Reseña de Jurisprudencia Tributaria

Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admnistrativo Federal

1. Infraccional. Régimen de Sinceramiento Fiscal. El beneficio de liberación de la multa sólo alcanza en la medida de los bienes sincerados.

Causa: "Mueblería Torca S.A. C/DGI", Sala III, 20.2.20.

El Tribunal Fiscal resolvió declarar a la actora liberada de la infracción discutida en autos, en los términos de la Ley N° 27.260 ("Régimen de Sinceramiento Fiscal" - Título I del Libro II-), la cual había sido aplicada con sustento en los artículos 46 y 47, incisos "a", "b" y "c" de la Ley N° 11.683 correspondiente al período fiscal 2008 del Impuesto a las Ganancias -Salidas no Documentadas-.

Ello así, en tanto el Tribunal inferior consideró que dicha multa era consecuencia de la obligación tributaria que fuera objeto de desistimiento en el marco de la mencionada ley por lo que se debía declarar a la recurrente liberada de la sanción impuesta en la causa deviniendo inoficioso pronunciarse sobre las cuestiones planteadas.

La representación fiscal apeló el decisorio y, a su vez, la Cámara estableció en su fallo que: a) El Fisco centraba su agravio en que el efecto del sinceramiento fiscal había sido parcial y, por lo tanto, la contribuyente no quedaba liberada del aspecto infraccional; b) El razonamiento seguido por el Tribunal Fiscal en la sentencia apelada relativa a la multa no era acertado pues extendía directamente los efectos de la sentencia relativa a la determinación de la obligación tributaria, sin más, al planteo de autos, desatendiendo los argumentos y probanzas del expediente; c) Se debía diferenciar la materia tributaria sustantiva del aspecto infraccional ya que, a pesar de que se encontraban estrechamente vinculadas, respondían a realidades, objetivos y axiomas diferentes; d) Pues bien, existía una diferencia no justificada de la base imponible sobre la cual la AFIP había aplicado la multa; e) Era acertada la tesis del ente recaudador en el sentido de que la liberación de la acción correspondiente a la infracción administrativa en cuestión sólo alcanzaba a la porción sincerada; y f) En resumen, la contribuyente no quedaba alcanzada por el beneficio de liberación de la multa aplicada por el porcentaje de bienes que no había declarado.

En definitiva, la Cámara revocó la sentencia apelada y ordenó la devolución de los autos al Tribunal Fiscal para que se pronunciara sobre los agravios de la actora pendientes de análisis.

2. Ganancias. Fundación. Ventaja económica para sus miembros. Rechazo de la solicitud de exención.

Causa: "Fundación Educativo Arte Terapéutica Especial C/EN-AFIP-DGI", Sala I, 9.3.20.

La Sra. Juez de la instancia anterior rechazó la demanda interpuesta a fin de que se dejara sin efecto la resolución de la AFIP que había rechazado la solicitud de exención de la actora en el Impuesto a las Ganancias, prevista en el artículo 20, inciso "f", de la ley del gravamen.

Para decidir de tal modo, la magistrada señalo, principalmente, que no se apreciaba la total exclusión de fines lucrativos para los integrantes de la Fundación, tal como exigía la normativa y que existía entre los mismos distribución directa o indirecta de ganancias.

Contra dicho pronunciamiento apeló la parte actora y, por su lado, la Cámara estableció en su fallo que: a) Importaba recordar que dicho artículo 20, inciso "f", eximía del gravamen a las fundaciones, siempre y cuando sus ganancias y el patrimonio social se destinasen a los fines de su creación, y en ningún caso, se distribuyesen, directa o indirectamente, entre los socios; b) Valía decir, para la procedencia de la exención del impuesto, se requería la total ausencia de ventajas de índole económica o lucrativa para los asociados de la entidad demandante; c) Desde esta mirada y toda vez que no se discutían la personería jurídica de la actora, los términos de su estatuto, ni su objeto, el nudo del problema radicaba en determinar si la Fundación había distribuido utilidades directa o indirectamente, tal como lo sostenían el Fisco y la sentencia en recurso; y d) En suma, de las situaciones y relaciones económicas efectivamente realizadas, se advertía que, parte de las utilidades de la Fundación, habían sido destinadas a nuevas construcciones en el inmueble de su entonces Presidente, lo que constituía un beneficio económico para éste en la proporción de sus acciones (80%), no sólo porque aumentaba el valor de su propiedad sino también porque no implicaba contraprestación por el uso de las instalaciones.

De esta forma, la Cámara confirmó el pronunciamiento apelado y, ergo, se convalidó el criterio fiscal.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Ganancias. Impugnación de una determinación de oficio por utilizar parámetros irrazonables.

Causa: "Molinos Cerribal SA C/AFIP-DGI", Sala "A", 5.9.20.

El contribuyente del epígrafe apeló dos actos administrativos emanados del Fisco Nacional donde se determinaron de oficio las obligaciones tributarias inherente al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 2001 y 2002 inclusive y al Impuesto al Valor Agregado por diversas posiciones mensuales de los ciclos fiscales 2001 y 2002 junto con sus intereses con más la aplicación de la multa.

En lo que aquí interesa comentar, el ente impositor, al ejercer sus facultades de verificación y fiscalización, esgrimió una diferencia física de inventarios y, por ello, aplicó la figura del artículo 18, inciso c), de la Ley N° 11.683 con incidencia en los gravámenes mencionados. Dicha diferencia sustancial fue elaborada, por un lado, a partir de documentación obtenida en un allanamiento judicial y, por el otro, de cotejar la diferencia existente entre las declaraciones procedentes de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganería y Pesca y los registros internos de la empresa lo que llevó al Fisco a reconstruir la materia imponible a través del método de cubicaje.

En este caso, el foco del debate estuvo dado en si la metodología utilizada por la autoridad fiscal era o no atinada con su natural consecuencia en los tributos aludidos y, lógicamente, el contribuyente manifestó su disenso con la pretensión estatal.

El Tribunal competente, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Analizó los antecedentes del caso y la normativa en juego; b) Emitió consideraciones generales acerca de la metodología empleada por la AFIP para reconstruir la materia imponible; c) Citó diversos antecedentes judiciales para avalar su tesitura (TFN, Sala "B", causa "Dadea C/DGI" del 22.12.83; TFN, Sala "A", autos "Beraja, Alberto David y otro C/DGI" 

del 25.2.08; TFN, Sala "A", in re "González, Norberto Juan C/DGI" del 15.714; CNACAF, Sala V, precedente "Diagnósticos por Imágenes SRL C/DGI" del 21.6.17); d) Manifestó que la reconstrucción de la materia imponible debía ser lógica y razonable; e) Tuvo en consideración la prueba producida en sede administrativa y la medida para mejor proveer propiciada por la autoridad recaudadora; e) Esgrimió que el método utilizado por el Fisco, en la especie, era deficiente por no reflejar una situación verosímil frente a los gravámenes y ello suscitó dudas razonables acerca de la capacidad contributiva del apelante; y f) Coligió que los resultados obtenidos por el método del cubicaje eran inexactos.

Las causas reseñadas motivaron al Tribunal actuante a revocar los actos administrativos recurridos y, en consecuencia, se dejó sin efecto la pretensión estatal.

2. Bienes Personales y Ganancias. Revocación de ajuste oportunamente exteriorizado en el régimen de la Ley N° 26.860.

Causa: "Serra, Marcela Cristina C/AFIP-DGI", Sala "D", 15.11.19.

La mentada contribuyente objetó dos actos administrativos dictados por la AFIP. En uno de ellos se determinó de oficio la obligación tributaria del Impuesto a las Ganancias del ciclo fiscal 2006 y en el otro la obligación tributaria del Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP) por el año fiscal 2006, ambos con sus intereses y con más la reserva de la eventual aplicación de la multa fundado en el artículo 20 de la Ley N° 24.769.

En este caso, el foco de la discusión se basó en que la recurrente cuestionó el criterio fiscal por entender que, al figurar como cotitular de una cuenta bancaria radicada en el exterior, no debía declarar dichos fondos en sus declaraciones juradas impositivas del año fiscal 2006 dado que los mismos pertenecían a su ex esposo (Adrián Gancedo) a, quien sí los incluyó como activos en el régimen particular establecido por la Ley N° 26.680 a través de la adquisiciones de CEDINES.

Es susceptible de mención que la apelante tenía por actividad la prestación de servicios NCP e inmobiliarios siendo una contribuyentes monotributista e inscripta en el ISBP a partir del año 2007.

El Tribunal interviniente, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: a) Citó el precedente "Daniels, Lawrence Chandler C/AFIP" del 20.5.19 para avalar su posición en razón de la analogía existente entre ambas causas; b) Emitió consideraciones relativas a la Instrucción General (AFIP) Nº 2/2015 del 20.4.15 y su aplicación a este conflicto; c) Resaltó que el ex esposo de la apelante exteriorizó el saldo de la cuenta bancaria mediante la suscripción de los CEDINES; d) Puso de manifiesto que la circunstancia citada en el punto anterior no fue cuestionada por el órgano recaudador; e) Subrayó que el Fisco, en el proceso fiscal, no acreditó que el Sr. Gancedo hubiese estado imputado por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo lo que vedaba el aprovechamiento de los beneficios del régimen de conformidad con el artículo 15 inciso d) de la normativa aplicable; y f) Expresó que el Fisco, al no ponderar los antecedentes de este tema, se equivocó al asignarle de manera individual a la recurrente y a su ex esposo el 100% del saldo en lugar de aplicar la proporción correspondiente a cada uno lo que llevó a una inadmisible duplicación de ambos tributos.

Las causas apuntadas llevaron al Tribunal actuante a revocar las resoluciones apeladas y, por lo tanto, este pronunciamiento fue contrario al Fisco Nacional.

3. Procedimiento. Improcedencia formal e incompetencia del TFN frente a determinados actos administrativos.

Causa "Pires, Miguel Ángel C/AFIP", Sala "D", 21.9.19.

El citado contribuyente impugnó dos actos administrativos emitidos por el ente recaudador. Uno de ellos era una determinación de oficio de la obligación tributaria del año fiscal 2013 juntamente con sus intereses y el restante era una determinación de oficio de su obligación tributaria en el Impuesto sobre los Bienes Personales (ISBP) por el ciclo fiscal 2013 junto con sus accesorios y con más la aplicación de una multa con sustento en el artículo 45 de la ley ritual.

Frente a la falta de exactitud de las pretensiones del recurrente, el TFN exigió que aclare su alcance y, por ello, el particular manifestó que, en cuanto al acto administrativo concerniente al Impuesto a las Ganancias, sólo discutía la viabilidad de los intereses y, en cuanto a la resolución del ISBP, únicamente cuestionaba la procedencia de la multa aplicada.

Al respecto, el Tribunal actuante, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Analizó la legislación en juego a la luz de los antecedentes del caso; b) Abordó la importancia que tiene el instituto de la competencia en materia procesal y su incidencia en la labor jurisdiccional del Tribunal Fiscal; c) En cuanto al reclamo inherente a los intereses del Impuesto a las Ganancias, citó el artículo 76 de la Ley N° 11.683 -reformado por la Ley N° 27.430- y, por ello, concluyó que el recurso de apelación era formalmente improcedente puesto que los accesorios, en la especie, no eran discutidos simultáneamente con el tributo; d) En cuanto a la multa impugnada, se advirtió que el monto de la misma ($ 20.817,42) era inferior al tope mínimo exigido por la Ley N° 11.683 ($ 25.000 acorde a la Ley N° 26.784, B.O. 5.11.12) y, consecuentemente, este conflicto era ajeno a la competencia del mentado Tribunal.

En síntesis, el Tribunal competente, por una parte, declaró la improcedencia formal del recurso en lo concerniente a la discusión de los intereses del reclamo del Impuesto a las Ganancias y, por la otra, se declaró incompetente para dirimir la multa concerniente al ISBP siendo ambas decisiones adversas al contribuyente.

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(*) El Dr. Daniel Barbato, a cargo de TFN es abogado, consultor tributario y página Web www.jdbconsultores.com; y el Dr. José L. Jáuregui a cargo de la CNACA es Gte del Dto Contencioso Tributario del RSM Argentina y su Web es: www.rsm.global/argentina

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