjeros, enfocados hacia un desarrollo sustentable a corto, mediano y largo plazo.

Incentivar la generación de energías renovables que permitan mitigar la dependencia de los combustibles fósiles.

20) Proteger el medio ambiente

Minimizar el impacto del costo ambiental y planificar políticas que prevengan daños ecológicos irreparables.

Garantizar el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

21) Pequeñas y Medianas Empresas economías regionales

Impulsar la creación de estímulos a las PYMES.

Promover las economías regionales.

CONCLUSIONES:

Por último, y frente a este marco de objetivos, se propone que nuestros legisladores tomen nota de las conclusiones consensuadas en el Pacto y se encarguen de darle ejecución parlamentaria que permita de una vez por todas sentar las bases socio-económicas para el crecimiento del país.

Pero el ejercicio del poder no debe ser estrictamente unilateral, sino que resulta indispensable que se establezcan "acuerdos" para el crecimiento entre todos los actores y miembros de la comunidad (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, ciudadanos, etc.).

La clase dirigente debe salir de la endogamia, replanteándose permanentemente las temáticas de base y saber escuchar a una ciudadanía que ha demostrado tolerancia y respeto hacia las instituciones.

Remarcamos que todo esto no es posible si no existe un pacto social y fiscal sostenido en el tiempo y con la interacción permanente entre los ciudadanos y el Estado.

Para los dirigentes políticos la tarea será doble: deberán ser capaces de pensar las ideas que necesita nuestro país con urgencia y a la par, tener la habilidad política de llevarlas a la práctica.

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El Dr. Ernesto Carlos Celdeiro, es Contador Público (UBA), ex Vocal del Tribunal Fiscal de la Nación. Consultor tributario independiente y Director del Programa de Especialización en Tributación del CPCE-CABA y de la Universidad Nacional de Río Cuarto, pcia. de Córdoba. Respecto de este tema se podrá consultar el página: www.haciaunpactosocialyeconomico.com.ar

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