Lunes  08 de Abril de 2019

El impuesto a las ganancias en el poder judicial

El impuesto a las ganancias en el poder judicial

Los intentos de aplicar el impuesto a las ganancias en el ámbito del poder judicial llevan más de 20 años y el resultado de esos intentos se traduce en una puja entre el poder legislativo que dispone su gravabilidad,  y el poder judicial que encuentra la forma de eludir el mismo.

Esta puja de intereses ha tenido su último capítulo (por ahora..) con la resolución 8/2019 del Consejo de la Magistratura publicada en el boletín oficial del 6/3/19 donde dicho organismo aprueba un "Protocolo de Procedimiento para la Retención del Impuesto a las Ganancias sobre Remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación nombrados a partir del año 2017".

Como ya es tradición en materia impositiva muchas veces lo que se ve desde el horizonte lejano cuando se legisla, no encuentra su reflejo en la realidad y este caso no escapa a esa penosa regla.

Está claro que la ley 27346 (BO: 27/12/2016) dispuso la aplicación del impuesto para los magistrados funcionarios y empleados del poder judicial cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017.

Pero el "Protocolo de Procedimiento para la Retención del Impuesto a las Ganancias sobre Remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación nombrados a partir del año 2017" no solo establece los distintos supuestos donde debe o no debe aplicarse la retención del impuesto a las ganancias sino que considera deducibles del impuesto los rubros salariales en concepto de "compensación jerárquica", "compensación funcional", "bonificación título", y la parte proporcional que dichos rubros representan en los conceptos de "bonificación por antigüedad" y "permanencia en la categoría".

Resulta llamativo que la redacción de un "protocolo" establezca que determinados conceptos no se encuentren alcanzados por el impuesto a las ganancias teniendo en cuenta que es el poder legislativo el que determina la cuantía y la aplicación de los tributos y no como pretende hacerlo el consejo de la Magistratura, que además entre sus integrantes está conformado por 6 legisladores.

Recordemos que el art. 99 de la ley del impuesto a las ganancias derogó exenciones establecidas por fuera de la ley del impuesto a las ganancias en concepto de "gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualesquiera fuere la denominación asignada". 

Es llamativo  que el proyecto de ley de presupuesto 2019 presentado por el Poder Ejecutivo (0016-JGM-2018)  en su capítulo XI art. 86 preveía incorporar un párrafo al art. 79 de la ley del impuesto a las ganancias que finalmente no se incorporó y disponía lo siguiente:

"No serán aplicables las disposiciones contenidas en leyes nacionales -generales, especiales o estatutarias, excepto las de esta ley-, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma de inferior jerarquía, mediante las cuales esté establecido O SE ESTABLEZCA EN EL FUTURO, directa o indirectamente, la exención o la deducción total o parcial de materia imponible de este impuesto(..)" Esta limitación estaba prevista para empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y para los cargos públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El impuesto a las ganancias será el más justo de nuestros impuestos, cuando todos aquellos que obtengan una renta que "pueda ser gravada", quede efectivamente gravada.

El poder judicial es la última instancia para salvaguardar un derecho porque como reza nuestra constitución nacional en su art. 16 "La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas". 

Si tenemos en cuenta que el presidente de la Corte Suprema de la Nación, recientemente al disertar en la apertura del año judicial ha señalado que  "los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial", extraerse del ámbito de aplicación del impuesto a las ganancias es también resquebrajar la confianza porque donde debe prevalecer la igualdad de trato frente a la ley no resulta razonable que los mismos involucrados puedan quedar a salvaguarda de su aplicación. 

Montesquieu ya había señalado en el año 1748 en su libro "El espíritu de las leyes" que "No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si no está separado del Poder Legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos, como que el Juez sería legislador"…

(*) El Dr. Mario Rapisarda es Contador Público Nacional  de la UNLZ, especialista en temas tributarios, autor de la "Guía Práctica del Contador de Editorial Errepar; siendo su mail  mjrapisarda8@gmail.com.
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