Domingo  12 de Abril de 2020

Alícuotas de riesgos del trabajo

En esta nota, los autores realizan una síntesis de los temas más relevantes del sistema de alícuotas el que cuenta con una regulación específica, pero que es un tema de debate pendiente.

Alícuotas de riesgos del trabajo

Bien sabemos que el sistema de Riesgos de Trabajo, creado por la Ley 24.557 (L.R.T.), se financia esencialmente por las alícuotas que deben abonar los empleadores a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.). Toda persona física o jurídica que pretenda contratar trabajadores en relación dependencia debe inexorablemente o contratar una A.R.T. o "auto asegurarse", donde podemos afirmar que la segunda opción es tan compleja y onerosa por lo que solo un puñado muy menor de empleadores han ido por esta vía (en su mayoría el Estado). Una tercera opción es contratar una "ART mutual", la que también ha tenido muy poco uso. La alícuota que se debe abonar en nuestro país no suele representar un costo menor, y se la abona conjuntamente con el resto de las cargas sociales. En el presente comentario haremos una síntesis de los aspectos más relevantes sobre este sistema de alícuotas el que cuenta con una regulación específica.

La alícuota de Riesgos del Trabajo que se debe abonar estaba compuesta por un porcentaje de la remuneración "sujeta a cotización" del trabajador más una suma fija por empleado, y por último un importe fijo de 0.60 centavos también por trabajador (art. 15 Decreto 170/96). En la práctica, y más aún en el actual contexto inflacionario, la suma fija por empleado no se utiliza. El tercer factor integrante (0.60 centavos), tiene por objeto financiar lo que se llama un "fondo para fines específicos", para solventar ciertas enfermedades profesionales, donde llama la atención que este valor se mantiene inalterable desde el año 1997 en el que fuera creado (Decreto 590/97). El artículo 15 del Decreto 170/96, reglamenta el derogado art. 24 de la L.R.T., por lo que en principio, podríamos señalar que derogada la Ley, su reglamentación también queda derogada (no el Decreto en su totalidad sino solo ese artículo). No obstante, con este criterio hoy se está aplicando la composición de las alícuotas. El criterio de determinación de las alícuotas debería ser una suerte de "mix", entre un valor pactado por las partes, y una fuerte regulación estatal, ya que así estuvo concebido y porque además forma parte del conjunto de prestaciones propias de la seguridad social. Vale decir una regulación donde el Estado establece un "techo" razonable (y también pisos) y en ese marco las partes pactan el valor. Las alícuotas de pueden modificar en más, por decisión unilateral de la ART, una vez al año. Y ante un eventual aumento el empleador puede pedir cotizaciones a otras para evaluar un eventual cambio de ART, debiendo permanecer en ella al menos por un año.

El marco regulatorio actual

En este sentido el artículo 10 de la Ley 26.773 (2.012) dispone que la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) conjuntamente establecerán los indicadores que la ARTs deberán tener en cuenta para establecer el régimen de alícuotas, considerando el nivel de riesgo y la siniestralidad presunta y efectiva, y el grado de cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad, entre otros factores. La norma dice además que la base imponible se efectuará sobre el monto total de las remuneraciones y los conceptos no remunerativos que declare mensualmente el empleador. Entre los conceptos no remunerativos que integran la alícuota no se consideran los de pago único derivados de la extinción del contrato de trabajo y entendemos que tampoco los viáticos con comprobante previstos en el art. 116 de la L.C.T. En consecuencia, silos conceptos no remunerativos integran "la alícuota", corresponde que "integren" la base de cálculo para la determinación del I.B.M. para el cálculo de las prestaciones dinerarias a favor del empleador. Tanto es así que el nuevo artículo 12 de la LRT (reformado por la Lay 27.348), nos dice que el cálculo de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muertese debe tomar según un ingreso base considerando el promedio mensual de todos los salarios devengados, entendiendo a éste conforme lo establecido por el art. 1 del Convenio 95 de la O.I.T. (concepto amplio de remuneración). Ahora bien, desde el año 2.012 la SSN y la SRT no han establecido estos indicadores para regular el costo de la alícuota. El artículo 12 de la Ley 26.773 dispone que las ARTs tienen disponible la información de todos los establecimientos por parte de la SRT.

"Transitoriamente" (donde bien sabemos que lo transitorio suele hacerse permanente en nuestro país), la SSN dictó la Resolución 38.064 (B.O. 02/01/2014), en el que se establecen techos y pisos por actividad, al que las A.R.T. deben sujetarse. En consecuencia las alícuotas que tienen aprobadas las ARTs deben ajustarse a este techo. Estos techos entendemos nos resultan ser demasiado altos: Oscilan entre un 15% y un 25% del salario según la actividad, cuando a nivel internacional los promedios no superan el 5%.Esto hace que la regulación transitoria sea meramente formal y no material, por lo que en la práctica el "mix" de libre negociación o de mercado prevalece y se impone por sobre el componente de regulación, lo que resulta inconcebible en un subsistema de la seguridad social obligatorio, más aún si consideramos que una veintena de ARTs están habilitadas para contratar con más de 900.000 empleadores, muchos de ellos Pymes. Consideramos entonces que en este contexto de relación oligopólica (1) y ausencia de regulación material, sumado en su momento a una alta litigiosidad, nuestras alícuotas por riesgos del trabajo están muy por encima de lo que se abonan en otros países, incluyendo en esta comparación a los de nuestra región. Para llevar adelante la manda del art. 10 de la Ley 26.773. (si bien sabemos que no es una tarea sencilla) se requiere solo de voluntad política. Además el artículo 12 del Decreto 1694/09 (que fuera ratificado en forma expresa por la Ley 26.773) encomienda a la SSN y a la SRT el dictado disposiciones necesarias, con el objetivo de reducir los costos del sistema sin afectar las prestaciones a los trabajadores.Desde 2.012 hasta la fecha nada se hizo y seguimos con la regulación meramente formal de la Resolución 38.0634 de la SSN del año 2.014. La propia Resolución indicada reconoce en sus considerandos que se han detectado desvíos de una gran amplitud, destacándose que las Pymes tienden a tener mayores alícuotas, y a su vez dice que el régimen de Riesgos del trabajo pertenece a la seguridad social correspondiendo resguardar y regular el régimen de alícuotas para que las mismas resulten suficientes y no abusivas, logrando solidaridad entre los distintos empleadores. También se permite superar esos límites (techos), previa autorización de la SSN en los supuestos que se verifiquen empleadores que posean siniestralidad superior a la media de cada actividad. Solo encontramos una regulación material en el marco del servicio doméstico regulado por la Ley 26.844.

Prevención, litigiosidad y costos

De cualquier modo los empleadores tienen un amplio campo de acción importante para conseguir alícuotas más competitivas y en ese sentido la clave es la reducción de sus índices de siniestralidad mediante políticas, estrategias y gestiones concretas en materia de prevención. Vale decir que la prevención, que corresponde esencialmente por imperativo moral y ético, permite además una mejora de la productividad, y trae como ventaja una mejor posición para la obtención de mejoras competitivas en este aspecto. Aún el anteproyecto de ley sobre protección y prevención laboral que el art. 19 de la Ley 27.348 exige a la SRT y el Comité Consultivo Permanente no ha sido elevado y esto es otra materia pendiente. La Ley 27.348 ha permitido una reducción sustancial de los índices de litigiosidad, sobre todo en aquellas jurisdicciones provinciales que han adherido a esta Ley, y no vemos por otro lado que ello haya permitido que este costo no menor (que integran el amplio combo de "costo laboral no salarial") se vea reflejado en la misma proporción en las alícuotas. La competitividad de los costos del sistema atento su particularidad, y tal como se pretende lograr desde el art. 12 del Decreto 1694/09, debe darse por la suma de varios factores que comprenden una regulación efectiva (hoy solo formal y no material y pendiente desde hace más de siete años) que incluya en su debate no solo a las ARTs sino que además a los empleadores que las abonan; la prevención e inversión en esta materia (donde mucho se ha avanzado en las empresas, sobre todo por la influencia positiva de la promoción de actividades de Responsabilidad Social Empresaria y que es un deber moral), y lograr índices de litigiosidad medianamente razonables (que paulatinamente se estarían alcanzando), todo ello sin impedir el legítimo e indispensable lucro de las aseguradores. Como ya hemos indicado el sistema de la Ley 24.557 asegura en forma más efectiva el cumplimiento de las prestaciones y ha sido un pilar fundamental que contribuyó para que las condiciones de trabajo en las empresas sean más seguras y ello no es poco. De cualquier modo, en aras de fortalecer el sistema, permanece el deber social de todos los actores sociales, que nos exige seguir trabajando con ahínco en materia de prevención, prestaciones (médicas y dinerarias) adecuadas, y el alcance de costos razonables.

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(1) Oligopolio: Un oligopolio (del antiguo griego (olígos) "pocos" (poleín) "vender") es una forma de mercado en la que un mercado o industria está dominado por un pequeño número de grandes vendedores (oligopolios). Los oligopolios pueden resultar de diversas formas de colusión que reducen la competencia y conducen a precios más altos para los consumidores (Wikipedia)

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Néstor R. Orozco es Lic. en Relaciones Laborales (UNLZ) y Eduardo O. Schiel es Lic. en Relaciones Laborales – Abogado (UNLZ). Docentes UNLZ.

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