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La Ley Nº 27.253 establece un régimen de reintegro de una proporción del IVA contenido en el monto de las operaciones que, en carácter de consumidores finales, se abonen por las compras de bienes muebles realizadas en comercios de venta minorista y venta mayorista que facturen a consumidores finales, registrados e inscriptos como tales ante la AFIP, mediante la utilización de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes. El monto del reintegro no podrá ser inferior al 15% del monto de las operaciones que se encuentran alcanzadas en esta ley, en tanto no supere el monto máximo que establezca el Poder Ejecutivo en función al costo de la canasta básica de alimentos fijada por el INDEC, y hasta tanto no se publique el citado monto máximo será de $ 300 por mes y por beneficiario. y el mismo será modificado por el PE, en función a la variación de la canasta básica de alimentos, en los meses de julio y enero de cada año, a partir de enero de 2017. Cuando se trate de sujetos que perciban la asignación universal por hijo o por embarazo para protección social, el referido reintegro se considerará por cada prestación recibida. Los beneficiarios serán los que perciban jubilaciones y pensiones por fallecimiento en una suma mensual que no exceda el haber mínimo garantizado (Art. 125, Ley 24.241; la Asignación Universal por Hijo; la Asignación por Embarazo; y pensiones no contributivas nacionales por una suma mensual que no supere el haber mínimo garantizado. Se establecen exclusiones del régimen como ser quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única, los que perciban otros ingresos declarados en ganancias o Monotributo;; o perciban ingresos en relación de dependencia o estén inscriptos en el SIPA como trabajadores autónomos. Las entidades considerarán los importes a los beneficiarios, como crédito computable mensualmente contra el IVA; y el Impuesto al cheque, determinando la AFIP, la forma, plazos y condiciones o podrá solicitar la restitución del excedente con cargo al IVA. El Título II de la norma se refiere a la obligación de aceptación de determinados medios de pago y establece que los responsables que realicen operaciones con consumidores finales deberán aceptar todas las tarjetas o medios de pago, fijando excepciones, cuando la actividad se desarrolle en localidades con población menor a 1.000) habitantes, o el importe de la operación sea inferior a $ 10. Esta ley resulta de aplicación desde la fecha que fije la reglamentación y hasta el 31.12.17