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JUEVES 21/03/2019

El ajuste por inflación y el camino de la imprevisibilidad

El ajuste por inflación y el camino de la imprevisibilidad

Las normas tributarias desde el final de la convertibilidad se opusieron al ajuste por inflación impositivo generando planteos de inconstitucionalidad que llegaron hasta la Corte Suprema. Allí con el fallo Candy SA del 3/7/09 se delineó un nuevo escenario que puso en jaque el argumento obstinado de intentar frenar lo inevitable "la inflación tiene incidencia en el resultado de las empresas".

En noviembre de 2017 al presentar los lineamientos de la reforma tributaria ante la prensa (Ley 27430) el ministro Dujovne señalaba la importancia de tener un marco jurídico previsible para la llegada de las inversiones en estos términos:

"Este proyecto va a proveer al sector privado un camino de mucha certidumbre donde ya van a poder impactar sus flujos de fondos proyectados sabiendo qué esquema tributario van a enfrentar durante los próximos años,."

En materia del ajuste por inflación se estableció que el mismo se reestablecería para los ejercicios iniciados a partir del 1/1/18 cuando se produjera en un lapso de 36 meses anterior al período que se liquida una variación en el índice de precios superior al 100% y en la medida que en el primer año que se liquida dicho ajuste la inflación supere 1/3 de dicha cifra (33%).

Ahora a menos de un año de dicha reforma, la ley 27468 cambia el escenario para aplicar el ajuste por inflación al establecer que para el primer año se debe tener un índice de inflación superior al 55% en vez del 33% establecido oportunamente!! y se reemplaza el índice de precios mayoristas por el índice de precios al consumidor que en el período en análisis es sensiblemente menor.

Lo que a fines de 2017 era un camino trazado con firmeza se vuelve endeble y susceptible de modificación con un único objetivo aparente "impedir el ajuste por inflación impositivo".

Sin embargo la ley 27468 en su art. 5 establece que la imposibilidad de indexación de precios o actualización monetaria establecida por la ley de convertibilidad (ley 23928) no comprende a los estados contables, los cuales ahora deberán ser confeccionados en moneda constante.

Entonces la ley 27468 motiva las siguientes reflexiones:

1) Si se posibilita ajustar los balances contables por inflación será más fácil probar en la justicia que la liquidación impositiva sin considerar la inflación puede exceder cualquier límite razonable de imposición, configurándose un supuesto de confiscatoriedad como se probó en el fallo Candy.

2) ¿Queremos realmente movilizar a la justicia con los costos que acarrea para los contribuyentes y el estado para que finalmente reconozca un derecho ya convalidado por la CSJN cercenado por una ley?....

3)No parece razonable cambiar las reglas de juego desechando la posibilidad de evitar gravar rentas inexistentes para supuestamente mantener un determinado nivel de recaudación.

Haciendo un balance del año 2018 las preguntas que subyacen son ¿qué están viendo nuestros legisladores para cambiar las reglas de juego de un año a otro?, ¿la llegada de inversiones no está supeditada a la seguridad jurídica que mencionaba en noviembre de 2017 el ministro Dujovne?, ¿vale la pena dictar leyes que pueden ser tildadas de injustas para que aquellos que quieran hacer valer sus derechos deban recurrir a la justicia sobrecargando de trabajo a la misma?

Esta historia parece conocida, pero si buscamos resultados distintos no debemos hacer siempre lo mismo (sic. Albert Einstein).

Para mantener o incrementar la recaudación impositiva no deben establecerse normas injustas, debe crearse un marco adecuado para la llegada de inversiones porque todos sabemos que más inversiones conllevan más actividad, más empleo y por ende más recaudación.

Los cambios descriptos van en contra de esa dirección

(*) El Dr. Mario Rapisarda es Contador Público Nacional de la UNLZ, especialista en temas tributarios, siendo su mail mjrapisarda8@gmail.com.

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