Además de los impuestos y el problema de inseguridad jurídica

El año pasado se divulgó la publicación anual de "Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe" (de la OCDE, la CEPAL, el CIAT, el BID y el Fdo. Reg. Desarrollo en Transición para América Latina y el Caribe. Allí se señala que en Argentina tenemos una presión tributaria que supera el 30% del PBI y está 7 puntos por encima del promedio de América Latina y el Caribe, y solo 4 puntos debajo del promedio de países de la OCDE. El IARAF señala que en nuestro país conviven 163 impuestos. 40 nacionales, 41 provinciales y 82 municipales o a nivel departamental.

Dichos niveles de imposición impiden que la población goce de un bienestar comparable al de países con similar carga tributaria.

Mientras nuestros legisladores parecen buscar siempre la solución a nuestros problemas con los impuestos, parecen no advertir las nocivas señales que en seguridad jurídica envían a los mercados.

La reciente Ley 27541agregó un impuesto más a nuestra "notable colección". El "impuesto País" aplicable a las adquisiciones de moneda extranjera y compras de particulares efectuadas al exterior. Dicha ley ha manoseado nuevamente el ajuste por inflación impositivo en una muestra de la imprevisibilidad a la que empuja constantemente a las empresas que invierten en el país.

Cuando el ministro Dujovne presentó a la prensa el proyecto de reforma impositiva posteriormente convertido en la Ley 27430 afirmaba que "En definitiva vamos a dar pasos hacia un sistema tributario normal más parecido al que rige en otros países del mundo"

Solamente por citar lo que ha pasado con el ajuste por inflación impositivo tenemos:

La Ley 27430 de 12/17 dispuso que el ajuste por inflación se aplicaría a los ejercicios que se inicien el 1/1/18 cuando la inflación del 1er año sea superior a un 1/3 del 100%, y para ello se aplicaría el IPIM. Luego la Ley 27468 de diciembre de 2018 dispuso que en vez del IPIM debía utilizarse el índice de precios al consumidor (de valores inferiores al indicie mayorista) y elevó a 55% el índice para que se aplique el ajuste en el primer año, y trajo un aspecto "novedoso" el resultado que se origine por el ajuste debe ser imputado en 3 ejercicios y no en el que se produce.

Luego la Ley 27541 publicada oficialmente el 23/12/19 establece que el resultado que se origine por el ajuste debe ser imputado en 6 ejercicios económicos y no ya en 3.

La única razón visible de estas frenéticas modificaciones puede intuirse en el temor legislativo a resignar recaudación. Sin embargo se pasa por alto que el ajuste por inflación es el único recurso que se encuentra al alcance para determinar el impuesto a las ganancias en su justa medida como lo ha señalado nuestra CSN en el fallo Candy SA del 3/7/2009, y en numerosos pronunciamientos posteriores. También señalar, que con el Ajuste por Inflación se reconoce una ganancia en aquellos casos en los que las deudas comerciales son superiores a los créditos que posee el contribuyente y viceversa, lo que morigera impositivamente la carga de tener "capital en la calle" al financiar a los clientes.

Nuestro país es uno de los más "prolíficos en materia de reformas tributarias" sin embargo el estado de bienestar se encuentra cada vez más lejos en el horizonte y para iniciar el año quizás debamos citar a Albert Einstein que afirmaba "Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados diferentes. Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo."

Nuestros legisladores deberían tomar nota de ello, caso contrario viene a colación otra célebre frase del prodigio alemán: "Dos cosas son infinitas. La estupidez humana y el universo; y no estoy realmente seguro de lo segundo".

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